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GASTÓ FISCAL DE QROO EL 70% DEL PRESUPUESTO EN SUELDOS, PERO NO PAGA A MINISTERIALES

En 2019, Óscar Montes de Oca Rosales, titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) ejerció un presupuesto de 903 millones 207 mil 811 pesos, de los cuales 615 millones 261 mil 256 pesos los destinó al rubro de “servicios personales”, es decir, sueldos, remuneraciones especiales, estímulos a servidores públicos y demás prestaciones sociales y económicas; sin embargo, esos recursos no han llegado a los agentes ministeriales y a la base de trabajadores de la FGE, quienes desde hace unas semanas han acusado la falta de incremento salarial.

De acuerdo a datos obtenidos por Somos Tus Ojos, 273 millones 937 mil pesos se han destinado al rubro de “remuneraciones adicionales y especiales”, monto incluso superior al pagado por “remuneraciones al personal de carácter permanente”, al que se le asignaron solo 157 millones 457 mil pesos.

En la partida “otras prestaciones sociales y económicas”, la FGE gastó en 2019, 154 millones 024 mil pesos, a pesar de ello, el personal de la Fiscalía, no ha visto los beneficios.

VER FGE estado analitico 2019

CONTRATÓ MÁS DE 200 PERSONAS MONTES DE OCA

Desde que inició su gestión y hasta febrero de 2020, Óscar Montes de Oca Rosales ha contratado a 232 personas a las que se les paga por honorarios, entre directores, subdirectores y personal de diversas áreas administrativas.

Montes de Oca Rosales, quien se desempeñó como Subprocurador en el entonces Distrito Federal con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, contrató a decenas de personas provenientes de la Ciudad de México, entre los que se cuentan a Luis Carlos Ruiz Rello, Juan José Olea Valencia, Diana Amador González, Santa Cecilia Chávez Gutiérrez, José Antonio Espinosa Martínez, Rubén Arturo García Estrella, Raúl Gudiño Resendiz, Adrián Hernandez Reyna y Mónica de Ávila Lozano, quien, según su cuenta de LinkedIn, durante 23 años se ha desempeñado como reportera de Televisa, sin detallar en su perfil que ahora labora en la FGE como Directora de Comunicación Social de la zona norte con un sueldo mensual de 42 mil pesos, según información obtenida vía transparencia por Somos Tus Ojos.

Montes de Oca Rosales también trajo de la Ciudad de México a Alfonso Díaz Pauli, quien ahora funge como coordinador de Ministerio Público, y quien fue sancionado con un apercibimiento público por la Contraloría de la Ciudad de México por no cumplir en tiempo con la entrega-recepción de los recursos humanos, materiales y financieros que tenía a su cargo como responsable de la Agencia de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc de la PGJDF, en 2014.

También de la Ciudad de México, para integrarse al llamado grupo de “los chilangos”, llegó Rosa María Hernández Ruiz, quien se desempeña como titular de la Fiscalía especializada en delitos de desaparición forzada de personas.

Otras personas contratadas por honorarios son Edwigs López Reséndiz, quien con un puesto de “asesora”, según la ficha curricular que carece de los datos de trayectoria profesional, percibe un sueldo de 42 mil pesos al mes, siendo muy visible su “trabajo” en twitter donde se dedica a compartir la información del gobierno del estado y de la Fiscalía. Destaca el hecho de que abrió su cuenta en dicha red social en julio de 2019.

