Fabiola Cortés Miranda
CANCÚN, MX.20/08/2019.- Con un sueldo de 95 mil pesos mensuales, igual al de un Secretario de Estado, pero sin ninguna responsabilidad, los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo son la élite más privilegiada de dicho sistema; que no ha servido para mucho, o dicho más claramente, solo ha servido para aparentar “avances” y “sinergia” en materia de combate a la corrupción con el gobierno del estado.
En diciembre de 2018, la ciudadana Teresa Pérez Sorcia y Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, presentaron una solicitud formal al Comité de Participación Ciudadana para que requiriera al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo la emisión de un exhorto público relacionado con el gasto en el rubro de “ayudas sociales” entregadas del 2016 al 2018 por la XIV y XV legislatura del Congreso del estado, con fundamento en las facultades que tiene el CPC, establecidas en el artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción del estado de Quintana Roo.
La anterior, en virtud de que Somos Tus Ojos y ciudadanos han investigado y denunciado insistentemente el uso irregular de cientos de millones de pesos en supuestas ayudas sociales por parte de los diputados de la XV Legislatura, que en solo dos años, usaron 147 millones de pesos de forma discrecional, pues el Congreso se ha negado a transparentar el gasto, lo mismo que la Auditoría Superior del Estado, reservando la información.
Fue hasta marzo del dos mil diecinueve, que el CPC de Quintana Roo respondió a la solicitud que le hizo la organización y la ciudadana Teresa Pérez, negándose a llevar ante el Comité Coordinador Estatal la petición ciudadana haciendo una interpretación del artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción del estado de Quintana Roo, argumentando que para poder solicitar un exhorto, era necesario que, previamente, una autoridad determine la “existencia de un hecho de corrupción”.
La negativa fue firmada en ese momento por los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana: Miriam Cortés Franco, Raúl Cazares Urban, Cinthya Dehesa, Marcos Gutiérrez y Francisco del Real Medina.
Dicha negativa motivo la interposición de un amparo, el cual fue admitido por el Juzgado Sexto de Distrito, quedando registrado bajo el expediente número 271/2019, a pesar de que el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción inicialmente se negó a recibir la notificación de amparo, en un intento por evitar su procedencia.
SE BURLA PRESIDENTE DEL CPC DE CIUDADANOS
Una vez admitido el amparo, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Marcos Gutiérrez Martínez, rindió su informe justificado, en el que admitió ante el juez federal que el CPC se había negado a solicitar al Comité Coordinador Estatal del Sistema Anticorrupción que emitiera un exhorto en torno al tema de las ayudas sociales, y el millonario desvío denunciado y documentado por Somos Tus Ojos, y que incluso motivó la interposición de dos denuncias por parte de ciudadanas que están en el padrón de beneficiarios, pero que no recibieron ningún tipo de ayuda, pero lo que es más, tampoco la solicitaron.
En su informe rendido ante el juez, Marcos Gutiérrez Martínez se presentó como un paladín del combate a la corrupción, presentó una serie de minutas de reuniones realizadas de último minuto con diputados e integrantes del Congreso, específicamente con el diputado Eduardo Martínez Arcila, señalado públicamente como principal responsable del millonario desvío. También estuvieron en las reuniones el diputado Emiliano Ramos Hernández, la diputada Yamina Rosado, suplente de Mayuli Martínez; el oficial mayor, Gerardo Martínez García; la directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad, Ana María Hernández Ayala; Hassan Medina, titular de la Unidad de Transparencia del Congreso, y otras dos funcionarias.
Sin lugar a dudas se trató de una simulación impulsada desde el CPC y en la que participaron los principales implicados y señalados en las denuncias por la cuestionable y opaca utilización de cientos de millones de pesos en ayudas sociales.
El presidente del CPC, Marco Gutiérrez además de reconocer el acto que se reclamaba, que era la negativa a solicitar el exhorto público, presentó copia de la reunión de trabajo sostenida entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana el 23 de abril de este año, en la que acordaron solicitar al Comité Coordinador del sistema anticorrupción del estado de Quintana Roo, emitir un exhorto público, con relación al tema de ayudas sociales, a efecto de que la Auditoría Superior del Estado pueda poner a disposición de Somos Tus Ojos y de la ciudadana Teresa Sorcia, los documentos en los que se acredite el gasto realizado por el Poder Legislativo en “ayudas sociales” del año 2016 al primer trimestre del 2018; así como la conclusión de las auditorías. Dicho en palabras claras, el CPC se comprometió ante el juez federal a “tramitar” ante el Comité Coordinador del sistema anticorrupción de Quintana Roo el exhorto, en los términos señalados líneas arriba.
Ante el inform
e rendido por Marco Gutiérrez Martínez el juez sobreseyó el amparo por quedarse sin materia.
Pero lo que hizo el Presidente del Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo fue una maniobra jurídica con la que desactivó el amparo interpuesto, dejando en el limbo su compromiso de gestionar el exhorto.
El seis de agosto pasado, la que esto escribe, y en mi calidad de presidenta de Somos Tus Ojos preguntó a Marcos Gutiérrez sobre su compromiso, pero éste dejó sin contestar la comunicación vía whastapp. Este 19 de agosto, se le insistió al Presidente del CPC sobre su compromiso, manifestado ante un juez federal, respondiendo Gutiérrez Martínez “no tengo alguna novedad”.
El 20 de marzo, cuando recién había asumido la presidencia del CPC, Marcos Gutiérrez envió a la Presidenta de Somos Tus Ojos el siguiente mensaje: “Muy buen día. Te escribe Marcos Gutiérrez, nuevo Presidente del CPC; qué día podrías darme una cita (…) a efecto de platicarte de qué manera estamos atendiendo y atendemos la cuestión de las ayudas sociales que con tanta razón has cuestionado con firmeza”.
En aquella reunión el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, se desvivió hablando de su enorme interés por el combate a la corrupción, “fantaseó” con el papel que según él puede jugar el CPC en cambios estructurales que terminen con la corrupción; lo que me dejó claro que Marcos Gutiérrez, venido de cargos menores en la burocracia, está muy acostumbrado a servir al sistema, ese que aparenta, que simula que se hace y que además así pretende justificar un oneroso salario. Los integrantes del CPC en Quintana Roo no tienen oficina, es decir, ni siquiera tienen obligación de cumplir con un horario o con un trabajo específico, con absolutamente nada; y por ese “trabajo” los ciudadanos les pagamos 95 mil pesos.
Desde su elección, el CPC en Quintana Roo reunió a un grupo de personas afines al gobernador, Carlos Joaquín González, como Cinthya Dehesa y Miriam Cortés Franco, y a excepción de Dehesa que se sumó al tema de la transparencia desde una asociación que nació recibiendo millonarios recursos públicos, CITRA; todos los demás integrantes del CPC no tienen trayectoria alguna en el combate a la corrupción o en temas de transparencia, como la propia Miriam Cortés que antes de ser designada era representante de clubes vacacionales; lo mismo que Raúl Cazares Urban, Marcos Gutiérrez y Francisco del Real Medina que antes de ser integrantes del CPC no tenían el mínimo interés en el tema de combate a la corrupción.
La zona de confort en la que están los integrantes del CPC en Quintana Roo los hace justificarse sobre su “imposibilidad” de llevar a cabo acciones concretas de denuncia y combate a la corrupción, y los ha limitado a ser aplaudidores y voceros de los nulos avances en materia de combate a la corrupción en el estado de Quintana Roo; jarrones de decoración de las fotos oficiales… todo por 95 mil pesos al mes.
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