Corrupción – Somos tus Ojos

MARA LEZAMA DESAFÍA A AMLO. SE NIEGA ASEGURAR EL PREDIO DONDE SE CONSTRUYE AMARES RESIDENCIAL

La SEDATU le requirió a la Fiscalía General del Estado el aseguramiento físico del predio El Pocito, para preservar el estado actual y legal del terreno; la dependencia federal también le pidió a la FGE asegurar el folio del Registro Público de la Propiedad; pero Raciel López Salazar se negó a hacerlo.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo negó a la SEDATU el aseguramiento del predio El Pocito, despojado a los indígenas mayas Roberto Chan Puc y María Guadalupe Canul y en el que la empresa Four Cardinals Develpment México SA de CV construye Amares Residencial.

Amares Residencial es un proyecto de 1454 lotes, ubicado sobre el predio “El Martillo”, un terreno con título apócrifo que abarca más de 700 hectáreas de terrenos nacionales, cercano a Puerto Aventuras, y que ha devastado, sin ningún tipo de permiso, una parte importante de selva antes virgen.

El 8 de julio pasado, la Directora Jurídico Contencioso de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) le informó a la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Delitos Patrimoniales de Playa del Carmen, que el predio El Pocito es terreno nacional, y le solicitó que le reconociera a la dependencia la calidad de víctima en la carpeta de investigación FGE/QROO/SOL/01/544/2023, iniciada por la denuncia interpuesta por Roberto Chan Puc, por el delito de despojo en contra de Four Cardinals y de una persona física.

La SEDATU le requirió a la Fiscalía el aseguramiento físico del predio El Pocito, para preservar el estado actual y legal del terreno; la dependencia federal también le pidió a la FGE asegurar el folio del Registro Público de la Propiedad y el Comercio relacionado con El Pocito, y que corresponde al título falso de Four Cardinals Development México SA de CV.

Sin embargo, el 10 de julio pasado, la Fiscal Laura Beatriz Uicab Batún, acordó de forma negativa la solicitud de la SEDATU de asegurar el predio El Pocito, bajo el pretexto de que aún necesita realizar actos de investigación, y porque el predio se encuentra ocupado por “terceras personas” que podrían resultar afectadas, esto es, por la empresa Four Cardinals Development México.

La Fiscal Laura Beatriz Uicab mintió a la SEDATU, pues también pretextó que requiere realizar actos de investigación relacionados con la “identidad del predio”, sin embargo, dentro de la carpeta de investigación, iniciada desde enero de 2023, ya existe un dictamen emitido por un perito de la propia Fiscalía, en el que confirma la identidad del predio, las medidas y colindancias.

MARA LEZAMA PROTEGE NEGOCIO DEL EX EMBAJADOR CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ

La negativa de la Fiscalía General del Estado representa una confrontación por parte de la gobernadora Mara Lezama con el gobierno federal, que a través de la SEDATU mantiene decenas de denuncias y procesos en contra de empresarios que se apropiaron de terrenos nacionales, muchos con títulos falsos o mediante procedimientos irregulares.

En el caso del predio El Pocito, la denuncia fue presentada por el señor Roberto Chan Puc en enero de 2023, luego de que trabajadores de Four Cardinals le impidieron entrar a su terreno.

Previo a que se consumara el despojo en contra de los indígenas mayas, la Fiscalía General del Estado, a través de una denuncia ficticia, y una carpeta diversa, en septiembre de 2022, aseguró una extensa zona de terrenos nacionales, incluido El Pocito, y en octubre de 2022, se los entregó a Four Cardinals Development México SA de CV, con lo que le dio a la empresa despojadora la posesión del predio, la cual no tenía, ya que su título y el polígono “El Martillo” fue creado desde una oficina, en los años es los que Carlos Joaquín González era Gobernador.

El título falso de Four Cardinals Development México SA de CV, fue supuestamente expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria el 26 de diciembre de 1994, pero fue registrado 23 años después, el 18 de octubre de 2017, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Playa del Carmen.

A la fecha, la SEDATU ha corroborado que es inexistente el título El Martillo, con el que Four Cardinals Development México comercializa el proyecto Amares Residencial; que en esa dependencia no obra el mismo, y tampoco existe el supuesto expediente del que se deriva.

AMARES RESIDENCIAL, LA ILEGALIDAD PROTEGIDA

La intervención de la SEDATU en la carpeta de investigación en la que el señor Roberto Chan denunció el despojo, y la identificación por parte de la dependencia federal de los terrenos donde se desarrolla Amares Residencial como nacionales, no deja lugar a dudas a lo que la empresa Four Cardinals está cometiendo diversos delitos con el auxilio y protección de la más alta autoridad de Quintana Roo, es decir, de la gobernadora Mara Lezama.

La solicitud de la SEDATU de que se le reconozca la calidad de víctima, deriva de una petición formal realizada en enero de 2024 por parte del señor Roberto Chan Puc y su esposa Guadalupe Canul, para que la dependencia interviniera en la carpeta de investigación, puesto que la indígena maya tiene un avanzado trámite ante la SEDATU por la regularización del predio El Pocito.

Hasta ahora, Fiscalía General del Estado, a cargo de Raciel López Salazar, y el Poder Judicial de Quintana Roo comandado por el notario Heyden Cebada Rivas, han brindado total protección e impunidad a la empresa Four Cardinals Deveoplment México, en la que participa el ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, actual embajador de México en Canadá.

La Fiscalía General del Estado, además de negarse a lo solicitado por la SEDATU, también le ha negado al señor Roberto Chan Puc, su petición de judicializar la carpeta de investigación bajo el pretexto de que no sabe dónde ubicar a la empresa Four Cardinals Development México.

VENDIDO 70 POR CIENTO DE AMARES RESIDENCIAL

De acuerdo a un video difundido por Amares Residencial, a la fecha, y a pesar de las múltiples ilegalidades, el proyecto que se presume de ecológico, y se vende como “terrenos y casas con cenotes”, está comercializado al 70 por ciento.

La vendedora identificada como “Brenda”, detalla que cuentan con lotes de 650 a 1200 metros “para que tengan una conexión increíble con la naturaleza”. “Atrás tenemos los cenotes, que son terrenos naturales donde se pueden venir a refrescar”, expresa Brenda

Resalta que “hemos tenido un gran éxito en Amares”, y que cuentan con “un gran avance de obra”, y el centro “wellness” ya puede ser visitado por los compradores interesados.

Según esta publicidad, los lotes se venden a partir de 113 mil dólares y la desarrolladora ofrece financiamiento hasta por 15 años, sin consulta de buró de crédito…

DEPREDACIÓN AMBIENTAL AVANZA SIN FRENO

El desarrollo Amares Residencial avanza sin freno, arrasando la selva antes virgen y depredando cenotes que eran utilizados por animales como jaguares, pumas, ocelotes, monos y múltiples aves.

En marzo pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reconoció que el desarrollo inmobiliario Residencial Amares no cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni autorización de cambio de uso de suelo, según informó la dependencia en respuesta a una solicitud de información.

Residencial Amares ha devastado decenas de hectáreas para crear amplios caminos, se encuentra explotando dos sascaberas, ha abierto cenotes para su explotación y ha creado senderos por donde transitan en tours de venta los futuros compradores del “eco proyecto”.

A pasos acelerados, con la complicidad del gobierno federal, estatal y municipal, la empresa Four Cardinals Development México SA de CV ya introdujo la infraestructura subterránea para el proyecto inmobiliario de miles de viviendas que se proyectan sobre terrenos de alta fragilidad ecológica.

Debajo de los terrenos de Residencial Amares se extiende un sistema de ríos subterráneos, cenotes y cuevas de zinc, algunas de las que han conservado algunos de los vestigios paleontológicos más importantes de América, según investigaciones realizadas por David Mayor, y quien ha dado aviso del daño inminente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que tiene catalogada la zona como patrimonio cultural.

JAGUARES Y MONOS ARAÑA AMENAZADOS

Además del alto valor hídrico que tiene la zona donde se construye impunemente Amares Residencial, este territorio se encontraba totalmente virgen y era conservado gracias a que algunos de los propietarios de terrenos aledaños han mantenido los mismos intactos, sin explotación alguna, lo que ha permitido la preservación de la selva y la conservación del hábitat de especies como el jaguar, el puma, el mono araña e infinidad de aves como el ocofaisán, y otras especies en peligro de extinción o catalogadas en riesgo, y que ahora están siendo desplazadas.

Con un intenso trabajo de parte de David Mayor y Elías Seinbenborn, quienes durante años han mapeado la actividad de la fauna mediante cámaras nocturnas, los ambientalistas han podido verificar la salud de la selva y el hábitat que hoy se encuentra amenazada con el proyecto inmobiliario.

UN ENTRAMADO DE PROTECCIÓN

En el entramado de protección a la empresa Four Cardinals Development México SA de CV, y detrás de la que estaría el ex gobernador Carlos Joaquín González participan no solo autoridades federales como la PROFEPA que se negó a clausurar las obras, sino también jueces federales.

En marzo de 2024, María Guadalupe Canul Cab interpuso un amparo por la depredación ambiental que lleva a cabo Amares Residencial, y desde la presentación del juicio de garantías, el Juez Quinto de Distrito con residencia en Cancún, Alfonso Robles Cuétara, se negaba a admitir el mismo.

Robles Cuétara, en dos meses resolvió el amparo, y en mayo de 204 sobreseyó el juicio de garantías.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado, uno de los más corruptos del Vigésimo Séptimo Circuito, en la tramitación de la suspensión, con la que Guadalupe Canul pedía que las obras se detuvieran, incluso desconoció el interés legítimo de la señora maya para interponer el amparo.

La defensa del predio El Pocito le ha costado a los señores Roberto Chan Puc y María Guadalupe Canul, una demanda por 55 millones de pesos por parte de Four Cardinals, por supuesto daño moral, y su abogada, la también periodista Fabiola Cortés Miranda, enfrenta dos millonarias demandas civiles y dos denuncias que se siguen en la Fiscalía General de Quintana Roo

FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE QROO VIAJA MUCHO PERO DA NULOS RESULTADOS

En 2023, la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo realizó 25 viajes dentro y fuera del país para asistir a diversos eventos que incluyeron los festejos de la independencia de Estados Unidos, una entrevista con Adela Micha y hasta una entrega de títulos por parte de una escuela.

Los 25 viajes representan algo así como dos viajes por mes, lo que quiere decir que la Fiscal Anticorrupción ha dado más atención a eventos sociales y de difusión que a las responsabilidades propias de su encargo.

Mientras en el 2022 la funcionaria acudió a ocho eventos fuera del estado, en 2023 acudió a múltiples eventos tanto nacionales como internacionales, algunos, meramente sociales, y en otros participó como conferencista.

Según la respuesta dada a la solicitud de información 232601700009223, todos los viajes realizados por Villanueva Arzápalo no han generado viáticos, y únicamente en dos de éstos la han acompañado otros funcionarios de la Fiscalía, aunque no se señaló ni el nombre ni el cargo.

La actividad social y de difusión de Rosaura Villanueva Arzápalo contrasta con los pobres resultados de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

IMPUNIDAD Y FALTA DE ACCESO A LA JUSTICIA, EL SELLO DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

En 2022 la fiscalía anticorrupción inició 359 carpetas de investigación, en tanto que al 30 de agosto de 2023, se habían iniciado 269 carpetas de investigación. Sin embargo, la mayoría de éstas siguen en etapa de investigación, según información obtenida a través de la solicitud 232601700005823.

Al primer semestre de 2022, la Fiscalía Anticorrupción del estado de Quintana Roo había iniciado 143 carpetas de investigación, de éstas, 117 las concluyó con un no ejercicio de la acción penal, es decir, determinó que no había delito que perseguir, lo que significa que alrededor del 80 por ciento de las querellas presentadas por los ciudadanos terminaron en la impunidad.

De las 143 carpetas de investigación iniciadas en 2022, al primer semestre, solo 14 se habían judicializado, esto es, apenas el 10 por ciento de las denuncias han llegado ante un juez para iniciar un procedimiento penal en contra de los denunciados.

De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información 232601700002222, la Fiscal Rosaura Villanueva Arzápalo cada año se ha ido esforzando más para negar el acceso a la justicia a los ciudadanos, pues en 2018, de 341 carpetas iniciadas, 39 se judicializaron y solo en 12 se determinó el no ejercicio de la acción penal, pero en 2021, de 425 denuncias presentadas por las víctimas del delito, 170 terminaron con un no ejercicio de la acción penal, esto es, poco más de la tercera concluyó, para decirlo coloquialmente, con un carpetazo.

En el 2022 se judicializaron solo 18 carpetas y en 11 casos diversos la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal, esto es, la Fiscalía cerró las carpetas antes de que llegaran ante un juez. Lo anterior significa que en el 2022 se judicializaron menos del 3% de las carpetas iniciadas. En tanto que en el 2023, solo una carpeta de investigación se había judicializado de las 269 iniciadas.

En abono a la opacidad, la fiscalía anticorrupción se negó a proporcionar información sobre la dependencia a las que están adscritos los funcionarios denunciados, a pesar de que no se requirió el nombre de éstos.

Además de la estadística, se ha hecho público que Rosaura Villanueva ha perdido prácticamente todos los litigios emprendidos durante la administración del ex gobernador Carlos Joaquín en contra de ex funcionarios ligados a Roberto Borge Angulo, e incluso, algunos ex servidores públicos, como Paula González Cetina han interpuesto demandas en contra del estado por las acusaciones de las que fueron objeto.

Rosaura Villanueva, quien es presidenta de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (Conafa), además, tiene una cuestionable reputación. Antes de ser designada por Carlos Joaquín González como titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, se desempeñó como Juez penal, y el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo la separó de su cargo por pérdida de confianza, entregándole un finiquito de 1.5 millones de pesos.

ROSAURA VILLANUEVA ARZÁPALO PROTEGE LA CORRUPCIÓN

Desde su a cargo, Rosaura Villanueva Arzápalo ha protegido múltiples casos de corrupción, uno de los primeros fue la denuncia presentada en contra del ex gobernador Félix González Canto por la venta de terrenos que eran patrimonio del estado, y es que uno de los prestanombres del ex Gobernador, Jesús Galarza Cardona, tenía una relación cercana con Villanueva Arzápalo, pues era padre de la novia de uno de los hijos de la Fiscal, de nombre Francisco Baeza Villanueva.

Rosaura Villanueva también protegió al ex magistrado Fernando Gama Rodríguez, quien entregó documentos falsos para ser electo, además de que Somos Tus Ojos acreditó y denunció su enriquecimiento ilícito. Gama Rodríguez, pareja sentimental de la alcaldesa de Playa del Carmen, Lili Campos, renunció a su encargo como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, no sin antes ser premiado con una Notaría que le entregó Carlos Joaquín González.

Villanueva Arzápalo igualmente dio carpetazo a la denuncia presentada por Somos Tus Ojos en contra de la ex titular de finanzas del estado, Yohanet Torres Muñoz, por el presunto desvío de alrededor de 215 millones de pesos a través de la contratación de las llamadas Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, esto es, empresas fantasma.

En otro caso, la Fiscal Anticorrupción brindó protección a la empresa Xoanxum SA de CV que usurpó la identidad de un anciano de 90 años, Lorenzo Manrique, negándose a judicializar por años su carpeta de investigación, aun después de que un juez federal se lo ordenó, pues para evadir el cumplimiento, la Fiscalía presentó un recurso de revisión en contra de la determinación del Juez.

Luego de que la que esto escribe evidenciara en la red social Facebook la protección que Villanueva Arzápalo brindó a la empresa Xoanxum SA de CV, la Fiscal Anticorrupción me bloqueó para evadir críticas y cuestionamientos.

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ROSAURA VILLANUEVA, LA CORRIERON DEL PODER JUDICIAL POR PÉRDIDA DE CONFIANZA, PERO LA PREMIARON CON 1.5 MDP DE FINIQUITO

Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo fue separado de su cargo de Jueza Penal por sus constantes inasistencias, según respondió la unidad de transparencia del Poder Judicial. Pero… le pagaron 1.5 mdp de finiquito.

Rosaura Villanueva Arzápalo, antes de ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, fue polémica jueza penal en el sistema tradicional, donde varias veces fue señalada por actos de corrupción.

A través de un recurso de revisión interpuesto por la que esto escribe, el Poder Judicial del Estado, dio respuesta a la solicitud 00175820, en la que requerí información sobre el finiquito pagado a Villanueva Arzápalo y los motivos de su renuncia.

En su momento, el Poder Judicial reservó la información, pero tras la interposición de un recurso de revisión, entregó los datos solicitados.

Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo fue separado de su cargo de Jueza Penal por sus constantes inasistencias, según respondió la unidad de transparencia del Poder Judicial:

“La rescisión laboral de la C. Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo fue con motivo de inasistencias, lo cual dio lugar a la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 49, fracción I, segundo párrafo de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, que establece que los empleados de confianza pueden ser nombrados y removidos libremente por los funcionarios facultados al efecto, por lo que encuadró en la causal de pérdida de confianza como empleado adscrito a esta institución”.

Pero Rosaura Villanueva se fue del Poder Judicial premiada, pues recibió de finiquito un millón quinientos mil pesos, por los “servicios” prestados. La aun fiscal anticorrupción dejó su cargo de Jueza el 19 de enero de 2015.

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SUERTUDAS: Fiscales de Quintana Roo viajan por el mundo

Lorena del Rosario Pool Anchevida, con un puesto de Coordinadora de la Fiscalía de Investigación Zona 1, en Quintana Roo, y un sueldo mensual neto de 28 mil pesos, de acuerdo a datos obtenidos por Transparencia, puede ahorrar lo suficiente para viajar por el mundo

FABIOLA CORTÉS MIRANDA

Lorena Pool llegó a su cargo por su cercanía con José Carlos Villarreal Rosillo, quien fuera vicefiscal de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, y hombre de confianza del ex fiscal Óscar Montes de Oca. Villarreal Rosillo no solo le regaló su cargo a Lorena, además, le asignó escoltas para su “cuidado” y “protección”.

Egresada de la Universidad del Sur de Cancún, y titulada en 2016, Lorena Pool Anchevida pasó de auxiliar a Fiscal, y finalmente obtuvo una poderosa Coordinación, que abarca los destinos turísticos de Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Cozumel.

Mientras funcionarios de la FGE llevan más de 10 años de auxiliares o secretarios esperando ascender a fiscales, Lorena Pool logró “superarse” rápidamente; lo mismo que su hermano, Luis Evelio Pool Anchevida quien de la noche a la mañana fue designado fiscal de la unidad de Delitos Patrimoniales, una de las áreas más codiciadas…y desde donde se «coordinaba» con su hermana para manipular las carpetas de investigación, como la del indígena maya Roberto Chan, despojado por la empresa Four Cardinals Development Mexico SA de CV, que se apropió de más de 700 hectáreas de tierra que desde hace más de 40 años mantienen en posesión los mayas originarios, algunas incluso con títulos expedidos por la Secretaría de la Reforma Agraria.

Los 28 mil pesos mensuales que percibe la todavía Coordinadora de la Fiscalía de Investigación Zona 1, Lorena Pool, le permiten viajar por el mundo, y en Cancún, frecuentar caros restaurantes y bares. En algunos de sus viajes, Lorena Pool se hace acompañar de su gran amiga Lirio Aguilar Gallegos, Fiscal dedicada a depurar asuntos del casi muerto sistema tradicional penal, y quien pasa sus días en la Fiscalía de Playa del Carmen, como si de una privilegiada becaria se tratara. Esperamos que el compromiso del fiscal general Raciel López Salazar, no se quede en falsa promesa, y que funcionarias como éstas no solo sean cambiadas de área, sino investigadas y procesadas.

SE LE “PIERDEN” A LA SINTRA 44 PLACAS DE TAXIS DEL SINDICATO DE PUERTO MORELOS

PUERTO MORELOS, MX.-Al secretario de Transporte de Quintana Roo, Alejandro Janitzio Ramos Hernández, se le “perdieron” 44 placas del sindicato de taxistas de Puerto Morelos,

PUERTO MORELOS, MX.-Al secretario de Transporte de Quintana Roo, Alejandro Janitzio Ramos Hernández, se le “perdieron” 44 placas del sindicato de taxistas de Puerto Morelos, “César Martín Rosado”, pues mientras en diciembre de 2016 proporcionó un padrón con 421 taxistas beneficiados con las placas que entrega en concesión el gobierno del estado, en junio de 2017 entregó un padrón con solo 377 placas, esto es 44 menos.

En respuesta a la solicitud de información 00481516 en la que un ciudadano requirió el padrón de concesionarios de taxistas del sindicato “César Martín Rosado”, de Puerto Morelos; el 12 de diciembre de 2016, Alejandro Ramos entregó un listado con 421 nombres de los socios que integran dicho gremio.

VER taxistas Puerto Morelos padrón completo

Pero, en junio de 2017, en contestación a la solicitud de información 00398917, presentada por otro ciudadano, en el que requirió ‘proporcionar el padrón de socios concesionarios y nombres de los beneficiarios del sindicato de taxistas del municipio de Puerto Morelos César Martín Rosado’; el mismo funcionario entregó un padrón con solo 377 nombres, en los que se lee el número económico del taxi, la placa del vehículo y algunas otras características del mismo.

En su respuesta, el hermano del diputado del PRD, Emiliano Ramos, justificó que el sindicato no ha actualizado su padrón 2017: “(…) me permito enviar anexo 14 hojas simples, en tamaño oficio lo concerniente al padrón 2016, del Sindicato de Taxistas, Choferes y Similares de Puerto Morelos ‘César Martín Rosado’ Registro 232 FUTV Sección XIII; en lo que respecta al Padrón 2017, no ha actualizado dicho sindicato su Padrón del año en curso, por lo que no disponemos de la información solicitada”.

El funcionario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) mintió, pues quien regula lo relativo a las placas de taxis es precisamente esta Secretaría, y no el Sindicato de Taxistas de Puerto Morelos.

Director del Hospital de Cozumel… y también taxista

Entre los nombres que se le perdieron al secretario de Transporte de Quintana Roo, Alejandro Janitzio Ramos Hernández, está el del actual administrador del Hospital General de Cozumel, Carlos Manuel Angulo López, un priista de larga carrera en la burocracia y uno de los más grandes promotores de la campaña de Mauricio Góngora Escalante, y quien ahora encontró cobijo con el actual gobernador Carlos Joaquín González.

El taxista Carlos Manuel Angulo López ha sido director general de la Administración Costera Integral y subgerente de operaciones en la Terminal de Transbordadores de Cozumel de la Administración Portuaria Integral.

Otro nombre que ya no aparece en el padrón “mocho” entregado por Alejandro Ramos, es el de Román Alfredo Gómez Osorio, quien fue Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la administración de Mauricio Góngora cuando fue alcalde de Playa del Carmen.

