INSTITUTO DE TRANSPARENCIA PREMIA OPACIDAD DE LA FISCALÍA DE QROO

El pasado 13 de agosto, la Fiscalía General de Quintana Roo recibió un reconocimiento por Buenas Prácticas de Transparencia por parte del Instituto de Transparencia del estado, sin embargo, ambas dependencias promueven la opacidad.

El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, confirmó reservar el nombre de los funcionarios a los que se le asignaron plazas de Fiscal del Ministerio Público y policías ministeriales durante la gestión de Óscar Montes de Oca Rosales, entonces Fiscal General, dentro del recurso de revisión RR/0807-23/CYGA.

Gobernadora Mara Lezama/Comisionada Magda Lozano Ocman

Ya estando el fiscal Raciel López Salazar al frente de la FGE, el 21 de septiembre del 2023, la Unidad de Transparencia de dicha dependencia dio contestación a la solicitud de información en la que Somos Tus Ojos requirió el número de plazas de fiscales y agentes ministeriales creadas en la administración de Montes de Oca Rosales, y si éstas se asignaron de forma directa o por concurso.

En su respuesta, la Unidad de Transparencia de la FGE refirió que en la administración de Óscar Montes de Oca Rosales se crearon 28 plazas para el puesto de Fiscal del Ministerio Público y 39 para el puesto de policía de investigación; en cuanto a los nombres de los funcionarios “esta información se encuentra clasificada como reservada mediante sesión de comité (…) por tratarse de información relativa servidores públicos con funciones sustantivas (operativas)”. La Fiscalía justificó la reserva argumentando, entre otros aspectos que “dar a conocer información relativa a los nombres del personal operativo, representa un riesgo real para la seguridad de dicho personal, ya que podrían ser identificados por grupos delictivos, dando como resultados posibles atentados contra sus vidas y contra la de sus familias (…)”:

“… se trata de información de personal que realiza funciones de carácter operativo relacionado con actividades de investigación y persecución del delito, por lo que al dar a conocer los nombres y cargos que ocupan dichos servidores públicos, se estaría revelando al estado de fuerza con que cuenta esta institución, poniendo en grave riesgo las acciones del estado tendientes a la prevención y persecución de delitos. De igual manera, el dar a conocer información relativa a los nombres del personal operativo, representa un riesgo real para la seguridad de dicho personal, ya que podrían ser identificados por grupos delictivos, dando como resultados posibles atentados contra sus vidas y contra la de sus familias de no reservarse a esta información. Ello permitiría que integrantes de grupos delictivos pudieran identificarlos con facilidad. Al dar a conocer dicha información, ésta puede ser aprovechada para conocer la capacidad de reacción de esta institución e impedir u obstaculizar las funciones que ejerce el Ministerio público, lo cual comprometería el éxito de las investigaciones”.

Ante dicha respuesta, Somos Tus Ojos presentó un recurso de revisión, resuelto en marzo pasado, en el que el IDAIPQROO confirmó la reserva de la información que la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado realizó mediante sesión de 5 de marzo de 2024, en la que confirmó un acuerdo de 2022 para reservar dicha información.

La comisionada del IDAIPQROO, CLAUDETTE YANELL GONZÁLEZ ARELLANO, desestimó los argumentos de Somos Tus Ojos en el sentido de que la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado no acreditó cómo se puede poner en peligro el orden público, cómo se pueden entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, cómo se puede menoscabar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales; en caso de hacerse pública la información relativa a los nombres de los funcionarios que recibieron plazas por asignación directa.

Por el contrario, Somos Tus Ojos insistió en la necesidad de conocer cómo han obtenido sus plazas las personas dedicadas a la investigación del delito, si se trata de funcionarios beneficiados por “simpatía” o “favor” del Fiscal en turno, o si pasaron por un examen de selección o acreditaron algún tipo de examen.   

Ninguno de los argumentos de esta asociación fueron tomados en cuenta por el Instituto de Transparencia de Quintana Roo que confirmó la determinación de la Fiscalía de reservar la información solicitada.

El 13 de agosto pasado, la Fiscalía presumió el reconocimiento que le hizo el IDAIPQROO a esta dependencia y a otras noventa por su cumplimiento en transparencia…

El evento estuvo presidido por la gobernadora Mara Lezama, quien desde que era alcaldesa de Cancún, ha promovido la opacidad y ha simulado la rendición de cuentas.  

MARA LEZAMA DESAFÍA A AMLO. SE NIEGA ASEGURAR EL PREDIO DONDE SE CONSTRUYE AMARES RESIDENCIAL

La SEDATU le requirió a la Fiscalía General del Estado el aseguramiento físico del predio El Pocito, para preservar el estado actual y legal del terreno; la dependencia federal también le pidió a la FGE asegurar el folio del Registro Público de la Propiedad; pero Raciel López Salazar se negó a hacerlo.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo negó a la SEDATU el aseguramiento del predio El Pocito, despojado a los indígenas mayas Roberto Chan Puc y María Guadalupe Canul y en el que la empresa Four Cardinals Develpment México SA de CV construye Amares Residencial.

Amares Residencial es un proyecto de 1454 lotes, ubicado sobre el predio “El Martillo”, un terreno con título apócrifo que abarca más de 700 hectáreas de terrenos nacionales, cercano a Puerto Aventuras, y que ha devastado, sin ningún tipo de permiso, una parte importante de selva antes virgen.

El 8 de julio pasado, la Directora Jurídico Contencioso de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) le informó a la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Delitos Patrimoniales de Playa del Carmen, que el predio El Pocito es terreno nacional, y  le solicitó que le reconociera a la dependencia la calidad de víctima en la carpeta de investigación FGE/QROO/SOL/01/544/2023, iniciada por la denuncia interpuesta por Roberto Chan Puc, por el delito de despojo en contra de Four Cardinals y de una persona física.

La SEDATU le requirió a la Fiscalía el aseguramiento físico del predio El Pocito, para preservar el estado actual y legal del terreno; la dependencia federal también le pidió a la FGE asegurar el folio del Registro Público de la Propiedad y el Comercio relacionado con El Pocito, y que corresponde al título falso de Four Cardinals Development México SA de CV.

