CANCÚN, MX.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo se dijo extrañado por la “cautela” con que la Comisión Instructora de la XV Legislatura está actuando en el caso de Juan Pablo Guillermo Molina, ex Tesorero de Roberto Borge Angulo, luego de que el Juez Sexto de Distrito resolviera el pasado 20 de septiembre sobreseer el amparo promovido por el ex funcionario, lo que permite a los diputados Emiliano Ramos (PRD), Jesús Zetina (PAN) y José Luis González (PRI), de la Instructora, continuar con el procedimiento
“La denuncia que interpuso la organización ciudadana Somos Tus Ojos está siendo detenida bajo argumentos falaces que le están permitiendo ganar tiempo al demandado para buscar una nueva protección”, dijo Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo
Señaló que en la estructura de la Dirección Jurídica del Congreso continúan los mismos titulares de la XIV Legislatura que operaron el llamado blindaje de impunidad.
Cabe destacar que Somos Tus Ojos denunció que el director jurídico del Congreso, Lizandro Landeros Lima, ocupó ese mismo cargo en la XIV Legislatura, y fue este mismo funcionario el que en julio de 2016 desechó el juicio político interpuesto por la asociación. Igualmente, Landeros Lima defendió, en enero de 2017, ante el Juez Sexto de Distrito que otorgó el amparo a Somos Tus Ojos, que el desechamiento del juicio político había sido “apegado a derecho”.
El representante del Observatorio Legislativo dijo que los actores que participaron en el llamado “paquete de impunidad” de Roberto Borge Angulo continúan ocupando espacios en el actual “gobierno del cambio”: “vemos que en las áreas de auditoria y del jurídico permanecen los mismos funcionarios. Se dice que hubo un cambio pero siguió igual. La barrera de impunidad continúa”, aseveró.
“Hemos señalado que las acciones que se toman en el Congreso del estado se están encaminando a una conducta pública de extensa difusión pero con una tendencia que se orienta a la simulación”, destacó Galaviz Ibarra, quien enfatizó que el nombramiento del Auditor Superior, recayó en un personaje que anteriormente ya había estado encargado de la vigilancia del manejo financiero de las instituciones del estado, refiriéndose a Manuel Palacios, y quien por no perder su puesto, según lo reconoció él mismo, no señaló las irregularidades en las cuentas de la administración de Roberto Borge. Similar situación ocurrió en el caso del nombramiento de la titular de la Fiscalía Anticorrupción, recayendo éste en Rosaura Villanueva, quien era Vicefiscal. En ambos nombramientos se pasaron por alto las propuestas ciudadanas y del Colegio de Contadores, puntualizó.