También tiene placa “borrada” Juan Antonio Domínguez Chacón, hijo de Antonio Domínguez Olán, secretario general del Sindicato de Taxistas “César Martín Rosado” y regidor de Puerto Morelos.

Otra placa no reportada en el padrón “rasurado” es la de Andrea Lucia Montalvo Canto, Señorita Simpatía en el concurso “Embajadora Puerto Morelos 2015”.

Otro taxista “oculto” es Arnulfo Navarro Narváez, quien labora en el Departamento de cultivos básicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca.

Una placa más que ya no encontró Alejandro Ramos es la de Feliciana Jiménez Ancona, al parecer hermana del alcalde de Lázaro Cárdenas, Emilio Jiménez Ancona.

En el padrón incompleto ya no aparece el nombre José Armando Balam Chan, cuyos apellidos coinciden con el de David Balam Chan.

Aunque ya no aparece en el padrón entregado recientemente, también recibió placa de taxista Javier Briceño Ramos, ex delegado del Alfredo V. Bonfil (2008-2011), afiliado a la Comisión Nacional Campesina (CNC) y quien fue suplente de Mario Machuca Sánchez en la Legislatura pasada.

Los beneficiarios de las placas que se le extraviaron a Alejandro Ramos, secretario de Transporte de Quintana Roo son:

BENEFICIARIOS “OCULTOS” DE PLACAS DE TAXI

Genny Briselda Tuz Ay
Viviana Olmos Magaña
Carlos Manuel Angulo López
Alicia del Carmen Tosas de la Fuente
Feliciana Jiménez Ancona
María Mónica de Jesús Escalante Sosa
Arturo Jesús Ortiz Guzmán
Jennifer Martínez Promotor
Román Alfredo Gómez Osorio
María Cristina Cárdenas Ruiz
Arnulfo Navarro Narváez
Juan Antonio Domínguez Chacón
Marcos Elías Moisés López Sansores
Marisol Morales Leyva
María del Socorro Ac Cupul
Argelia Stivaliz Flores Aguilar
Manuel de Jesús Araujo Durán
Javier Briceño Ramos
Prisciliano Ángel Villegas
Mayanin Sánchez Herrera
Cloe Josefina Pipoz Martínez

Andrea Lucía Montalvo Canto
José Armando Balam Chan
Reyes Valdovinos Rivera
Juan José García Pérez
Óscar Rolando Cámara Aguayo
Darwin Isac Trejo Rivero
Minelia Delfia Sosa Briceño
Gabriel Edilberto Mac Uitzil
Miguel Armin Gutiérrez Mena
Tomás Bacab Ake
Ovet Acosta Izquierdo
César Alfredo Priego Sierra
Javier Gerardo Lugo Chin
Juan Carlos Magaña Magaña
Hugo Yañez Osorio
Gonzalo Adrián Chan Gómez
Alberto Alamilla Tamay
Santos Santiago Chávez del Toro
José Ricardo Maya May
Franklin Ronald Cutiz Medina
Jair de Jesús Ávila Canto
Juan Manuel Hernández Magallón
Lori Marina Peraza Aguilar

JUEZ OBLIGA A CONGRESO DE QROO A RESPONDER SOLICITUDES SOBRE GASTO DE 100 MDP EN AYUDAS SOCIALES

CANCÚN, MX.- El Juez Primero de Distrito en Quintana Roo concedió un amparo a Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo para que la Unidad de Transparencia del Congreso del estado responda nuevamente a las solicitudes de información presentadas por esta asociación en las que se le requirió exhibir las facturas y recibos que amparan un gasto de casi cien millones de pesos supuestamente realizado en “ayudas sociales” por este órgano legislativo.

Como se recordará, en respuesta a cuatro solicitudes de información en las que se requirió al Congreso poner a la vista las facturas y notas que comprueben el gasto en ayudas sociales del 2016 y el primer semestre del 2017, que suma alrededor de 100 millones de pesos, el titular de la Unidad de Transparencia, Hassan Medina Rodríguez, contestó que todas las facturas y notas del 2016 y del primer semestre del 2017 ya se habían entregado a la Auditoría Superior del Estado, por lo que era imposible tener acceso a las mismas, en tanto que para que Somos Tus Ojos pudiera tener a la vista las facturas del segundo trimestre del 2017, debía pagar $4,900.13 pesos…

Ante la respuesta del Congreso, Somos Tus Ojos interpuso un amparo en noviembre pasado, concediéndole el Juez la razón a esta organización al considerar que la Unidad de Transparencia no justificó por qué no tiene en sus archivos las notas o facturas que entregó a la Auditoría Superior, es decir, por qué no conservó los archivos, como se lo ordena la propia Constitución mexicana en su artículo sexto; asimismo, el Juez federal consideró que la Unidad de Transparencia tampoco justificó por qué debe cobrar $4,900.13 pesos a la asociación Somos Tus Ojos para ponerle a la vista las facturas y notas del segundo trimestre del 2017 si esta asociación no pidió la reproducción ni la entrega de los documentos sino solo consultarlos.

En el 2016, el gasto en “ayudas sociales” aplicado por el Congreso ascendió a 55.8 millones de pesos y el del primer semestre del 2017 ya sumaba 46.9 millones de pesos. Con estos recursos, supuestamente se pagaron accesorios y suministros médicos, estudios médicos, medicamentos, suplementos alimenticios, apoyos a la educación, apoyos al deporte, alimentación, despensas, hospedaje, transportación, herramientas, material de construcción, gastos funerarios, ataúdes y otros.

Sin embargo, existe una duda fundada sobre el verdadero uso y destino de estos recursos, pues como se recordará, la ciudadana Cecilia Sánchez Olais, con apoyo de Somos Tus Ojos, denunció a Ana María de la Luz Hernández Ayala, directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del Estado, por el presunto delito de peculado, luego de que en la sección de Transparencia de la página del Congreso, la denunciante encontrara su nombre en el padrón de beneficiarios de “ayudas sociales”, con un supuesto apoyo de “hospedaje” entregado el siete de noviembre de dos mil dieciséis, el cual la ciudadana nunca recibió.

La denuncia, con número de caso FGE/QR/SOL/10/6074/2017, fue turnada a la Fiscalía Anticorrupción, en donde el proceso se encuentra estancado.

La resolución del Juez Primero de Distrito en Quintana Roo representa una oportunidad para obtener las facturas y notas que comprueben el millonario derroche y desvío de recursos cometido por los diputados de todos los partidos de la XIV y XV Legislatura.

La Unidad de Transparencia, que solicitó al Juez desechara el amparo, y defendió en todo momento su negativa de informar, aún le queda la opción de interponer un recurso de revisión para tratar de echar abajo el amparo concedido a Somos Tus Ojos.

La “transparencia” que presumen en boletines de prensa los legisladores de la XV Legislatura ahora está a prueba…

Ver: SOMOS TUS OJOS LLEVA A TRIBUNAL CASO DEL MILLONARIO GASTO DE “AYUDAS SOCIALES” DEL CONGRESO

Ver: SE DENUNCIA POR PECULADO A DIRECTORA DE GESTORÍA Y APOYO DEL CONGRESO

INTERESES PERSONALES FRENAN AMPARO CONTRA MAGISTRADO QUE OBTUVO CARGO CON DOCUMENTOS FALSOS

CHETUMAL, MX.- El pasado 30 de octubre el secretario en funciones de juez del Juzgado Primero de Distrito, Candelario Flores López, sobreseyó el amparo interpuesto en contra del proceso de elección y designación del magistrado Fernando Gama Rodríguez, quien entregó un currículum falso y mintió para simular que cumplía con los requisitos de elegibilidad.

Debido al ilegal procedimiento de elección y designación de Gama Rodríguez, Claudia Romero Angulo, una de las postulantes a ocupar el cargo de magistrada, mediante el trabajo jurídico de Somos tus Ojos, interpuso un amparo una vez que esta asociación acreditó e hizo público el documento con el que se comprueba que el hoy Magistrado Fernando Gama había laborado en el Estado de México del primero de junio de 2008 al 15 de febrero del 2015, en una plaza de confianza en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, con lo que incumplió con el requisito de la fracción IV del artículo 101 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Quintana Roo, que exige a los aspirantes a magistrados haber residido en el estado durante los diez años anteriores al día de la designación.

FUNCIONARIO JUDICIAL FAVORECE A GOBERNADOR Y A CONGRESO

En su resolución, el secretario en funciones de juez, Candelario Flores López, decidió sobreseer el amparo argumentando que el Congreso tiene facultades soberanas y discrecionales para designar funcionarios; determinación ésta que ya fue superada por múltiples amparos y jurisprudencias, pero que el funcionario judicial prefirió ignorar, en favor de las autoridades responsables, el Gobernador de Quintana Roo y Congreso local.

El secretario en funciones de juez también justificó el sobreseimiento del amparo dando la razón al Congreso del estado y al gobernador Carlos Joaquín González, que alegaron que la quejosa Claudia Romero Angulo debía haber interpuesto el juicio de garantías dentro de los 15 días siguientes a que la XV Legislatura avaló que Fernando Gama cumplía con todos los requisitos, que fue el 18 de diciembre de 2017, y después de Gama Rodríguez fue propuesto por el Gobernador como una de las cinco binas, el 27 de diciembre de 2017; pues según el funcionario judicial, la la postulante inconforme debió haberse dado por enterada por los informes publicados en el Diario de los Debates, consultables en la página del Congreso. Pero este argumento podría haber sido fácilmente combatible a través del recurso de revisión puesto que en ambas publicaciones no se da cuenta ni se encuentra el documento con el que se acredita que el hoy magistrado Fernando Gama Rodríguez entregó datos falsos y un curriculum falso para poder obtener el cargo que hoy ostenta; y por lo contrario, que fue varios meses después que Claudia Romero, a través de los documentos obtenidos y difundidos por Somos Tus Ojos, se enteró que Fernando Gama había sido designado magistrado a pesar de los documentos falsos que entregó al Congreso.

La resolución del secretario en funciones de juez, Candelario Flores López, es más allá de debatible, insostenible, puesto que en los documentos publicados por el Congreso no se exhiben los documentos que comprueban la falsedad del curriculum vitae del magistrado Gama, al contrario, si solo se toman en cuenta los documentos publicados en la página del Congreso, en apariencia, el Magistrado “cumplió” con los requisitos, es decir, no habría motivo de controvertir su nombramiento, no habría necesidad de haber interpuesto un amparo; siendo precisamente el documento obtenido y publicado por Somos Tus Ojos el 14 de febrero de 2018, con el que se comprobó que Fernando Gama Rodríguez entregó documentos falsos para obtener tan importante cargo, por lo que la fecha en la que la promovente del amparo se enteró de ello es precisamente el día que ésta señaló bajo formal protesta de decir verdad, con lo que el amparo sí se presentó en el tiempo legal para ello; pero el secretario en funciones de juez, Candelario Flores López, prefirió verlo desde la perspectiva defendida por el gobernador Carlos Joaquín González y por el Congreso.

PERO… DETIENEN AMPARO POR INTERESES PERSONALES

Sin embargo, Somos Tus Ojos no pudo interponer el recurso de revisión para controvertir la resolución del secretario en funciones de juez, Candelario Flores López debido a que la quejosa Claudia Romero Angulo se negó a continuar con el procedimiento por un «conflicto de intereses», y es que Romero Angulo asumió como notario suplente del notario 79 Edgar Ordóñez Durán, quien hasta hace unas semanas fue presidente del Observatorio Municipal de Cancún, y quien persuadió a Claudia Romero para no continuar la controversia en contra del magistrado Fernando Gama Rodríguez, puesto que ella ahora era notario suplente, y él Director de Desarrollo Económico en la administración de la alcaldesa de Playa del Carmen, Laura Beristain, y continuar con la revisión del amparo «podría causarnos problemas», según justificó Claudia Romero, quien de esta forma decidió tirar por la borda un trabajo de un año que la asociación Somos tus Ojos realizó gratuitamente. Cabe destacar que Romero Angulo se acercó a Somos Tus Ojos a través del presidente del observatorio legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra.

Somos tus Ojos lamenta que intereses personales se antepongan a los de la sociedad que se ve lastimada con designaciones ilegales de personajes cuestionables en cargos en los que la propia Constitución estatal señala que deben ser ocupados por personas honorables. Este tipo de componendas y acuerdos en los que prevalecen los intereses particulares abonan al clima de corrupción y ausencia de derecho en nuestro estado.

Somos Tus Ojos es una asociación que a lo largo de tres años ha logrado mantener un prestigio incuestionable, es una organización sin fines de lucros, no recibe recursos públicos y se sostiene de las aportaciones de sus asociados y colaboradores, por lo que nuestro compromiso es rendir cuentas a la sociedad sobre los litigios que lleva a cabo.

Abogados de Somos tus Ojos también interpusieron una denuncia por falso testimonio en contra del Magistrado Fernando Gama, sin embargo, ésta avanza con trabas y sin ningún interés por parte de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Rosaura Villanueva Arzápalo, de llevar a cabo el proceso de investigación.

FERNANDO GAMA, EL MAGISTRADO MENTIROSO Y CORRUPTO

Fernando Gama Rodríguez desde su designación en diciembre de 2017, es Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, que es parte del Sistema Estatal Anticorrupción, pero para obtener el cargo mintió al decir que trabajó desde el 2006 en “MGM Consultores Fiscales S.C.”, y que en 2014 fue asesor de la Correduría Pública No. 13 adscrita a Playa del Carmen, Quintana Roo, así como que desde el 2014 al 2017 se dedicó a impartir conferencias para el Colegio de Contadores, en Playa del Carmen, Cancún, Quintana Roo, puesto que en realidad, del 2008 al 2015 estuvo trabajando en el Estado de México.

Gama Rodríguez se desempeñó como abogado dictaminador del primero de junio de 2008 al 15 de febrero del 2015, en una plaza de confianza en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, según informó el Jefe de la Unidad de la Dirección General de Personal del Estado de México, a través de una respuesta a una solicitud de información de Somos Tus Ojos, con lo que incumplió con el requisito marcado en específico la fracción IV del artículo 101 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Quintana Roo, que exige a los aspirantes a magistrados haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de la designación.

Igualmente, el juzgador entregó datos falsos al ayuntamiento de Solidaridad para obtener su constancia de residencia en Playa del Carmen, puesto que no ha residido en esta demarcación municipal el tiempo que dice, y de acuerdo a la credencial de elector del Magistrado, la primera vez que obtuvo este documento fue precisamente en el año 2015, en Playa del Carmen, de acuerdo a los datos que entregó al Congreso.

La designación de Fernando Gama Rodríguez mediante la presentación de documentos falsos solo puede ser reflejo de la corrupción del gobernador Carlos Joaquín González, quien lo propuso al Congreso, y de los diputados de la XV legislatura que lo eligieron por unanimidad; y ahora, de un secretario en funciones de juez, Candelario Flores, que decidió favorecer a los dos primeros.

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EXIGEN CONSULTA PÚBLICA DE REMODELACIÓN DE QUINTA AVENIDA DE PLAYA DEL CARMEN

Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo y el activista Antonio Ramos Pérez solicitaron a la alcaldesa de Solidaridad, la morenista Laura Beristain, que se abra a consulta pública la remodelación de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, la vía más emblemática de uno de los principales destinos turísticos del país, obra que ha permanecido en la mayor de las opacidades y en la que, de acuerdo a investigación documental de Ramos Pérez, se invertirán 112 millones de pesos.

La remodelación de la primera avenida turística de Playa del Carmen, y la más importante en términos económicos, sociales y culturales, de esta ciudad, ha generado el rechazo de la población y de sectores empresariales, pues hasta ahora el proyecto no ha sido presentado públicamente y mucho menos se convocó a una consulta pública.

SOSPECHOSA OPACIDAD. OCULTA ALCALDESA DE MORENA INFORMACIÓN

Laura Beristain Navarrete, presidenta municipal del partido MORENA, ocultó información sobre los trabajos y el dinero que se ejercería en esta obra, a pesar de haber sido solicitada mediante la Unidad de Transparencia desde finales del 2019.

El 4 de noviembre de 2019, a través de INFOMEXQROO Antonio Ramos Pérez solicitó: «Proporcionar el juego de planos del proyecto ejecutivo de la remodelación de la Quinta Avenida que incluyan los planos arquitectónicos, planos de instalaciones hidráulicas, planos sanitarios, planos eléctricos, y planos de equipamiento urbano», quedando la solicitud registrada bajo el folio 01286319.

El 11 de noviembre el ayuntamiento de Playa del Carmen respondió a través de la Dirección de Desarrollo Urbano lo siguiente:

«Al respecto le informo que en la presente fecha no se tiene contratada y/o en ejecución alguna obra pública municipal para la renovación y/o remodelación de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, Quintana Roo. En lo que actualmente se trabaja es en la» Elaboración del Proyecto Integral Ejecutivo para la Quinta Avenida en la Ciudad de Playa del Carmen», por tanto, en este momento no contamos con los planos del proyecto ejecutivo, que implique la renovación y/o remodelación de la Quinta Avenida, respecto de planos arquitectónicos, planos de instalaciones hidráulicas, planos sanitarios, planos eléctricos y planos de equipamiento urbano».

El 4 de noviembre de 2019, bajo el folio 01286019 quedó registrada también la solicitud en la que se requirió «Proporcionar copia de los contratos firmados entre el ayuntamiento y las empresas encargadas de la remodelación de la Quinta Avenida.

El 11 de noviembre el ayuntamiento respondió a la segunda solicitud entregando la copia del contrato MSOL-DGIDUMAyCC-RF-016-2019 por la obra «Elaboración del Proyecto Integral Ejecutivo para la Quinta Avenida», firmado el día 12 de julio de 2019, dándose un período de 60 días para la entrega del proyecto, contados a partir del día 17 julio al 14 de septiembre de 2019. Sin que hasta la fecha el ayuntamiento de Solidaridad haya publicado el proyecto para conocimiento de la población.

En el contrato participan las empresas Studio 360 Arquitectos y Constructora y Concentradora del Caribe, S. A. de C. V., con domicilio la primera en calle Chiabal 56, manzana 7 lote 3, supermanzana 25, Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y la segunda en calle 68, entre calles 60 y 65, manzana 358, lote 10, colonia Ejido Norte, Playa del Carmen, Solidaridad. Es de hacerse notar que en el domicilio fiscal de la primera sociedad mercantil se ubica una empresa transportadora, en tanto que en el domicilio fiscal de la segunda, en Playa del Carmen, éste no es localizable dado que en la colonia Ejidal, aunque existen las calles 60 y 65, la nomenclatura de las calles solo llega hasta la 30 Norte sin que exista la calle 68.

Continuando con la investigación, el día 31 de diciembre de 2019 Ramos Pérez solicitó «Informar cuáles parques han sido rehabilitados y cuánto dinero ha invertido el ayuntamiento en cada uno durante la presente administración. Dar ubicación y cantidades por cada uno».

El 31 de enero del 2020, el ayuntamiento de Solidaridad dio respuesta solicitud de información 01439319 y proporcionó una lista de parques rehabilitados, en los que se incluyó el parque Fundadores, es decir, el parque ubicado al final de la Quinta Avenida, y que es parte del proyecto general de remodelación de esta avenida; señalándose en la respuesta que la rehabilitación del Parque Fundadores había tenido un costo de $9 millones 845 mil pesos, sin embargo, a la fecha de la contestación de la solicitud de información en comento no se ha realizado ningún trabajo.

El 10 de febrero de 2020, el ciudadano Antonio Ramos Pérez realizó una nueva solicitud de información con folio 00124420 donde se pidió «Proporcionar copia del contrato por la remodelación del parque Fundadores». El 3 de marzo pasado, la Unidad de Transparencia del ayuntamiento de Solidaridad entregó una copia del contrato número MSOL-DGIDUMAyCC-RF-059-2019, firmado el día 30 de diciembre de 2019 entre el ayuntamiento y la empresa Inmobiliaria Cumbres de Yucatán, S. A. de C. V. por un monto de $19 millones 633 mil 556 pesos por la realización de la obra «Construcción del parque Fundadores». La obra iniciaría, según contrato, el seis de enero de 2020 y debía ser concluida el tres de junio próximo, esto es, dentro de quince días.

Sin embargo, los trabajos de remodelación del Parque Fundadores comenzaron apenas el siete de mayo pasado, justo el día que inició el “toque de queda” anunciado por la alcaldesa Laura Beristain Navarrete. La nueva cara que se pretende dar a la Quinta Avenida y al Parque Fundadores incluye la poda de grandes árboles misma que comenzó ayer miércoles 20 de mayo, y que causó molestia e indignación social. También se pretende quitar el quiosco de este parque, una de las estructuras más características de Playa del Carmen, cuyo municipio tiene 26 años de fundación.

LA VERDADERA DANZA DE DINERO QUE SE INVERTIRÁ EN LA OPACA REMODELACIÓN

El 30 de abril de 2020 el cabildo de Solidaridad aprobó la cuenta pública 2019, quedando asentado en dicho documento la realización de cinco obras relacionadas con la remodelación de la Quinta Avenida y el parque Fundadores, incluyendo la elaboración del proyecto ejecutivo. de acuerdo al cuadernillo III de la cuenta pública, para la remodelación de la Quinta Avenida, que incluye el Parque Fundadores, se aplicarán ciento doce millones doscientos noventa y cuatro mil veintiún pesos ($112’294,021), en las cinco obras, referidas en la cuenta pública, aplicados de la siguiente manera:

Construcción del parque Fundadores, col. Centro. $19 millones 814 mil 200 pesos.

Rehabilitación y equipamiento de calles aledañas al parque Fundadores, col. Centro. $9 984 mil 600 pesos.

Rehabilitación y mejoramiento de la 5ta Avenida y calles transversales 1ra Etapa. $39 millones 593 mil pesos.

Rehabilitación y mejoramiento de la 5ta Avenida y calles transversales 2da Etapa. $39 millones 231 mil 945 pesos.

Elaboración de proyecto integral ejecutivo para la 5ta Avenida. $3 millones 991 mil 792 pesos.

EXIGIMOS CONSULTA PÚBLICA PARA REMODELAR EL CORAZÓN DE PLAYA DEL CARMEN

La petición de consulta pública solicitada formalmente este jueves 21 de mayo, se fundamenta en la Ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Quintana Roo, en sus artículos relativos a la participación ciudadana.

El artículo 21 de la referida ley establece lo siguiente:

“La participación social en el proceso de planeación de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio es un derecho y una obligación ciudadana, puede darse en forma personal, en grupo o asociación, de manera directa o a través de los Consejos Consultivos.(…)

La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el ejercicio del derecho de petición en los términos constitucionales, la denuncia pública a que se refiere el artículo 23 de esta ley y la intervención, consulta y opinión en los procesos de planeación urbana.