Sin embargo, el 10 de julio pasado, la Fiscal Laura Beatriz Uicab Batún, acordó de forma negativa la solicitud de la SEDATU de asegurar el predio El Pocito, bajo el pretexto de que aún necesita realizar actos de investigación, y porque el predio se encuentra ocupado por “terceras personas” que podrían resultar afectadas, esto es, por la empresa Four Cardinals Development México.

La Fiscal Laura Beatriz Uicab mintió a la SEDATU, pues también pretextó que requiere realizar actos de investigación relacionados con la “identidad del predio”, sin embargo, dentro de la carpeta de investigación, iniciada desde enero de 2023, ya existe un dictamen emitido por un perito de la propia Fiscalía, en el que confirma la identidad del predio, las medidas y colindancias.

MARA LEZAMA PROTEGE NEGOCIO DEL EX EMBAJADOR CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ

La negativa de la Fiscalía General del Estado representa una confrontación por parte de la gobernadora Mara Lezama con el gobierno federal, que a través de la SEDATU mantiene decenas de denuncias y procesos en contra de empresarios que se apropiaron de terrenos nacionales, muchos con títulos falsos o mediante procedimientos irregulares.

En el caso del predio El Pocito, la denuncia fue presentada por el señor Roberto Chan Puc en enero de 2023, luego de que trabajadores de Four Cardinals le impidieron entrar a su terreno.

Previo a que se consumara el despojo en contra de los indígenas mayas, la Fiscalía General del Estado, a través de una denuncia ficticia, y una carpeta diversa, en septiembre de 2022, aseguró una extensa zona de terrenos nacionales, incluido El Pocito, y en octubre de 2022, se los entregó a Four Cardinals Development México SA de CV, con lo que le dio a la empresa despojadora la posesión del predio, la cual no tenía, ya que su título y el polígono “El Martillo” fue creado desde una oficina, en los años es los que Carlos Joaquín González era Gobernador.

El título falso de Four Cardinals Development México SA de CV, fue supuestamente expedido por la Secretaría de la Reforma Agraria el 26 de diciembre de 1994, pero fue registrado 23 años después, el 18 de octubre de 2017, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Playa del Carmen.

A la fecha, la SEDATU ha corroborado que es inexistente el título El Martillo, con el que Four Cardinals Development México comercializa el proyecto Amares Residencial; que en esa dependencia no obra el mismo, y tampoco existe el supuesto expediente del que se deriva.

AMARES RESIDENCIAL, LA ILEGALIDAD PROTEGIDA

La intervención de la SEDATU en la carpeta de investigación en la que el señor Roberto Chan denunció el despojo, y la identificación por parte de la dependencia federal de los terrenos donde se desarrolla Amares Residencial como nacionales, no deja lugar a dudas a lo que la empresa Four Cardinals está cometiendo diversos delitos con el auxilio y protección de la más alta autoridad de Quintana Roo, es decir, de la gobernadora Mara Lezama.

La solicitud de la SEDATU de que se le reconozca la calidad de víctima, deriva de una petición formal realizada en enero de 2024 por parte del señor Roberto Chan Puc y su esposa Guadalupe Canul, para que la dependencia interviniera en la carpeta de investigación, puesto que la indígena maya tiene un avanzado trámite ante la SEDATU por la regularización del predio El Pocito.

Hasta ahora, Fiscalía General del Estado, a cargo de Raciel López Salazar, y el Poder Judicial de Quintana Roo comandado por el notario Heyden Cebada Rivas, han brindado total protección e impunidad a la empresa Four Cardinals Deveoplment  México, en la que participa el ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, actual embajador de México en Canadá.

La Fiscalía General del Estado, además de negarse a lo solicitado por la SEDATU, también le ha negado al señor Roberto Chan Puc, su petición de judicializar la carpeta de investigación bajo el pretexto de que no sabe dónde ubicar a la empresa Four Cardinals Development México.

VENDIDO 70 POR CIENTO DE AMARES RESIDENCIAL  

De acuerdo a un video difundido por Amares Residencial, a la fecha, y a pesar de las múltiples ilegalidades, el proyecto que se presume de ecológico, y se vende como “terrenos y casas con cenotes”, está comercializado al 70 por ciento.

La vendedora identificada como “Brenda”, detalla que cuentan con lotes de 650 a 1200 metros “para que tengan una conexión increíble con la naturaleza”.  “Atrás tenemos los cenotes, que son terrenos naturales donde se pueden venir a refrescar”, expresa Brenda

Resalta que “hemos tenido un gran éxito en Amares”, y que cuentan con “un gran avance de obra”, y el centro “wellness” ya puede ser visitado por los compradores interesados.

Según esta publicidad, los lotes se venden a partir de 113 mil dólares y la desarrolladora ofrece financiamiento hasta por 15 años, sin consulta de buró de crédito…

DEPREDACIÓN AMBIENTAL AVANZA SIN FRENO

El desarrollo Amares Residencial avanza sin freno, arrasando la selva antes virgen y depredando cenotes que eran utilizados por animales como jaguares, pumas, ocelotes, monos y múltiples aves.

En marzo pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reconoció que el desarrollo inmobiliario Residencial Amares no cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni autorización de cambio de uso de suelo, según informó la dependencia en respuesta a una solicitud de información.

Residencial Amares ha devastado decenas de hectáreas para crear amplios caminos, se encuentra explotando dos sascaberas, ha abierto cenotes para su explotación y ha creado senderos por donde transitan en tours de venta los futuros compradores del “eco proyecto”.

A pasos acelerados, con la complicidad del gobierno federal, estatal y municipal, la empresa Four Cardinals Development México SA de CV ya introdujo la infraestructura subterránea para el proyecto inmobiliario de miles de viviendas que se proyectan sobre terrenos de alta fragilidad ecológica. 

Debajo de los terrenos de Residencial Amares se extiende un sistema de ríos subterráneos, cenotes y cuevas de zinc, algunas de las que han conservado algunos de los vestigios paleontológicos más importantes de América, según investigaciones realizadas por David Mayor, y quien ha dado aviso del daño inminente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que tiene catalogada la zona como patrimonio cultural.

JAGUARES Y MONOS ARAÑA AMENAZADOS

Además del alto valor hídrico que tiene la zona donde se construye impunemente Amares Residencial, este territorio se encontraba totalmente virgen y era conservado gracias a que algunos de los propietarios de terrenos aledaños han mantenido los mismos intactos, sin explotación alguna, lo que ha permitido la preservación de la selva y la conservación del hábitat de especies como el jaguar, el puma, el mono araña e infinidad de aves como el ocofaisán, y otras especies en peligro de extinción o catalogadas en riesgo, y que ahora están siendo desplazadas.