Al mal visto grupo de “los chilangos”, privilegiados por Montes de Oca, se suman David Lozano Santana, Cristóbal Martín Mendoza de Vicente, Marcela Murillo Herrera titular de la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad sexual y el libre desarrollo de la personalidad de la zona sur; Jaime Ontiveros Patiño, Viridiana Orozco Herrera, directora de Coordinación Interinstitucional, y quien laboró como directora de normatividad, verificación y cumplimiento del INVEA, en la Ciudad de México,

La lista de los empleados que ocuparon un puesto en la Fiscalía del entonces Distrito Federal es muy larga, y a ella se suman Cesar Octavio Ayerdi Hernández, director de administración y planeación, quien trabajó como Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; Alain Duran Villaseñor, subdirector de recursos materiales; Vicente Iturbe Mendoza, director general de desarrollo institucional, con un salario de 60 mil pesos mensuales, y a quien se le abrió un procedimiento por presentar tardíamente su declaración patrimonial en 2016 cuando trabajaba en la Fiscalía General de la Ciudad de México, omisión que cometió pero que se le “perdonó”, quedando exentó de sanción alguna.

Aunque local, otra contratada por Montes de Oca fue Erika Yolanda Bacelis Arzápalo, quien igual que el anterior fue sancionada con amonestación pública porque omitió presentar las declaraciones de situación patrimonial cuando laboró en el Segundo Tribunal Colegiado con residencia en Cancún, Quintana Roo.

FGE cont honorarios anexo

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LOS AVIADORES

Con puestos de “receptor”, “analista técnico”, “analista profesional”, secretaria e incluso “intendente”, figuran múltiples empleados; de obligada mención resulta Martha Beatriz Enriquez Kaufachi, hermana de Juan de la Luz, hombre cercano al gobernador Carlos Joaquín González; y también hermana de Jesús Enriquez Kaufachi, quien se desempeña como secretario particular del fiscal, Óscar Montes de Oca. Como “analista profesional”, Martha Beatriz Kaufachi gana 16 mil pesos.

Regina Torres Caballero, como “receptora” gana 5 mil pesos mensuales; destaca que desde el 2016, recibió numerosas “ayudas sociales”, de acuerdo al padrón del Poder Legislativo. Claret Iraide Poot Peña, Dorian Patricia Ríos Bosch; Irving Enrique Acal Batun, Melida Aseret Medrano Mayo, Miledy Alejandra Castillo Castro y Ana Laura Pérez Guerrero se suman a la lista de empleados de puestos peculiares.

Carlos Adrián Andrade Pinzón, pasó de ser un deportista beneficiado por la Comisión de la Juventud de Quintana Roo (Cojudeq), a supuestamente trabajar como “intendente”, es decir, haciendo el aseo en la Fiscalía.

Jorge Luis Díaz Archi, también pasó de ser parte de las juventudes revolucionarias del PRI a intendente; lo mismo que Armando Castán González, otrora “proveedor” de la Cojudeq.

Fátima Guadalupe Soberanis Morales, antes fue “consejera ciudadana” de la COJUDEQ, y ahora también es analista profesional en la FGE.

Solange Alpuche Ordaz, actualmente como “analista profesional” percibe 16 mil pesos quincenales, pero fue “brillante” becaria del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo, en 2017, año en que consiguió una de las tres becas que dio este Instituto financiado por el gobierno del estado, para estudiar en España.

Jorge Jesús Castillo Valverde, está contratado como auxiliar administrativo y también figura como beneficiario de ayudas sociales del Congreso del estado; Elda Dalila Cervantes Jarquin, tiene una placa del Sindicato de taxistas de Chetumal. Otros auxiliares administrativos son Francisco Gamaliel Sánchez Mercado, Guillermo Villanueva Martínez, Wayne Jesus Cachon Carrillo, quien fungió como apoderado legal del Sindicato de Trabajadores del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Del DIF también provienen Alfredo Méndez Hernández, ahora analista profesional con salario de 16 mil pesos; y Rosario Ingrid Menjivar Alfaro, secretaria.

Por su parte, Ana Gabriela Moreno Torres, con un sueldo de 16 mil pesos, figura como Jefe de departamento de análisis de la información financiera, pero de acuerdo a su perfil de LinkedIn es coordinadora de ventas en The Mayan Cacao, en Cozumel.

