Fabiola Cortés Miranda
CANCÚN, MX.- La reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) que ÓSCAR MONTES DE OCA ROSALES llevó a cabo cuando fue Fiscal, está siendo a provechada por su sucesor RACIEL LÓPEZ SALAZAR, quien pretende obligar a miles de empleados de la Fiscalía a renunciar a su antigüedad para aceptar nombramientos por “designación especial”.
Desde hace semanas, en todas las oficinas de la FGE de Quintana Roo se está haciendo cumplir la orden del administrador RUBÉN ZARIF ÁVALOS GARNICA director general de Administración y Finanzas de la Fiscalía, de hacer firmar a todos los empleados la “nueva modalidad de contratación” por designación especial.
La “designación especial” se encuentra regulada en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la FGE y fue utilizada por Óscar Montes de Oca para dar “empleo”, sin pasar filtros de control y confianza, y sin contar con ninguna experiencia, a personas que en realidad eran aviadores, entre los que se encontraban el propio Rubén Ávalos Garnica y su hermana, FÁTIMA YAMILE ÁVALOS GARNICA, quienes fueron contratados por Montes de Oca Rosales como “auxiliar administrativo” el primero, y “auxiliar del Ministerio Público”, la segunda.
En realidad, los hermanos eran aviadores, como un pago de favores a su madre, FÁTIMA GARNICA, quien fuera candidata a diputada por el distrito 6, por el Partido Encuentro Social (PES) en el 2019.
Esta modalidad de “designación especial”, sirvió a Montes de Oca para dar “trabajo” a MARÍA GUADALUPE HURTADO VALLEJO, y JORGE JESÚS CASTILLO VALVERDE, hermana y chofer, respectivamente de la actual diputada del PVEM, SUSANA HURTADO VALLEJO.
Montes de Oca entregó cientos de plazas a incondicionales, amigas, meseras, y familias enteras de mujeres, como BEVERLY ESTEFANI RAMOS MENJIVAR, BREANDA JICEL RAMOS MENJIVAR y ROSARIO INGRID MENJIVAR ALFARO, a quienes entregó diversos puestos.
RACIEL APLICA LA FÓRMULA “DESIGNACIÓN ESPECIAL” PARA QUITAR ANTIGÜEDAD A TRABAJADORES
Al igual que Óscar Montes de Oca, Raciel López Salazar llegó para relegar a los empleados locales bajo el pretexto de la “desconfianza” y la “corrupción” de los quintanarroenses, o de quienes llevan varios años de servicio en la Fiscalía, y aprovechando la ley orgánica heredada, pretende que todos los empleados firmen una nueva contratación por designación especial, que implica no ser parte del Servicio Profesional de Carrera y que en cualquier momento puedan ser separados de su cargo.
Es el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Fiscalía la que regula la “designación especial”, y el que permite la “dispensa” de los concursos correspondientes, es decir, que cualquiera, sin aprobar exámenes puede ocupar una plaza en la FGE, cumpliendo ciertos requisitos.
ARTÍCULO 91. Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, la persona titular de la Fiscalía General podrá, en casos excepcionales, llevar a cabo la designación especial de las personas Fiscales del Ministerio Público, personas integrantes de la Policía de Investigación o Peritos, dispensando la presentación de los concursos
correspondientes.
Este mismo numeral, señala que las personas contratadas bajo esta modalidad no podrán formar parte del Servicio Profesional de Carrera, y podrán ser despedidos en cualquier momento.
“Los Fiscales del Ministerio Público, los elementos de la Policía de Investigación y los Peritos por designación especial, no serán miembros del Servicio Profesional de Carrera”. “En cualquier momento se podrán dar por terminados los efectos de su nombramiento, sin que para ello sea necesario agotar un procedimiento de separación, a menos que durante el servicio, se sometan y aprueben un proceso de regularización o de formación inicial para activos, obteniendo así, su pertenencia al servicio profesional de carrera cumpliendo los demás requisitos que esta Ley establece”.