Con un intenso trabajo de parte de David Mayor y Elías Seinbenborn, quienes durante años han mapeado la actividad de la fauna mediante cámaras nocturnas, los ambientalistas han podido verificar la salud de la selva y el hábitat que hoy se encuentra amenazada con el proyecto inmobiliario.

UN ENTRAMADO DE PROTECCIÓN

En el entramado de protección a la empresa Four Cardinals Development México SA de CV, y detrás de la que estaría el ex gobernador Carlos Joaquín González participan no solo autoridades federales como la PROFEPA que se negó a clausurar las obras, sino también jueces federales.

En marzo de 2024, María Guadalupe Canul Cab interpuso un amparo por la depredación ambiental que lleva a cabo Amares Residencial, y desde la presentación del juicio de garantías, el Juez Quinto de Distrito con residencia en Cancún, Alfonso Robles Cuétara, se negaba a admitir el mismo.

Robles Cuétara, en dos meses resolvió el amparo, y en mayo de 204 sobreseyó el juicio de garantías.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado, uno de los más corruptos del Vigésimo Séptimo Circuito, en la tramitación de la suspensión, con la que Guadalupe Canul pedía que las obras se detuvieran, incluso desconoció el interés legítimo de la señora maya para interponer el amparo.

La defensa del predio El Pocito le ha costado a los señores Roberto Chan Puc y María Guadalupe Canul, una demanda por 55 millones de pesos por parte de Four Cardinals, por supuesto daño moral, y su abogada, la también periodista Fabiola Cortés Miranda, enfrenta dos millonarias demandas civiles y dos denuncias que se siguen en la Fiscalía General de Quintana Roo

CAFETERIA DEL CONGRESO DE QROO ES PARA “INTERCAMBIAR IDEAS” Y DESESTRESARSE DE LA CARGA DE TRABAJO

La cafetería pretende ser un punto de encuentro y facilitar la interacción y el intercambio de ideas entre los trabajadores, según la propuesta.

A través de la respuesta a la solicitud de información 231285300013124, presentada por Somos Tus Ojos, la XVII Legislatura dio detalles sobre la polémica cafetería que se proyecta construir en la plazoleta del Congreso de Quintana Roo, y cuyos trabajos comenzaron con el retiro de la estatua de Andrés Quintana Roo

Foto: https://noticaribepeninsular.com.mx/inicia-construccion-de-cafeteria-en-plaza-civica-del-congreso-de-qr/

La iniciativa fue realizada a solicitud del director general administrativo Gustavo Cach Pech, quien propuso la construcción de una cafetería integral “la cual ofrezca opciones de alimentación saludable, y un ambiente acogedor en donde los trabajadores tengan un lugar digno para el consumo de sus alimentos, así como los visitantes y autoridades que acuden eventualmente al recinto a realizar diversas gestiones, reuniones de trabajo y demás actividades”, según se lee en el acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Obras Públicas  del Poder Legislativo de 25 de abril de 2024.

El Director General Administrativo, justificó que “La cafetería pretende ser un punto de encuentro dentro de nuestras instalaciones, facilitando la interacción y el intercambio de ideas entre los trabajadores”.

El funcionario señaló que los 599 empleados de base y confianza que prestan sus servicios en el Congreso de Quintana Roo, “durante el periodo ordinario de sesiones se ven en la necesidad de permanecer en el recinto debido a la carga intensa de trabajo, por lo que dicho anexo pretende ofrecer principalmente un servicio a los empleados del Poder Legislativo que requieren un espacio digno y confortable para el consumo de sus alimentos (…)”.

Para la modificación del inmueble que ocupa el Congreso de Quintana Roo se requirió la autorización del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, para lo cual el 15 de abril de 2024, su titular, Lilián Jesús Villanueva Chan informó a la Secretaría del Poder Legislativo que “para el Instituto no existe inconveniente alguno para la realización de los trabajos que se pretenden llevar a cabo en el recinto de ese poder legislativo”, designando al director de Patrimonio Cultural, Felipe Octavio Ley López, como el funcionario encargado de dar seguimiento al proyecto.

En su propuesta, el director general administrativo Gustavo Cach, reconoció que el recinto que alberga el Poder Legislativo fue considerado como Patrimonio Cultural del Estado mediante el decreto número 329 de 15 de mayo de 2019, sin embargo, afirmó que “el diseño conceptual del proyecto que se pretende llevar a cabo fue elaborado cuidadosamente para no afectar fachadas, conservar el diseño original de la construcción, y sin ninguna afectación estructural al inmueble”.

El mural “De territorio a estado de Quintana Roo”, que se ubica anexo al edificio del Poder Legislativo quedaría dentro del proyecto de construcción. Dicho mural no es parte de la declaratoria de patrimonio cultural y los derechos patrimoniales fueron cedidos por el autor mediante instrumento público notarial el dos de octubre del año 2015.

FOTO; https://quintanarooahora.com.mx/2024/06/suspenden-temporalmente-construccion-de-cafeteria-en-el-congreso-de-q-roo/

Además de la anuencia del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, el proyecto de cafetería cuenta con la resolución de exención en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo, emitida mediante oficio número SEMA/DS/SGPA/DIRA/0858/2024 y clave EXE-004-IV-24-0054; la licencia de construcción con número de folio LC-156-2024 y la licencia de uso y destino del suelo condicionado expedida por la Dirección General de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología con número de licencia 0000139.

Actualmente la construcción de la cafetería del Congreso se encuentra detenida gracias a varios amparos en los que se ha concedido la suspensión de los trabajos, y es que se trata de un proyecto repudiado por la ciudadanía.

CANSADOS DE DESCANSAR

El pretexto de la Cafetería del Congreso, y que costaría 5 millones 105 mil 415 pesos más IVA, fue “la carga intensa de trabajo” durante los periodos de sesiones.

De acuerdo al artículo 61 de la Constitución Política del estado de Quintana Roo, cada año de ejercicio constitucional tendrá dos periodos ordinarios de sesiones, el primero, será del 5 de septiembre al 15 de diciembre y el segundo, del 15 de febrero hasta el 31 de mayo del año que corresponda.