Ante las críticas sobre el proyecto de remodelación de la Quinta Avenida y la opacidad de la obra, el 18 de mayo pasado el ayuntamiento de Solidaridad convocó a un diálogo vía zoom, con ciudadanos empresarios y ambientalistas, sin embargo, el acceso virtual fue restringido, dejando fuera, por ejemplo, al activista Antonio Ramos, que nunca fue aceptado vía zoom; en tanto que en Facebook, donde se transmitió el encuentro, el ayuntamiento borró los comentarios adversos, prácticamente todos, sobre el proyecto.

CONTRATO XOANXUM

62. MSOL-DGIDUMAyCC-RF-062-2019 CONTRATO XOANXUM

ACTA CONSTITUTIVA XOANXUM

XOANXUM constitutiva

BURÓCRATAS DESMIENTEN A OFICIAL MAYOR Y DENUNCIAN DESCUENTOS. EN EL ICAT MANTIENEN SUELDO DE ESTRUCTURA POLÍTICA

CHETUMAL, MX.-Este sábado dos de mayo, el oficial mayor de Quintana Roo, Manuel Alamilla Ceballos difundió a través de su cuenta de Facebook un video en el que asegura que es “completamente falso” que se estén haciendo descuentos a prestaciones o sueldo de los burócratas, y califica de rumores las denuncias públicas hechas por empleados de diversas dependencias.

Sin embargo, el propio Manuel Alamilla anunció en una reunión virtual con personal de Recursos Humanos de las dependencias, que se les descontarían a los empleados los estímulos cuatrimestrales, días económicos, puntualidad y asistencia, así como bonos del día de la madre, día del padre, día del burócrata y por años de servicio, de acuerdo a denuncias hechas llegar a Somos Tus Ojos por burócratas afectados, como lo es el caso de los que laboran en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, como se lee en la siguiente conversación:

Tras el anuncio del sábado pasado, en la cuenta de Facebook del Oficial Mayor se pueden leer múltiples denuncias de empleados que se han visto afectados por los recortes y que defienden que si han dejado de presentarse a las oficinas es por una causa de fuerza mayor, pero también se pueden ver comentarios de personal de la Fiscalía General del Estado, que sí estuvo laborando hasta antes de la muerte de un trabajador de esa dependencia, a quienes igualmente les han descontado de su salario.

En el video difundido por Manuel Alamilla Ceballos, el Oficial Mayor califica de rumores las denuncias de los burócratas:

“(…) son las 17:40 horas del día dos de mayo, uso este medio para poder aclarar algunos rumores que están circulando, algunas noticias sobre una serie de descuentos en prestaciones a servidores públicos de distintas dependencias solamente para aclarar que esto es completamente falso, no hay ninguna disposición para descontar absolutamente nada, ni prestaciones, ni sueldo, ni nada por el estilo, al contrario, la instrucción del gobernador ha sido siempre estar al pendiente, estar apoyando a todos esos compañeros que están al frente de batalla, dejar muy en claro que esos son solo rumores y no hay ninguna práctica ni ningún documento legal que avale ninguna circunstancia que tenga que ver con la retención o la pérdida de algunas de las prestaciones garantizadas para los trabajadores del gobierno del estado”, expresa el Oficial Mayor de Quintana Roo, quien además pone a disposición un número de whatsapp para atender a los empleados.

“Si tienes dudas o comentarios puedes escribirme por whatsapp al 983 753 3158” se agrega en la publicación. La realidad es que Alamilla Ceballos no responde a las aclaraciones de los trabajadores y menos aún puede desvirtuar los descuentos que están sufriendo los burócratas de menor nivel.

CONSIENTEN A AMIGOS Y CASTIGAN A EMPLEADOS EN EL ICAT

Andrés Ernesto Sánchez King labora en el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), y a partir de la segunda quincena de marzo le empezaron a descontar parte de su salario, de ocho mil ochocientos ochenta y cinco pesos ($8,885.00) quincenales a cinco mil ciento sesenta pesos ($5,160.00). Aunque el trabajador ha tocado varias puertas, e incluso ha enviado mensajes directos al gobernador, Carlos Joaquín González, nadie le ha explicado el por qué del descuento.

Desde que empezaron a aplicar el recorte a su salario, Sánchez King le envió un mensaje de whatsapp al Oficial Mayor, denunciando que la titular del ICAT, María Cristina Coronado Cruz, mantiene en nómina a sus allegados, con altos sueldos, a pesar de que la mayoría de ellos no se presenta a laborar, pero, la denuncia fue ignorada por el funcionario. Luego del video publicado en Facebook por Manuel Alamilla, Sánchez King volvió a reiterarle al Oficial Mayor su caso, sin tener respuesta alguna.

Este sábado, después de la publicación del video de Manuel Alamilla, el empleado del ICAT volvió a mandarle un mensaje al Oficial Mayor en el que le insiste sobre los descuentos al salario que están aplicando en el ICAT, sin obtener ninguna respuesta.

ICAT TIENE MILLONARIO PRESUPUESTO PARA SUELDOS

El año pasado, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo ejerció un presupuesto de 97 millones 904 mil pesos, de los cuales, destinó el 90 por ciento a sueldos.

En “servicios personales” el ICAT gastó 87 millones 58 mil pesos: 37 millones 913 mil pesos los pagó al personal de carácter permanente; 11 millones 899 mil pesos al personal de carácter transitorio, y el resto del dinero se pagó en remuneraciones adicionales y especiales, seguridad social y otras prestaciones, de acuerdo al estado analítico, clasificación por objeto de gasto del presupuesto de egresos del ICAT 2019, publicado por transparencia.

5 EstadoAnalíticoEgresos_Clasificación por Objeto del Gasto 4to Trimestre’19

ESTRUCTURA POLÍTICA COBRA EN EL ICAT

Mientras los burócratas de más bajo nivel padecen por descuentos en sus sueldos, los amigos y allegados de la directora del ICAT, María Cristina Coronado Cruz, gozan de salarios de primer nivel, como José Alberto Chan Peraza, Griselda Montalvo Cruz, Luis Antonio Medina Soto, Luis Fernando Vargas Argaez, Obdulia Verónica Martin Valle, Roxana Elizabeth Granados Cuellar, y María del Carmen González Landero, contratados todos como personal transitorio bajo el rubro de “instructor fijo”.

José Alberto Chan Peraza, percibe en el ICAT un sueldo de 35 mil 798 pesos, Chan Peraza, seencuentra en las listas de supuestos beneficiarios de “ayudas sociales” del Congreso del estado, en el trimestre de enero a marzo de 2017, esto es con la XV Legislatura, donde supuestamente recibió una ayuda por “estudios médicos especializados”. Además, en su cuenta de LinkedIn, se presenta como “asesor de ventas en Mazda”, en Othón P. blanco, pero en ninguna parte de su trayectoria en esa red profesional menciona que labore en el ICAT.

Griselda Montalvo Cruz tiene una remuneración de 13 mil 711 pesos, y al igual que el anterior empleado del ICAT, recibió una “ayuda social” en el trimestre de enero a marzo de 2017, pero, esta ‘trabajadora’ lo recibió del ayuntamiento de Puerto Morelos; sin duda un dato llamativo, pues lo anterior es otro indicio de que las ayudas sociales son recursos que se utilizan para el pago de estructuras políticas.

Luis Fernando Vargas Argaez inició cobrando en el ICAT 40 mil 527 pesos, en 2019, aunque actualmente percibe 18 mil 609 pesos; sin embargo, de acuerdo a su perfil del LinkedIn, labora como asesor jurídico en el Despacho Miravete y asociados, y entre su experiencia laborar está la de haber trabajado en la Consejería Jurídica del gobernador del Poder Ejecutivo, pero no menciona que esté prestando sus servicios en el ICAT.

Obdulia Verónica Martin Valle, según un comunicado del propio ICAT, es parte del “Comité de Voluntariado” del Instituto, aunque como instructor fijo, cobra más de 40 mil pesos, hasta hace dos meses fungió como representante de Confianza por Quintana Roo ante el INE y el IEQROO, según una publicación en Instagram de dicho partido. Para entonces, Martín Valle ya llevaba varios meses “trabajando” en el ICAT.

Roxana Elizabeth Granados Cuellar, percibía en el 2019 18 mil 609 pesos mensuales, pero a partir de 2020, su remuneración aumentó a 40 mil 821 pesos; antes de ser “instructor fijo” era Directora de escuelas de tiempo completo.

María del Carmen González Landero fue integrante de la planilla a presidente municipal de Lázaro Cárdenas por la coalición “Por Quintana Roo al frente” (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), aunque fue sustituida en la quinta regiduría por Laura Marisol Ramos Hernández. Actualmente percibe en el ICAT 18 mil 609 pesos mensuales.

PODER JUDICIAL OCULTA LIQUIDACIÓN PAGADA A FISCAL ANTICORRUPCIÓN

CHETUMAL, MX.- El Poder Judicial de Quintana Roo se negó a informar cuál fue el finiquito o liquidación pagado a Rosaura Villanueva Arzápalo, actual Fiscal Anticorrupción del estado, y quien hasta enero de 2015 laboró como juez penal.

Mediante una solicitud de información realizada el 20 de febrero pasado se pidió al Poder Judicial “decir cuál fue el finiquito o liquidación recibido por Rosaura Villanueva Arzápalo”, así como “detallar cuál fue el motivo de su salida del Poder Judicial y en qué año dejó de laborar”, sin embargo, la Unidad de Transparencia del Poder Judicial se negó a proporcionar los datos requeridos argumentando su obligación de proteger los derechos humanos, el derecho a la vida privada, la intimidad, el honor, la imagen, la honra y la reputación de la hoy Fiscal Anticorrupción.

El Poder Judicial únicamente informó que Villanueva Arzápalo dejó de laborar el dieciséis de enero de 2015, pero se negó a informar el monto pagado a la Fiscal Anticorrupción como finiquito y cuál fue el motivo de su salida.

Exhibiendo ignorancia y opacidad, el Poder Judicial no fundó su negativa de entregar la información solicitada en la Ley de Transparencia del estado puesto que no clasificó los datos como información reservada o confidencial, que son los únicos supuestos en los que se puede negar el acceso a la información.

VER RESPUESTA PODER JUDICIAL finiquito Rosaura Villanueva

El Poder Judicial se negó a proporcionar la información solicitada al considerar que de proporcionar lo requerido se atacaría la “honra” y “reputación” de la actual Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo; el máximo tribunal del estado de Quintana Roo consideró que la solicitud de información sobre cuánto se pagó de finiquito a Villanueva Arzápalo, representa una “injerencia” en su vida privada:

(…)

“Derivado de lo anterior es que el derecho al respeto a la vida privada o intimidad, al honor e incluso a la imagen propia, son considerados ya como derechos humanos fundamentales, establecidos en diversos instrumentos internacionales como son la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la primera de citadas anteriormente en su artículo 12 establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o ataques”

Por la negativa del Poder Judicial a proporcionar la información solicitada, Somos Tus Ojos interpuso el respectivo recurso de revisión, ya que la información no encuadra en ninguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, toda vez que el finiquito que se pagó a un funcionario que dejó de laborar constituye información pública, puesto que se trata de recursos públicos que se entregaron a éste por el trabajo desempeñado y está directamente relacionado con el sueldo que percibía en su carácter de funcionario.

Asimismo, los ciudadanos tienen derecho a saber cuál fue el motivo por el que la hoy Fiscal Anticorrupción se separó del Poder Judicial, máxime que fue públicamente señalada de colusión con delincuentes cuando se desempeñaba como Juez Penal en Playa del Carmen.

En febrero pasado, el periodista Gonzalo Hermosillo publicó en su cuenta de Facebook documentos en los que se aprecia que el Poder Judicial habría pagado, irregularmente, un millón de pesos a Rosaura Villanueva Arzápalo, como finiquito, cuando aún era magistrado presidente Fidel Villanueva Rivero; en tanto que el actual magistrado presidente, José Antonio León Ruiz, era parte del Consejo de la Judicatura, quien en esa calidad aprobó la millonaria liquidación de la funcionaria.

Actualmente la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, se ocupa de diversas denuncias interpuestas por ciudadanos en contra de los magistrados Fidel Villanueva y José Antonio León Ruiz, por malversación de recursos públicos durante la gestión del primero como Magistrado Presidente.

LA «TRANSPARENCIA» FICTICIA. PUBLICA CONGRESO DE QROO 108 CONTRATOS POR HONORARIOS, TODOS TESTADOS

Para «cumplir» con las obligaciones impuestas por el artículo 91 de la Ley de Transparencia del estado, el Poder Legislativo de Quintana Roo tiene disponibles para consulta 108 contratos por honorarios de igual número de personas. En todos los contratos está testado (borrado) el nombre del «trabajador», el monto de dinero que se paga, la vigencia del contrato, y tampoco dice el servicio que prestará el trabajador. En realidad se trata del mismo contrato.

El que menos gana en el listado que contiene los nombres de las personas recibe alrededor de 7 mil 500 pesos mensuales, y los que más ganan reciben 79 mil 893 pesos; pero todos tienen idéntico contrato de prestación de servicios.

contratos honorarios Congreso

De esta forma, el Poder Legislativo de Quintana Roo supuestamente da cumplimiento a la fracción XI del artículo 91 que mandata a todos los sujetos obligados publicar y mantener actualizada: “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación, y en su caso, los procesos de evaluación a los que se sujeta la vigencia del contrato o su rescisión.

DIPUTADOS DAN MIGAJAS PARA ENFRENTAR CORONAVIRUS EN QROO

CHETUMAL, MX.- Diputados de la XVI Legislatura de Quintana Roo anunciaron que entregarán un millón de pesos mensuales durante todo el tiempo que dure la contingencia por la pandemia de Covid-19, para que el gobierno estatal lo destine a las familias más necesitadas del estado, lo cual representa menos que migajas del millonario presupuesto del que gozan en 2020 los diputados y que asciende a 468 millones 858 mil 458 pesos, lo que hace del de Quintana Roo uno de los congresos más caros de México.

El millón de pesos al que renunciarán los diputados cada mes en 2020, es mucho menos que el dinero que gastarán en gasolina, puesto que para ese rubro contarán con 13.3 millones de pesos, este año. Los legisladores de Quintana Roo también gastarán más en “gestoría de diputados” que comprende asistencia legal, vivienda y pago de telefonía (10.5 millones de pesos) que en lo que “donarán” este año para enfrentar la crisis generada por el coronavirus.

Presupuesto 2020 Congreso Quintana Roo

Mientras que en los próximos meses la gran mayoría de mexicanos pasará hambre y penurias, tan solo en el rubro de Servicios Personales, los 25 diputados de Quintana Roo, y los empleados de base, confianza y contratados por honorarios del Congreso, contarán con recursos por 290 millones de pesos para el pago de sueldos y demás prestaciones. Solo para “dieta”, es decir, salario libre de todo impuesto, los legisladores de Quintana Roo contarán en 2020 con 19 millones 816 mil pesos. Para que la Legislatura, integrada por los 25 diputados, pueda funcionar estará asistido de personal de confianza que recibirá en conjunto 36.8 millones de pesos.

Además de sus generosos sueldos, diputados, personal de alto nivel, asesores y “personal de apoyo” de los legisladores, tendrán 4.9 millones de pesos para viáticos, aparte de 2.8 millones de pesos solo para boletos de avión. Para “congresos y convenciones”, los legisladores tienen 1.5 millones de pesos.

Los 25 diputados también tienen 59 millones de pesos para gastarlos en “gestoría social”, esto es, supuestas ayudas sociales para personas que lo necesiten, pero, como lo ha acreditado Somos Tus Ojos, se trata de recursos que los diputados manejan sin que exista la mínima transparencia ni certeza de su entrega, y que durante la XV Legislatura motivaron denuncias por parte de personas que se encontraban en los listados de supuestos beneficiarios pero que no solicitaron ni recibieron ningún tipo de apoyo y cuyas firmas fueron falsificadas, además de que se utilizaron sus documentos personales sin su autorización.

Como ayuda para renta y apoyo de vivienda, los diputados y funcionarios de primer nivel del Poder Legislativo cuentan con 23 millones de pesos, adicionales a los 10.5 millones de pesos ya referidos. Aparte, tendrán otros 9.8 millones de pesos de ayuda para transporte. Una cantidad de 64.6 millones de pesos, la reservaron los legisladores para “estímulos por productividad”; y para fin de año, el Congreso dispondrá de 28.3 millones de pesos como “prestación” que se entregará en efectivo.

Para difusión en radio, televisión y otros medios, los diputados tendrán 23.2 millones de pesos más otros 3.2 millones de pesos por servicios de información.

Actualmente los 25 diputados integrantes de la XVI Legislatura no están laborando, a pesar de que el quehacer legislativo sí fue considerado como actividad esencial, por lo que no deberían haber suspendido trabajos; sin embargo, mientras el país se encuentra inmerso en la peor crisis sanitaria de los tiempos modernos, los diputados de Morena Reyna Durán y Alberto Batún libran su propia “batalla”: la del poder y ambición por la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

GOBERNADOR DE QUINTANA ROO SE DIVIERTE CON DINERO PÚBLICO Y RESERVA INFORMACIÓN.

CANCÚN, MX.- En el 2017, la Secretaría Particular, una de las varias oficinas al servicio del gobernador Carlos Joaquín González reportó un gasto de 1 millón 34 mil pesos en un rubro denominado “gastos de orden social y cultural”; y hasta el primer semestre del 2018, dicha oficina ya había gastado en ese concepto 509 mil 42 pesos, siendo éste el último dato disponible, porque la Secretaría Particular “desapareció” el tres de octubre pasado para ser sustituida por otra oficina; sin embargo, se decidió reservar la información sobre qué funcionario realizó el gasto de poco más de un millón y medio de pesos y en qué gastó ese dinero.

En la respuesta a la solicitud de información 00949618, en la que se requirió “(…) decir qué servicios se han pagado dentro del rubro Gastos del orden social y cultural, detallar nombre del funcionario que los usó y fecha en la que los utilizó. Información del presupuesto 2017 y 2018”,

la Dirección Administrativa de la Secretaría Particular respondió:

“(…) tengo a bien anexar la información correspondiente a gastos de orden social y cultural, consistente a diversos servicios integrales de gastos realizados que no pueden desagregarse de otros conceptos (…). En cuanto a la información requerida del presupuesto 2017, esta se considera de carácter reservada (…)”.

Secretaria Particular Gasto social y cultural 2

El Comité de Transparencia de la Secretaría Particular reservó los datos solicitados por un periodo de 18 meses, contados a partir del doce de septiembre de 2017; la razón: por estar la información supuestamente en auditoria. En cuanto a los datos entregados, únicamente se proporcionó la información del primer trimestre del 2018, en el que se lee que entre el 8 de enero y el 24 de febrero de 2018, el presupuesto en “gastos del orden social y cultural” se gastó en seis “servicios de alimentos para eventos”. Cabe destacar que el presupuesto ejercido en el rubro durante el primer trimestre de 2018 fue de 84,628 pesos, de acuerdo al presupuesto 2017 publicado en la página de la Secretaría Particular; sin embargo, no se proporcionó el nombre del funcionario o funcionarios que realizaron el gasto.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, a través de su Dirección de Comunicación Social ha mantenido una frenética publicidad para aparentar que su gobierno cumple con la transparencia y el combate a la corrupción; con frecuentes boletines referentes al tema como los siguientes:

9 de diciembre

La participación de la gente en acciones de gobierno abona a la transparencia, la honestidad y el combate a la corrupción: Carlos Joaquín

3 de diciembre

Quintana Roo impulsa y fortalece la democracia

29 de noviembre

Sólo la ciudadanía, como expresión concreta de la soberanía, ha de ser la base del cambio: Carlos Joaquín

15 de noviembre

Hacer más accesible la información es un reto del Sistema Nacional de Transparencia: Rafael del Pozo

9 de noviembre

Se presentan avances en la implementación de la Contraloría Social a nivel nacional

“PLATÍCALE AL GOBERNADOR”, AUNQUE NO TE ESCUCHE… OÍDOS SORDOS CONTRA OXXO’s DE ‘INFLUYENTES’ EN COZUMEL

COZUMEL, MX.- El 30 de enero pasado, es decir hace casi un año, vecinos de Cozumel aún confiaban en el Gobierno del Cambio, y acudieron a la audiencia pública “Platícale al Gobernador” efectuada en Cozumel para exponer la problemática que causan tres tiendas de conveniencia Oxxo en la Isla de las Golondrinas por incumplir con la Ley sobre venta de bebidas alcohólicas en el estado de Quintana Roo, una de estas de la esposa del ex gobernador Félix González Canto; pero hasta ahora, las quejas ciudadanas solo tienen sellos y acuse de recibidas.

Uno de los OXXO a los que se les permite operar a pesar de contravenir la también conocida como ‘ley de alcoholes’, se ubica en la esquina de la avenida 85 con calle 23 sur, enfrente al campo deportivo Bicentenario, a escasos metros de la Iglesia “San Juan Diego” y a menos de 250 metros del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR # 33).

Por su ubicación y cercanía con un deportivo, una iglesia y una escuela; la tienda de conveniencia no podría haber obtenido licencia para expender bebidas alcohólicas, debido a la prohibición explícita del artículo 26, fracción V de la Ley sobre venta de bebidas alcohólicas del estado, que señala que:

ARTÍCULO 26. No se otorgará la Licencia de Bebidas Alcohólicas en los siguientes casos:

(…)

V.- Cuando el solicitante pretenda domiciliar la licencia de bebidas alcohólicas, para los giros previstos en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 17 de esta ley, en un inmueble ubicado a menos de 500 metros radiales de planteles educativos, parques públicos, templos religiosos, hospitales, centros deportivos, edificios públicos o de asistencia social y áreas de equipamiento.

En el escrito dirigido al gobernador Carlos Joaquín González, y entregado en audiencia pública, los vecinos señalan que además de que la ubicación de la tienda de conveniencia contraviene el ordenamiento legal referido, genera problemas: “además de ser violatorio a esta ley, existe una preocupación mayor por parte de los vecinos de la colonia Maravilla y Flamingos: radica principalmente en la tienda OXXO frente a la Unidad Deportiva Bicentenario, ya que en las tardes y noche de casi todos los días y con mayor frecuencia los fines de semana, los deportistas de futbol, básquetbol y beisbol concluyendo su actividad acuden a este OXXO tan cercano y se disponen a ingerir bebidas embriagantes en el estacionamiento de la tienda y que al no haber un baño para sus necesidades fisiológicas, causan un obsceno espectáculo orinando en áreas aledañas al inmueble.”, se lee en la petición entregada a Joaquín González por el maestro Ramiro Vélez Marino, quien ha llevado la voz de los vecinos y padres de familia inconformes ante las autoridades.

Pero la cercana al Deportivo Bicentenario no es la única tienda Oxxo que opera en contravención a lo establecido por la Ley sobre venta de bebidas alcohólicas en el estado de Quintana Roo; a ésta se suma el OXXO domiciliado en la esquina de la avenida Andrés Quintana Roo con la avenida Félix González Canto, establecido frente al Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) y a menos de 90 metros del edificio de Juicios Orales del Poder Judicial.