LA HISTORIA SE REPITE: INCERTIDUMBRE E INCONFORMIDAD ENTRE EMPLEADOS
Al igual que ocurrió con la llegada de Óscar Montes de Oca, los miles de empleados de la Fiscalía General del Estado que podrían ser afectados con la modalidad de contratación que quiere imponer Raciel López Salazar se encuentran inconformes, y la mayoría de éstos se han negado a renunciar a su antigüedad, a sabiendas de que de firmar su “designación especial”, en cualquier momento pueden ser despedidos.
La prometida mejora salarial que los empleados de la FGE han exigido a la llegada de cada nuevo Fiscal General parece estar muy lejana, y por el contrario, desde que Carlos Joaquín González pidió al Congreso del estado modificar la Constitución para que personas sin arraigo en Quintana Roo pudieran acceder al cargo de Fiscal General, las condiciones laborales y el relego de los trabajadores de la FGE ha sido cada vez mayor.
La llegada de fiscales “fuereños” con sus equipos de trabajo y con personas sin arraigo en el estado, tampoco ha mejorado en nada el acceso a la justicia de los ciudadanos, a través de la persecución del delito, que es el principal encargo de la FGE.
En contrasentido, al interior de la institución se ha creado un ambiente de polarización en el que los empleados locales de menor nivel han sido relegados mientras que los venidos de fuera son beneficiados con mejores salarios, compensaciones y bonos por su “sacrificio” de dejar sus lugares de origen y a sus familias.
FISCALÍA OCULTA NOMBRES DE LAS PERSONAS CONTRATADAS
A través de la solicitud de información 231286200044223, se requirió a la Fiscalía General del Estado lo siguiente:
“Decir cuántas plazas de Fiscal del Ministerio Público y cuántas de policías ministeriales se crearon u otorgaron durante la gestión de Óscar Montes de Oca Rosales. Detallar nombre de los funcionarios a los que se les asignaron dichas plazas y si ésta fue por asignación directa o por concurso de oposición. Si fue por concurso de oposición precisar cuándo se realizó éste.”
La Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, a cargo de MINERVA RAMÍREZ SÁNCHEZ, se negó a proporcionar lo solicitado bajo el pretexto de que revelar la información “se estaría revelando al estado de fuerza con que cuenta esta institución, poniendo en grave riesgo las acciones del estado tendientes a la prevención y persecución de delitos”:
… se trata de información de personal que realiza funciones de carácter operativo relacionado con actividades de investigación y persecución del delito, por lo que al dar a conocer los nombres y cargos que ocupan dichos servidores públicos, se estaría revelando al estado de fuerza con que cuenta esta institución, poniendo en grave riesgo las acciones del estado tendientes a la prevención y persecución de delitos. De igual manera, el dar a conocer información relativa a los nombres del personal operativo, representa un riesgo real para la seguridad de dicho personal, ya que podrían ser identificados por grupos delictivos, dando como resultados posibles atentados contra sus vidas y contra la de sus familias de no reservarse a esta información. Ello permitiría que integrantes de grupos delictivos pudieran identificarlos con facilidad. Al dar a conocer dicha información, ésta puede ser aprovechada para conocer la capacidad de reacción de esta institución e impedir u obstaculizar las funciones que ejerce el Ministerio público, lo cual comprometería el éxito de las investigaciones.
La respuesta de la funcionaria motivó un recurso de revisión (RR/0807-23/CYGA) ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO), mismo que sigue pendiente de la determinación final por parte de la comisionada ponente, Claudette Yanell González Arellano, luego de que en su resolución el Instituto requiriera a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, que fundara debidamente su negativa y acreditara la prueba de daño relacionada con el riesgo para la seguridad y las funciones del Ministerio Público el dar a conocer la información, tal y como lo solicitó la que esto escribe.
La FGE no acreditó la prueba de daño y tampoco cómo se pone en riesgo la seguridad de las personas y la institución de hacerse pública la información solicitada.
El IDAIPQROO deberá hacer un pronunciamiento final respecto si confirma la negativa de la Fiscalía de hacer pública la información solicitada, o le requiere a la institución que ésta se haga pública.
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