Esto es, los diputados realmente trabajan tres meses y 10 días en el primer periodo de sesiones y tres meses y 15 días en el segundo periodo de sesiones, pero cada mes cobran puntualmente su salario y demás compensaciones.

ES EL CONGRESO DE QUINTANA ROO UNO DE LOS MÁS CAROS DEL PAÍS

Para el ejercicio 2024, el diputado de MORENA, Luis Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVII Legislatura, solicitó 511 millones 829 mil 642 pesos, de los cuales más del 50 por ciento ($343,642,332) se destinarían al pago de salarios y demás prestaciones para los trabajadores.

A la partida “ayudas sociales” se le asignaron 25 millones de pesos, la cual ha sido manejada con total opacidad y discrecionalidad por los diputados, y que en esencia representa un recurso que se reparten los legisladores.

Los diputados pidieron además 12 millones 795 mil 100 pesos para gastos de comunicación social y publicidad, es decir, para el pago a la prensa.

A viáticos u “servicios oficiales” etiquetaron casi 15 millones de pesos, y para “servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”, destinarían 4.7 millones de pesos.

LOS QUINTANARROENSES, DE LOS DIPUTADOS MÁS CAROS DEL PAÍS

De acuerdo al Informe Legislativo 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad, los diputados de Quintana Roo se encuentran entre los más caros del país, en el lugar número seis, pues cuestan alrededor de 19.4 millones de pesos cada año fiscal, muy por encima del promedio nacional que es de 12.5 millones de pesos, y por sobre los congresistas de los otros dos estados de la Península, donde en Yucatán cada diputado cuesta 5.6 millones de pesos, y en Campeche, 5.7 millones de pesos.

El Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2023 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, también coincide en cuanto a que el Congreso de Quintana Roo es uno de los que mayor presupuesto ejerce, pues en 2022 gastó 477.7 millones de pesos, ubicándose en el número 11, por encima de congresos como el de Nuevo León, Durango y Tamaulipas.

El contraste es todavía mayor si se compara el gasto del Congreso de Quintana Roo con el de Yucatán, cuyo dispendio en 2022 fue de 151.3 millones de pesos, es decir, poco menos de un tercio de lo que los quintanarroenses destinamos para mantener a la alta y cara burocracia legislativa.

También, el Congreso de Quintana Roo es uno de los que más personal de apoyo cuenta para los diputados, con 152 personas, ubicándose en el noveno lugar.

EN TIEMPOS ELECTORALES, LILI CAMPOS MIRANDA GASTA 120 MILLONES DE PESOS EN “JUSTICIA SOCIAL”

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana de Playa del Carmen pasó de tener un presupuesto de casi 36 millones de pesos en 2023, a contar con poco más de 83 millones en 2024, año electoral.

MANEJABA EL PRESUPUESTO CANDIDATO A DIPUTADO CERCANO A FILIBERTO MARTÍNEZ

El millonario presupuesto que la alcaldesa Lili Campos Miranda asignó a esta dependencia es más que cuestionable, porque al frente de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana hasta hace unas semanas se encontraba Santiago Chávez Marfil, actual candidato a diputado por el Distrito 9, y quien es la mano derecha desde hace más de 20 años de Filiberto Martínez Méndez, quien se ostenta y presume como “operador” electoral de Campos Miranda, y quien además ocupa la primera posición de los espacios plurinominales del PRI al Congreso de Quintana Roo.

En el 2023, Lili Campos Miranda asignó a la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana un presupuesto de $23 millones 427 mil pesos, y éste tuvo una ampliación por otros 12 millones 500 mil pesos, para sumar un total de 35 millones 927 mil pesos, de acuerdo a la respuesta a la solicitud de información 231288100075023.

En el 2024, año electoral, Campos Miranda triplicó el presupuesto de esta Secretaría, y le asignó 83 millones 309 mil 259 pesos.    

SE NIEGA LILI CAMPOS A DECIR CÓMO GASTA LOS 120 MILLONES DE PESOS

La alcaldesa de Solidaridad, y cercana al ex gobernador Carlos Joaquín González, se negó a detallar el gasto ejercido por la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, pues la Unidad de Transparencia  proporcionó diversas ligas en las que no se encuentra publicada la información, por lo que se interpuso un recurso de revisión para conocer cómo se gasta el dinero destinado a dicha Secretaría.

A enero de 2024, esta Secretaría tenía 64 empleados, y de la misma dependen las siguientes áreas:

I. Dirección de Participación Ciudadana;

II. Dirección de Salud Física y Mental;

III. Dirección de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas Públicas;

IV. Unidad de Igualdad de Género;

V. Unidad de Diversidad Sexual;

VI. Unidad de Asuntos Indígenas; y

VII. Unidad de Atención a Personas con Discapacidad y de la Tercera Edad.

La Dirección de Participación Ciudadana está a cargo de Citli Israel Vera Rodríguez, varias veces candidato de Movimiento Ciudadano a diversos cargos de elección popular.

¿QUÉ HACE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA SOCIAL?

En el artículo 61 del Reglamento orgánico de la administración pública del municipio de Solidaridad, se encuentran detalladas las funciones y atribuciones de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, entre las que se encuentran las siguientes:

“Impulsar la justicia social para subsanar las desigualdades sociales, la exclusión de individuos y grupos; promoviendo acciones destinadas a aumentar la dignidad humana, el empleo, la igualdad, el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de la población mediante la incorporación plena de los individuos, grupos y sectores de la sociedad, comunidades y regiones al desenvolvimiento integral y sustentable de sus capacidades productivas”.

Generar acciones de combate a la pobreza en zonas de atención prioritaria;

Impulsar la participación ciudadana para la atención de necesidades comunitarias a través de la instalación de comités ciudadanos, asambleas vecinales, contralorías sociales en materia de desarrollo social.

FISCAL RACIEL LÓPEZ QUIERE QUITAR DERECHOS LABORALES A MILES DE EMPLEADOS DE LA FGE

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.- La reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) que ÓSCAR MONTES DE OCA ROSALES llevó a cabo cuando fue Fiscal, está siendo a provechada por su sucesor RACIEL LÓPEZ SALAZAR, quien pretende obligar a miles de empleados de la Fiscalía a renunciar a su antigüedad para aceptar nombramientos por “designación especial”.

