CHETUMAL, MX, 28/08/2017.- Este lunes, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) y de la asociación Somos Tus Ojos, presentaron ante la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) una queja en contra del oficial mayor del gobierno del estado, Manuel Alamilla Ceballos, y del Director General de Administración, José Manuel González Acosta; con el fin de que investigue si se apegó a la legalidad la licitación OM-LPN32-2017 para la confección de 114 mil 422 paquetes de uniformes para hombre y 108 mil 165 paquetes de uniformes para mujer.
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En la queja presentada, se le requiere a la Contraloría realizar una profunda y amplia investigación en virtud de que, de lo publicado en los medios de comunicación y de las aclaraciones realizadas a través de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del estado, no se puede aseverar que sean ciertos o falsos los siguientes puntos en torno a la licitación:
a) Que la empresa Comercializadora Adicon S.A. de C.V, tiene infraestructura instalada y la capacidad para poder cumplir con el contrato de maquila de uniformes por los que recibió un monto de 104 millones de pesos.
b) Que las empresas de Quintana Roo no cuentan con la capacidad y organización para poder cumplir con lo licitado.
Los promoventes de la presente queja, consideramos que por la inquietud y la inconformidad que ha generado la referida licitación en la sociedad quintanarroense y porque los ciudadanos tenemos el derecho de conocer con exactitud el destino de los recursos públicos, la Contraloría, con fundamento en el artículo 47, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, debe investigar si la adjudicación de la licitación a favor de la empresa Comercializadora Adicon S.A. de C.V. se apegó a estricto derecho, para lo cual le requerimos investigar a profundidad el caso mediante la obtención, en su carácter de autoridad, de diversos documentos, así como el desahogo de pruebas varias.
Entre los documentos que se le pide a la Contraloría integrar al expediente están el acta constitutiva de la persona moral Comercializadora Adicon S.A. de C.V., las declaraciones fiscales de la empresa de los últimos 2 años, para demostrar que anterior a la licitación recientemente ganada, Comercializadora Adicón S.A. de C.V. ha sido un proveedor constante de los artículos que vendió al gobierno de Quintana Roo y en número similar a los de la licitación OM-LPN32-2017.
También se le requiere a la Contraloría gestionar la realización de un estudio socioeconómico, con el apoyo de alguna universidad o colegio de especialistas, con el cual se pretende esclarecer si en Quintana Roo las empresas que existen dedicadas al ramo textilero y/o a la confección de uniformes cuentan o no con capacidad en instalaciones, personal, recursos económicos, y capacidad de producción, para poder participar y resultar ganadoras de la licitación, cuestionada; así como si éstas en su conjunto podrían haber ofertado o por lo menos igualado el precio que Comercializadora Adicón ofreció al gobierno de Quintana Roo.
Igualmente, se le requirió a la Secretaría de la Contraloría investigar si la empresa ganadora de la licitación cuenta con los recursos económicos, materiales y de infraestructura necesarios para cumplir con el contrato adjudicado, en los términos y tiempos establecidos.
También se le pidió a la SECOES realizar una pericial económica, consistente en conocer el costo en el mercado, por unidad de prenda y por kit de uniformes a fin de establecer si el monto pagado por los millares de uniformes corresponde a un precio de mayoreo.
Finalmente, se le requirió a la Contraloría, llevar a cabo una inspección ocular del domicilio fiscal de la empresa beneficiada, así como del domicilio en el que Comercializadora Adicon S.A. de C.V. tiene sus talleres de maquila, prueba en la que uno de los ciudadanos firmantes de la presente queja fungirán como testigo social.
Los firmantes de la presente queja y solicitantes de la investigación, tenemos la convicción que solo mediante procesos transparentes y con el acompañamiento ciudadano, se podrá ir estrechando la amplia brecha que separa la administración pública sin ciudadanos de la gobernanza y las sociedades participativas.
La referida licitación de uniformes, si bien tiene un propósito positivo, terminó convertida en un acto de amplio repudio ciudadano; de allí la importancia de que la SECOES acceda a la presente queja y realice la investigación solicitada.