CANCÚN, MX.- El proyecto de Ley de Transparencia que actualmente se discute en el Congreso de Quintana Roo además de conservadora es opaca en varios aspectos, y nuevamente incluye un marco débil y sin lineamientos claros para la aplicación de sanciones a quienes incumplan con el acceso al derecho a la información, según se puede concluir de un análisis realizado por los integrantes de la asociación civil “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”.
El anteproyecto de Ley de Transparencia de Quintana Roo en su artículo 9 excusa a los sujetos obligados de entregar información cuando “no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud”, lo que significa que cualquier funcionario, servidor público o persona obligada a entregar información, puede aducir que en ese momento no está en posesión de la misma, y por ende no puede entregarla. Ese mismo artículo dispensa la entrega de la información cuando la información “no obre en algún documento”, lo que en sí mismo representa una violación a la Ley General de Transparencia.
La propuesta de Ley de Transparencia que analiza el Congreso y a la que tuvo acceso la asociación civil Somos Tus Ojos tampoco establece el proceso para tramitar el recurso de inconformidad en contra de las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo, ni contempla en las facultades del propio Instituto la obligación de remitir el mismo al Instituto Nacional de Acceso a la Información.
Cabe destacar que el recurso de inconformidad es una de las mayores aportaciones de la Ley General, ya que pone al alcance de los ciudadanos una instancia superior, revisora, de las determinaciones del instituto de transparencia local, que hasta la fecha ha sido cómplice de las instancias del Poder Ejecutivo y los funcionarios municipales, en su negativa de entregar información.
El documento que el Congreso de Quintana Roo pretende aprobar solo dedica un artículo y cuatro líneas al Recurso de Revisión, y además no establece entre las facultades del Instituto de Acceso a la Información la de coadyuvar en la tramitación del mismo ante el Instituto Nacional.
Igualmente, la elección de los comisionados para integrar el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIP) adolece de una total discrecionalidad, y siguen siendo los integrantes de la Cámara de Diputados los que determinan quiénes de los aspirantes propuestos por las asociaciones cumplen con el perfil, y podrán ser elegibles.
El anteproyecto deja entre las causales de información reservada la que “comprometa la seguridad pública del Estado y sus municipios”, fracción que no es compatible con la Ley General que solo considera la reserva para casos de “seguridad nacional”, y no refiere la de los estados o municipios, debido a que ello implica una amplia discrecionalidad para los sujetos obligados que pueden escudarse en dicho supuesto para no entregar información.
Los legisladores de Quintana Roo proponen causales de reserva que la Ley General no acepta, sobre las cuales no existe precisión en su aplicación y que pudieran ser utilizadas para limitar el derecho humano de acceso a la información. Por ejemplo, la propuesta de Ley de Transparencia clasifica como información reservada: “La que pueda causar un serio perjuicio en la recaudación de las contribuciones y la que pueda dañar la estabilidad económica y financiera del Estado”, esto es, que deja a la opinión del Secretario de Finanzas o de los tesoreros municipales, la rendición de cuentas sobre la recaudación, ingreso y uso de los recursos públicos.
Son estas solo algunas de las graves limitaciones que de entrada constituyen violaciones al derecho de las personas de acceso a la información, y que no respetan el espíritu de la Ley General.
La Ley de Transparencia que discuten los diputados de la XIV Legislatura se «alimentó» de los foros organizados por «Ciudadanos por la Transparencia» CITRA, una organización que recibió recursos desviados del Subsemun en 2014, y que proponía, de acuerdo a su propuesta, de la que se tiene una copia, reservar información por 27 años, así como reservar asuntos discutidos en sesiones «secretas» en los ayuntamientos y en el Congreso del estado. Además, mientras la Ley general de Transparencia contempla 13 casos de reserva, CITRA propuso 19 casos de reserva de información, varios de éstos totalmente infundados. De esos «foros ciudadanos» y de esas propuestas se nutrió la Ley de Transparencia del estado de Quintana Roo.
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El pasado 16 de marzo, la asociación “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo” entregó al Congreso del estado una propuesta de ley de vanguardista, apegada al espíritu de la Ley General y que además ejerce el principio de transparencia proactiva señalado en la misma, estableciendo, por ejemplo, 62 obligaciones de transparencia ineludibles en aras de la máxima apertura cuando la Ley General y la del estado solo citan 48 obligaciones de oficio.
Ricardo Coral, asesor del diputado Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión del Congreso, se comprometió a incluir la propuesta presentada en el debate que aún se encuentra abierto.
Es oportuno recordar que Quintana Roo ocupa uno de los últimos lugares en materia de Transparencia por lo que de mantener el anteproyecto de ley que está en la mesa, no solo deberá hacer frente a una muy probable controversia constitucional de parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sino que nuevamente quedará como una entidad renuente a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos.
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