PLAYA DEL CARMEN, 19/06/2018.– Así como ha mentido en el caso Borge, el fiscal general del estado, Miguel Ángel Cen Pech, miente en el caso de la investigación del Congreso y el supuesto gasto de 100 millones de pesos en “apoyos sociales”.
El 28 de noviembre de 2017 la ciudadana Cecilia Sánchez Olais con el apoyo de Somos Tus Ojos, y designando como asesor jurídico a la presidenta de esta organización Fabiola Cortés Miranda, denunció por peculado a Ana María de la Luz Hernández Ayala, directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del Estado, luego de encontrar su nombre en las listas de beneficiarios de “ayudas sociales”, con un supuesto apoyo de hospedaje, el cual nunca pidió ni recibió.
La denuncia quedó registrada con el número de caso FGE/QR/SOL/10/6074/2017 y carpeta de investigación FGE/QR/DRMPRM/ATP/10/1963/2017, y se mantuvo sin ningún avance en 101 días, fue después de este término en el que el agente del Ministerio Público a cargo de la misma, Gaspar Buenfil Caballero, “decidió” enviar la carpeta sin haber realizado ningún acto de investigación, a la Fiscalía Anticorrupción. Dicha fiscalía especializada inició las indagatorias, sin embargo, semanas después devolvió la carpeta a la Fiscalía de Playa del Carmen por habérsele remitido fuera de los 60 días que establece de ley.
Dentro de la misma carpeta, se realizó una ampliación para solicitar que se investigue el destino de 100 millones de pesos que el Congreso del estado supuestamente entregó como “ayudas sociales” entre el año 2016 y el primer semestre del 2017.
Fue hasta mayo pasado que el agente Gaspar Buenfil Caballero ordenó la realización de algunas indagatorias, mismas que no se llevaron a cabo, pues en su lugar, la Fiscalía Anticorrupción remitió, el pasado primero de junio, las investigaciones que ya había realizado y que no entregó en mayo pasado cuando devolvió el expediente…
El Agente del Ministerio Público a cargo de la investigación ha mostrado un total desinterés y desconocimiento del caso, con el pretexto de que “tiene una gran carga de trabajo”, así mismo, ha dejado de realizar las investigaciones que la parte denunciante le ha solicitado como son, el requerimiento a la autoridad del Congreso que corresponda del documento que compruebe que la ciudadana denunciante recibió un apoyo por hospedaje; asimismo se le ha requerido pedir acceso a las “cajas” que dice la Unidad de Transparencia del Congreso del estado que fueron entregadas a la Auditoría Superior del Estado con la documentación que comprueba el gasto de cien millones de pesos en ayudas sociales, y en su caso, proceder al aseguramiento de las mismas por ser éstos datos de prueba fundamentales para llegar a la verdad jurídica e histórica del caso.
JUEZ FEDERAL SOLAPA OPACIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO
En cuanto al amparo 814/2017-IV-B promovido por Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo en contra de la Unidad de Transparencia del Congreso, éste fue ganado por la organización para efectos de que la Unidad diera una respuesta fundamentada y motivada de su negativa a poner a la vista los documentos comprobatorios del supuesto gasto de 100 millones de pesos.
El amparo se promovió luego de que la Unidad de Transparencia del Congreso, a cargo de Hassan Medina Rodríguez, pretextara que no podía poner a la vista los documentos puesto que ya habían sido entregados a la Auditoría Superior del Estado.
En su sentencia, el Juez Primero de Distrito ordenó a la Unidad de Transparencia del Congreso dar nueva respuesta, fundada y motivada. En su nueva respuesta, la Unidad del Congreso volvió a responder de idéntica forma, negando poner a la vista los documentos comprobatorios de los 100 millones de pesos supuestamente gastados en ayudas sociales, porque ya habían sido entregados a la Auditoría Superior del Estado.
Somos Tus Ojos se inconformó en contra del cumplimiento de la sentencia pues a todas luces se trata de una simulación, ya que la respuesta del titular de la Unidad de Transparencia, Hassan Medina, quien por cierto reconoció haber consultado al propio Juez Primero de Distrito sobre cómo cumplir la sentencia, se “fundamentó” en cuestiones fiscales pero sigue siendo violatoria del artículo sexto de la Constitución mexicana, relativa al acceso a la información pública.
Cabe destacar que la Auditoría Superior del Estado podrá tener bajo “resguardo” los documentos comprobatorios del supuesto gasto de 100 millones de pesos en “ayudas sociales” por 5 años, para el caso de los documentos del 2016, y por 7 años para los del 2017…
Para Somos Tus Ojos, hasta ahora la única verdad es que el Congreso no tiene manera de comprobar el gasto de los 100 millones de pesos en supuestas ayudas sociales, de allí la negativa a poner a la vista los documentos relacionados con el gasto.
