Para «cumplir» con las obligaciones impuestas por el artículo 91 de la Ley de Transparencia del estado, el Poder Legislativo de Quintana Roo tiene disponibles para consulta 108 contratos por honorarios de igual número de personas. En todos los contratos está testado (borrado) el nombre del «trabajador», el monto de dinero que se paga, la vigencia del contrato, y tampoco dice el servicio que prestará el trabajador. En realidad se trata del mismo contrato.
El que menos gana en el listado que contiene los nombres de las personas recibe alrededor de 7 mil 500 pesos mensuales, y los que más ganan reciben 79 mil 893 pesos; pero todos tienen idéntico contrato de prestación de servicios.
De esta forma, el Poder Legislativo de Quintana Roo supuestamente da cumplimiento a la fracción XI del artículo 91 que mandata a todos los sujetos obligados publicar y mantener actualizada: “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación, y en su caso, los procesos de evaluación a los que se sujeta la vigencia del contrato o su rescisión.
