ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA OPACA, APRESURADA Y CUESTIONABLE

Consideramos que la manera como se realizó la elección de los magistrados contraviene los principios de transparencia, confianza, credibilidad y ética que requiere el Tribunal de Justicia Administrativa, y es una muestra de que el cambio de gobierno fue solo de colores pero no de prácticas ni de conductas.

 

CANCÚN, MX, 28 de diciembre de 2017.- Los diputados de la XV Legislatura ignoraron el pronunciamiento que las organizaciones Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo y el Observatorio Legislativo de Quintana Roo hicieran el pasado doce de diciembre respecto del proceso de selección de las personas que fungirán como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa en el sentido de que los elegidos deberían cumplir no solo con los requisitos de legalidad sino también de legitimidad.

Las asociaciones advertimos desde el inicio del proceso que entre los postulados se encontraban servidores públicos en funciones y ex funcionarios con evidente dependencia y afinidades políticas que no debían ser designados como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, así mismo demandamos que los elegidos cumplieran con el requisito de contar con buena reputación, experiencia de haberse desempeñado con eficacia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o de haberse distinguido por su honorabilidad,   competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica; como lo señala el artículo 101 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Asimismo, como representantes de la sociedad civil, exigimos que los magistrados fueran designados por el pleno del Congreso y no por la Diputación Permanente integrada por seis diputados que eligieron a los cinco magistrados, algunos de los cuales tienen claros vínculos políticos y otros más no cumplen con los requisitos de ley.

PROCESO OPACO Y SIN DISCUSIÓN 

Tras la designación del pasado 26 de diciembre, reiteramos nuestra postura de que la elección de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se llevó a cabo mediante un proceso opaco, pues no se hizo público el curriculum vitae de las personas que integraron las binas enviadas por el gobernador Carlos Joaquín González a la Diputación Permanente; además, el proceso careció del mínimo análisis y debate que requiere un tema de tal trascendencia pues la mayoría de los diputados de la XV Legislatura se encuentran de vacaciones, dejando a la Diputación Permanente el encargo de designar a los hombres y mujeres que durante los próximos seis y ocho años se desempeñarán como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Los integrantes de la Diputación Permanente que eligieron a los magistrados del Tribunal de Justica Administrativa son: Eduardo Lorenzo Martínez Arcila (PAN), José Esquivel Vargas (PRD), Ramón Javier Padilla Balam (PANAL), Carlos Mario Villanueva Tenorio (PES), Mayuli Latifa Martínez Simon (PAN), Fernando Levin Zelaya Espinosa (PAN) y Emiliano Vladimir Ramos Hernández (PRD).

CUESTIONADA ELECCIÓN

El Tribunal de Justicia Administrativa se encargará de dirimir las controversias que surjan entre particulares y la administración pública estatal y municipal, de allí la necesidad de que sus integrantes no tengan vínculos o dependencia partidaria o política. Este órgano además, forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

El proceso de designación de magistrados ha sido ampliamente cuestionado en la opinión pública y sobre algunos de los elegidos pesa la duda de que no cumplen con los requisitos de ley, como el de la residencia, o que tienen marcada relación política o de dependencia con la administración pública; por lo que Somos Tus Ojos ya requirió, vía transparencia, al Congreso y al Poder Ejecutivo la entrega del curriculum vitae y de los documentos, en versión pública, proporcionados por los ahora magistrados.

Consideramos que la manera como se realizó la elección de los magistrados contraviene los principios de transparencia, confianza, credibilidad y ética que requiere el Tribunal de Justicia Administrativa, y es una muestra de que el cambio de gobierno fue solo de colores pero no de prácticas ni de conductas.

SOMOS TUS OJOS LLEVA A TRIBUNAL CASO DEL MILLONARIO GASTO DE “AYUDAS SOCIALES” DEL CONGRESO

En un intento por tener acceso a las facturas, recibos y/o comprobantes del gasto de la partida “ayudas sociales” del Congreso de Quintana Roo, que en el 2016 ascendió a 55.8 millones de pesos, y que al primer semestre del 2017 ya sumaba 46.9 millones de pesos, Somos Tus Ojos presentó un amparo, mismo que fue admitido con el número 814/2017 por el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chetumal, el pasado 30 de noviembre.

