CANCÚN, MX.- Aunque la Ley de Transparencia de Quintana Roo señala en su artículo 172 que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO) deberá resolver los recursos de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del recurso, prorrogables por un período de veinte días más, el órgano garante respondió a ciudadanos del Colectivo Puerto Morelos Transparente que podría estar emitiendo sus resoluciones hasta el 2018, puesto que los recursos de revisión interpuestos hace dos meses ni siquiera han sido admitidos.
El Colectivo Puerto Morelos Transparente, que ha intentado obtener diversa información del ayuntamiento gobernado por la verde-ecologista Laura Fernández Piña interpuso cinco recursos de revisión el pasado junio, con lo que han transcurrido los primeros cuarenta días hábiles que tiene el Instituto de Acceso a la Información para resolver las inconformidades de los ciudadanos por las negativas de acceso a la información, sin que este órgano garante haya cumplido ni siquiera con la admisión de los recursos.
Este lunes, el abogado proyectista del IDAIQROO, Martín Navarrete, informó vía telefónica a uno de los integrantes de este colectivo ciudadano que los recursos de revisión aún no habían sido admitidos debido a la carga de trabajo, y además, que no había fecha pronta para su admisión, por lo que tampoco la había para su resolución.
El Colectivo Puerto Morelos Transparente solicitó a la alcaldesa Laura Fernández Piña ‘Proporcionar el nombre de las personas físicas y morales que han prestado algún servicio al ayuntamiento de Puerto Morelos, detallar que tipo de servicios y el monto pagado’; ‘decir a cuánto asciende el adeudo del ayuntamiento de Puerto Morelos con sus proveedores, nombre de las personas físicas y morales a las que les adeuda y detallar el bien o servicio prestado’; ‘detallar cuántos inmuebles de los que ocupa el ayuntamiento de Puerto Morelos son arrendados, ubicación de los mismos, nombre del arrendador, monto pagado por el servicio y contrato de arrendamiento de cada inmueble en versión digital’; entre otras solicitudes de información que no han tenido respuesta.
Cabe recordar que los ciudadanos organizados de Puerto Morelos también denunciaron ante el Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo a la ex priista Laura Fernández por no poner a disposición de los ciudadanos, de forma abierta y permanente, la información pública obligatoria que marca el artículo 91 y 93 de la Ley de Transparencia del estado; y a pesar de que este Instituto verificó el incumplimiento, no emitió ninguna medida de apremio.
En lo que toca a los recursos de revisión, la Ley de Transparencia es clara en el sentido del cumplimiento de los plazos que tiene el IDAIPQROO para resolverlos, así como en lo relativo a su admisión, por lo que el incumplimiento por parte del Instituto de Transparencia en la substanciación de los recursos en los tiempos legales estipulados es un asunto grave, ya que se trata del órgano que debería “garantizar” a los ciudadanos su derecho humano de acceso a la información.
Para Somos Tus Ojos es evidente la continuidad en la política de opacidad que caracterizó la administración de Roberto Borge Angulo, con un órgano garante sin independencia real y que sigue respondiendo a intereses contrarios a la transparencia y a la rendición de cuentas.
No sobra mencionar, que la Ley de Transparencia de Quintana Roo aprobada en mayo de 2016, es un texto deficiente, retrógrada y que no privilegia el derecho del ciudadano, pues mientras la Ley de Transparencia de Coahuila establece un plazo de 20 días, prorrogables 10 días más para la resolución de los recursos de revisión; y la del estado de Tabasco 30 días, prorrogables por 10 días más, la ley de Quintana Roo se amplía hasta 60 días hábiles para resolver las inconformidades de los ciudadanos; aunque en la práctica puede prolongarse sin límite alguno.