RACIEL LÓPEZ SALAZAR

Desde hace semanas, en todas las oficinas de la FGE de Quintana  Roo se está haciendo cumplir la orden del administrador RUBÉN ZARIF ÁVALOS GARNICA director general de Administración y Finanzas de la Fiscalía, de hacer firmar a todos los empleados la “nueva modalidad de contratación” por designación especial.

La “designación especial” se encuentra regulada en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la FGE y fue utilizada por Óscar Montes de Oca para dar “empleo”, sin pasar filtros de control y confianza, y sin contar con ninguna experiencia, a personas que en realidad eran aviadores, entre los que se encontraban el propio Rubén Ávalos Garnica y su hermana, FÁTIMA YAMILE ÁVALOS GARNICA, quienes fueron contratados por Montes de Oca Rosales como “auxiliar administrativo” el primero, y “auxiliar del Ministerio Público”, la segunda.

RUBÉN ÁVALOS GARNICA

En realidad, los hermanos eran aviadores, como un pago de favores a su madre, FÁTIMA GARNICA, quien fuera candidata a diputada por el distrito 6, por el Partido Encuentro Social (PES) en el 2019.

FÁTIMA GARNICA

Esta modalidad de “designación especial”, sirvió a Montes de Oca para dar “trabajo” a MARÍA GUADALUPE HURTADO VALLEJO, y JORGE JESÚS CASTILLO VALVERDE, hermana y chofer, respectivamente de la actual diputada del PVEM, SUSANA HURTADO VALLEJO.

Montes de Oca entregó cientos de plazas a incondicionales, amigas, meseras, y familias enteras de mujeres, como BEVERLY ESTEFANI RAMOS MENJIVAR, BREANDA JICEL RAMOS MENJIVAR y ROSARIO INGRID MENJIVAR ALFARO, a quienes entregó diversos puestos.

RACIEL APLICA LA FÓRMULA “DESIGNACIÓN ESPECIAL” PARA QUITAR ANTIGÜEDAD A TRABAJADORES

Al igual que Óscar Montes de Oca, Raciel López Salazar llegó para relegar a los empleados locales bajo el pretexto de la “desconfianza” y la “corrupción” de los quintanarroenses, o de quienes llevan varios años de servicio en la Fiscalía, y aprovechando la ley orgánica heredada, pretende que todos los empleados firmen una nueva contratación por designación especial, que implica no ser parte del Servicio Profesional de Carrera y que en cualquier momento puedan ser separados de su cargo.  

Es el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Fiscalía la que regula la “designación especial”, y el que permite la “dispensa” de los concursos correspondientes, es decir, que cualquiera, sin aprobar exámenes puede ocupar una plaza en la FGE, cumpliendo ciertos requisitos.

ARTÍCULO 91. Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, la persona titular de la Fiscalía General podrá, en casos excepcionales, llevar a cabo la designación especial de las personas Fiscales del Ministerio Público, personas integrantes de la Policía de Investigación o Peritos, dispensando la presentación de los concursos

correspondientes.

Este mismo numeral, señala que las personas contratadas bajo esta modalidad no podrán formar parte del Servicio Profesional de Carrera, y podrán ser despedidos en cualquier momento.

“Los Fiscales del Ministerio Público, los elementos de la Policía de Investigación y los Peritos por designación especial, no serán miembros del Servicio Profesional de Carrera”. “En cualquier momento se podrán dar por terminados los efectos de su nombramiento, sin que para ello sea necesario agotar un procedimiento de separación, a menos que durante el servicio, se sometan y aprueben un proceso de regularización o de formación inicial para activos, obteniendo así, su pertenencia al servicio profesional de carrera cumpliendo los demás requisitos que esta Ley establece”.

LA HISTORIA SE REPITE: INCERTIDUMBRE E INCONFORMIDAD ENTRE EMPLEADOS

Al igual que ocurrió con la llegada de Óscar Montes de Oca, los miles de empleados de la Fiscalía General del Estado que podrían ser afectados con la modalidad de contratación que quiere imponer Raciel López Salazar se encuentran inconformes, y la mayoría de éstos se han negado a renunciar a su antigüedad, a sabiendas de que de firmar su “designación especial”, en cualquier momento pueden ser despedidos.

La prometida mejora salarial que los empleados de la FGE han exigido a la llegada de cada nuevo Fiscal General parece estar muy lejana, y por el contrario, desde que Carlos Joaquín González pidió al Congreso del estado modificar la Constitución para que personas sin arraigo en Quintana Roo pudieran acceder al cargo de Fiscal General, las condiciones laborales y el relego de los trabajadores de la FGE ha sido cada vez mayor.

 La llegada de fiscales “fuereños” con sus equipos de trabajo y con personas sin arraigo en el estado, tampoco ha mejorado en nada el acceso a la justicia de los ciudadanos, a través de la persecución del delito, que es el principal encargo de la FGE.

En contrasentido, al interior de la institución se ha creado un ambiente de polarización en el que los empleados locales de menor nivel han sido relegados mientras que los venidos de fuera son beneficiados con mejores salarios, compensaciones y bonos por su “sacrificio” de dejar sus lugares de origen y a sus familias.     

FISCALÍA OCULTA NOMBRES DE LAS PERSONAS CONTRATADAS

A través de la solicitud de información 231286200044223, se requirió a la Fiscalía General del Estado lo siguiente:

“Decir cuántas plazas de Fiscal del Ministerio Público y cuántas de policías ministeriales se crearon u otorgaron durante la gestión de Óscar Montes de Oca Rosales. Detallar nombre de los funcionarios a los que se les asignaron dichas plazas y si ésta fue por asignación directa o por concurso de oposición. Si fue por concurso de oposición precisar cuándo se realizó éste.”

La Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, a cargo de MINERVA RAMÍREZ SÁNCHEZ, se negó a proporcionar lo solicitado bajo el pretexto de que revelar la información “se estaría revelando al estado de fuerza con que cuenta esta institución, poniendo en grave riesgo las acciones del estado tendientes a la prevención y persecución de delitos”:

… se trata de información de personal que realiza funciones de carácter operativo relacionado con actividades de investigación y persecución del delito, por lo que al dar a conocer los nombres y cargos que ocupan dichos servidores públicos, se estaría revelando al estado de fuerza con que cuenta esta institución, poniendo en grave riesgo las acciones del estado tendientes a la prevención y persecución de delitos. De igual manera, el dar a conocer información relativa a los nombres del personal operativo, representa un riesgo real para la seguridad de dicho personal, ya que podrían ser identificados por grupos delictivos, dando como resultados posibles atentados contra sus vidas y contra la de sus familias de no reservarse a esta información. Ello permitiría que integrantes de grupos delictivos pudieran identificarlos con facilidad. Al dar a conocer dicha información, ésta puede ser aprovechada para conocer la capacidad de reacción de esta institución e impedir u obstaculizar las funciones que ejerce el Ministerio público, lo cual comprometería el éxito de las investigaciones.