CHETUMAL, MX, 05/12/2017.- En un intento por tener acceso a las facturas, recibos y/o comprobantes del gasto de la partida “ayudas sociales” del Congreso de Quintana Roo, que en el 2016 ascendió a 55.8 millones de pesos, y que al primer semestre del 2017 ya sumaba 46.9 millones de pesos, Somos Tus Ojos presentó un amparo, mismo que fue admitido con el número 814/2017 por el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chetumal, el pasado 30 de noviembre.

VER GASTO EN AYUDAS SOCIALES 

Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo reclama del Congreso del estado haber declarado “inexistente” la información relativa a los documentos que pudieran justificar el gasto en “ayudas sociales” del 2016 y del primer trimestre del 2017, así como por solicitar el pago de 4 mil 900 pesos para tener acceso a los documentos del gasto en apoyos sociales correspondiente al segundo trimestre del 2017.

En el amparo presentado, se señalaron tres autoridades responsables: el Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo, Hassan Medina; el Comité de Transparencia del Poder Legislativo, y la Directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del Estado, Ana María de la Luz Hernández Ayala,

Del Titular de la Unidad de Transparencia se reclama la respuesta dada a las solicitudes de acceso a la información pública números 00797617, 00797817, 00797917 y 00798017, en las que se niega a dar acceso a Somos Tus Ojos a las facturas, recibos y/o comprobantes que amparen el gasto en diversos apoyos sociales cuyo monto alcanzó en el 2016, 55.8 millones de pesos, y del primer trimestre del 2017, por “inexistencia, así como por requerir el pago de $4,900.13 pesos como cuota de acceso para poder revisar las facturas, recibos y comprobantes del gasto en apoyos sociales del segundo trimestre del 2017.

Cabe destacar que al primer semestre del 2017 la XV Legislatura ya había gastado 46.9 millones de pesos en apoyos sociales.

Del Comité de Transparencia del Poder Legislativo se reclama haber emitido el “acuerdo de inexistencia de la información”, argumentando que las facturas, recibos y/o comprobantes ya se entregaron a la Auditoría Superior del estado, por lo que resultaba materialmente imposible ponerlas a consulta de Somos Tus Ojos. Igualmente se reclamó el haber avalado el cobro de 4 mil 900 pesos para dar acceso a los documentos del segundo trimestre del 2017.

En tanto de la Directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del Estado, Ana María de la Luz Hernández Ayala, quien maneja directamente el millonario presupuesto de “ayudas sociales”, se reclama la omisión de conservar en sus archivos los documentos solicitados.

Somos Tus Ojos recurrió a la justicia federal como la instancia que puede garantizar su derecho humano de acceso a la información pública, al considerar que la “inexistencia” de los documentos solicitados no tiene fundamento en ningún ordenamiento legal, lo que es contrario al mandato que deben cumplir todos los sujetos obligados de conservar los documentos en sus archivos; asimismo, la exigencia del pago de 4 mil 900 pesos viola el precepto constitucional de la gratuidad de acceso a la información, máxime que la asociación requirió ver los documentos, no que le fueran entregados en fotocopias o que le fueran enviados.

Otro de los agravios planteados ante el juez federal que deberá resolver el amparo interpuesto, se centra en el derecho de Somos Tus Ojos de combatir la corrupción, tutelado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pues como se recordará, el pasado 28 de octubre esta asociación asesoró y acompañó en su denuncia ante el Ministerio Público a la ciudadana Cecilia Sánchez Olais, quien aparece en las listas de beneficiarios de “ayudas sociales” del último trimestre del 2016, sin que haya recibido ningún apoyo material o económico, de lo que se infiere la existencia de presuntos actos de corrupción por parte del Congreso del estado en el manejo del millonario presupuesto de “apoyos sociales”.