ASESORES Y PUESTOS CLAVES EN MANOS DE FUEREÑOS

A la larga lista de personas venidas de la Ciudad de México, se agregan Jesús Rodríguez Nuñez, como asesor y con un sueldo de 42 mil pesos; Miguel Ángel García Sandoval, Norma Isabel Yescas Velázquez, también asesora; José Luis Bonilla Rodríguez “asesor en administración”; el director de Servicios Periciales, Noé Tapia Albino.

En puesto clave también fue colocado Jorge Daniel Valdes Oberhauser, quien trabaja como subdirector de capital material y servicios generales; antes estuvo en la subsecretaría de Finanzas y Planeación de la Secretaría de Seguridad Pública en la actual administración y previamente laboró en el gobierno de la Ciudad de México en los últimos años.

CONTRATAN “DIGITALIZADORES”

Entre los contratados por honorarios están también siete digitalizadores: Karla Vianey Cab Ramírez, Yarecxi Concepción Cetina Pérez, Melina Soledad González Velázquez, Yayni Seraccin Nava Landero, Leonela Salvatierra Ortiz, Dorian Sinai Solis Correa, Rosaura Irene Ucan Cocom y Paulina Vianey Velázquez Can.

El gasto para el pago a los empleados contratados por honorarios asciende a un monto mensual de alrededor de 4 millones de pesos mensuales.

Rehúye Juan Pablo Guillermo a juicio político. Ex Tesorero de Borge se blinda

CANCÚN, MX, 03/05/2017.-Con un recurso de revisión en contra del juicio de amparo que obtuvo Somos Tus Ojos para regresar el juicio político al Congreso del estado, y con un nuevo amparo, Juan Pablo Guillermo Molina, quien fuera tesorero del ex gobernador Roberto Borge Angulo, pretende evadir el proceso que lleva a cabo la Comisión Instructora de la XV Legislatura.

Juan Pablo Guillermo, señalado del desvío de 1,464 millones de pesos recaudados del impuesto al hospedaje de 2014 a agosto de 2015, interpuso un recurso de revisión en contra del amparo 725/2016 que el Juez Sexto de Distrito, Aarón Alberto Pereira Lizama, otorgó a Somos Tus Ojos, mismo que será estudiado por el Tercer Tribunal Colegiado, que decidirá si subsiste el amparo o si lo revoca.

Además, Guillermo Molina, uno de los hombres más cercanos a Borge Angulo, también solicitó un amparo en contra de la Comisión de Justicia del Congreso del estado para evitar que prosiga el juicio político encaminado en su contra. El amparo 262/2017 también será analizado por el Juez Sexto de Distrito, quien de entrada negó la suspensión provisional requerida por el ex funcionario, pues de concedérsela se causaría perjuicio al interés social y al orden público.

En su razonamiento para negar la suspensión de la continuación del juicio político, el Juez Sexto señaló “que de concederse la medida cautelar solicitada en éstos últimos términos, se atentaría contra disposiciones de orden público y se alteraría el interés social, ya que el juicio político de origen está autorizado por los numerales 109 y 110 de la Constitución Federal, debido a que la sociedad se encuentra interesada en que no se suspendan tales juicios. En efecto, el procedimiento de un juicio político tutela totalmente el interés público y no intereses particulares, ya que su único, objetivo es garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la función pública”.

El juzgador deja al arbitrio de la Comisión Instructora, la decisión de enviar o no la declaración de acusación al pleno de la Legislatura, es decir, que la Comisión Instructora puede continuar con el procedimiento de juicio político, en tanto, el juez de amparo se pronuncia sobre la suspensión definitiva solicitada por Juan Pablo Guillermo: “Por todo lo expuesto, debe colegirse que dicho efecto de los actos reclamados, no es susceptible de suspenderse, dado que la concesión de la suspensión de ese acto produciría la afectación del interés social y disposiciones de orden público, es decir, la sociedad está interesada en que los gobernados cumplan con las normas en esa materia. Sin embargo, con fundamento en los numerales 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que sin suspender el procedimiento, la Comisión Instructora, en caso de considerarlo, no envíe la declaración de acusación a la Legislatura correspondiente, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva.”, concluye el sentenciador.