La respuesta de la funcionaria motivó un recurso de revisión (RR/0807-23/CYGA) ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO), mismo que sigue pendiente de la determinación final por parte de la comisionada ponente, Claudette Yanell González Arellano, luego de que en su resolución el Instituto requiriera a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, que fundara debidamente su negativa y acreditara la prueba de daño relacionada con el riesgo para la seguridad y las funciones del Ministerio Público el dar a conocer la información, tal y como lo solicitó la que esto escribe.

La FGE no acreditó la prueba de daño y tampoco cómo se pone en riesgo la seguridad de las personas y la institución de hacerse pública la información solicitada.

El IDAIPQROO deberá hacer un pronunciamiento final respecto si confirma la negativa de la Fiscalía de hacer pública la información solicitada, o le requiere a la institución que ésta se haga pública.  

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PAGÓ EX FISCAL 35 MILLONES DE PESOS EN CURSOS Y RACIEL LÓPEZ OCULTA INFORMACIÓN

El ex fiscal Óscar Montes de Oca Rosales gastó 35 millones de pesos en la impartición de cursos y capacitaciones para el personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, sin embargo, el nuevo titular de la FGE, Raciel López Salazar, no proporcionó información sobre las personas físicas y morales contratadas y los montos pagados a cada una.

Mediante la respuesta a la solicitud de información 231286200047323, fue posible conocer que el ex fiscal general Óscar Montes de Oca Rosales gastó 35 millones de pesos en cuatro años, en la impartición de cursos y capacitaciones para el personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo , sin embargo, el nuevo titular de la FGE, Raciel López Salazar, no proporcionó información precisa sobre las personas físicas y morales contratadas y los montos pagados a cada una.

La Unidad de Transparencia del fiscal Raciel López Salazar, también ocultó el nombre de los funcionarios que recibieron las capacitaciones, y clasificó la información como “reservada” porque “compromete la seguridad pública”, ‘puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud’ de los funcionarios y ‘obstruye la persecución de los delitos’…

AÑOMONTO GASTADONÚMERO DE CAPACITACIONES
2019$7,726,50052 cursos, 8 cursos-taller, 3 talleres y un diplomado
2020$7,964,29165 cursos y 2 cursos-taller
2021$9,230,00036 cursos, 1 curso taller, 5 diplomados y 1 certificación
2022$10,428,60083 cursos, 1 diplomado, 1 taller y 3 estándares de competencia
TOTAL$35,349,391 

Entre las personas a las que se les pagó por cursos y talleres se encuentran el Instituto de Formación Policial del Estado de Chiapas, el Centro de Estudios de Recursos Nacionales y Gubernamentales S.C., el Instituto de Empoderamiento y Liderazgo Zazil-Há A.C.; Diario Mediación S.A. de C.V. Tipos Instructores S.A. de C.V.; el Centro de Estudios Jurídicos Especializados VALMIR S.C.; el Centro Integral   de Reclutamiento, Capacitación y Profesionalismo en Protección S.C.

El Instituto de Empoderamiento y Liderazgo Zazhil-Ha A.C, una de las beneficiadas con pagos, es presidido por Erika Lizbeth Cornelio Ramos, quien se asume como feminista y es militante activa del partido Movimiento Ciudadano, ha contendido para diputada local, y en este proceso electoral de 2024, ya hizo pública su intención de postularse como candidata a la Presidencia municipal.

En la administración de Óscar Montes de Oca, varios fiscales fueron enviados fuera del país a “capacitarte”, pero, sobre esta información, en la respuesta 231286200047223, la oficina de Transparencia de Raciel López Salazar dijo que la misma era información clasificada como reservada, es decir, también ocultó los nombres de los fiscales beneficiados.     

FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE QROO VIAJA MUCHO PERO DA NULOS RESULTADOS

En 2023, la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo realizó 25 viajes dentro y fuera del país para asistir a diversos eventos que incluyeron los festejos de la independencia de Estados Unidos, una entrevista con Adela Micha y hasta una entrega de títulos por parte de una escuela.

Los 25 viajes representan algo así como dos viajes por mes, lo que quiere decir que la Fiscal Anticorrupción ha dado más atención a eventos sociales y de difusión que a las responsabilidades propias de su encargo.

Mientras en el 2022 la funcionaria acudió a ocho eventos fuera del estado, en 2023 acudió a múltiples eventos tanto nacionales como internacionales, algunos, meramente sociales, y en otros participó como conferencista.     

Según la respuesta dada a la solicitud de información 232601700009223, todos los viajes realizados por Villanueva Arzápalo no han generado viáticos, y únicamente en dos de éstos la han acompañado otros funcionarios de la Fiscalía, aunque no se señaló ni el nombre ni el cargo.

La actividad social y de difusión de Rosaura Villanueva Arzápalo contrasta con los pobres resultados de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

IMPUNIDAD Y FALTA DE ACCESO A LA JUSTICIA, EL SELLO DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

En 2022 la fiscalía anticorrupción inició 359 carpetas de investigación, en tanto que al 30 de agosto de 2023, se habían iniciado 269 carpetas de investigación. Sin embargo, la mayoría de éstas siguen en etapa de investigación, según información obtenida a través de la solicitud 232601700005823.

Al primer semestre de 2022, la Fiscalía Anticorrupción del estado de Quintana Roo había iniciado 143 carpetas de investigación, de éstas, 117 las concluyó con un no ejercicio de la acción penal, es decir, determinó que no había delito que perseguir, lo que significa que alrededor del 80 por ciento de las querellas presentadas por los ciudadanos terminaron en la impunidad.

rosaura villanueva arzapalo2

De las 143 carpetas de investigación iniciadas en 2022, al primer semestre, solo 14 se habían judicializado, esto es, apenas el 10 por ciento de las denuncias han llegado ante un juez para iniciar un procedimiento penal en contra de los denunciados.