Otra tienda de conveniencia de la misma cadena y que también expende bebidas alcohólicas se ubica frente a la escuela primaria Emiliano Zapata (en turno matutino), Miguel Hidalgo (turno vespertino); en la esquina de Avenida 65 con calle 2 norte, precisamente en contra esquina de la escuela primaria. De acuerdo al “Padrón de contribuyentes que cuentan con licencias de bebidas alcohólicas”, obtenido por Somos Tus Ojos, vía transparencia, la licencia usada por este Oxxo para vender bebidas alcohólicas está a nombre de María Narcedalia Martín Villanueva, es decir, la esposa del ex gobernador Félix González Canto, y originalmente se le entregó para que la explotara el “Minisuper VIC”, anteriormente establecido allí.

En el documento entregado al Gobernador por los vecinos inconformes con las tiendas de conveniencia lamentan que el “influyentismo” y tráfico de influencias es lo que ha permitido a las tres tiendas de conveniencia expender bebidas alcohólicas sin apego a la ley, y presumen que ello se debe a que los mismos son propiedad del ex gobernador Félix González Canto y el ex presidente municipal de Cozumel, Freddy Marrufo:

“(…) Presumimos que muy probable no tengan patente y quizá operan con permiso provisional o especial; corresponde a la autoridad verificar al respecto, consideramos que debieran operar sin venta de bebidas alcohólicas, pero en atención a que estos negocios son propiedad o tiene participación social el Sr. Félix Arturo González Canto, ya que de todos es sabido ha impulsado la proliferación de estas tiendas en Cozumel y quizá de todo el Estado, abusando del poder que ha ostentado y del tráfico de influencias para la venta de bebidas alcohólicas en estos establecimientos y quizá valga la pena una revisión a las demás tiendas que existen, pues muy probable haya situación similar en otras más”; demandan en su escrito los vecinos de Cozumel.

De una búsqueda en el “Padrón de contribuyentes que cuentan con licencias de bebidas alcohólicas”, no se encontró ninguna que coincidiera ni con el giro ni con la ubicación de las tiendas Oxxo ubicadas en la avenida 85 sur y en la avenida Andrés Quintana Roo, por lo que pareciera que la inferencia de los habitantes de Cozumel es correcta, en cuanto a que las tiendas pueden operar al margen de la ley por ser propiedad de influyentes personajes políticos.

Los vecinos de la Isla de las Golondrinas han hecho uso de los mecanismos de “atención ciudadana” establecidos por el gobierno de Carlos Joaquín González en dos ocasiones; la primera el 30 de enero de este año, en la audiencia pública Platícale al Gobernador, efectuada en el Centro de Convenciones de Cozumel, donde Layla Flores, funcionaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación, les recibió el documento.

La segunda ocasión en la que los vecinos de Cozumel expusieron la problemática, fue el 13 de junio pasado, en la «Caravana Juntos», evento realizado en el Parque de la colonia Emiliano Zapata, y donde la titular de Atención Ciudadana del Ejecutivo, Diana Lagunas, recibió el escrito.

Hasta ahora ningún funcionario ha respondido a la demanda ciudadana.

Como parte de su promesa de ser un ‘gobierno cercano a la gente’ Carlos Joaquín González inició el 15 de marzo de 2017 las audiencias públicas “Platícale al Gobernador” en la que participan además del Gobernador, múltiples dependencias.

El pasado 26 de octubre, Joaquín González presentó otro programa de ‘vinculación con los ciudadanos’ llamado “Juntos Hacemos Más”, el cual consiste en la integración de “Consejos Consultivos Ciudadanos” en todas las dependencias y municipios, que supuestamente fungirán como enlaces y canal de comunicación entre el gobierno y la sociedad; aunque todo apunta a que se trata de una adelantada estructura electoral.

ILEGAL “LÍDER” TAXISTA DE PUERTO MORELOS. HACE UN AÑO LE FUE NEGADA LA TOMA DE NOTA

PUERTO MORELOS, MX.- Jorge Castro Tapia, y quien el 27 de octubre del 2017 supuestamente ganó las elecciones en el sindicato de taxistas de Puerto Morelos “César Martín Rosado”, se desempaña ilegalmente desde hace casi un año, pues la Junta de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo le negó la toma de nota como Secretario General, de acuerdo a documentos entregados por la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado.

El primero de diciembre de 2017, en sesión del pleno de la Junta de Local de Conciliación y Arbitraje, determinó no dar la toma de nota a Jorge Castro Tapia debido a que los socios no ejercieron su voto libremente, sino que fueron llamados “uno por uno”, además de que Jorge Castro Tapia no exhibió las boletas de la supuesta votación ante la Junta de Conciliación, según se refiere en la resolución de la Junta con fecha primero de diciembre de dos mil diecisiete:

“Dígasele a los promoventes que no es posible acordar favorablemente a la solicitud, toda vez que como se desprende de los estatutos en su artículo 37 inciso B, en el que hace referencia a la forma en cómo se llevará a cabo la elección, siendo está de forma nominal y secreta. Y del acta de asamblea exhibida hace referencia a que fueron llamados uno por uno todos los socios para emitir su voto de forma secreta, siendo que previamente, la presidente de la mesa de debates exhibió boletas con fotografías de los candidatos. Luego entonces, denota que no hubo apego a lo estipulado ya que la votación nominal se debe llevar a cabo, dando cada votante su nombre al momento de emitir su voto ya que esto transgrediendo con esto el procedimiento establecido en sus estatutos; máxime que al hacerla de forma secreta se realiza mediante las boletas, las cuales no fueron exhibidas, al momento de la presentación de la promoción de cuenta.” (sic)

Al habérsele negado la toma de nota como Secretario General del sindicato de Puerto Morelos “César Martín Rosado” a Jorge Castro Tapia, éste se encuentra usurpando un cargo, y todas las actuaciones y decisiones tomadas por él, con ese carácter, son nulas.

Cabe destacar que después de que un grupo de ciudadanos, con la asesoría y apoyo de Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, obtuvieron el expediente completo del sindicato de taxistas de Puerto Morelos, en el que se encuentra la negativa de la toma de nota de Jorge Castro Tapia, éste presentó un escrito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para intentar “solventar” la ilegal elección; sin embargo, al tratarse de una irregularidad de procedimiento que afectó toda la elección y por ende el resultado, la Junta de Conciliación deberá negar la toma de nota Castro Tapia.

Jorge Castro Tapia, representante de la Planilla Blanca, resultó electo el 27 de octubre, supuestamente con el voto de 242 socios taxistas de los 408 que ejercieron su voto; quedando en segundo lugar la hoy regidora por Morena, Yasmín Vivas, con 166 votos. (Foto: Quinto Poder y Ayuntamiento de Puerto Morelos)

LA JUSTICIA FEDERAL EN MÉXICO: EN MANOS DE JUECES Y SUS FAMILIARES

El papel de un juez es ser un árbitro imparcial y eficaz entre las partes que tienen un conflicto, por lo que se requiere que éstos sean capaces de hacer una interpretación neutral y experta de lo que dicen las leyes, sin embargo, de acuerdo a un análisis sobre el Poder Judicial federal de Julio Ríos Figueroa, a partir de datos del Consejero Felipe Borrego Estrada, y publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el Poder Judicial mexicano, es decir, toda la cadena de funcionarios judiciales, desde el de más bajo nivel hasta los jueces, provienen de un “proceso de selección” viciado por el nepotismo, la concesión de empleos o promociones sobre la base de relaciones de parentesco y no de mérito, lo que erosiona la confianza de los ciudadanos en la neutralidad y el profesionalismo de los jueces. Estas prácticas también afectan la motivación de los servidores públicos que laboran en la rama judicial y, por tanto, su eficacia.

68% CREE QUE EL FACTOR DECISIVO PARA CONTRATAR FUNCIONARIOS DE LOS JUZGADOS ES TENER FAMILIARES EN EL PODER JUDICIAL

Según una encuesta reciente del World Justice Project, en México 68% de expertos y usuarios de la justicia percibe que el factor decisivo para la contratación y promoción de los funcionarios en los Juzgados y Tribunales federales es tener familiares en el Poder Judicial. Solo el 37% de personas encuestadas considera que el factor decisivo para la contratación es el mérito. Al mismo tiempo, el 65% están de acuerdo o muy de acuerdo en que la imparcialidad de las decisiones de Jueces y Magistrados Federales se ve afectada cuando su contratación y promoción no es meritocrática, y el 72% están de acuerdo o muy de acuerdo en que su eficacia se ve afectada por la misma situación. ¿Qué tan certeras son estas percepciones? ¿Qué tanto reflejan la situación real en el Poder Judicial de la Federación?

SOLO 5 DE 45 PUESTOS DEL PODER JUDICIAL SON ASIGNADOS POR CONCURSO

El Poder Judicial de la Federación es una constelación de instituciones que, en conjunto, colaboran en la compleja tarea de la administración de justicia. Para realizar esta labor se requieren muchas personas que ocupan una gran variedad de puestos de los cuales los más visibles son los de Juez de Distrito, Magistrado de Circuito y, por supuesto, el de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Poder Judicial de la Federación se clasifican los puestos de acuerdo con diversos criterios. Entre los puestos más relevantes están los clasificados como parte de la carrera judicial, es decir, los puestos de los funcionarios que ingresan al Poder Judicial para participar de manera directa en la resolución de conflictos a partir de la interpretación y aplicación de las leyes que nos rigen, y eventualmente convertirse en juzgadores. Sin embargo, los puestos de carrera judicial son solamente cinco, de un total de cuarenta y cinco analizados en este reporte, a pesar de que hay más de cinco puestos de funcionarios que participan en el procesamiento de casos y la producción de sentencias. En una palabra, la carrera judicial en México está trunca, incompleta.

La carrera judicial incompleta suma otra debilidad: la baja exigencia meritocrática. De los cinco puestos de carrera judicial solamente dos, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito, requieren para su ingreso aprobar un procedimiento que conlleva un concurso de oposición de tres etapas con exámenes que buscan identificar distintas cualidades y capacidades en los aspirantes. Los tres puestos restantes de carrera judicial, así como otros cuarenta de los analizados en este reporte, se obtienen aprobando un examen psicométrico simple, cursos en línea, o por designación directa de un Juez o Magistrado cumpliendo ciertos requisitos mínimos. En otras palabras, al clasificar los puestos según el nivel de exigencia meritocrática requerida para obtenerlos encontramos que la gran mayoría son poco o nada exigentes. A esto se añade otra limitación: no existe una carrera administrativa dentro del Poder Judicial para los funcionarios que no quieren integrarse a la carrera judicial pero cuya labor de apoyo es también muy importante.

ÚNICAMENTE PUEDEN SER JUECES O MAGISTRADOS QUIENES YA FORMEN PARTE DEL PODER JUDICIAL

Incluso en los dos puestos que requieren concurso de oposición la competencia es limitada. El 87% (68 de 79) de las convocatorias a los concursos de oposición para Juez o Magistrado desde 1995 hasta 2016 fueron cerradas: solo pudieron inscribirse al concurso personas que ya laboraban en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, jóvenes abogados laborando en un despacho, en una oficina de gobierno, académicos o profesores de derecho, u otros abogados con vocación para volverse juzgadores no pueden participar en esos concursos. Hay al menos un par de concursos aún más cerrados pues solamente se abrieron para secretarios de estudio y cuenta de Ministros o Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Restringir artificialmente el universo de los posibles concursantes reduce la probabilidad de seleccionar a los mejores, limita la diversidad de perspectivas y trayectorias, y favorece a aquellos que habían logrado ingresar al Poder Judicial aunque fuera en un puesto sin un adecuado filtro meritocrático.

51% DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS CONTRATA A SUS FAMILIARES

La carrera judicial incompleta, y la competencia artificialmente limitada, se tornan mayores problemas cuando consideramos los vínculos familiares. Del total de titulares de órganos jurisdiccionales, es decir los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, un 51% tiene al menos un familiar laborando en el Poder Judicial. El 93% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de los Jueces y Magistrados no cuentan con filtros meritocráticos. Solamente el 5% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de los titulares tienen exigencia meritocrática alta. Entonces es posible que familiares consanguíneos de Jueces y Magistrados ingresen al Poder Judicial de la Federación en puestos que no cuentan con adecuados procedimientos meritocráticos y, si deciden concursar por un puesto de Juez o Magistrado, lo hagan en condiciones de competencia sesgada en su favor. La carrera judicial incompleta, la competencia artificialmente limitada para los puestos de Juez y Magistrado, y el nepotismo se retroalimentan y abonan al déficit meritocrático.

Sin embargo, las relaciones familiares no se concentran mayormente en los puestos de Jueces y Magistrados sino en los de Oficial Administrativo y secretarios de estudio y cuenta (tanto de Juzgado como de Tribunal). Del total de relaciones entre pares de familiares documentadas (N=4731), en 62% al menos uno de los dos individuos involucrados tiene el puesto de Oficial Administrativo; en 43% al menos uno es Secretario; y en 23% al menos uno es Juez o Magistrado.3 Los puestos de Oficial Administrativo y de Secretario de Juzgado o Tribunal no tienen el alto componente de exigencia meritocrática que deberían tener. Al mismo tiempo, son puestos relevantes pues son de función jurisdiccional, es decir, participan directamente en el procesamiento de casos y la elaboración de las sentencias junto con los Jueces y los Magistrados.4 En otras palabras, la mayor parte de las relaciones familiares se concentra en puestos jurisdiccionales que se otorgan y obtienen con demasiada discrecionalidad.

El 42% de las relaciones familiares documentadas (N=4731) son endogámicas o de intercambio. Las relaciones endogámicas son aquellas en las que un par de familiares trabaja en el mismo tribunal, juzgado, u otro de los órganos del Poder Judicial de la Federación (21% de las relaciones documentadas son endogámicas). Las relaciones de intercambio son aquellas en las que un par de Juzgados, Tribunales u otros órganos del Poder Judicial hacen contrataciones recíprocas de familiares. Por ejemplo, individuos que laboran en un Tribunal tienen familiares trabajando en otro Tribunal y, al mismo tiempo, individuos del segundo Tribunal tienen familiares laborando en el primero (21% de las relaciones documentadas son de intercambio).

Las relaciones endogámicas y las relaciones de intercambio son fenómenos que ocurren principalmente entre funcionarios que laboran en el Poder Judicial Federal pero que no son ni Jueces ni Magistrados. En concreto, solamente en el 5% de las relaciones endogámicas está involucrado un Juez o Magistrado. Por otro lado, en el 25% de las relaciones de intercambio está involucrado al menos un Juez o Magistrado. Hay más titulares (es decir, Jueces o Magistrados) participando en relaciones de intercambio que en relaciones endogámicas, pero éstos no participan directamente en las tres cuartas partes de las relaciones de intercambio. En otras palabras, los protagonistas en las relaciones endogámicas y de intercambio son los Oficiales Administrativos y los Secretarios de Juzgado y Tribunal.

CONTRATAR FAMILIARES GENERA LEALTAD Y GRATITUD…ENTRE LOS PARIENTES

Las redes familiares son conjuntos de relaciones familiares, es decir, situaciones en las que hay más de un par de individuos de una misma familia trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Las redes de familiares se forman con una finalidad, por ejemplo repartir cargos entre familiares con el propósito de ayudarlos económicamente, dada una situación de necesidad o precariedad, esperando a cambio gratitud y regreso de favores en ámbitos no necesariamente relacionados con la cuestión laboral. Es posible también que se formen redes familiares con fines potencialmente más perniciosos, por ejemplo, influir en la producción o el sentido de las sentencias. Del total de relaciones familiares documentadas (N=4731) el 70% (3217 relaciones) son relaciones en donde ambas personas tienen un puesto de función jurisdiccional (Juez, Magistrado, Secretario, Actuario, u Oficial Administrativo). Y en 14% (658 relaciones) podemos hablar de una red de al menos cuatro miembros de una misma familia donde cada uno tiene un puesto de función jurisdiccional. Las redes familiares jurisdiccionales merecen un escrutinio especial debido a sus potenciales efectos nocivos para los fines y la integridad del Poder Judicial.

LA REALIDAD PUEDE SER PEOR QUE LA PRESENTADA POR EL ESTUDIO

Este reporte documenta patrones institucionales en el Poder Judicial de la Federación que están relacionados con nepotismo y la formación de redes familiares en su interior. El análisis de los datos, y por tanto el diagnóstico, es conservador: el reporte simplemente describe los patrones que se pueden identificar a partir de los datos recolectados por el Consejero Felipe Borrego Estrada y su equipo. Estos datos constituyen una fuente riquísima para estudiar el tema pero también tienen limitaciones, por lo que es probable que en realidad la magnitud del problema sea mayor. En suma, el diagnóstico es conservador y, sin embargo, los hallazgos revelan una situación crítica que requiere atención.

La transformadora reforma judicial de 1994 incluyó como una de sus piezas clave la carrera judicial: un sistema de selección y promoción de los juzgadores federales basado en el mérito, en las capacidades de los individuos, “a fin de garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional”, como dice textualmente la exposición de motivos. Este reporte documenta que a casi 25 años de esta reforma si bien existen logros importantes también hay un déficit meritocrático en el Poder Judicial de la Federación. El reporte identifica que el déficit es producto tanto de las limitaciones de la arquitectura institucional y organización administrativa del Poder Judicial como del nepotismo y las redes familiares que lo habitan, y que ambos factores se retroalimentan.

Las acciones y ajustes necesarios para saldar el déficit meritocrático en el Poder Judicial de la Federación deben recuperar y profundizar el espíritu de la reforma de 1994. El objetivo debe ser preservar el profesionalismo y la neutralidad de los juzgadores y funcionarios judiciales, así como la percepción de ambas características entre los ciudadanos. El mérito, transparente y eficazmente evaluado, es el mejor antídoto contra acusaciones de favoritismo basadas en relaciones familiares. No está mal per se que familiares laboren en la misma institución, siempre y cuando tengan los méritos y las capacidades requeridas. En este sentido, la carrera judicial debe ser extendida y fortalecida. La transparencia es también eficaz contra las dudas sobre la neutralidad de los funcionarios en el desempeño de sus funciones. Es importante institucionalizar declaraciones de conflicto de interés exhaustivas, y éstas deben ser actualizadas frecuentemente. El Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben liderar el esfuerzo de diagnóstico y reformas en estos temas. El Poder Judicial de la Federación es una de las instituciones más relevantes para el buen funcionamiento de la democracia: su prestigio, fortaleza y eficacia son condición necesaria para que el régimen democrático produzca resultados favorables a los ciudadanos y al país en su conjunto.

MÉXICO SUPERA POR MUCHO EL NEPOTISMO DE OTROS PAÍSES

Estas cifras son altas si las comparamos con estudios sistemáticos similares. Por ejemplo, en España dentro del Tribunal de Cuentas aproximadamente el 14% de la plantilla de servidores públicos tienen vínculos familiares dentro de la institución, mientras que en los Estados Unidos el 7.9% de los entrevistados del Department of Justice reportan nepotismo en la contratación de funcionarios.

Nótese que, en el dato mencionado, la suma de porcentajes es mayor a cien porque se toma en cuenta si alguno de los dos individuos involucrados en una relación tiene el puesto indicado. Por lo tanto, la relación entre un Juez y un oficial administrativo es contada en la cifra que da el número de relaciones con al menos un Juez, y también en la cifra que da el número de relaciones con al menos un oficial administrativo.

Sin embargo, y como un ejemplo del desorden organizacional y la falta de relación entre las categorizaciones de los puestos, solamente el puesto de secretario de estudios y cuenta es de carrera judicial. El puesto de oficial administrativo es de base, aunque sea también de función jurisdiccional.

Por ejemplo, las relaciones familiares no están completas: se identifica la relación entre un trabajador y su hijo (si también trabaja en el Poder judicial), y entre ese mismo trabajador y su hija (si también trabaja en el Poder judicial), pero no se identifica sistemáticamente la relación entre los hermanos. Los datos recolectados no incluyen información del Primer Circuito (Ciudad de México) ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los del Segundo Circuito (Estado de México) están incompletos (faltan los de Toluca). Esto quiere decir que las relaciones familiares documentadas en el reporte son muy probablemente menos de las que realmente hay. (Con información de Nexos y Mexicanos Contra la Corrupción)

NO DEBE CONGRESO APROBAR CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCÚN

La empresa Óptima Energía S.A. de C.V., obtendrá ganancias por 100 millones de pesos anuales si el Congreso de Quintana Roo aprueba la concesión a 15 años del servicio de alumbrado público que le entregó el ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, sin que exista garantía del cumplimiento del servicio, pues la sociedad mercantil enfrenta varias controversias litigiosas en diversos municipios del país.

Hasta ahora, en ayuntamiento de Benito Juárez no ha hecho público el contrato de concesión que firmaría la empresa ganadora de la licitación pública MBJ-CDT-001-2017, sin embargo, según el documento “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión”, se lee en qué consistirá la contraprestación que obtendrá Óptima Energía S.A. de C.V.:

“La garantía de pago que se pretende ofrecer al Proveedor que resulte ganador del proceso licitatorio sería lo que resulte de la diferencia entre la recaudación del Derecho de Alumbrado Público y el pago de la facturación de energía eléctrica correspondiente del alumbrado público, conocido como remanente del Derecho de Alumbrado Público, así como también la partida presupuestal que el Municipio destina para la prestación del Servicio de Alumbrado Público. De igual manera, y solo como complemento a esta garantía, se sugiere también que el Ayuntamiento contemple en su momento otorgar cualquier garantía adicional que pudiera hacer falta para garantizar el pago a la prestación de este servicio.”

VER DICTAMEN COMISIONES UNIDAS LUMINARIAS

Esto significa que Óptima Energía S.A. de C.V. obtendrá como “garantía de pago” por la concesión, los recursos que ingresen por la recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), -descontando el pago a CFE del consumo de energía eléctrica-, más la partida presupuestal que el municipio de Benito Juárez destina para la prestación del servicio de alumbrado público. Sin duda un gran negocio.

De acuerdo a la solicitud de información 1816400232517 presentada ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por Gabriel Méndez, integrante del Colectivo Cancún Transparente, al primer semestre del 2017, la recaudación y pago por DAP en el municipio Benito Juárez era de alrededor de 70 millones de pesos.

En su respuesta, la CFE señaló que a través de convenios de colaboración firmados con los municipios, la CFE cobra el DPA, y en el caso del ayuntamiento de Benito Juárez, no entrega los recursos económicos a éste, sino que lo aplica a la cuenta por consumo de energía del alumbrado público, y en caso de existir una diferencia a favor o en contra, se aplica o se salda al siguiente mes.

