La desaparecida Oficialía Mayor a cargo de Manuel Alamilla Ceballos fue utilizada para otorgar múltiples contratos a personas como reporteros, titulares de asociaciones civiles y operadores de partidos políticos, disfrazadas de “prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos”.
A través del contrato HNH-11-3409/0041/84/2019, el Oficial Mayor entregó a José Antonio Callejo Anzures un contrato por 230 mil 522 pesos, pagaderos en 6 parcialidades, en dos meses, del primero de abril al 30 de junio de 2019.
De acuerdo al objeto del contrato, ANTONIO CALLEJO fue contratado para “prestar sus servicios profesionales consistentes en asesoría en el diseño de la estrategia de difusión de los alcances y objetivos del nuevo sistema de ingreso en el marco del servicio profesional de carrera a cargo de la Oficialía Mayor”.
Un segundo contrato para prestar el mismo servicio de asesoría fue firmado por el periodista Antonio Callejo, el HN/1-11-3409/0083/07/2019 por un monto de 461 mil 044 pesos, el cual fue pagado en 12 parcialidades en el periodo del primero de julio al 31 de diciembre de 2019.
Antonio Callejo es propietario de Callejo TV; escribió el libro “De Cancún a Almoloya. El Imperio Roto De Mario Villanueva”; también fue director de Comunicación Social en la administración de Greg Sánchez, en al ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún.
Otra reportera que cobró por contratos de servicios profesionales, fue Zuleica Marisol Cáceres G. Canton, quien recibió 461 mil 044 pesos por “asesoría para la integración y análisis de la información, diagnóstico y resultados de las unidades administrativas de la Oficialía Mayor y su procesamiento mediante presentaciones ejecutivas dirigidas a los sectores público, privado y social”.
El contrato HN/1-11-3302/0082/07/2019, firmado por ZULEICA CÁCERES tuvo una vigencia de julio a diciembre de 2019 pagadero “en efectivo, mediante cheque o depósito” en 12 parcialidades.
Manuel Alamilla también pagó a GABRIELA MENESES CHAN, directora general de Palco Quintanarroense, 461 mil 044 pesos por sus servicios profesionales consistentes en “acompañamiento en el proceso de certificación de inmuebles a cargo de la Oficialía Mayor como parte del programa Oficinas transparentes y la integración del programa de simplificación de trámites y servicios de la dependencia”. El contrato HN/1-11-3302/0081/07/2019 tuvo una vigencia del primerio de julio al 31 de diciembre.
Otro contrato firmado por Gabriela de Jesús Meneses Chan con la Oficialía Mayor fue el número HN/1-11-3302/0042/04/2019 para el programa temporal de “Certificación de inmuebles a cargo de la Oficialía Mayor”.
Según este documento, Meneses Chan cuenta con “diversos cursos y capacitaciones lo cual acreditó con certificado número 207 expedido por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, misma que lo autoriza para desempeñarse como asesora especializada”. Por sus servicios, la Directora de Palco Quintanarroense cobró 230 mil 522 pesos en un periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2019.
El cartonista NICOLÁS LIZAMA CORNELIO también firmó dos contratos con la Oficialía Mayor para prestar sus ‘servicios profesionales consistentes en asistencia administrativa en la programación de eventos programados y realizados”. Nicolás Lizama fue contratado como “analista profesional” adscrito al Programa de eventos oficiales y especiales del Ejecutivo organizados (…)”. El contrato HN/1-11-2425/0026/01/2020 lo firmó por un monto de 66 mil 664 pesos por el periodo del primero de enero al 30 de junio de 2020.
El 8 de julio de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del estado en el Tomo II, Número 92 Extraordinario, Novena Época, el Poder Ejecutivo del estado publicó el “Acuerdo por el cual se instruye el fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación para la simplificación de la administración pública simplificada”, que en los hechos representó la desaparición de la Oficialía Mayor y la puesta a salvo de su titular Manuel Alamilla Ceballos quien entregó cientos de contratos por la prestación de servicios profesionales ficticios, así como contratos por adquisición de bienes a precios inflados; además de llevar a cabo licitaciones amañadas, siendo la más conocida la licitación de uniformes escolares en la que resultó ganadora la empresa poblana Adicon S.A. de C.V., misma que no contaba ni con infraestructura ni con experiencia.
La desaparición de la Oficialía Mayor y el retiro de la escena de Manuel Alamilla fue ordenada por el gobernador Carlos Joaquín tuvo como finalidad proteger a uno de sus más fieles empleados, que al igual que su tesorera, Yohanet Torres Muñoz, le han resultado útiles en el desvío de cientos de millones de pesos.
NOTAS RELACIONADAS
SECOES PIDE SANCIONES LEVES PARA OFICIAL MAYOR POR CASO DE LICITACIÓN DE UNIFORMES