Según el Congreso de Quintana Roo del estado, los 102 millones de pesos gastados en 2016 y el primer semestre del 2017 en “ayudas sociales” se ha destinado a la compra de accesorios y suministros médicos, estudios médicos, medicamentos, suplementos alimenticios, apoyos a la educación, apoyos al deporte, alimentación, despensas, hospedaje, transportación, herramientas, material de construcción, gastos funerarios y ataúdes.

La audiencia constitucional del juicio de amparo está fijada para el 29 de diciembre próximo.

LEER: SE DENUNCIA POR PECULADO A DIRECTORA DE GESTORÍA Y APOYO DEL CONGRESO

 

NO DEBE CONGRESO APROBAR CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCÚN

La empresa Óptima Energía S.A. de C.V., obtendrá ganancias por 100 millones de pesos anuales si el Congreso de Quintana Roo aprueba la concesión a 15 años del servicio de alumbrado público que le entregó el ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, sin que exista garantía del cumplimiento del servicio, pues la sociedad mercantil enfrenta varias controversias litigiosas en diversos municipios del país.

Hasta ahora, en ayuntamiento de Benito Juárez no ha hecho público el contrato de concesión que firmaría la empresa ganadora de la licitación pública MBJ-CDT-001-2017, sin embargo, según el documento “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión”, se lee en qué consistirá la contraprestación que obtendrá Óptima Energía S.A. de C.V.:

“La garantía de pago que se pretende ofrecer al Proveedor que resulte ganador del proceso licitatorio sería lo que resulte de la diferencia entre la recaudación del Derecho de Alumbrado Público y el pago de la facturación de energía eléctrica correspondiente del alumbrado público, conocido como remanente del Derecho de Alumbrado Público, así como también la partida presupuestal que el Municipio destina para la prestación del Servicio de Alumbrado Público. De igual manera, y solo como complemento a esta garantía, se sugiere también que el Ayuntamiento contemple en su momento otorgar cualquier garantía adicional que pudiera hacer falta para garantizar el pago a la prestación de este servicio.”

VER DICTAMEN COMISIONES UNIDAS LUMINARIAS

VER DICTAMEN COMISIONES UNIDAS LUMINARIAS

Esto significa que Óptima Energía S.A. de C.V. obtendrá como “garantía de pago” por la concesión, los recursos que ingresen por la recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), -descontando el pago a CFE del consumo de energía eléctrica-, más la partida presupuestal que el municipio de Benito Juárez destina para la prestación del servicio de alumbrado público. Sin duda un gran negocio.

De acuerdo a la solicitud de información 1816400232517 presentada ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por Gabriel Méndez, integrante del Colectivo Cancún Transparente, al primer semestre del 2017, la recaudación y pago por DAP en el municipio Benito Juárez era de alrededor de 70 millones de pesos.

En su respuesta, la CFE señaló que a través de convenios de colaboración firmados con los municipios, la CFE cobra el DPA, y en el caso del ayuntamiento de Benito Juárez, no entrega los recursos económicos a éste, sino que lo aplica a la cuenta por consumo de energía del alumbrado público, y en caso de existir una diferencia a favor o en contra, se aplica o se salda al siguiente mes.

Hasta agosto de 2017, por concepto de DPA, la CFE recaudó y aplicó a la cuenta del ayuntamiento de Benito Juárez, 95 millones 568 mil 787 pesos; al mes de  junio fueron 69 millones 215 mil 970 pesos, esto es, que para cuando concluya el año serán alrededor de 170 millones de pesos los recaudados y aplicados por DPA:

 

Benito Juárez ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
DAP Cobrado      11,917,045.34    10,117,626.30    12,476,679.37    10,905,561.64    12,245,297.49    11,553,762.49    14,172,630.52    12,180,187.86
DAP aplicado en la facturación    11,917,045.34    10,117,626.30    12,476,679.37    10,905,561.64    12,245,297.49    11,553,762.49    14,172,630.52    12,180,187.86

VER RESPUESTA CFE DPA alumbrado publico Cancun

En el mismo documento “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión”, se señala que “para garantizar la parte técnica del proyecto se solicitará que se compruebe la capacidad técnica de la empresa, contemplando la experiencia en proyectos similares y la calidad de los productos y servicios que ofrezcan, solicitando el cumplimiento de:”