Hasta agosto de 2017, por concepto de DPA, la CFE recaudó y aplicó a la cuenta del ayuntamiento de Benito Juárez, 95 millones 568 mil 787 pesos; al mes de junio fueron 69 millones 215 mil 970 pesos, esto es, que para cuando concluya el año serán alrededor de 170 millones de pesos los recaudados y aplicados por DPA:

Benito Juárez	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
DAP Cobrado	11,917,045.34	10,117,626.30	12,476,679.37	10,905,561.64	12,245,297.49	11,553,762.49	14,172,630.52	12,180,187.86
DAP aplicado en la facturación	11,917,045.34	10,117,626.30	12,476,679.37	10,905,561.64	12,245,297.49	11,553,762.49	14,172,630.52	12,180,187.86

VER RESPUESTA CFE DPA alumbrado publico Cancun

En el mismo documento “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión”, se señala que “para garantizar la parte técnica del proyecto se solicitará que se compruebe la capacidad técnica de la empresa, contemplando la experiencia en proyectos similares y la calidad de los productos y servicios que ofrezcan, solicitando el cumplimiento de:”

Experiencia y capacidad en la instalación de luminarias e implementación de Proyectos similares.
Demostrar capacidad del personal que llevará a cabo la implementación del Proyecto.
Que las luminarias e infraestructura que propongan cuenten con garantía de por lo menos 10 años y estén respaldada por su fabricante.
Que las luminarias e infraestructura propuesta sea nueva.
Que las luminarias propuestas cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-031- ENER-2012.
QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA GENERE AL MENOS UN AHORRO DE 43% DEL CONSUMO DE ENERGÍA (KWH) CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.

Este 43 por ciento de ahorro en energía representa en dinero 60.2 millones de pesos, considerando un cobro anual de 170 millones de pesos, de acuerdo a los recientes datos proporcionados por la CFE. Por lo tanto, si el ayuntamiento de Benito Juárez entrega a Óptima Energía S.A. de C.V., “la diferencia entre la recaudación del Derecho de Alumbrado Público y el pago de la facturación de energía eléctrica correspondiente del alumbrado público, conocido como remanente del Derecho de Alumbrado Público, así como también la partida presupuestal que el Municipio destina para la prestación del Servicio de Alumbrado Público significa que, tomando los números de este 2017, entregaría a la empresa regiomontana los 60 millones de pesos del “remanente del DPA”, más alrededor de 37 millones de pesos, que fue lo que se destinó en el 2016 para el suministro y sustitución de luminarias, su mantenimiento y los gastos de operación del propio Departamento de Alumbrado Público, según el documento referido, lo que hace un total de 97 millones de pesos que recibiría cada año, por los siguientes 15 años, Óptima Energía S.A. de C.V.

Por otra parte, en el referido documento, se señala que de acuerdo al Estudio Técnico Justificativo, “también observamos que se requiere de la desaparición del personal de Alumbrado Público municipal, siendo que actualmente tenemos 115 empleados que realizan esta función”, sin que en ninguna parte se aclare qué hará el ayuntamiento de Benito Juárez con los 115 trabajadores que perderán su fuente de trabajo.

En el documento, el ayuntamiento plantea incluso que de no aprobarse la concesión, se tendría que contratar un crédito: “otra opción que tenemos como Ayuntamiento es solicitar un crédito con alguna institución financiera, para poder llevar acabo la adquisición, instalación y mantenimiento de la infraestructura requerida para la prestación del Servicio de Alumbrado Público. El solicitar un crédito para llevar a cabo la inversión necesaria en infraestructura para brindar el Servicio de Alumbrado Público requerido, afectaría directamente a la contabilidad municipal ya que este representaría una deuda y el Ayuntamiento tiene el 100% de sus Participaciones Federales comprometidas y el solicitar un financiamiento, afectaría nuestras calificaciones y condiciones crediticias.”

De la lectura del “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión” es posible concluir que se trata de un documento con inconsistencias, poco claro y tendencioso, en el que se plantea un escenario catastrófico y prácticamente sin solución para el ayuntamiento de Benito Juárez si no se entrega en concesión el servicio de alumbrado público.

Es necesario subrayar que la empresa Óptima Energía S.A. de C.V., inicialmente llamada Celsol S.A.P.I., fue fundada por Enrique Gómez Junco Blancq-Cazaux, un ingeniero formado en el Tecnológico de Monterrey quien hace más de una década inició su negocio en el ramo de la energía termosolar y en la oferta soluciones para el alto consumo de energía; pero recientemente ha obtenido la concesión del servicio de alumbrado público en varios municipios del país, con un historial altamente negativo, como en los municipios de Ensenada y Tijuana, en Baja California, y en los municipios de General Zuazua y Cadereyta, en Nuevo León, donde enfrenta procesos litigiosos.

Por lo anterior, Somos Tus Ojos hace un llamado a los integrantes de la XV Legislatura a no aprobar la concesión a 15 años del servicio de alumbrado público del municipio Benito Juárez.

RESOLVIÓ MAGISTRADO INHABILITACIÓN DE EDUARDO ORTIZ JASSO. AYUNTAMIENTO DE CANCÚN SE NIEGA A RESPONDER

CANCÚN, MX.-El pasado 8 de septiembre la Sala Especializada en materia Constitucional y Administrativa dictó la sentencia definitiva en el expediente S.C.A/A/146/2016, mediante el cual Eduardo Ortiz Jasso combatió su inhabilitación en contra de la sanción decretada por el presidente municipal de Cancún, como se desprende de la lista electrónica publicada por dicho juzgado.

Aunque se desconoce el sentido de la sentencia, pues nadie ha dado a conocer su contenido, lo anterior es una prueba evidente de que al momento en que Eduardo Ortiz Jasso fue nombrado por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, como director de la Agencia de Proyectos Estratégicos (AGEPRO), el 30 de julio pasado, el funcionario de primer nivel se encontraba inhabilitado, puesto que la sentencia sobre su situación legal se acaba de dictar hace un mes.

El ayuntamiento de Cancún se negó a responder sobre la inhabilitación

A través de la solicitud 00588317, el 17 de agosto pasado, Somos Tus Ojos requirió al ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) “decir si Eduardo de Jesús Ortiz Jasso se encuentra inhabilitado. Detallar causa (s) de la inhabilitación, periodo (s), y si el referido combate por la vía administrativa o judicial la o las inhabilitaciones.”, casi dos meses después, el 9 de octubre, la Unidad de Transparencia municipal respondió que la solicitud no era clara: “en la forma en que se plantea la solicitud de información, así como los datos e información que refiere no son suficientes para ubicar o realizar la búsqueda correspondiente, y estar en posibilidades de dar una adecuada respuesta”.

Y le tira la bolita a la Contraloría del estado

En otra parte de la respuesta a la solicitud de información, la Unidad de Transparencia señala que “(…) si el solicitante quiere saber si actualmente esta persona (Eduardo Ortiz Jasso) se encuentra inhabilitada (…) solo las personas que aparezcan inscritas en el padrón de servidores públicos inhabilitados de la Secretaría de la Contraloría del estado son los que se encuentran inhabilitados o impedidos para desempeñar un cargo, empleo o comisión en el servicio público (…)”.

RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Aunque en varias ocasiones el secretario del ayuntamiento de Cancún, Guillermo Andrés Brahams González, aseveró que Eduardo Ortiz Jasso enfrentaba dos procesos de inhabilitación, ahora a la Unidad de Transparencia de Cancún, le pareció poco clara la pregunta.

Tribunal federal aún no resuelve recurso de Somos Tus Ojos por nombramiento

Somos Tus Ojos aún mantiene un recurso de queja en el Segundo Tribunal Colegiado mediante el cual se impugnó el desechamiento del amparo 1088/2017, promovido por esta asociación en contra del nombramiento de Eduardo Ortiz Jasso al frente de la AGEPRO, y que el Juzgado Segundo de Distrito desestimó.

La asociación también presentó una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado en contra del gobernador Carlos Joaquín González quien nombró directamente a Eduardo de Jesús Ortiz Jasso al frente de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo con lo que incurrió en responsabilidad, pues incumplió con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo que señala en su artículo 47 que “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general: (…) XIII. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”. (…)

Joaquín González designó a Eduardo Ortiz Jasso como director de la AGEPRO, aún y cuando no existía una resolución firme sobre si estaba o no inhabilitado, por lo que el Gobernador deberá ser sancionado por la Contraloría.

Probada trayectoria…

Eduardo Ortiz Jasso es conocido por su trayectoria en el Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) de Cancún, cargo que ocupó por ocho años, trascendiendo con su “experiencia” administraciones priistas y perredistas, y desde donde entregó sobre densificaciones a múltiples proyectos inmobiliarios y hoteleros.

Durante el gobierno del priista Francisco Alor Quezada (2005-2008), Eduardo Ortiz instituyó desde el IMPLAN una especie de “moche” oficial que se cobraba a cada desarrollador que presentaba un proyecto y que era analizado y “palomeado” por el IMPLAN, tal y como lo documentó la que esto escribe luego de obtener copia de los dictámenes técnicos analizados por el Instituto que dirigía Ortiz Jasso.

El “moche” era un cobro que se establecía discrecionalmente desde el IMPLAN y que debían pagar los desarrolladores, el cual supuestamente se destinaba a un “Fondo para la gestión y el fortalecimiento institucional”

Ahora, como director de la AGEPRO, Ortiz Jasso se encargará de buscar inversionistas para realizar proyectos estratégicos en Quintana Roo, en algunos de éstos el gobierno del estado dispondrá como capital de inversión de los predios propiedad del estado.

En días recientes, el gobierno del estado Ortiz Jasso presentó tres proyectos para Quintana Roo entre los que se encuentran la construcción una línea de tren que comunique Cancún con Tulum, un puente de ocho kilómetros sobre la Laguna Nichupté y un tren ligero elevado para la zona hotelera de Cancún.

De acuerdo al decreto creación de la AGEPRO, ésta debe operar con una junta de gobierno, encabezada por el gobernador y los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Oficialía Mayor y “tres ciudadanos”, pero hasta ahora no se ha integrado la misma, y se desconoce cómo se elegirá a los tres ciudadanos.

VER: CONTROVIERTE SOMOS TUS OJOS NOMBRAMIENTO DE EDUARDO ORTIZ JASSO

VER: JUZGADO SEGUNDO DESECHA AMPARO CONTRA NOMBRAMIENTO DE EDUARDO ORTIZ JASSO

VER: TRIBUNAL PODRÍA “REVIVIR” AMPARO CONTRA NOMBRAMIENTO DE EDUARDO ORTIZ JASSO

ACUSA OBSERVATORIO LEGISLATIVO SIMULACIÓN DE DIPUTADOS EN JUICIO POLÍTICO CONTRA EX TESORERO DE ROBERTO BORGE

CANCÚN, MX.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo se dijo extrañado por la “cautela” con que la Comisión Instructora de la XV Legislatura está actuando en el caso de Juan Pablo Guillermo Molina, ex Tesorero de Roberto Borge Angulo, luego de que el Juez Sexto de Distrito resolviera el pasado 20 de septiembre sobreseer el amparo promovido por el ex funcionario, lo que permite a los diputados Emiliano Ramos (PRD), Jesús Zetina (PAN) y José Luis González (PRI), de la Instructora, continuar con el procedimiento

“La denuncia que interpuso la organización ciudadana Somos Tus Ojos está siendo detenida bajo argumentos falaces que le están permitiendo ganar tiempo al demandado para buscar una nueva protección”, dijo Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo

Señaló que en la estructura de la Dirección Jurídica del Congreso continúan los mismos titulares de la XIV Legislatura que operaron el llamado blindaje de impunidad.

Cabe destacar que Somos Tus Ojos denunció que el director jurídico del Congreso, Lizandro Landeros Lima, ocupó ese mismo cargo en la XIV Legislatura, y fue este mismo funcionario el que en julio de 2016 desechó el juicio político interpuesto por la asociación. Igualmente, Landeros Lima defendió, en enero de 2017, ante el Juez Sexto de Distrito que otorgó el amparo a Somos Tus Ojos, que el desechamiento del juicio político había sido “apegado a derecho”.

El representante del Observatorio Legislativo dijo que los actores que participaron en el llamado “paquete de impunidad” de Roberto Borge Angulo continúan ocupando espacios en el actual “gobierno del cambio”: “vemos que en las áreas de auditoria y del jurídico permanecen los mismos funcionarios. Se dice que hubo un cambio pero siguió igual. La barrera de impunidad continúa”, aseveró.

“Hemos señalado que las acciones que se toman en el Congreso del estado se están encaminando a una conducta pública de extensa difusión pero con una tendencia que se orienta a la simulación”, destacó Galaviz Ibarra, quien enfatizó que el nombramiento del Auditor Superior, recayó en un personaje que anteriormente ya había estado encargado de la vigilancia del manejo financiero de las instituciones del estado, refiriéndose a Manuel Palacios, y quien por no perder su puesto, según lo reconoció él mismo, no señaló las irregularidades en las cuentas de la administración de Roberto Borge. Similar situación ocurrió en el caso del nombramiento de la titular de la Fiscalía Anticorrupción, recayendo éste en Rosaura Villanueva, quien era Vicefiscal. En ambos nombramientos se pasaron por alto las propuestas ciudadanas y del Colegio de Contadores, puntualizó.

Leer: TIENE CONGRESO LUZ VERDE EN JUICIO POLÍTICO CONTRA JUAN PABLO GUILLERMO. EX TESORERO PIERDE AMPARO

JUEZ FEDERAL EMPUJA JUICIO POLÍTICO CONTRA EX TESORERO DE BORGE Y CONGRESO LO FRENA

CHETUMAL, MX.- La XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo parece no tener prisa para continuar con el juicio político promovido por Somos Tus Ojos en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, por el desvío de mil 464 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje; aunque los diputados fueron notificados desde el viernes pasado de la sentencia que echó por tierra el amparo que protegía a Guillermo Molina, la Comisión Instructora no ha retomado el procedimiento.

De acuerdo a información de Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión Instructora, y la encargada de continuar con el juicio político, estaba a la espera de la “autorización” de la Dirección Jurídica del Congreso para continuar con el juicio político.

Es de destacar, que el titular del Jurídico, Lizandro Landeros Lima, también ocupó ese mismo cargo en la XIV Legislatura, y fue el funcionario que desechó el juicio político interpuesto por Somos Tus Ojos en julio de 2016. Igualmente, Landeros Lima sostuvo, en enero de 2017, ante el Juez Sexto de Distrito que otorgó el amparo a la asociación civil, que el desechamiento del juicio político había sido “apegado a derecho”.

Actualmente, la Comisión Instructora, integrada por Emiliano Ramos (PRD), Jesús Zetina (PAN) y José Luis González (PRI), no tiene ningún impedimento para continuar el juicio político en contra de Guillermo Molina.

El pasado 20 de septiembre, el Juez Sexto de Distrito determinó sobreseer el amparo promovido por Juan Pablo Guillermo Molina para evitar la continuación del juicio político promovido por Somos Tus Ojos, con lo que el ex funcionario perdió toda protección de la justicia federal.

Somos Tus Ojos exige a los diputados continuar con el procedimiento en contra del ex Tesorero de Roberto Borge!.

VER Tiene Congreso luz verde en juicio político contra Juan Pablo Guillermo. Ex Tesorero pierde amparo

TIENE EL CONGRESO DE QROO 63 “ASISTENTES” QUE COBRAN ENTRE 4 MIL Y 50 MIL PESOS, POR HACER EL MISMO TRABAJO

CHETUMAL, MX.- Son 63 personas, cobran sueldos netos de entre 4 mil y 50 mil pesos mensuales, están contratados por honorarios y, aunque perciben salarios distintos, todos hacen lo mismo, de acuerdo al contrato de prestación de servicios de cada uno de los empleados, según lo publicado en la sección de Transparencia del Congreso de Quintana Roo.

VER LISTA DE AYUDANTES DEL CONGRESO DE ENERO A ABRIL

VER LISTA DE AYUDANTES DEL CONGRESO DE MAYO A AGOSTO

La XV Legislatura tiene 63 empleados contratados por honorarios y todos, no importa lo que ganen, cumplen un mismo y único encargo: “(…) prestar servicios a El Congreso, aplicando sus capacidades y conocimientos, consistentes en apoyo y asistencia. Los cuales se obliga a realizar en estricto apego a las instrucciones que al efecto emita El Congreso (…)”, según dice el contrato que hasta el pasado 30 de agosto podía descargarse en la sección de Transparencia desde la fracción XI del artículo 91, relativo a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios.

El formato recién eliminado sobre los empleados que desempeñan labores de “asistencia” y “apoyo” en el Congreso fue modificado apenas ayer, por lo que el contrato ya no está disponible en la página. En la nueva presentación de la información también se excluyen datos como la remuneración bruta y si el “colaborador” tiene prestaciones.

EL CONTRATO ELIMINADO DE LA PÁGINA DEL CONGRESO PUEDE DESCARGARSE AQUÍ

La XV Legislatura del Congreso, en lugar de cumplir lo que le ordena la fracción XI del artículo 91, relativo a “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación, y en su caso, los procesos de evaluación a los que se sujeta la vigencia del contrato o su recisión”, como lo ordena la ley, prefirió retirar de su página el contrato-machote que exhibía que el Congreso está repleto de empleados que no desempeñan labores o trabajos necesarios, sino que se trata de “amigos” con cargo al erario, “aviadores” o de personal que realiza trabajos políticos directamente para los diputados y su partido pero que los ciudadanos debemos pagar.

FORMATO DE CONTRATACIONES POR HONORARIOS ELIMINADO DE LA PÁGINA

Apoyo y asistencia cuesta de 4 mil a 50 mil pesos

En el Congreso, por sus servicios de “apoyo y asistencia”, Yolanda Esther Uc Cruz, cobra 4 mil pesos mensuales, y por hacer lo mismo, Diana Ivón Sáenz Rivera, cobra 50 mil pesos de sueldo neto. Otro ejemplo, Paula Eunice Torres Bui cobra 5 mil pesos al mes, y por idéntico trabajo, según su contrato, Manuel Santiago López Meneses, cobra 44 mil pesos mensuales. También hay los que cobran 9 mil pesos por idéntico servicio prestado, como Erika Jacqeline Constantino Cerda; o 25 mil pesos, como el recientemente fallecido Javier Villanueva Madrid, quien era hermano del ex gobernador Mario Villanueva y tío del diputado Carlos Mario Villanueva y quien cobró esa cantidad cada mes de enero a abril de este año.

Los “ayudantes” más caros

Los “prestadores de servicios” que más caro cuestan al erario son: Francisco Amaro Lara, Fernando Haro Salinas, Javier Osorio Polanco, Jorge Augusto Rodríguez Escalante, Edgar Mauricio Flores Chaverry, Sandra Nayeli Kauil Moo, Mauro Aguilar Nogales, y Manuel Alejandro Cab Salazar, pues cada uno de ellos ha cobrado 50 mil pesos mensuales de enero a abril de 2017.

También en la lista de los que más cobran por prestar servicios de “apoyo y asistencia” en el Congreso, están Manuel Santiago López Meneses, quien percibe mensualmente 44 mil pesos; Antonia Hernández García, Ángel Isaac Vázquez Giovanniello y Elsy del Carmen Flores Solís, de enero a abril, han recibido 40 mil pesos cada mes.

Otra de las “contratadas” mejor pagadas es Karla Robles Miranda, quien se embolsa un sueldo de 32 mil pesos netos, y quien ha estado permanentemente “becada” por las hermanas Beristain Navarrete, pues también ha estado como “prestadora de servicios profesionales” en el Senado, con Luz María Beristain.

Entre los asistentes contratados, la mayoría de éstos cobran entre 10 mil y 25 mil pesos mensuales netos.

Por estos 63 empleados el Congreso debe erogar cada mes un millón 502 mil 630 pesos de dinero público, del que no está clara ni justificada su utilidad.

Un Congreso “transparente”, solo en boletines de prensa

El 14 de mayo de 2017, la Dirección de Comunicación Social del Congreso publicó un boletín de prensa titulado “Transparencia, herramienta para ciudadanos en democracia: Martínez Arcila”, en el que el diputado panista aseguró que “el proceso para lograr que la rendición de cuentas sea un mecanismo eficaz en el trabajo político no tiene reversa.” (…) “Los tiempos están cambiando; de manera gradual se dan pasos que vale la pena destacar, se han logrado cambios en un corto plazo que hace apenas unos meses eran inimaginables. La transición llegó y no podemos permitir que se dé marcha atrás”.

En otra parte del comunicado, el presidente de la Gran Comisión aseveró que “se ha cumplido al 100 por ciento con las obligaciones que marca la Ley de Transparencia, (y) el Congreso de Quintana Roo irá más allá para ratificar su compromiso con la rendición de cuentas.”.

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Lo aseverado por el legislador panista Eduardo Martínez se desmiente con una rápida y superficial revisión a la sección de Transparencia del Congreso, como la referida en esta nota.

El 18 de junio de 2017 la Dirección de Comunicación Social del Congreso publicó otro boletín titulado “Cerramos paso a opacidad y corrupción: Martínez Arcila”

En éste se lee: “Las reformas para cerrar el paso a la opacidad y a la corrupción en el estado van a continuar, aseguró el Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, quien señaló que los diputados que integran la XV Legislatura están comprometidos a avanzar en la agenda ciudadana porque la sociedad pide resultados.” (…)

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TENDRÁ QUINTANA ROO FISCAL ANTICORRUPCIÓN SIN EXPERIENCIA EN EL TEMA

CANCÚN, MX.- Quintana Roo tendrá un Fiscal anticorrupción sin trayectoria ni experiencia en el combate a la corrupción, pues en la convocatoria que cerró este 30 de agosto, la Fiscalía General del Estado, de la cual dependerá la de anticorrupción, eliminó como uno de los requisitos para ser titular de la misma el “acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción”, como sí lo establece la convocatoria emitida por el Senado de la Republica, para el caso del Fiscal anticorrupción federal.

No sobra recordar que la primera convocatoria de marzo de 2014 publicada por el Senado para elegir al Fiscal anticorrupción federal tampoco incluía el requisito de que los candidatos contaran con experiencia en la materia; sin embargo, luego de las comparecencias de los interesados y de que la Junta de Coordinación Política no alcanzó un consenso para nombrar al fiscal anticorrupción, a los requisitos se agregó el indispensable de acreditar conocimientos y/o experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Como se sabe, los sistemas estatales anticorrupción se desprenden del federal y deben homologarse al mismo, por lo que lo que de elegirse en Quintana Roo un fiscal anticorrupción sin que cumpla el requisito de conocimientos y experiencia en la materia, el sistema anticorrupción de Quintana Roo estaría iniciando de forma cuestionable y deficiente, además de que se corre el riesgo que el encargado de dicha fiscalía sea cualquier abogado “amigo”.