De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información 232601700002222, la Fiscal Rosaura Villanueva Arzápalo cada año se ha ido esforzando más para negar el acceso a la justicia a los ciudadanos, pues en 2018, de 341 carpetas iniciadas, 39 se judicializaron y solo en 12 se determinó el no ejercicio de la acción penal, pero en 2021, de 425 denuncias presentadas por las víctimas del delito, 170 terminaron con un no ejercicio de la acción penal, esto es, poco más de la tercera concluyó, para decirlo coloquialmente, con un carpetazo.

En el 2022 se judicializaron solo 18 carpetas y en 11 casos diversos la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal, esto es, la Fiscalía cerró las carpetas antes de que llegaran ante un juez. Lo anterior significa que en el 2022 se judicializaron menos del 3% de las carpetas iniciadas.  En tanto que en el 2023, solo una carpeta de investigación se había judicializado de las 269 iniciadas.

En abono a la opacidad, la fiscalía anticorrupción se negó a proporcionar información sobre la dependencia a las que están adscritos los funcionarios denunciados, a pesar de que no se requirió el nombre de éstos.

Además de la estadística, se ha hecho público que Rosaura Villanueva ha perdido prácticamente todos los litigios emprendidos durante la administración del ex gobernador Carlos Joaquín en contra de ex funcionarios ligados a Roberto Borge Angulo, e incluso, algunos ex servidores públicos, como Paula González Cetina han interpuesto demandas en contra del estado por las acusaciones de las que fueron objeto.  

Rosaura Villanueva, quien es presidenta de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (Conafa), además, tiene una cuestionable reputación. Antes de ser designada por Carlos Joaquín González como titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, se desempeñó como Juez penal, y el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo la separó de su cargo por pérdida de confianza, entregándole un finiquito de 1.5 millones de pesos.

ROSAURA VILLANUEVA ARZÁPALO PROTEGE LA CORRUPCIÓN

Desde su a cargo, Rosaura Villanueva Arzápalo ha protegido múltiples casos de corrupción, uno de los primeros fue la denuncia presentada en contra del ex gobernador Félix González Canto por la venta de terrenos que eran patrimonio del estado, y es que uno de los prestanombres del ex Gobernador, Jesús Galarza Cardona, tenía una relación cercana con Villanueva Arzápalo, pues era padre de la novia de uno de los hijos de la Fiscal, de nombre Francisco Baeza Villanueva. 

Rosaura Villanueva también protegió al ex magistrado Fernando Gama Rodríguez, quien entregó documentos falsos para ser electo, además de que Somos Tus Ojos acreditó y denunció su enriquecimiento ilícito. Gama Rodríguez, pareja sentimental de la alcaldesa de Playa del Carmen, Lili Campos, renunció a su encargo como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, no sin antes ser premiado con una Notaría que le entregó Carlos Joaquín González.

Villanueva Arzápalo igualmente dio carpetazo a la denuncia presentada por Somos Tus Ojos en contra de la ex titular de finanzas del estado, Yohanet Torres  Muñoz, por el presunto desvío de alrededor de 215 millones de pesos a través de la contratación de las llamadas Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, esto es, empresas fantasma.

En otro caso, la Fiscal Anticorrupción brindó protección a la empresa Xoanxum SA de CV que usurpó la identidad de un anciano de 90 años, Lorenzo Manrique, negándose a judicializar por años su carpeta de investigación, aun después de que un juez federal se lo ordenó, pues para evadir el cumplimiento, la Fiscalía presentó un recurso de revisión en contra de la determinación del Juez.   

Luego de que la que esto escribe evidenciara en la red social Facebook la protección que Villanueva Arzápalo brindó a la empresa Xoanxum SA de CV, la Fiscal Anticorrupción me bloqueó para evadir críticas y cuestionamientos.

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ROSAURA VILLANUEVA, LA CORRIERON DEL PODER JUDICIAL POR PÉRDIDA DE CONFIANZA, PERO LA PREMIARON CON 1.5 MDP DE FINIQUITO

Rosaura Antonina Villanueva  Arzápalo fue separado de su cargo de Jueza Penal por sus constantes inasistencias, según respondió la unidad de transparencia del Poder Judicial. Pero… le pagaron 1.5 mdp de finiquito.

Rosaura Villanueva Arzápalo, antes de ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, fue polémica jueza penal en el sistema tradicional, donde varias veces fue señalada por actos de corrupción.

A través de un recurso de revisión interpuesto por la que esto escribe, el Poder Judicial del Estado, dio respuesta a la solicitud 00175820, en la que requerí información sobre el finiquito pagado a Villanueva Arzápalo y los motivos de su renuncia.

En su momento, el Poder Judicial reservó la información, pero tras la interposición de un recurso de revisión, entregó los datos solicitados.

Rosaura Antonina Villanueva  Arzápalo fue separado de su cargo de Jueza Penal por sus constantes inasistencias, según respondió la unidad de transparencia del Poder Judicial:

“La rescisión laboral de la C. Rosaura Antonina Villanueva  Arzápalo fue con motivo de inasistencias, lo cual dio lugar a la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 49, fracción I, segundo párrafo de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, que establece que los empleados de confianza pueden ser nombrados y removidos libremente por los funcionarios facultados al efecto, por lo que encuadró en la causal de pérdida de confianza como empleado adscrito a esta institución”.  

Pero Rosaura Villanueva se fue del Poder Judicial premiada, pues recibió de finiquito un millón quinientos mil pesos, por los “servicios” prestados. La aun fiscal anticorrupción dejó su cargo de Jueza el 19 de enero de 2015.    

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OCULTA MARA LEZAMA GASTO EN CAMPAÑA NUEVO ACUERDO POR QROO

El gobierno de Mara Lezama no proporcionó información sobre el gasto total en la campaña Nuevo Acuerdo por Quintana Roo que se difunde ampliamente en múltiples medios de comunicación y plataformas digitales, y solo respondió lo relativo al gasto en anuncios espectaculares, informando que se habían erogado 2 millones 157 mil pesos en la contratación de 26 anuncios espectaculares.

A través de la solicitud 231286300000823, Somos Tus Ojos requirió información sobre cuánto había gastado el gobierno del estado en la campaña “Nuevo Acuerdo”, el dinero pagado a medios de comunicación por difundir la misma, el gasto en anuncios espectaculares, así como el nombre de la persona física o moral que realizó el logo y la campaña.

