CHETUMAL, MX.- El pasado 27 de abril, la XIV Legislatura aprobó por unanimidad la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se incorpora la obligación de funcionarios y servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y declaraciones fiscales de los últimos cinco años, la llamada 3de3.
La Ley de Transparencia de Quintana Roo se apega a la Ley General de Transparencia, sin embargo, los legisladores dejaron pasar la oportunidad de remontar al estado a un lugar privilegiado en materia de Transparencia
Recomponen Ley de Transparencia, eliminan reservas ilegales
Finalmente, los legisladores modificaron el anteproyecto de Ley de Transparencia en el que se contemplaban limitantes ilegales al acceso a la información, tal y como lo señaló la asociación civil “Somos tus Ojos Transparencia por Quintana Roo” el 11 de marzo pasado. La XIV Legislatura eliminó como información reservada la que “comprometa la seguridad pública del Estado y sus municipios”, dejando la reserva de información a la que “comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable”;
Igualmente, eliminó las fracciones del artículo 9 que dispensaban a los sujetos obligados la entrega de información cuando “no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud”, y “no obre en algún documento”.
Decepciona Ley de Transparencia de Quintana Roo
Los legisladores de Quintana Roo renunciaron a entregar una Ley de Transparencia vanguardista, pues conservan la reserva de información por cinco años, prorrogables a otros cinco, lo que quiere decir que la información puede permanecer “enterrada” hasta por 10 años; lo anterior es sin duda una garantía de impunidad para lo sujetos obligados.
En este tema, leyes como la del estado de Coahuila son ejemplo, pues el legislador de esa entidad estableció una reserva de información solo por dos años, prorrogable a un año más; es decir, el tiempo máximo de “secrecía” de la información será de tres años.
La Ley de Transparencia de Quintana Roo tampoco privilegia el derecho constitucional de los ciudadanos del acceso a la información, pues establece un término excesivo para resolver los recursos de revisión, de tres meses.
También se quedó limitada en lo relativo a la designación de comisionados, pues no incluyó entre los requisitos de quienes integren el máximo órgano del Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo (IDAIPQROO), el de contar con experiencia en la materia, lo que mantiene el carácter político de tan importante institución, y el nombramiento a modo de los comisionados. La Ley recién aprobada únicamente habla de que “privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales y atender la igualdad de género”, pero no como un requisito indispensable.
Sin castigo a quienes incumplan la entrega de información
La Ley de Transparencia de Quintana Roo también se quedó corta en cuanto a la aplicación de medidas de apremio y sanciones para los sujetos obligados que incumplan con la entrega de información, ya que únicamente enuncia la existencia de medidas de apremio, sanciones y multas, pero no establece cómo se aplicarán ni los términos para su cumplimiento.
En el artículo 192 de la Ley se lee: “el Instituto PODRÁ imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: I. Amonestación pública o privada, o II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente”.
Sin embargo, en la Ley no se detalla un catálogo de sanciones para los supuestos de incumplimiento, ni los tiempos en que un sujeto obligado deberá cumplir con lo mandatado por el Instituto de Transparencia, y menos aún el término en el que debe satisfacerse una multa.
El legislador volvió a dejar a un Instituto de Transparencia sin fuerza para hacer cumplir a los sujetos obligados con sus determinaciones.
Nuevamente cito como ejemplo la Ley de Transparencia de Coahuila que establece con claridad la aplicación de sanciones para los sujetos obligados incumplidos, sobres los que se impondrá, además de multas, la separación temporal del cargo, en tratándose de funcionarios, y hasta la separación permanente del mismo. Ello sin duda coloca a la institución de la transparencia en un plano de importancia primordial.