Quintana Roo se ha colocado en el mapa nacional por los actos de corrupción cometidos por el ex gobernador Roberto Borge Angulo, pero también por ser uno de los estados más corruptos del país y uno de los menos transparentes. Apenas en julio pasado se publicó que, de acuerdo a una encuesta del INEGI, Quintana Roo era el estado en el que se habían realizado más actos de corrupción en el país por pagos o solicitudes de servicios ante autoridades. Y en materia de transparencia, de acuerdo al Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2015, el más reciente elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Quintana Roo estaba en el último lugar en cumplimiento.

Esas circunstancias hacen obligatorio contar con una Fiscalía anticorrupción sólida y dirigida por una persona con probada experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; por lo que Somos Tus Ojos pide que esta primera convocatoria se declare desierta, toda vez que de origen, no garantiza las condiciones de contar con un Fiscal anticorrupción con las características que el encargo demanda; y que se convoque a una nueva.

VER: Quintana Roo es el estado con mayor corrupción

VER: Índice de Información Presupuestal Estatal

HASTA EL 2018 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE QROO RESOLVERÁ INCONFORMIDADES DE CIUDADANOS

CANCÚN, MX.- Aunque la Ley de Transparencia de Quintana Roo señala en su artículo 172 que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO) deberá resolver los recursos de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del recurso, prorrogables por un período de veinte días más, el órgano garante respondió a ciudadanos del Colectivo Puerto Morelos Transparente que podría estar emitiendo sus resoluciones hasta el 2018, puesto que los recursos de revisión interpuestos hace dos meses ni siquiera han sido admitidos.

El Colectivo Puerto Morelos Transparente, que ha intentado obtener diversa información del ayuntamiento gobernado por la verde-ecologista Laura Fernández Piña interpuso cinco recursos de revisión el pasado junio, con lo que han transcurrido los primeros cuarenta días hábiles que tiene el Instituto de Acceso a la Información para resolver las inconformidades de los ciudadanos por las negativas de acceso a la información, sin que este órgano garante haya cumplido ni siquiera con la admisión de los recursos.

Este lunes, el abogado proyectista del IDAIQROO, Martín Navarrete, informó vía telefónica a uno de los integrantes de este colectivo ciudadano que los recursos de revisión aún no habían sido admitidos debido a la carga de trabajo, y además, que no había fecha pronta para su admisión, por lo que tampoco la había para su resolución.

El Colectivo Puerto Morelos Transparente solicitó a la alcaldesa Laura Fernández Piña ‘Proporcionar el nombre de las personas físicas y morales que han prestado algún servicio al ayuntamiento de Puerto Morelos, detallar que tipo de servicios y el monto pagado’; ‘decir a cuánto asciende el adeudo del ayuntamiento de Puerto Morelos con sus proveedores, nombre de las personas físicas y morales a las que les adeuda y detallar el bien o servicio prestado’; ‘detallar cuántos inmuebles de los que ocupa el ayuntamiento de Puerto Morelos son arrendados, ubicación de los mismos, nombre del arrendador, monto pagado por el servicio y contrato de arrendamiento de cada inmueble en versión digital’; entre otras solicitudes de información que no han tenido respuesta.

Cabe recordar que los ciudadanos organizados de Puerto Morelos también denunciaron ante el Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo a la ex priista Laura Fernández por no poner a disposición de los ciudadanos, de forma abierta y permanente, la información pública obligatoria que marca el artículo 91 y 93 de la Ley de Transparencia del estado; y a pesar de que este Instituto verificó el incumplimiento, no emitió ninguna medida de apremio.

En lo que toca a los recursos de revisión, la Ley de Transparencia es clara en el sentido del cumplimiento de los plazos que tiene el IDAIPQROO para resolverlos, así como en lo relativo a su admisión, por lo que el incumplimiento por parte del Instituto de Transparencia en la substanciación de los recursos en los tiempos legales estipulados es un asunto grave, ya que se trata del órgano que debería “garantizar” a los ciudadanos su derecho humano de acceso a la información.

Para Somos Tus Ojos es evidente la continuidad en la política de opacidad que caracterizó la administración de Roberto Borge Angulo, con un órgano garante sin independencia real y que sigue respondiendo a intereses contrarios a la transparencia y a la rendición de cuentas.

No sobra mencionar, que la Ley de Transparencia de Quintana Roo aprobada en mayo de 2016, es un texto deficiente, retrógrada y que no privilegia el derecho del ciudadano, pues mientras la Ley de Transparencia de Coahuila establece un plazo de 20 días, prorrogables 10 días más para la resolución de los recursos de revisión; y la del estado de Tabasco 30 días, prorrogables por 10 días más, la ley de Quintana Roo se amplía hasta 60 días hábiles para resolver las inconformidades de los ciudadanos; aunque en la práctica puede prolongarse sin límite alguno.

PAGA ALCALDESA DE PLAYA DEL CARMEN “AVIADOR” DE 72 MIL PESOS. NI LA OFICIAL MAYOR LO CONOCE

Fabiola Cortés Miranda

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La alcaldesa de Playa del Carmen, electa por el PAN-PRD, Cristina Torres Gómez, paga 72 mil pesos a un abogado de nombre Abel García Hernández, de quien asegura la Oficialía Mayor “no fue ni es servidor público municipal”.

De acuerdo al contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios, que puede consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia, el profesionista fue contratado para trabajar directamente con la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres, según se lee en la cláusula primera del mismo: “El municipio contrata a el prestador de servicios profesionales para que preste los servicios profesionales externos en materia legal, consistente en la asesoría y consultoría verbal o escrita, revisión de documentos, elaboración de proyectos, contratos, convenios o cualquier análogo que sea requerido por la Presidenta Municipal”.

CONTRATO ABEL GARCIA HERNANDEZ

Por los “trabajos” prestados el municipio se obliga a pagarle al profesional 72 mil pesos mensuales, según se lee en la cláusula tercera del contrato, mismo que puede consultarse en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT).

A través de la solicitud de información 00359017 se requirió al ayuntamiento de Solidaridad detallar qué trabajos ha realizado Abel García Hernández y decir desde cuándo fue contratado. La oficial mayor Samaria Angulo Sala respondió que “de acuerdo a la revisión física documental y de la base de datos de la Dirección de Recursos Humanos de esta Oficialía Mayor, el C. Abel García Hernández, no fue ni es servidor público municipal”.

VER RESPUESTA DE LA OFICIAL MAYOR

Cabe aclarar que el referido abogado efectivamente no es servidor público, sino prestador de servicios profesionales, y en la solicitud de información se requiere saber qué trabajos ha realizado y desde cuándo fue contratado; más no si es o no servidor público. Lo particular del caso es que la Oficial Mayor no tiene ninguna información sobre el licenciado en derecho que cada mes cobra 72 mil pesos por prestar asesoría jurídica a la ex priista Cristina Torres.

El “súper asesor jurídico” de la Alcaldesa de Playa del Carmen y al que ni la Oficial Mayor conoce, gana tres veces más que el Director General de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento, quien tiene un sueldo base mensual de 3 mil 121 pesos, más una compensación de 20 mil 049 pesos; de acuerdo a la plantilla de empleados solicitada a través de la Unidad de Transparencia. El titular de la Dirección Consultiva recibe de sueldo 2 mil 850 pesos, y de compensación 12 mil 157 pesos; mismo salario que se paga al Director de Asuntos Contenciosos. Por su parte, un “profesional especializado” percibe mil 752 pesos de sueldo base más 11 mil 452 pesos de compensación. Ni aún sumado el sueldo mensual de los cuatro funcionarios municipales que más ganan en la Dirección Jurídica éste se equipara al del abogado particular Abel García Hernández.

EMPLEADOS DIRECCION JURIDICA Solidaridad

CIUDADANOS SE ORGANIZAN EN CHETUMAL PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

CHETUMAL, MX.- El pasado uno de agosto 22 ciudadanos de Chetumal, capital de Quintana Roo, asistieron al taller sobre transparencia y rendición de cuentas impartido por la asociación Somos Tus Ojos, con el objetivo de convertirse en activos vigilantes del presupuesto gubernamental y del desempeño de los funcionarios públicos.

Profesionistas independientes, pequeños empresarios y empleados, todos preocupados por la mala administración y el abuso del poder público que ha caracterizado a los gobiernos en todo México, integraron un grupo para exigir cuentas de la gestión pública a través de las unidades de transparencia de las dependencias del gobierno del estado y del ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Cuánto se gasta en obra pública, dónde se ejecuta y quién la realiza; quiénes son los que nos gobiernan, cuánto gana realmente un funcionario, y de qué otros beneficios goza; cuánto nos cuesta mantener al Poder Legislativo, cómo están equipados los policías; cuántas escuelas se han construido en el estado; cuánto dinero se destina a la salud o al deporte; qué apoyos reciben las zonas rurales; son algunas de las preguntas que los ciudadanos se hacen, y que aunque deberían tener respuesta pública a través del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, señaladas en el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo, hasta la fecha siguen sin tenerla.

Othón P. Blanco, donde se ubica Chetumal, la capital del estado fue un municipio determinante en las pasadas elecciones para acabar con la hegemonía que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo durante más de 40 años, y ahora los ciudadanos de este municipio se han propuesto asumir el papel de demandantes de rendición de cuentas para prevenir actos de corrupción, desvío de recursos y abuso de poder del nuevo gobierno conformado por la alianza PAN-PRD.

Somos Tus Ojos acompañará a los ciudadanos de Chetumal en esta tarea de transparencia y rendición de cuentas, que, a la par, del sufragio es la herramienta más importante en una democracia. A la exigencia de cuentas, le seguirá la exigencia en el cumplimiento de las responsabilidades.

Los interesados en integrarse a este grupo pueden contactar por Facebook a Isabel Verdejo Rosas.

JUZGADO SEGUNDO DESECHA AMPARO CONTRA NOMBRAMIENTO DE EDUARDO ORTIZ JASSO

CANCÚN, MX.-El pasado martes, el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Cancún desechó el amparo promovido por la asociación Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo en contra del nombramiento de Eduardo Ortiz Jasso como Director General de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, por considerar que la asociación no tiene interés ni jurídico ni legítimo en el asunto.

La autoridad fundó su decisión en que, aún si el nombramiento de Eduardo Ortiz Jasso fuere ilegal, éste no afecta de forma directa, real y actual la esfera jurídica de la asociación Somos Tus Ojos, a pesar de que tenga entre su objeto ser testigo social en los procesos públicos o privados para que éstos se lleven a cabo en un marco de legalidad y ética.

“El interés planteado en la demanda, constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en este estado, en que la actividad gubernamental en el ámbito estatal se realice acorde a las leyes aplicables pues el acto objeto del reclamo, no es susceptible de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la impetrante (…)”, se señala en una parte de la sentencia.

La determinación fue dictada por la secretaria del Juzgado, María Teresa Rodríguez Cárdenas, como encargada de despacho, en ausencia del Juez, quien se encuentra de vacaciones.

Somos Tus Ojos analizará qué salida jurídica le dará al desechamiento de la demanda de amparo 1088/2017, y continuará insistiendo en que los actos de los tres poderes de la unión se apeguen a principios legales y éticos.

Como se recordará, además del amparo, también se presentó una denuncia ante la Secretaría de Contraloría del Estado en contra del gobernador Carlos Joaquín González por incumplir con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo, en su artículo 47, fracción XIII, que dicta que todo servidor público debe “abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.

Eduardo de Jesús Ortiz Jasso está inhabilitado desde marzo del 2014, a pesar de lo cual fue nombrado, por el Gobernador, Director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo el 30 de junio pasado.

Ortiz Jasso actualmente combate su inhabilitación en la Cuarta Sala Especializada en materia Constitucional y Administrativa bajo el expediente número S.C.A./A/146/2016, sin que hasta ahora se haya dictado sentencia, según se desprende de las lista electrónica del Poder Judicial del estado de Quintana Roo, misma que puede consultarse públicamente.

Cabe destacar que el Magistrado de la Cuarta Sala Especializada en materia Constitucional y Administrativa le concedió al ahora Director de la Agencia de Proyectos Estratégicos una suspensión para efectos de que la sanción consistente en la inhabilitación no se inscribiera en el Registro de Servidores Públicos Sancionados ni en ninguna lista de personas inhabilitadas; sin embargo, no se trata de una suspensión sobre la inhabilitación misma. Y es por esta razón que el nombre de Eduardo de Jesús Ortiz Jasso no aparece como persona inhabilitada.

SE NIEGA ALCALDESA DE PUERTO MORELOS Y TODOS SUS FUNCIONARIOS A PUBLICAR 3 DE 3

PUERTO MORELOS, MX.-Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos, municipio ubicado entre Cancún y Playa del Carmen, se negó a publicar su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, a pesar de que es una de las obligaciones establecidas en el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.

En su respuesta a la solicitud de información 00378617, la Unidad de Transparencia de Puerto Morelos señala que ni la Alcaldesa, ni ninguno de los funcionarios del ayuntamiento harán pública su declaración patrimonial; en tanto que de la declaración fiscal y de conflicto de intereses no se pronunció: “(…) DEL TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORELOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, NINGUNO HA AUTORIZADO HASTA EL MOMENTO SU PUBLICACIÓN, POR TAL RAZÓN, LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ÉSTA NO SE PÚBLICA”.

La Unidad de Transparencia de Laura Fernández Piña, funcionaria que estará buscando un escaño en el Senado en las próximas elecciones, trató de justificar la opacidad de la Alcaldesa del Partido Verde Ecologista de México con una absurda y enredada y respuesta:

“(…) la servidora pública de la cual se solicita la información determinó, en su momento, que se encuentra en espera de que se emitan los criterios y lineamientos necesarios así como que se realice la armonización estatal correspondiente a los ordenamientos nacionales para efectuar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor y hasta en tanto el Comité Coordinador de Sistema Nacional Anticorrupción , de conformidad con la ley de la materia, emita tales directrices y las resoluciones conducentes de su competencia”. (…)

RESPUESTA Laura Fernandez negativa declaración patrimonial

REGIDORES DE PUERTO MORELOS TAMBIÉN SE NEGARON A PRESENTAR 3 DE 3

Al igual que la presidenta municipal, Laura Fernández, los regidores de Puerto Morelos también se negaron a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.

A la solicitud 00357817 en la que se requirió “proporcionar copia de la declaración patrimonial, declaración fiscal y de conflicto de interés, de cada uno de los regidores de Puerto Morelos (conocida como 3 de 3)”; la Contraloría municipal contestó lo siguiente: “Al respecto de proporcionar copia de la declaración patrimonial, declaración fiscal y de conflicto de interés, de cada uno de los regidores de Puerto Morelos, conocida como 3 de 3, le comunico que NO ES POSIBLE otorgar dicha información, ya que de acuerdo a lo previsto en la Legislación de la materia vigente en nuestro estado, no existe una declaración que contenga los términos solicitados.”

Cabe destacar que en la fracción XII del artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo se establece como una obligación para todos los sujetos obligados, publicar “la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales, declaraciones de no conflicto de intereses y declaraciones fiscales de los últimos 5 años, de los servidores públicos que determine la normatividad aplicable”.

Por la negativa de los regidores a entregar la información requerida, el Colectivo Puerto Morelos Transparente interpuso el recurso de revisión correspondiente con el acompañamiento de Somos Tus Ojos.

Cabe destacar que la Unidad de Transparencia de Puerto Morelos, dirigida por Augusto Rivero Bolio, enfrenta numerosas quejas y recursos de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) por incumplir en la publicación de las obligaciones de transparencia, así como por la frecuente negativa de entregar información pública.

FIRMÓ PUERTO MORELOS ACUERDO DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PERO SOLO PARA LA FOTO

El cuatro de mayo pasado, el ayuntamiento de Puerto Morelos firmó con la Secretaría de la Gestión Pública el Acuerdo de Coordinación para el “fortalecimiento del sistema municipal de control y evaluación de la gestión pública, y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción”, sin embargo, ha incumplido en todo dicho acuerdo.

En la Declaración “D” del referido Acuerdo, la alcaldesa Laura Fernández afirmó que “(…) comparte con el Ejecutivo Estatal el compromiso de aplicar con honestidad, eficacia y transparencia los recursos públicos federales y estatales, para satisfacer adecuadamente las necesidades de la población de la entidad federativa, por lo que es de su interés participar en la lucha contra la corrupción en el ámbito estatal y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas.”

Nada más alejado de la realidad…

Por parte del ayuntamiento de Puerto Morelos firmaron el documento Laura Fernández Piña; el Secretario general, Francisco Mendoza Reyna; el titular de la Unidad de Transparencia, Augusto Rivero Bolio, y la contralora Nancy González González, quien antes de hacerse cargo de la Contraloría de Puerto Morelos, fue presidenta del Concejo del Instituto Electoral de Quintana Roo en ese municipio, y fue quien recibió las denuncias que pusieron en evidencia la coacción del voto que dieron el triunfo a Laura Fernández, mismas que se encargó de desechar.

VER ACUERDO DE COORDINACIÓN

IDAIPQROO da 15 días a alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández, para publicar información

PUERTO MORELOS, MX.-La presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, tiene un plazo de quince días para publicar información como la remuneración bruta y neta de todos los empleados del ayuntamiento; los gastos de representación y viáticos, así como el directorio de los servidores públicos, lo anterior luego de que el Colectivo Puerto Morelos Transparente, con el acompañamiento de Somos Tus Ojos, interpuso en mayo pasado una denuncia ante el Instituto de Transparencia de Quintana Roo por no encontrarse dicha información que es de publicación obligatoria.

En respuesta a la queja ciudadana, Augusto Rivero Bolio, director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del ayuntamiento de Puerto Morelos, pretendió “justificar” que por tratarse de un municipio nuevo “cuenta de momento con limitados recursos humanos y materiales; aún se encuentran en proceso de determinar ciertos lineamientos y disposiciones que les permitirá, en su momento, hacer publica toda la información que les corresponda registrar en los portales digitales correspondientes”.

Sin embargo, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) desestimó dicho pretexto toda vez que el integrante del Colectivo Puerto Morelos Transparente denunció la falta de información en el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia (SIPOT), y no en el sitio del ayuntamiento de Puerto Morelos, además de que considerando la declaración de creación del nuevo municipio, éste ya tenía 18 meses en funciones y recaudando impuestos.

Así pues, gracias a la participación del colectivo de ciudadanos, la presidenta municipal, Laura Fernández, deberá publicar la información materia de la denuncia.

Cabe destacar que el ayuntamiento gobernado por Laura Fernández Piña es el más opaco de Quintana Roo, pues no solo no ha cumplido con publicar la información obligatoria, de acuerdo al artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo, sino que el director de la Unidad de Transparencia de Puerto Morelos, Augusto Rivero Bolio, con los más rebuscados y absurdos pretextos se ha negado a dar satisfactoria respuesta a las solicitudes de información presentadas por los integrantes del Colectivo Puerto Morelos Transparente.

La información que deberá publicar el ayuntamiento administrado por Laura Fernández a más tardar en quince días, es la relativa a las fracciones II, III, IV, VII, VIII y IX del artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.

La fracción II se refiere a la estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura a las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada Servidor Público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados.

Fracción III.- La facultades de cada área.

Fracción IV.- Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos.

Fracción VII.- El director de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.

Fracción VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

Fracción IX.- Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.

VER ARCHIVO ADJUNTO:

DENUNCIA-TRANSPARENCIA-LAURA-FERNANDEZ-PUERTO-MORELOS

¿Quién llevó a Roberto Borge ante la justicia? Ustedes y nosotros

Fabiola Cortés Miranda

Ahora que el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo fue detenido, más de uno alza la mano victoriosa. Pero ¿quién llevó a Roberto Borge ante la justicia?

A Roberto Borge Angulo lo llevamos ante la justicia ustedes, que fueron insistentes y perseverantes en su exigencia de poner fin a la impunidad, y nosotros, como representantes de la sociedad civil organizada a través de la asociación Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, que se constituyó precisamente para convertirse en accionante de denuncias en casos de corrupción.

Roberto Borge Angulo se encuentra señalado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, precisamente por el cual lo denunciamos ante la Procuraduría General de la República, el 28 de noviembre de 2016.

Meses antes, el 25 de septiembre, el día que Roberto Borge se quedó sin fuero, y que tomó protesta el gobernador Carlos Joaquín González, mientras estaba el festejo en pleno, nosotros estábamos en el Ministerio Público local presentando una denuncia en contra del Gobernador saliente, misma que quedó asentada con el folio FGE/QR/SOL/09/3943/2016, y de la que el Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech, nunca ha dicho nada, y lo que es más, en un inicio, negó que existiera.

Esa denuncia presentada ante la Fiscalía General de Quintana Roo, en la que se señala a Roberto Borge por la venta de predios patrimonio del estado, el 29 de septiembre, también fue enviada con sus anexos a la PGR, a la que se le pidió la atracción del expediente, en virtud de que se configuraban delitos del fuero federal.

Pero antes de todo ello, el 16 de agosto de 2016, acudimos al Congreso de la Unión a presentar una denuncia de juicio político en contra de Roberto Borge por el remate de 44 predios que eran patrimonio del estado de Quintana Roo.

Las investigaciones realizadas por Somos Tus Ojos iniciaron desde el 2015, pues se revisaron prácticamente cada uno de los folios de los predios que se desincorporaron en la administración de Roberto Borge Angulo. Posteriormente, las indagatorias se ampliaron a empresas como Caracol 65 y Siyenat, en la que tiene participación directa la madre del ex Gobernador, María Rosa Yolanda Angulo Castillo, así como hacia la naviera Barcos Caribe y hacia la sociedad mercantil Isla Cabañas, en la que participa Edgar Méndez Montoya, Luis Sierra Sauri y familiares del ex gobernador Félix González Canto, los hermanos Juan y Omar González Angulo.

Obtener los datos de prueba, como actas constitutivas de las empresas y contratos de compraventa de los predios fue posible gracias a la colaboración de ciudadanos que de alguna manera tenían en su poder esos documentos; igualmente, otras fuentes abrieron datos confidenciales que tienen que ver con información fiscal de los implicados y que pudimos incorporar a las denuncias interpuestas, acogiéndonos al artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos permite reservar la identidad de la fuente. Un personaje clave para comprender el entramado de corrupción de Roberto Borge y sus cómplices fue el señor Romeo Villanueva, a quien puedo considerar un verdadero coadyuvante en las investigaciones. Reporteros, periodistas y medios de comunicación que no cerraron los ojos también fueron imprescindibles.

Entonces respondiendo a la pregunta: ¿quién llevó a Roberto Borge ante la justicia?, lo puedo aseverar, fueron ustedes, como sociedad que insistió y no permitió que el actual gobierno se desentendiera de una de las principales encomiendas para las que fue elegido: procesar a quienes causaron enormes quebrantes al patrimonio del estado; y nosotros, con su ayuda, desde una asociación que nació con el objetivo de promover la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

El que la hace la paga

El sábado pasado, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González escribió en su cuenta de twitter: “nos da mucho gusto saber que la denuncia e investigación que realizamos y la consecuente denuncia van por el camino correcto”.