  1. Experiencia y capacidad en la instalación de luminarias e implementación de Proyectos similares.
  2. Demostrar capacidad del personal que llevará a cabo la implementación del Proyecto.
  3. Que las luminarias e infraestructura que propongan cuenten con garantía de por lo menos 10 años y estén respaldada por su fabricante.
  4. Que las luminarias e infraestructura propuesta sea nueva.
  5. Que las luminarias propuestas cumplan con la Norma Oficial Mexicana NOM-031- ENER-2012.
  6. QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA GENERE AL MENOS UN AHORRO DE 43% DEL CONSUMO DE ENERGÍA (KWH) CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.

Este 43 por ciento de ahorro en energía representa en dinero 60.2 millones de pesos, considerando un cobro anual de 170 millones de pesos, de acuerdo a los recientes datos proporcionados por la CFE. Por lo tanto, si el ayuntamiento de Benito Juárez entrega a Óptima Energía S.A. de C.V., “la diferencia entre la recaudación del Derecho de Alumbrado Público y el pago de la facturación de energía eléctrica correspondiente del alumbrado público, conocido como remanente del Derecho de Alumbrado Público, así como también la partida presupuestal que el Municipio destina para la prestación del Servicio de Alumbrado Público significa que, tomando los números de este 2017, entregaría a la empresa regiomontana los 60 millones de pesos del “remanente del DPA”, más alrededor de 37 millones de pesos, que fue lo que se destinó en el 2016 para el suministro y sustitución de luminarias, su mantenimiento y los gastos de operación del propio Departamento de Alumbrado Público, según el documento referido, lo que hace un total de 97 millones de pesos que recibiría cada año, por los siguientes 15 años, Óptima Energía S.A. de C.V.

Por otra parte, en el referido documento, se señala que de acuerdo al Estudio Técnico Justificativo, “también observamos que se requiere de la desaparición del personal de Alumbrado Público municipal, siendo que actualmente tenemos 115 empleados que realizan esta función”, sin que en ninguna parte se aclare qué hará el ayuntamiento de Benito Juárez con los 115 trabajadores que perderán su fuente de trabajo.

En el documento, el ayuntamiento plantea incluso que de no aprobarse la concesión, se tendría que contratar un crédito: “otra opción que tenemos como Ayuntamiento es solicitar un crédito con alguna institución financiera, para poder llevar acabo la adquisición, instalación y mantenimiento de la infraestructura requerida para la prestación del Servicio de Alumbrado Público. El solicitar un crédito para llevar a cabo la inversión necesaria en infraestructura para brindar el Servicio de Alumbrado Público requerido, afectaría directamente a la contabilidad municipal ya que este representaría una deuda y el Ayuntamiento tiene el 100% de sus Participaciones Federales comprometidas y el solicitar un financiamiento, afectaría nuestras calificaciones y condiciones crediticias.”

De la lectura del “Dictamen sobre la conveniencia de que la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea realizada a través de un tercero bajo el régimen de concesión” es posible concluir que se trata de un documento con inconsistencias, poco claro y tendencioso, en el que se plantea un escenario catastrófico y prácticamente sin solución para el ayuntamiento de Benito Juárez si no se entrega en concesión el servicio de alumbrado público.

Es necesario subrayar que la empresa Óptima Energía S.A. de C.V., inicialmente llamada Celsol S.A.P.I., fue fundada por Enrique Gómez Junco Blancq-Cazaux, un ingeniero formado en el Tecnológico de Monterrey quien hace más de una década inició su negocio en el ramo de la energía termosolar y en la oferta soluciones para el alto consumo de energía; pero recientemente ha obtenido la concesión del servicio de alumbrado público en varios municipios del país, con un historial altamente negativo, como en los municipios de Ensenada y Tijuana, en Baja California, y en los municipios de General Zuazua y Cadereyta, en Nuevo León, donde enfrenta procesos litigiosos.

Por lo anterior, Somos Tus Ojos hace un llamado a los integrantes de la XV Legislatura a no aprobar la concesión a 15 años del servicio de alumbrado público del municipio Benito Juárez.