Mañana 4 de mayo a las 9:25 horas se celebrará la audiencia incidental en la que el Juez Sexto resolverá si concede o niega la suspensión definitiva a Juan Pablo Guillermo Molina, esto es, el procedimiento se frena o si continúa sobre el sustento de que detener el procedimiento afecta el interés social.

PROPONE SOMOS TUS OJOS AL CONGRESO DE QROO QUE PERIÓDICO OFICIAL SEA GRATUITO

CHETUMAL, MX, 25/10/2016.- El pasado 21 de octubre, “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo” propuso a los diputados de la XV Legislatura del Congreso del estado, la modificación a la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, para que este documento sea de acceso gratuito, en virtud de su trascendencia en la vida de los quintanarroenses.

En el Periódico Oficial del Estado se publican las leyes, decretos, acuerdos y todo mandato que se hace obligatorio cumplir o que afecta directamente a los habitantes de Quintana Roo, de allí la importancia de que el acceso al mismo sea gratuito, a través de medios digitales.

El limitado acceso que actualmente se tiene al Periódico Oficial del Estado fue lo que permitió que el contenido del llamado “paquete de impunidad” propuesto por el gobernador Roberto Borge Angulo, y aprobado por la XIV Legislatura, se conociera tardíamente; lo que dejó sin oportunidad a muchos ciudadanos de oponerse al mismo en el término legal correspondiente.

La promesa de un gobierno transparente de parte de quienes son parte de los diversos poderes del estado, debe cumplirse con hechos claros que demuestren a los gobernados que la transparencia no se quedará en el discurso.

Somos Tus Ojos, propone la modificación de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo para que ésta además de velar por el aspecto público del mismo, garantice su “publicidad”, es decir, que su contenido pueda conocerse en línea de manera gratuita, y sencilla; limitando el cobro únicamente a sus versiones certificadas, lo que permitiría a la Dirección encargada del mismo continuar teniendo ingresos.

En la exposición hecha a los diputados de la XIV Legislatura, Somos Tus Ojos, señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) mandata en su artículo 6º que el estado debe garantizar el derecho a la información, y por ser el Periódico Oficial de Quintana Roo “un instrumento de carácter jurídico, permanente y de interés público, que tiene como fin publicar, dar vigencia y observancia general a las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, manuales y demás actos previstos por las leyes, así como las diversas disposiciones normativas de derecho público o privado en general, expedidas por los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los particulares, en sus respectivos ámbitos de competencia”, consideramos imprescindible que el estado garantice el acceso a los contenidos que se publican en dicho órgano; lo que actualmente no se cumple, a pesar de los avances tecnológicos que lo permiten.

El Periódico Oficial de Quintana Roo no satisface el requisito indispensable de la “publicidad”, que es diverso del de la “publicación”, quedando los ciudadanos y habitantes de Quintana Roo en estado de indefensión ante la falta de dicho elemento, como se hizo patente en los meses pasados luego de las reformas que permitieron la aprobación, publicación y entrada en vigor del conocido popularmente como “paquete de impunidad”, aprobado por la XIV Legislatura, sin que los interesados pudieran conocer oportunamente los contenidos, y oponerse, en tiempo, a lo publicado.

Actualmente se publican los índices del Periódico Oficial en la página de internet de la Dirección respectiva, los cuales son una enunciación que no permite conocer los contenidos, por lo que es una necesidad que éstos también se encuentren disponibles y accesibles a través de medios digitales.

El término publicidad, de acuerdo a una de las acepciones de la Real Academia Española de la Lengua, se define como “cualidad o estado de público”, es decir cualidad de “conocido o sabido por todos”, según el mismo referente bibliográfico.