Ello tras conocerse la orden de arresto en contra de Roberto Borge Angulo, Claudia Romanillos, Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex titular y ex coordinadora jurídica del IPAE, respectivamente; Cesar Celso González, abogado de la familia, María Lourdes Pinelo, secretaria de Roberto Borge padre.

En otro twet, Joaquín González escribió: “En #Quintana Roo y en este gobierno el que la hace la paga. Hace meses trabajamos con la autoridad judicial federal denunciando y aportando pruebas”.

Carlos Joaquín no redactó ningún twet reconociendo el trabajo de la sociedad civil, a pesar de que debe estar consciente de que las denuncias presentadas desde el gobierno parten de las iniciadas por Somos Tus Ojos; quizás se le ha olvidado.

Pero a nosotros no se nos olvidan las múltiples declaraciones del Gobernador en las que no se le escuchaba ni una pizca de contundencia para llevar a la justicia a Roberto Borge. Por eso insisto, fue la sociedad, la que mostró que no estaba dispuesta a permitir un “borrón y cuenta nueva” y la que insistió en que se ponga fin a la impunidad.

Aunque ya que se atribuyó el éxito, lo que esperamos los quintanarroenses de Carlos Joaquín González es que se mantenga vigilante para que el proceso judicial contra Roberto Borge Angulo culmine con la devolución de las 9 mil hectáreas que eran patrimonio del estado, por las que su gobierno denunció al ex Gobernador, así como que se restituyan al erario los recursos públicos que fueron malversados.

Tres entrevistas para recordar. Del no sé, quizás, al “la denuncia que realizamos”

Para la mala memoria no hay como la tinta y el papel, hablando en sentido figurado. En las tres entrevistas que se presentan, lo que se lee son las declaraciones de un Carlos Joaquín esquivo respecto de las investigaciones y denuncias que hoy se cuelga como propias.

Una entrevista que retrata a Joaquín González nítidamente es la del 13 de noviembre, en la sección Tragaluz de Milenio, con Manuel Collado, en la que fue esquivo al hablar de Roberto Borge Angulo, y reconoció que no se tenía armado un expediente, que no sabía el número de predios del patrimonio del estado que había malbaratado su antecesor, y es más, que no sabía si los iba a recuperar o no. Esta entrevista se realizó el 13 de noviembre, tres días después, el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, dio una conferencia de prensa para dar a conocer la denuncia interpuesta por el gobierno del estado en contra de Roberto Borge, por el remate de 9 mil hectáreas del patrimonio inmobiliario de Quintana Roo. En tres días se integró la investigación y la denuncia?.

A continuación parte de la entrevista de Tragaluz:

¿Dónde está Borge, señor gobernador?

Creo que en Quintana Roo, pero la verdad no sé dónde está.

¿Cuándo fue la última vez que habló con él?

Tuve un mensaje de él hace 4 o 5 días con la firma de entrega- recepción.

¿Y qué le dice?

Solamente agradeció que haya habido buen trato para esa firma.

¿Con quién le ha mandado mensajes?

Con nadie.

¿Nadie está operando con él?

No.

¿Sus alertas han sido escuchadas?

Eso no lo sé. Es un tema que no corresponde totalmente al estado.

¿Necesita al gobierno federal para detenerlo?

Sí, por supuesto.

¿Se lava las manos, gobernador?

¡No, para nada!

¿Están simulando?

No, no estamos simulando.

¿Están jugando a agarrarlo?

No, no estamos jugando a eso.

¿Qué dice que está revisando con discreción?

Estoy revisando las cuentas que debo revisar.

¿Para qué le está dando tiempo?

No es estar dando tiempo. Es el tiempo de revisar para tener los argumentos.

¿Con esa celeridad piensa gobernar?

Pienso gobernar con experiencia, tranquilidad y cercano a la gente.

¿Lo quiere o no lo quiere agarrar?

Quiero que los argumentos estén para que, si hay que agarrarlo, se le agarre.

(…)

¿Quedará impune?

No, no quedará impune.

¿Ya está armado el expediente?

No, no está armado aún. Estamos trabajando en una revisión.

¿De qué delitos se le acusa?

De los fondos de la deuda, por ejemplo, no tienen una obra que respalde eso.

¿Cuánto desvió del erario?

La deuda es de 22 mil millones de pesos. ftmercados_0_968903400.html)

¿Cuántas casas y terrenos se apropió? No tengo el número.

¿Regresarán las propiedades de los desalojos?

Hay un proceso jurídico y, dependiendo de eso, se podrá o no regresar.

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Yo no meto a la cárcel a la gente

El lunes 17 de octubre de 2016, en entrevista publicada en la revista Contrapunto, Carlos Joaquín González parecía querer “perdonar” a su antecesor. Su entrevistador, Jonathan Estrada, un periodista completamente afín a Roberto Borge, le deslizó:

“Algunos han criticado el por qué no has metido a la cárcel a Roberto Borge, yo no recuerdo en ningún discurso o declaración tuya en campaña que hayas aseverado que ibas a meter a la cárcel a Roberto Borge”

Y Carlos Joaquín González respondió de la siguiente forma: “Efectivamente, nunca dije con todas sus letras eso, porque primero yo no meto a la cárcel a la gente; segundo: lo que me corresponde es revisar y dar claridad en esa rendición de cuentas de lo que pasó con los recursos de Quintana Roo, eso sí me corresponde y en eso estoy trabajando para tener los datos suficientes, la información suficiente, el qué pasó con la deuda …”

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NOTA RELACIONADA

Yo no los voy a meter a la cárcel

El 10 de junio, ya como gobernador electo, Carlos Joaquín González, en entrevista con Adriana Varillas de El Universal, con un discurso más que moderado, timorato, afirmó que a él no le correspondía meter a la cárcel al ex Gobernador.

“¿Los va a meter a la cárcel a Félix y a Borge?”, le cuestionó la periodista

Y Joaquín González contestó: “Yo no… un Gobernador tiene el Poder Ejecutivo. Quien debe decidir eso es el Poder Judicial. La labor que yo quiero hacer es generar la transparencia que los quintanarroenses solicitan. Para eso, revisemos, hagamos la auditoría y dejemos que sea la ley la que decida si deben o no, ir para allá”

“Eso se oye más mesurado que en campaña”, le revira la entrevistadora

“Tope hasta donde tope, eso lo sostengo”, defendió el Gobernador

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Cancún y Puerto Morelos, ayuntamientos gobernados por el PVEM, “brillan” por su opacidad

CANCÚN, MX, 10/05/2017.- Los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún) y Puerto Morelos, ambos municipios gobernados por el Partido Verde Ecologista de México destacan pero por su opacidad, pues ninguno de los dos ha registrado dato alguno en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), es decir, no ha cumplido con las por lo menos 50 obligaciones de Transparencia que le mandata el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.

Así pues, en el SIPOT no se consigna ni información mínima como el marco normativo, la estructura orgánica, las facultades de cada área, las metas y objetivos de cada área, o el directorio de todos los servidores públicos.

Menos aún, los ayuntamientos rinden cuentas sobre la remuneración bruta y neta de cada uno de los empleados; los nombres de las personas contratadas por honorarios y qué servicio prestan; las declaraciones de la situación patrimonial, fiscal y conflicto de interés; el padrón de beneficiarios de programas sociales; ni la relativa a los montos destinados a comunicación social y publicidad, precisando el nombre de las personas físicas y morales que reciben recursos por este concepto.

Sobre las finanzas de los ayuntamientos gobernados por los del PVEM no se puede saber ningún dato, ya que no se tiene información sobre el presupuesto asignado, los informes del ejercicio trimestral del gasto, la deuda pública, los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y el resultado de la dictaminación de los estados financieros.

A pesar de que el tres de mayo pasado, funcionarios municipales de Cancún anunciaron en conferencia de prensa un “Benito Juárez de 10” en materia de transparencia, la realidad es totalmente opuesta, pues en el SIPOT no se ha consignado ninguna información ni dato, y la página de transparencia del ayuntamiento, presentada ese día como de gran “innovación”, no funciona.

Por su parte, la ex priista Laura Fernández Piña y quien recientemente se afilió al PVEM ha destacado en su administración como una de las funcionarias más opacas, pues no solo ha incumplido con el rubro de transparencia en el sitio del ayuntamiento de Puerto Morelos, y en el SIPOT, sino su administración ha sido omisa en dar respuesta a ciudadanos que han tenido que transitar por un verdadero viacrucis para obtener información parcial y datos incompletos, al grado de que solo a través de un amparo promovido por un integrante del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) se logró obtener información sobre el número de empleados que tiene el ayuntamiento.

respuesta ilegible transparencia Puerto Morelos

Solidaridad, tarea a medias y mal hecha

Solidaridad (Playa del Carmen), municipio gobernado por Cristina Torres, política priista que fue arropada por la alianza PAN-PRD, al igual que el actual gobernador Carlos Joaquín González, es la que cumplió mayormente con el registro de datos en la Plataforma Nacional de Transparencia, comparada con el resto de los municipios de la zona norte de Quintana Roo, todos caracterizados por basar su economía en el turismo. Sin embargo, la calidad de los datos es en la mayoría de los casos parcial, incompleta e incomprensible.

Así en el la obligación relacionada con el marco normativo aplicable, tiene 81 registros; en la de la estructura orgánica muestra 16 registros, de los cuales 15 corresponden al Instituto del Deporte y uno al Instituto de las Mujeres.

La fracción IV del artículo 91 de la Ley de Transparencia que requiere información sobre “metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos”, el ayuntamiento de Solidaridad tiene 124 registros en los que todas las dependencias y áreas tienen el único objetivo de “cumplir con la responsabilidad ética de generar servicios de calidad con un manejo transparente y honesto de los recursos públicos”.

Sobre los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer los sujetos obligados, se cuentan con 92 registros, de los que no se puede deducir información clara, comprensible y menos útil para el ciudadano. En similares circunstancias está la fracción VI, relativa a “los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, así como indicadores de impacto y evaluación de los proyectos, procesos y toda otra atribución de funciones” espacio que no provee de información que el ciudadano pueda considerar como una verdadera rendición de cuentas.

El directorio de servidores públicos tiene 1,045 registros; en facultades del área, se tienen 196 registros; en gastos en gastos por concepto de viáticos se encuentran 128 registros, pero no se detalla quién utilizó los viáticos; en contrataciones de servicios profesionales, figuran 44 registros pero sin especificar el monto pagado, la función o trabajo prestado ni la remuneración mensual.

Sobre la fracción XXVII relativa a “las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones (…)”, se tienen 127 registros, de los cuales la mayoría son información de convenios de otorgamiento de créditos de programas y permisos de uso de la vía pública.

En apartados como Ia remuneración bruta y neta no hay registro alguno, tampoco en el total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza, en la declaración de situación patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses; en las convocatorias a concurso para ocupar cargos públicos, en el padrón de beneficiarios de programas de subsidios, estímulos y apoyos; las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos, sanciones administrativas, los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y concepto o campaña, objeto de la misma, fecha de inicio y de término,

Los otros municipios de la zona norte que también incumplieron con la transparencia son Cozumel, gobernado por la panista Perla Tun, que registró información alguna en el SIPOT, en tanto que Isla Mujeres, administrado por el priista Juan Carrillo, registró mínimos datos.

Rehúye Juan Pablo Guillermo a juicio político. Ex Tesorero de Borge se blinda

CANCÚN, MX, 03/05/2017.-Con un recurso de revisión en contra del juicio de amparo que obtuvo Somos Tus Ojos para regresar el juicio político al Congreso del estado, y con un nuevo amparo, Juan Pablo Guillermo Molina, quien fuera tesorero del ex gobernador Roberto Borge Angulo, pretende evadir el proceso que lleva a cabo la Comisión Instructora de la XV Legislatura.

Juan Pablo Guillermo, señalado del desvío de 1,464 millones de pesos recaudados del impuesto al hospedaje de 2014 a agosto de 2015, interpuso un recurso de revisión en contra del amparo 725/2016 que el Juez Sexto de Distrito, Aarón Alberto Pereira Lizama, otorgó a Somos Tus Ojos, mismo que será estudiado por el Tercer Tribunal Colegiado, que decidirá si subsiste el amparo o si lo revoca.

Además, Guillermo Molina, uno de los hombres más cercanos a Borge Angulo, también solicitó un amparo en contra de la Comisión de Justicia del Congreso del estado para evitar que prosiga el juicio político encaminado en su contra. El amparo 262/2017 también será analizado por el Juez Sexto de Distrito, quien de entrada negó la suspensión provisional requerida por el ex funcionario, pues de concedérsela se causaría perjuicio al interés social y al orden público.

En su razonamiento para negar la suspensión de la continuación del juicio político, el Juez Sexto señaló “que de concederse la medida cautelar solicitada en éstos últimos términos, se atentaría contra disposiciones de orden público y se alteraría el interés social, ya que el juicio político de origen está autorizado por los numerales 109 y 110 de la Constitución Federal, debido a que la sociedad se encuentra interesada en que no se suspendan tales juicios. En efecto, el procedimiento de un juicio político tutela totalmente el interés público y no intereses particulares, ya que su único, objetivo es garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la función pública”.

El juzgador deja al arbitrio de la Comisión Instructora, la decisión de enviar o no la declaración de acusación al pleno de la Legislatura, es decir, que la Comisión Instructora puede continuar con el procedimiento de juicio político, en tanto, el juez de amparo se pronuncia sobre la suspensión definitiva solicitada por Juan Pablo Guillermo: “Por todo lo expuesto, debe colegirse que dicho efecto de los actos reclamados, no es susceptible de suspenderse, dado que la concesión de la suspensión de ese acto produciría la afectación del interés social y disposiciones de orden público, es decir, la sociedad está interesada en que los gobernados cumplan con las normas en esa materia. Sin embargo, con fundamento en los numerales 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que sin suspender el procedimiento, la Comisión Instructora, en caso de considerarlo, no envíe la declaración de acusación a la Legislatura correspondiente, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva.”, concluye el sentenciador.

Mañana 4 de mayo a las 9:25 horas se celebrará la audiencia incidental en la que el Juez Sexto resolverá si concede o niega la suspensión definitiva a Juan Pablo Guillermo Molina, esto es, el procedimiento se frena o si continúa sobre el sustento de que detener el procedimiento afecta el interés social.

JUEZ ORDENA A GOBERNADOR DE QROO GARANTIZAR ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL INFOMEXQROO

CANCÚN, MX, 05/09/2016.- El Juez quinto de distrito, con sede en Cancún, concedió el viernes pasado la suspensión definitiva en el amparo 1094/2016 interpuesto en contra del Acuerdo del gobernador Roberto Borge Angulo que extingue la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE), y por el que se dio de baja el sistema Infomexqroo.

La suspensión definitiva se solicitó para que durante el tiempo que se llevara a cabo la reestructuración administrativa en materia de transparencia, no se diera de baja el sistema Infomexqroo; lo anterior luego de que esta plataforma digital fue inhabilitada técnicamente, lo que privó a los ciudadanos de ejercer su derecho a la información.

El juez Ciro Carrera Santiago en el considerando cuarto de la suspensión definitiva señaló lo siguiente: “(…) considerando las manifestaciones contenidas en la demanda, así como atendiendo a la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada para efecto de que el Gobernador del estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado, ordene a quien corresponda se restablezca el sistema INFOMEXQROO, vinculo diseñado para la recepción de solicitudes de información pública del poder ejecutivo en línea, en tanto se cree la respectiva unidad que será el enlace entre el sujeto obligado, y el solicitante, o bien, el portal en línea correspondiente.”

El Juzgador dio un término de cinco días al gobernador Roberto Borge Angulo para que cumpla con su mandato, “con el apercibimiento que de no acatarse, se procederá conforme a derecho”.

Lo anterior, impide al Gobernador suspender el sistema Infomexqroo, el cual se dio de baja desde finales de julio, lo que se pretendió justificar a través del “Acuerdo” de fecha 29 de julio, publicado en el Periódico Oficial del estado, por medio de cual se extinguió la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE).

El Juez federal consideró que en el citado Acuerdo no se establecía cómo los ciudadanos podrían acceder su derecho de acceso a la información, y al respecto señaló:

“Lo anterior, pues si bien es cierto que en el Acuerdo reclamado, en su artículo Octavo Transitorio se estableció que las solicitudes de información que formulen los ciudadanos para el acceso a la información pública y datos personales, las atenderá la Secretaría de la Gestión Pública, a través de la unidad administrativa que faculte para ello, también lo es que, a la fecha, no se tiene certidumbre de ante qué unidad adscrita a dicha Secretaría, se deben formular dichas solicitudes, ya que no se ha publicado acuerdo alguno de donde se advierta tal circunstancia”.

“Por tanto, al existir dicha incertidumbre y al ser la materia de transparencia y acceso a la información pública de orden público e interés social, se está contraviniendo el derecho humano de acceso a la información (…)”.

El pasado ocho de agosto Fabiola Cortés Miranda interpuso un amparo en contra del Acuerdo del 29 de julio por el que se ‘extinguía’ la UTAIPPE, ya que esto trajo consigo la baja del sistema InfomexqRoo, con lo que se privó a las personas de su derecho de acceso a la información.

Como en su momento se denunció, el Acuerdo ordenado por el gobernador Roberto Borge era violatorio a los derechos humanos, además de que representaba un grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.

INTERPONE SOMOS TUS OJOS JUICIO POLÍTICO CONTRA EL GOBERNADOR ROBERTO BORGE POR “REMATE” DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

CIUDAD DE MÉXICO 16/08/2016.- Esta martes se interpuso una demanda de Juicio Político en contra del gobernador Roberto Borge Angulo por la venta a precios subvaluados de por lo menos 44 predios de distintas dimensiones que eran patrimonio del estado, con el objetivo de beneficiar a amigos, empresarios y políticos, acción con la que causó un grave quebranto a las finanzas del estado, y por lo tanto un perjuicio al estado y a la sociedad quintanarroense.

A la demanda de juicio político se adjuntó un anexo con una relación con 44 predios que fueron vendidos con avalúos desactualizados, y a precios varias veces menor de su valor comercial, incluso a “cero pesos”; causando con ello un quebranto al erario estimado de por lo menos 1 099 492 370 (mil 99 millones 492 mil 370 pesos).

El cálculo del quebranto al erario se calculó con base en las subsecuentes ventas de los predios a precios comerciales así como considerando las hipotecas o garantías prendarias que recayeron sobre los mismos y que fueron otorgados por la banca comercial, luego de su avalúo real. En otros casos, el monto del quebranto se estimó de acuerdo al valor actual del mercado de predios ubicados en las mismas zonas y de dimensiones similares o equiparables.

Políticos, empresarios, funcionarios, amigos, fueron beneficiados con la venta a precios subvaluados de terrenos que fueron desincorporados del patrimonio del estado. Entre los nombres de los beneficiados se encuentran los siguientes:

1.- El 8 de julio de 2014, un predio de 761.44 metros cuadrados, con 20 metros lineales de mar Caribe, ubicado en Puerto Morelos, fue vendido a Desarrollos Riviera Morelos, representada por Armando José Millet Molina, en 761 mil 440 pesos, un año después, Banorte otorgó a Desarrollos Riviera Morelos, un crédito por 63 millones de pesos, quedando como garantía el citado predio, lo que nos permite hacer una estimación del valor real del mismo. Como deudores solidarios quedaron Operadora Real del Mar SA de CV, Operadora Grand Residences, representadas por Kemil Assad Rizk Aziz y Fernando López Ruiz. Rizk Aziz, fue director general de Fonatur en el sexenio de Ernesto Zedillo, y estuvo involucrado en un desfalco realizado a través de Grupo Prodipe, en perjuicio del desarrollo turístico Puerto Escondido en Baja California Sur.

Por su parte, Armando José Millet Molina, es un empresario del giro inmobiliario, notario 62 de Mérida, perteneciente a la “aristocracia” de Yucatán. Es familiar de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas de Quintana Roo, responsable directo del desvío de mil 464 millones de pesos, recaudados del Impuesto al Hospedaje entre 2014 y 2015.

La empresa de Millet Molina recibió tres predios de alrededor de 761 metros cuadrados cada uno, con un total de 60 metros lineales de Mar Caribe, ubicados en Puerto Morelos, destino turístico que se encuentra entre Cancún y Playa del Carmen.

2.- El 6 de agosto de 2014, otro predio de 1088 metros cuadrados, con 20 metros lineales de playa, ubicado en Puerto Morelos, fue “vendido” en 27 mil 110 pesos a Cándido Sansores Gamboa, pensionado del ISSSTE, desde el año 2012…

3.- El 27 de marzo de 2012, un predio de 10 mil metros cuadrados, ubicado en el bulevard Kukulkán, a la entrada de la zona hotelera de Cancún, fue vendido en tres millones de pesos. Actualmente un predio tres veces más grande se vende en 9 millones de dólares. Lo que permite dimensionar el quebranto.

4.- El 31 de mayo de 2011, un predio de 48 mil 065 metros cuadrados, ubicado en Cancún, fue vendido a ADECRO SA de CV, en 9 millones 766 mil 279 pesos, cuando el valor catastral del inmueble era de 48 millones de pesos.

ADECRO es representada por Abelardo Rubén Alcocer Hernández y Armando de Jesús Palma Peniche, socios de Grupo Promotora Residencial y de otras inmobiliarias que durante dos sexenios han sido ampliamente beneficiadas con predios desincorporados del patrimonio del estado.

5.- El 19 de junio de 2014, un predio de 53 mil 695 metros cuadrados, ubicado en Cancún, fue vendido a Manuel Merino Sosa, en 2 millones 766 mil 382 pesos. Actualmente, un lote de 28,963 metros cuadrados, ubicado en la misma zona, conocida como sascaberas, se vende en 60 millones 243 mil pesos. Merino Sosa fue beneficiado con otros dos predios de grandes dimensiones, también ubicados en esa zona.

6.- El 7 de abril de 2011, un predio de 51 mil 519 metros cuadrados, ubicado en la zona costera sur de Cozumel, de uso turístico hotelero, fue vendido a Eligio Marrufo Rejón, en 4 millones 190 mil 633 pesos. Actualmente un terreno de 29 mil 501m2 ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos. Eligio Marrufo Rejón es padre del actual presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, quien es hombre muy cercano al ex gobernador Félix González Canto, y primo hermano de la esposa de éste, Narcedalia Martín. Fredy Marrufo era diputado local en la XIII Legislatura cuando su padre fue beneficiado por Roberto Borge con el predio en cuestión.

7.- El 7 de abril de 2011, un predio de 269 mil 628 metros cuadrados fue vendido a Promotora y Constructora del Caribe, en 32 millones 355 mil 406 pesos; dos meses después, el predio quedó gravado por un crédito otorgado por Hipotecaria Casa Mexicana por 72 millones 642 mil pesos.

