CHETUMAL, MX 01/04/2019.- Un amparo fue presentado en contra del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Quintana Roo por su negativa de solicitar al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del estado emitir un exhorto público para transparentar la entrega de ayudas sociales por parte de los diputados de la XV legislatura, quienes en dos años han gastado 147 millones de pesos en este rubro, y sobre el que existe la presunción de que la mayoría de estos recursos han sido desviados y no han llegado a la población.
RESPUESTA COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El amparo fue presentado por la ciudadana Teresa Pérez Sorcia y Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, y fue admitido el jueves pasado por el Juzgado Sexto de Distrito, quedando registrado bajo el expediente número 271/2019.
LA PETICIÓN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
El 19 de diciembre de dos mil dieciocho se presentó al Comité de Participación Ciudadana (CPC) una petición por escrito para requerirle que solicitara al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo la emisión de un exhorto público relacionado con el gasto en el rubro de “ayudas sociales” entregadas del 2016 al 2018 por la XIV y XV legislatura del Congreso del estado, con fundamento en sus facultades establecidas en el artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción del estado de Quintana Roo.
El artículo 23 de la referida Ley señala que “El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador Estatal la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención del asunto de que se trate”.
El Comité de Participación Ciudadana respondió a la solicitud el 5 de marzo pasado, tres meses después, negándose a llevar ante el Comité Coordinador Estatal la petición ciudadana haciendo una interpretación del artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción del estado de Quintana Roo, argumentando que para poder solicitar un exhorto, era necesario que, previamente, una autoridad determine la “existencia de un hecho de corrupción”.
Cabe destacar que el comité ciudadano no emitiría el exhorto, y solo debía presentar la petición ante el Comité Coordinador Estatal, el cual se integra por un representante del CPC, el titular de la Auditoría Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, Rosaura Villanueva Arzápalo, el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, Rafael del Pozo Dergal, un representante del Consejo de la Judicatura del Estado; el presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Orlando Espinoza, y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Alfredo Cuéllar Labarthe.
Firmaron la negativa los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana: Miriam Cortés Franco, Raúl Cazares Urban, Cinthya Dehesa, Marcos Gutiérrez y Francisco del Real Medina.
El CPC ha sido cuestionado desde su creación, pues la mayoría de sus integrantes no reunían el requisito de contar con experiencia en los temas de transparencia, auditoría o combate a la corrupción; y tampoco el Comité de Selección que los designó cumplió con los requisitos de ley.
La cercanía del CPC con el gobierno del estado de Quintana Roo ha convertido a este Comité en un organismo complaciente e inútil en el combate a la corrupción, a la vez que refleja los fallos del sistema anticorrupción.
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