CANCÚN, MX. Aunque alrededor del 60% de la población considera que la corrupción es uno de los problemas más graves e importantes en el país, y en 2017 el INEGI estimó que esta problemática impacta a la Ciudad de México en un 20.1 % seguida de Quintana Roo con un 17.2%, a dos años de que se integrara el Sistema Estatal Anticorrupción en Quintana Roo la sociedad no tiene resultados claros y concretos de su trabajo, de acuerdo a un comunicado del Observatorio Legislativo.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo ha venido desarrollando y estructurando su trabajo en un campo teórico, enfatizando su orientación al “análisis sistémico, estudio de procesos y visión transversal” del tema de corrupción, pero no ha dado paso alguno para incorporar un sistema de denuncias, ignorando los problemas y casos de corrupción del estado, considera el Observatorio Legislativo.
La revisión del papel desempeñado por los sistemas estatales anticorrupción, no solo es local, y al respecto Mexicanos contra la corrupción y la impunidad ha hecho algunos análisis. Del estudio del 2019 se ubica al Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo dentro de los primeros 7 que tienen uno de los presupuestos más altos del país, y comparativamente con su trabajo evaluable se observa lo siguiente:
| CPC ESTADO | PRESUPUESTO ANUAL MILLONES DE PESOS | REUNIONES DEL CPC EN EL AÑO | No. DE RECOMENDACIONES | EMPLEADOS |
| QUINTANA ROO | 18 | 13 | 0 | 6 |
| SONORA | 14 | 9 | 12 | 6 |
| SINALOA | 12 | 6 | 32 | 11 |
De lo anterior se puede deducir que la eficiencia del CPC en dos años de actividades, en donde se han gastado 36 millones de pesos de recursos públicos, ha sido nula.
NUEVA INTEGRANTE DEL CPC DE QUINTANA ROO ES PRIMA DEL CONTRALOR DEL ESTADO
En la reciente renovación de integrantes del CPC el Comité de Selección de sus integrantes seleccionó a una persona, que si bien pueda tener atribuciones profesionales que la hacen elegible, -Janet Aguirre Dergal- ésta tiene una relación de consanguinidad con el actual Contralor del Estado, Rafael Del Pozo Dergal, situación que resulta cuestionable por lo que será conveniente que el comité de selección consulte algunas normativas como la Guía para identificar y prevenir conductas de conflictos de interés emitida por la Unidad especializada de ética y prevención de conflictos de la Secretaria de la Función Pública, estimó el Observatorio.
Igualmente sería oportuno que el CPC aclare por qué quien asume la presidencia de este Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ha estado desempeñándose como directora de la organización Ciudadanos por la Transparencia A.C., simultáneamente con su participación en el CPC, presuponiendo que en ambas funciones ha tenido responsabilidades de actividades, tiempos de atención y remuneraciones por ello, lo que parece inconsistente con una posición de transparencia y de ética en este delicado tema de percepción de la actividad pública, situación que está normada en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la correspondiente a nivel local, en su artículo 17, recalcó el organismo
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El Observatorio Legislativo consideró que se requiere dar un paso de mayor calado desde lo local para reformar este escenario, y dentro de ello tener un mecanismo más eficiente para la renovación del CPC con una real transparencia y rendición de cuentas a la sociedad, así como una real independencia de la Fiscalía Especializada, que según sus datos, en este año tiene 1,345 carpetas de investigación abiertas y ha puesto a disposición de la autoridad judicial 13 casos y una recuperación de daños al patrimonio de apenas 216 millones de pesos; de las anteriores ninguna de las carpetas fue enviada por el CPC.
Otro caso pendiente, consideró el Observatorio, es el someter al escrutinio el presupuesto que tiene asignado la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) de Quintana Roo, otra dependencia de dicada a sancionar conductas relacionadas con actos de corrupción, y que para el 2020 tiene asignados más de 248 millones de pesos, un presupuesto mayor a lo que se le destina a la salud, además de que en lo que va de la presente administración la SECOES ha ejercido cerca de 700 millones de pesos, y una parte de su presupuesto se ha destinado a contratos de servicios, sin que se tenga certeza de su aplicación, por lo que es claro que la atención al tema de la corrupción le cuesta a la sociedad una cifra considerable.
SILENCIO DEL CPC ANTE DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN
Hasta ahora el CPC se ha orientado solo a dar platicas de orientación y capacitación pero no ha emitido declaración o recomendación ni siquiera en casos en los que directamente se les requirió su intervención como lo hizo la organización civil “Somos tus Ojos” que denunció con pruebas la desviación de recursos del congreso del estado y la falsificación de documentos de supuestos beneficiarios de los programas de ayudas sociales,
Igualmente sobre las denuncias que el Observatorio hizo sobre este mismo tema no hubo comentario alguno por parte del CPC, ni sobre la denuncia pública sobre los posibles desvíos y recursos sobre la remodelación del salón de sesiones del congreso que efectuó la XV Legislatura.
El Observatorio Legislativo consideró que existen numerosos temas locales donde el CPC puede hacer señalamientos, exhortos, recomendaciones, incluso generar denuncias ante la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, y citó, por ejemplo que no han denunciado que muchas entidades públicas no cumplen con las obligaciones comunes de transparencia obligatoria, como el caso del municipio de Benito Juárez, que su información sobre los contratos de comunicación y difusión, siguen siendo un misterio oculto, igualmente la información de su número de empleados en sus diferentes modalidades; otro tema en este mismo municipio es el procedimiento de Licitaciones Públicas Nacionales, cuyo acceso es limitado, ya que se publica con limitaciones de día y horario; así como los procedimientos para la compra de bases, por lo que no es explicable que muchos de sus contratos de obra sean asignados a empresas foráneas. También hay otras áreas de revisión de presupuestos y procedimientos de asignación, tan solo en el área de Seguridad Pública que ha recibido una gran asignación de recursos, señaló el Observatorio Legislativo.