8.- Promotora y Constructora del Caribe, es una empresa de Juan Manuel Mercader Rodríguez, es un empresario del ramo de la construcción, al igual que su hermano, Juan Enrique Mercader Rodríguez, quien en el sexenio del ex gobernador Félix González Canto recibió contratos por 264 millones de pesos. Es también hermano de Juan Pedro Mercader Rodríguez, actual secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.

9.- El 6 de abril de 2011, un predio de 54 mil 621 m2, ubicado en la Costera sur de Cozumel, fue entregado a Eduardo Toledo Parra, propietario de Promovisión del Caribe, (Canal 10), en “dación en pago”. Actualmente un terreno de 29 mil 501m2 ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos.

10.- El 13 de abril de 2011, un predio de 30 mil metros cuadrados, con 98 metros de mar Caribe, ubicado en la privilegiada zona de Punta Molas, en Cozumel, fue vendido en 6 millones de pesos a Fernando Eugenio Barbachano Herrero, Descendiente de Fernando Barbachano Peón, quien hasta hace unos años era dueño de los terrenos donde se ubica Chichén Itzá. Actualmente un predio de mil metros cuadrados en la zona tiene un precio de alrededor de un millón de pesos.

11.- El 10 de mayo de 2011 Barbachano Herrero recibió otro predio de 70 mil metros cuadrados en la misma zona de Punta Molas, con 5 mil 443 metros en línea quebrada con Mar Caribe, en 14 millones de pesos.

12.- El 22 de junio de 2011, Mayazama, desarolladora de Aldea Zamá, en Tulum, recibió un predio de 13 mil 095 metros cuadrados, con una extensa zona costera, en 7 millones de pesos; tres años después, el mismo sirvió para constituir un fideicomiso por 39 millones de pesos.

13.- El 27 de septiembre de 2012, Mayazama recibió otro predio de 191 mil 834 metros cuadrados, con un valor catastral de 58 millones 267 mil 322 pesos, a un precio de 19 millones 197 mil 358.

14.- El 19 de julio de 2013, un predio de 16 mil 585 metros cuadrados, ubicado en Playa del Carmen, fue entregado por “cero pesos” a Ana María Ramos Zúñiga, quien el 15 de mayo de 2014 lo donó a su hija Damarys Verenice Menes Ramos, quien es esposa de Gabriel Menddicuti Loría, quien al momento de la entrega a título gratuito del predio, era Secretario de gobierno de Roberto Borge Angulo. Damarys Verenice Menes Ramos, entregó el predio en comodato al Centro Terapéutico para el Desarrollo Infantil Kodomo, asociación fundada por ella y su esposo, la cual ha recibido también importantes recursos de la Sedesol.

15.- El 7 de diciembre de 2012, un predio de mil metros cuadrados, ubicado en Tulum, fue vendido en cinco mil pesos a Jaqueline González Canto, hermana del ex gobernador, y actual senador del PRI, Félix González Canto.

16.- El 6 de marzo de 2013, dos predios en Puerto Morelos, de 356 y 358 metros cuadrados, ubicados sobre la avenida Javier Rojo Gómez, la zona comercial de este destino turístico, fueron desincorporados del dominio público; uno fue vendido por 235 mil pesos a Rafael Moctezuma Ruiz, pensionado de los Servicios Estatales de Educación; y otro fue vendido a José Antonio Dzul Mass, en 235 mil 649 pesos. Un año después, ambos predios terminaron en manos de Eligio Hernández Carrillo, fiscalista y asesor del gobernador Gabino Cué, y quien estuvo involucrado en un fraude por mil 600 millones de pesos, a través de la outsourcing que manejaba la nómina del personal de gobierno del estado de Oaxaca, de acuerdo a fuentes periodísticas de ese estado.

El detalle de los 44 predios se adjuntó en un documento anexo y puede descargarse aquí.

Roberto Borge Angulo, es el poseedor y administrador de los bienes del estado y responsable directo del remate

Como Jefe del Ejecutivo, Roberto Borge Angulo es el responsable directo de los bienes del estado, de acuerdo a la Ley de Patrimonio de Quintana Roo, por lo tanto, fue él quien remató los predios para beneficiar a políticos, empresarios y amigos, con lo que causó un perjuicio al estado y a la sociedad.

De acuerdo al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servidores públicos, entre éstos los gobernadores de los estados, podrán ser sujetos de juicio político, “cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 7º dice cuáles son los actos u omisiones de los servidores públicos que “redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”, y entre éstos menciona: “cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;”

En este caso, el gobernador Roberto Borge infringió lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otros aspectos menciona que “las (…) enajenaciones de todo tipo de bienes, (…)se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas (…) a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, pero, “cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado.”

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo violó lo mandatado en el artículo 134 constitucional, al efectuar la venta de predios que eran patrimonio del estado, a precios subvaluados, para beneficiar a empresarios funcionarios y políticos.

La misma Constitución establece qué procede en el supuesto en el que las licitaciones públicas no sean idóneas, y suponiendo que este fuera el caso; el precepto constitucional dicta que las “leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado”.

Esto es, que de ninguna manera, los representantes de la federación y los estados pueden disponer a su libre arbitrio y voluntad de los recursos y bienes del estado, sino que deben sujetarse a las leyes federales o estatales o ambas, según sea el caso.

En el caso que se denuncia, es la Ley de Patrimonio del estado de Quintana Roo la que regula lo relativo a los bienes de dominio privado del estado, y la que señala bajo qué condiciones y en qué casos se pueden desincorporar dichos bienes; lo cual no se cumplió en el caso que se denuncia.

Es el artículo 57 de la Ley de Patrimonio del estado, la que fija que la responsabilidad sobre los bienes del patrimonio estatal, es del Gobernador, al respecto señala

Corresponde al Titular del Ejecutivo del Estado

I Establecer la política en materia de bienes patrimoniales estatales;

II Poseer, vigilar, conservar y administrar los bienes patrimoniales del Estado a que se refiere esta Ley;

(…)

V Autorizar los actos y contratos sobre el uso, aprovechamiento y enajenación de los bienes de dominio del Estado y de los productos derivados de aquéllos, en los términos de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes;

Como se lee, Roberto Borge tenía la obligación de vigilar y conservar los bienes inmuebles del patrimonio estatal, y además “autorizar” las enajenaciones, por lo que su responsabilidad sobre el remate de los mismos es directa.

El monto estimado del desfalco al patrimonio estatal por las ventas de inmuebles a precios subvaluados, es de alrededor de mil millones de pesos, pero éste puede ser muy superior, ya que de acuerdo a información obtenida a través de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, hasta mediados del 2015, se habían desincorporado del dominio público un total de 308 predios: 102 en Cozumel; 69 en Othón P. Blanco (Chetumal, Mahahual, Bacalar); 99 en Solidaridad (Playa del Carmen y Tulum); y 38 en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

La demanda de juicio político fue interpuesta ayer y ratificada ante el director de Servicios Legales de la Cámara de Diputados, Jorge Ricardo Jiménez Ramírez.

DESCARGAR Denuncia juicio político Gobernador Roberto Borge

Pide Somos Tus Ojos al INAI interponga acción de inconstitucionalidad por extinción de Unidad de Transparencia de QROO

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Esta tarde, la asociación civil “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, ingresó ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en la Ciudad de México, una petición para que intervenga en el caso de la extinción de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE), de Quintana Roo, por resultar violatorio del derecho humano de acceso a la información pública.

Además de requerirle su urgente intervención para que se restituya el derecho humano de las personas de acceder a la información, se le pide al Órgano de Gobierno del Instituto que interponga, con base en el artículo 41, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD en contra del Acuerdo por el que se extingue el órgano administrativo desconcentrado denominado “Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo” (UTAIPPE), publicado en el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo, en su número 14 extraordinario BIS, el 29 de julio pasado.

La “extinción” de la UTAIPPE ha privado a las personas de su derecho constitucional de acceso a la información pública que está en posesión de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, y de otros, que sin depender de éste se encuentran en el mismo sistema, como las unidades de transparencia de todos los municipios del estado de Quintana Roo, y el Tribunal Electoral de Quintana Roo.

En el oficio entregado esta tarde, se señala que la urgente intervención del INAI se requiere en virtud de que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho de acceso a la información como se lo mandata la Ley de Transparencia del estado, a pesar de que a través del correo electrónico correo idaip@idaipqroo.org.mx, le fue requerida su actuación. Cabe señalar que corresponde al IDAIPQROO, de oficio, garantizar el derecho de acceso a la información y sancionar la violación de este derecho o el cumplimiento de los sujetos obligados, en apego a los artículos 10, 12, 14, 29, fracciones II, VII y XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.

No sobra decir, que a pesar de que el IDAIPQROO, como órgano garante, debería contar con plena autonomía y no estar supeditado al Ejecutivo estatal, Roberto Borge Angulo, su silencio en un tema tan trascendental y grave deberá ser sancionado, conforme a la ley.

En los próximos días, Somos Tus Ojos interpondrá un amparo en contra del referido acuerdo por el que se extinguió la UTAIPPE.

Tras desaparición de Unidad de Transparencia de Borge, Somos Tus Ojos exigió al IDAIPQROO garantizar derecho

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Fabiola Cortés Miranda, presidenta de la asociación Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, envío el pasado lunes, un escrito al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO), para exigirle que garantice el derecho constitucional de acceso a la información.

A través de una queja, se requirió al Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo, que “garantice el acceso constitucional de la peticionaria del acceso a la información, en virtud de que desde, por lo menos, el sábado pasado, el sitio de internet de la Unidad de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE) no permite realizar el registro de las solicitudes de información”.

Como prueba de la imposibilidad de acceder al sitio de la UTAIPPE se adjuntó una captura de pantalla en la que se observa un error informático arrojado por el sitio de internet de la Unidad del Poder Ejecutivo.

De acuerdo a la Ley de Transparencia recién aprobada por la actual Legislatura, corresponde al IDAIPQROO garantizar el acceso a la información.

La queja enviada al Instituto se fundamentó en los siguientes artículos de la Ley de Transparencia del estado:

Artículo 10.- “Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás” (…)

Artículo 12.- “Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General y las demás normas aplicables”.

Artículo 14.- “El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información”.

Artículo 29.- El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

(…)

Fracción II. Vigilar el cumplimiento de esta Ley

Fracción VII. Promover, difundir y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales

Con base en este mismo artículo, el IDAIPQROO está obligado, según, la fracción XXIX, “llevar a cabo, a petición de parte, investigaciones en relación a quejas sobre el incumplimiento de la presente Ley”.

Igualmente, el Instituto deberá “hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General (…)”.

En el Periódico Oficial del 29 de julio de 2016, número 14 extraordinario BIS, se publicó el “Acuerdo por el que se extingue el órgano administrativo desconcentrado denominado Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo”.

La injustificada “extinción” de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo constituye una violación al derecho humano del acceso a la información, ya que durante días ha imposibilitado a las personas ejercer este derecho, por lo que el IDAIPQROO deberá realizar las indagatorias pertinentes, dar parte a las instancias que considere, además de imponer las sanciones que le corresponden, de acuerdo a sus atribuciones, en contra del gobernador Roberto Borge Angulo, por ordenar la extinción de la Unidad de Transparencia, y con ello impedir a las personas el ejercicio de un derecho fundamental.

Cabe mencionar que la “extinción” de la UTAIPPE no implica la desaparición de archivos, pues éstos se encuentran en posesión de los múltiples sujetos obligados; sin embargo, el acceso a la información es un derecho humano, equiparable a la vida, la libertad, o el libre tránsito, que debe ser protegido y garantizado por todas las autoridades en todo momento.

La queja fue presentada a través del correo idaip@idaipqroo.org.mx; pero, al igual que el sitio de la UTAIPPE, éste, al parecer, fue dado de baja. El Instituto debió haber iniciado de oficio la indagatoria solicitada, y de no haberlo hecho, la Junta de Gobierno de este Instituto tendría que ser destituida por la Legislatura mediante el procedimiento correspondiente.

Somos Tus Ojos se mantendrá vigilante de las acciones que lleve a cabo el IDAIPQROO para que, en lo inmediato, garantice el derecho humano de acceso a la información de las personas; y de no actuar con la prontitud y expeditez que demandan el caso, se promoverá que sean destituidos los integrantes de la Junta de Gobierno del IDAIPQROO.

Interpone Somos Tus Ojos demanda de Juicio Político contra el Secretario de Finanzas de QRoo por el desvío de mil 464 millones de pesos

CHETUMAL, MX, 25/04/2016.- Fabiola Cortés Miranda, en representación de la asociación “Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo”, presentó en el Congreso local una demanda de Juicio Político en contra del Secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, por el desvió mil 464 millones 604 mil pesos provenientes del Impuesto al Hospedaje, recaudados entre el 2014 y de enero a septiembre de 2015; recursos que dejaron de entregarse a los Fideicomisos de Promoción Turística del estado.

A través de una investigación realizada durante alrededor de dos años, se documentó el desvío de los recursos que debieron destinarse para promoción turística de los destinos de Quintana Roo.

La demanda se ingresó ayer lunes a través de la Oficialía de Partes del Congreso del estado y se acompañó con 17 pruebas documentales obtenidas en diferentes momentos, por medio de las unidades de información del Poder Ejecutivo, y de los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen).

Entre los documentos presentados se encuentran los que detallan la deuda con proveedores que a la fecha tienen los fideicomisos de promoción turística de Cancún y la Riviera Maya; el primero por un total de 224 millones de pesos, y el segundo por 118 millones de pesos.

Otros documentos destacables que se anexaron como pruebas del millonario desvío de recursos, son las actas de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez (que comprende Cancún, Isla Mujeres, y Holbox) en las que en repetidas ocasiones los empresarios José Chapur Zahoul, propietario de la cadena Palace, así como el hotelero Abelardo Vara, expresan su preocupación y malestar porque la Secretaría de Finanzas no entrega los recursos del Impuesto al Hospedaje.

Por ejemplo, en el acta de la Tercera Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, celebrada el 24 de agosto de 2015, los empresarios hoteleros reprochan la falta de recursos para la promoción turística y muestran su preocupación por los adeudos En el punto 5 “Informe de seguimiento de acuerdos”, en lo relativo al Acuerdo 08/II/ORD/2015, en su segundo párrafo se lee lo siguiente:

“Los Sres. Abelardo Vara Rivera y José Antonio Chapur Zahoul, en referencia a los adeudos de ejercicios anteriores que tiene el fideicomiso con sus proveedores, así como las aportaciones del gobierno del estado pendientes de enterar de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, señalaron su preocupación por los adeudos que tienen, sin que se haya dado una solución a la fecha a pesar de que se ha venido insistiendo en ello. Recordaron la necesidad de hacer promoción del destino sea buena o mala la ocupación que se dé. Mencionaron también que no es posible tener la promoción que se requiere sin que se paguen las campañas y promociones tanto institucional como cooperativos. Hicieron un llamado al gobierno del estado a no desperdiciar los buenos tiempos de Cancún. El estado vive del turismo, la fuerza motriz de todo el estado es el turismo, por lo que es indispensable que se cubran dichos pasivos a la brevedad.

En esa misma acta, se hace referencia al Acuerdo O3/III/ORD/2015 en el que “el Comité Técnico de manera unánime acordó se revisarán los adeudos pendientes de los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Estableciendo un plazo de un mes, en el que las Secretarías de Turismo y de Finanzas y Planeación deberán presentar una estrategia para cubrir los mencionados adeudos en un corto plazo”.

Este tipo de exhortos se repiten a lo largo de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso, que es el órgano de gobierno y máxima autoridad del Fideicomiso.

En el caso del Fideicomiso de Solidaridad (que abarca Cozumel y Tulum), en los estados financieros anexos a las Sesiones del Comité se lee que el organismo de promoción se encuentra en quiebra total, lo cual también es advertido por el auditor externo, mismo que considera urgente que se le entreguen los recursos que le dejó de ministrar la Secretaría de Finanzas, así como ingresos extras para poder sanear su situación.

Por ejemplo, en el anexo del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad, del 11 de diciembre de 2014, titulado “Informe de los auditores independientes”, en el subtítulo “Párrafos de énfasis”, en el tercer párrafo se advierte que el Fideicomiso de promoción turística de la Riviera Maya está en literal bancarrota, pues su pasivo circulante (deudas, gastos) supera por mucho su activo (ingresos), además de que ha perdido la totalidad de su patrimonio:

“El estado de posición financiera muestra un activo circulante de $70,250,574.11 y un pasivo circulante de $109,310,041.21, lo que da como resultado un exceso de pasivos circulantes sobre sus activos circulantes de $39,059,467.10, así también ya no cuenta con patrimonio como resultado de las aportaciones o ahorros, sino por lo contrario, tiene un saldo negativo de $38,839,008.22, estos importantes factores indican que el fideicomiso no tiene recursos suficientes, por lo tanto, tampoco cuenta con capacidad de pago para cumplir con sus compromisos y obligaciones con sus proveedores y acreedores, por lo que es necesario que éste obtenga lo más pronto el pago de sus aportaciones del impuesto al hospedaje que se le adeudan al 31 de diciembre de 2014, así como también que obtenga la autorización de recursos adicionales, de lo contrario esto afectará sensiblemente la marcha y la operación del fideicomiso”.

En algunas otras actas de asamblea se lee la cancelación de actividades de promoción como la requerida por la Secretaría de Turismo del estado quien solicitó se destinaran 100 mil euros para promocionar el vuelo Dublín-Cancún de la aerolínea del Grupo TUI. Pero ésta no se llevó a cabo por falta de recursos.

Igualmente se integró a la demanda un documento en el que se detalla la aportación de 1.5 millones de pesos por parte de la Tesorería de Solidaridad ante la incapacidad del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya para hacer frente a los compromisos de la organización del Festival de Jazz de la Riviera Maya 2015.

Otros documentos con los que se sustenta el desvío de recursos son las reiteradas negativas del titular de la SEFIPLAN, Juan Pablo Guillermo, de responder a las solicitudes de información sobre el destino de los recursos provenientes del Impuesto al Hospedaje IAH.

Cabe recordar que el 18 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial la reforma al Decreto de creación de los fideicomisos de promoción turística impulsada por el gobernador Roberto Borge, lo que le dio a éste total discrecionalidad sobre el manejo de los recursos derivados de la recaudación del Impuesto al Hospedaje (IAH).

NOTA ACLARATORIA: Este martes se interpuso un escrito para precisar que la demanda es por el desvío de mil 464 millones 604 mil pesos, y no por mil millones 464 mil 604 pesos, como erróneamente dice en la demanda de inicio del juicio político.

En los próximos días haremos públicos los documentos que acompañan la demanda.

DESCARGAR Demanda Juicio Político contra Secretario de Finanzas de QRoo, Juan Pablo Guillermo

Denuncia Somos Tus Ojos a Director de Imagen Urbana de Playa del Carmen por desvío de 5 mdp

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Antonio Ramos Pérez, como integrante de la asociación “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, interpuso este lunes una denuncia ante la Contraloría de Solidaridad (Playa del Carmen) en contra del director de Imagen Municipal, Álvaro Juan Ugalde Rodríguez, por el desvío de 5 millones 547 mil pesos que debieron destinarse al mantenimiento de los parques públicos del municipio, mismos que no fueron aplicados.

En junio de 2015, Antonio Ramos interpuso una queja ante la Contraloría municipal en la que se denunció el abandono y deterioro en el que se encontraban los siguientes espacios públicos Parque 28 de Julio, ubicado en Avenida de las Naciones y Calle 80 de la Colonia Nueva Creación; Parque Ecológico ubicado en la Avenida México; Parque El Petén, ubicado en la Avenida del Carmen; Parque La Guadalupana, ubicado en la Avenida Xel-Há; y Parque Forjadores, ubicado en la avenida 105 Sur, entre 15 y 17.

En su contestación a la queja, registrada con el folio 014/2015, el funcionario Álvaro Juan Ugalde afirmó que dentro del presupuesto PBR 2015 se tenía programado realizar diversos trabajos como la reparación de la malla metálica que rodea los parques, la reposición de los juegos infantiles o en su caso el mantenimiento de los mismos; y la reposición y mantenimiento de palapas y mesas, aseverando que dichos trabajos se llevarían a cabo durante el 2015.

En una visita realizada este fin de semana a los referidos parques, se constató que éstos continúan en las mismas condiciones: los juegos infantiles rotos (lo que representa un riesgo para los niños), sin palapas ni mesas, y con las mallas metálicas deterioradas.

La misma situación prevalece en el Parque Leona Vicario, ubicado en avenida Juárez y avenida 15; Parque Zacil Há, ubicado en avenida 35 con calle 40. Col. Zacil Ha; Parque Ejido, ubicado en avenida 70 con calle 6. Col. Ejidal y Parque Bellavista, ubicado en avenida 120 y calle 3.

A través de la solicitud de información 00232415 se requirió saber qué trabajos se realizaron en el 2015 en los siguientes parques: Parque 28 de Julio, Parque Ecológico, Parque El Petén, Parque La Guadalupana, y Parque Forjadores; así como qué presupuesto se destinó y qué empresa realizó las obras.

En respuesta, el titular de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, Noel Crespo Vázquez, informó que en el 2015 la Dirección de Imagen Municipal contó con un presupuesto de 5,547,753.00 (Son cinco millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y tres pesos m.mn), para el MANTENIMIENTO y limpieza de parques, “no teniendo el monto invertido en cada instalación o parque”. Solicitud presupuesto parques

Sin embargo, el estado en el que se encuentran los cinco parques que motivaron la queja, en junio de 2015, así como los otros cuatro señalados en la denuncia ingresada hoy a Contraloría, ponen en evidencia que el recurso por 5 millones 547 mil pesos que debió destinarse al mantenimiento de los espacios públicos no se ejerció y no existe forma de comprobar su aplicación.

En la denuncia ingresada este lunes a la Contraloría municipal, se le requirió a este órgano, en cumplimiento de lo que establece el artículo 72, fracción II, de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo, que designe a un funcionario para que se traslade a los parques referidos en esta denuncia, con el objetivo de que constate personalmente y documente el estado de deterioro en el que se encuentran los mismos.

Reservan por 7 años queja sobre deterioro de parques públicos

El oficio de resolución de la queja, de junio de 2015, registrado bajo el rubro CM/DNCE/Q-06-640/2015, emitido por la Contraloría, en el que se resuelve la queja sobre la falta de mantenimiento de los parques públicos, fue reservado por el ayuntamiento de Solidaridad por siete años, es decir, si algún ciudadano lo solicitara a través de la Unidad de Transparencia municipal, no podría acceder al contenido del mismo.

En el oficio, se responde a la queja del ciudadano Antonio Ramos, en la que se expone de manera detallada la situación de deterioro de los parques; así como la contestación del director de Imagen Municipal, Álvaro Juan Ugalde Rodríguez, en la que asegura que los trabajos de reparación o reposición de juegos infantiles, palapas y mesas, se realizarían en el 2015.

Aquí se puede descargar el oficio reservado por siete años: queja Contraloria parques