Es así, que el Periódico Oficial de Quintana Roo debe cumplir con el indispensable requisito de publicidad, y es el Estado el que debe garantizar el acceso a la información de los contenidos que se publican.

En la presente era de los gobiernos digitales, no se puede concebir el acceso restringido o limitado a un documento que fija determinaciones que afectan la vida pública y privada de los habitantes de un estado.

Propuesta modificación periódico oficial QRoo

Previene el INAI sobre sexting. Niños de entre 12 y 16 años muy vulnerables al contenido sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) alertó sobre los riesgos que implica la práctica del sexting, que consiste en el envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías y/o videos, producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas por medio de teléfonos móviles.

Con la aparición de dispositivos electrónicos como los celulares con cámara y video, así como la conexión a Internet, surge el fenómeno del sexting.

El INAI advirtió que esta práctica lleva a la pérdida de la privacidad, ya que una vez que la imagen es enviada, se pierde el control sobre su difusión, por lo tanto, los protagonistas quedan expuestos y vulnerables.

Subrayó que es una actividad que puede exponer a los menores de edad al grooming (acciones deliberadas por parte de un adulto para establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual), ciberacoso y sextorsión como medio de presión y ridiculización contra la persona fotografiada.

En su publicación denominada El Efecto Internet, la asociación civil Alianza por la Seguridad en Internet presenta una encuesta sobre el sexting y cómo las tecnologías de la información ofrecen facilidad y capacidad para el envío de textos, fotos y videos con connotación sexual.

En esa encuesta sobre seguridad y privacidad en la web aplicada a 10 mil estudiantes, 85 por ciento de entre 12 y 16 años, reveló que el 36.7% conoce a alguien que ha enviado o reenviado por internet o celular imágenes suyas desnudo o semidesnudo, ya sea a conocidos o desconocidos.

Asimismo, que el 10.2% ha redactado o enviado mensajes electrónicos o de texto con insinuaciones sexuales; y que el 7.9% ha enviado o reenviado por internet o celular imágenes suyas desnudo o semidesnudo ya sea a conocidos o desconocidos.

El INAI destacó que el sexting es una amenaza latente ya que empieza como diversión y puede terminar en una situación grave que se salga de control y que produzca consecuencias sociales, físicas, psicológicas y legales, para las víctimas.

Asimismo, indicó que la divulgación de contenidos íntimos o privados puede tener consecuencias legales, dado que esta conducta se puede encontrar tipificada como un delito.

Señaló que si bien la legislación no lo contempla expresamente, existen otros tipos penales con conductas similares, como los delitos contra la intimidad y la libertad sexual, así como los relacionados con la pornografía infantil.

En ese sentido, el Instituto manifestó que de existir algún hecho que pueda ser constitutivo de delito, debe denunciarse ante la procuraduría o fiscalía que corresponda a la entidad federativa de la persona que ha sido víctima de sexting o de delitos similares.

Destacó que la presentación de la denuncia es sólo una de las acciones que se puede realizar ante el sexting, pues existen otras como las acciones de responsabilidad civil, que tienen como fin reparar el daño al patrimonio moral de las personas que se ven afectadas en sus derechos a la vida privada, honor y su propia imagen.

Lo anterior, atendiendo a la legislación civil en cada una de las entidades federativas, como en el caso de la Ciudad de México que cuenta con la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, cuyo objetivo es garantizar los derechos de la personalidad.

No obstante, el INAI destacó que con independencia de las medidas legales que se puedan tomar, lo realmente importante son las acciones preventivas para evitar la práctica del sexting, pues los daños psicológicos y a la reputación de la víctima pueden ser irreparables. (Fuente: INAI/Foto:tudecideseninternet.es)

Somos Tus Ojos propone al Congreso Ley de Transparencia vanguardista

CANCÚN, MX.- La asociación civil «Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo» ingresó al Congreso de Quintana Roo, el 16 de marzo pasado, una propuesta de ley vanguardista y que atiende el espíritu de la Ley General de Transparencia, priorizando la máxima apertura y la total rendición de cuentas.

Entre los aspectos de la propuesta de Somos Tus Ojos está que la elección de los comisionados que integran el Instituto de Acceso a la Información se realice por convocatoria abierta, que solo ciudadanos con probada experiencia en la materia y que acrediten un examen de conocimientos sobre el tema puedan ocupar dicho cargo, para evitar de esta forma lo que actualmente sucede, que la designación se realice con base en los intereses de los gobernantes, quienes han hecho de los comisionados sus cómplices.

Igualmente, pretendemos que sea obligatoria la publicación de 62 aspectos entre los que se encuentran:

La versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, que contenga: nombre, cargo, tipo de declaración, sueldo y bienes inmuebles ubicados en territorio nacional y fuera del país; así como el listado de servidores públicos que no hayan rendido la declaración patrimonial.

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

El tabulador de cobro de impuestos, servicios y derechos, especificando el fundamento legal del mismo, la metodología para su cálculo, la forma para acceder a descuentos y condonaciones si los existieran; así como el monto de los recargos en su caso;

Las actas de sesiones de cabildo ordinarias, extraordinarias y privadas, así como su registro videográfico;

Los nombres con fotografía de los inspectores, visitadores o supervisores, por áreas, en el caso de los sujetos obligados donde exista dicha figura;

El padrón de proveedores y contratistas, identificando el nombre de la persona física o moral, domicilio fiscal, inicio de operaciones, fecha de registro y de vigencia, así como la copia del acta constitutiva y sus posteriores modificaciones;

Las concesiones, patentes, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas para la prestación de algún servicio, la proveduría de algún bien o la ejecución de alguna obra, especificando número o folio, los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.

Actualmente el Congreso discute una propuesta de Ley de Transparencia limitada, retrógrada en muchos aspectos que pretende dar continuidad a la opacidad, eludir una efectiva y real rendición de cuentas y evitar sanciones a quienes incumplan con la Ley de Transparencia, limitando la aplicación de las mismas a ciertos aspectos.

La Ley que los diputados de la XIV Legislatura discuten también permite a los sujetos obligados, es decir, funcionarios y servidores públicos, ser omisos en la documentación de sus actos, lo que promueve “inexistencia de información”, una salida que con mucha frecuencia se ha utilizado para no rendir cuentas.

Mientras la propuesta de ley de Somos Tus Ojos propone una reserva de la información hasta por dos años, lo que impediría que ediles y diputados terminaran sus administraciones y periodos sin dar información, la ley que analiza el Congreso establece que la información podrá permanecer reservada hasta 5 años.

Entre la información que los diputados de Quintana Roo pretenden reservar está “la que comprometa la seguridad pública del Estado y sus municipios”, tal indefinición permite que, al libre arbitrio de los funcionarios, se reserve todo sobre lo que no quieran informar.

También se pretende reservar la información “que pueda dañar la estabilidad económica y financiera del Estado”, con lo que los funcionarios y servidores públicos podrían negarse a entregar cualquier tipo de información sobre el uso y destino de recursos públicos aduciendo un daño, por imposible o improbable que éste fuera.

Como consumidores intensivos de la información desde hace 11 años, los integrantes de Somos Tus Ojos nos hemos enfrentado a las múltiples limitaciones impuestas en la actual Ley que han imposibilitado una real rendición de cuentas y han cobijado la corrupción en Quintana Roo, por lo que con la propuesta ingresada hace unos días pretendemos que nuestro estado se convierta en un ejemplo a nivel nacional y salga del último lugar en el que se encuentra en materia de Transparencia.

Descarga la Propuesta de Ley de Transparencia de QRoo