El gobierno de Mara Lezama no proporcionó información sobre el gasto total en la campaña que se difunde ampliamente en múltiples medios de comunicación y plataformas digitales, y solo respondió lo relativo al gasto en anuncios espectaculares, informando que se habían erogado 2 millones 157 mil pesos en la contratación de 26 anuncios espectaculares.

Sobre el nombre de la persona física o moral que realizó el logo y la campaña, así como cuánto se le pagó, la Coordinación General de Comunicación Social informó que “fue esta Coordinación General de Comunicación Social, en consecuencia, no se erogó gasto alguno, por lo cual no se realizó contrato o contratos con persona física o moral para tal efecto” (sic).  

La opacidad en el gasto en Comunicación Social ha sido una constante en Mara Lezama desde que era presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún), y continúa ahora que es Gobernadora de Quintana Roo.

PROMUEVE SOMOS TUS OJOS MURAL DEL ARTISTA PLÁSTICO ARIOSTO OTERO QUE PLASME LA REALIDAD SOCIAL DE QUINTANA ROO

La asociación civil Somos Tus Ojos presentó a la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVII Legislatura del estado una solicitud para plasmar al interior del Congreso del estado de Quintana Roo una obra que será realizada por ARIOSTO OTERO uno de los muralistas más reconocidos y cuya obra se ubica en múltiples espacios de la capital mexicana, principalmente, y de diversos países de América.

La asociación civil Somos Tus Ojos presentó a la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVII Legislatura del estado una solicitud para plasmar al interior del Congreso del estado de Quintana Roo una obra que será realizada por ARIOSTO OTERO uno de los muralistas más reconocidos y cuya obra se ubica en múltiples espacios de la capital mexicana, principalmente, y de diversos países de América.

La solicitud es para plasmar en el edificio del Congreso de Quintana Roo una obra que realizará ARIOSTO OTERO y reflejará problemáticas sociales que afectan a los habitantes del estado, y respecto de las cuales no podemos ser ni indiferentes ni ajenos, como la disparidad entre el crecimiento turístico y la marginación en los destinos turísticos y las zonas rurales; la corrupción y la impunidad; los feminicidios, la desaparición de personas y la represión a la protesta pública como la que sufrieron pobladores de Puerto Morelos y la del 9N.

Con más de 65 obras realizadas en México y otros países, ARIOSTO OTERO es uno de los muralistas nacionales más destacados. En la Ciudad de México sus trabajos pueden apreciarse en recintos públicos como la Secretaría de Gobernación, el Palacio de Gobierno, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el antiguo edificio de la Lotería Nacional; así como en la fachada del mercado Melchor Muzquiz, en San Ángel, el metro de la Ciudad de México, y en muy diversos y plurales espacios. Países como Argentina, Colombia y Paraguay, también tienen la fortuna de albergar la obra de este destacado Maestro.

OTERO no es un narrador plástico de historias y anécdotas, aunque se remite a ellas cuando es necesario; es un crítico del sistema, por esa razón representa los problemas actuales en su obra, para contribuir a la reflexión y a la toma de postura de quienes ven y observan sus murales, ya que esa es la función del muralismo como arte público.

La obra del muralista puede consultarse en la siguiente página: http://www.ariostootero.com/muralismo/?q=node/2

¿DE DÓNDE SURGE LA IDEA DE DONAR UN MURAL AL CONGRESO DE QUINTANA ROO?

La idea de donar un mural al Congreso del estado es una réplica de la iniciativa que tuviera el artista chetumaleño Guillermo Ochoa Reyes, quien es autor del mural “Óoxtun”, en el que su creatividad lo llevó a plasmar la imagen de la gobernadora Mara Lezama al lado del rostro de los héroes de Quintana Roo.

Fue a través de diversas solicitudes de información que Somos Tus Ojos pudo conocer el proceso mediante el cual este artista obtuvo autorización para plasmar su obra en el recinto legislativo.

A la solicitud de información 231285300008623, el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política respondió:

“En relación con el punto enumerado como 1, me permito manifestar que no se realizó ninguna convocatoria para su realización, en razón de que la realización del mural Ooxtún deviene de una solicitud que tuviese a bien realizar el artista chetumaleño Guillermo Ochoa Reyes”.

“Ahora bien, sobre su pliego petitorio enumerado como número 2 referente a quién aprobó la idea e imagen del mural, me permito referir que la idea e imagen corresponden a la visión y perspectiva del artista en respeto a sus derechos de autor y derechos conexos”.

“En lo que respecta a su solicitud enumerada como 3 en la que solicita responder quién autorizó la idea e imagen del mismo, Me permito señalar que la imagen corresponde a la perspectiva que tiene el artista de diversos hechos históricos de nuestro estado y elementos que enaltecen nuestra identidad como quintanarroenses”.

Respecto al punto 4, cuánto costó se realización, me permito manifestar que la realización del mural Óoxtun no generó costos.

En atención al punto 5, cuánto se pagó al artista que lo realizó (…) tengo a bien aclarar que no se destinó monto de prestación de servicios para pago de artista.

Cabe decir que el creador del mural Óoxtun es actualmente servidor público con puesto de Subdirector de restauración y mantenimiento de murales, dependiente de la Dirección de Archivo General y Biblioteca, según respondió el Poder Legislativo a diversa solicitud de información. Además de su trayectoria artística, la experiencia profesional de Guillermo Ochoa Reyes incluye su paso como funcionario en la Comisión de Derechos Humanos, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, y el Instituto Electoral.

SUERTUDAS: Fiscales de Quintana Roo viajan por el mundo

Lorena del Rosario Pool Anchevida, con un puesto de Coordinadora de la Fiscalía de Investigación Zona 1, en Quintana Roo, y un sueldo mensual neto de 28 mil pesos, de acuerdo a datos obtenidos por Transparencia, puede ahorrar lo suficiente para viajar por el mundo

FABIOLA CORTÉS MIRANDA

Lorena del Rosario Pool Anchevida, con un puesto de Coordinadora de la Fiscalía de Investigación Zona 1, en Quintana Roo, y un sueldo mensual neto de 28 mil pesos, de acuerdo a datos obtenidos por Transparencia, puede ahorrar lo suficiente para viajar por el mundo.

Lorena Pool llegó a su cargo por su cercanía con José Carlos Villarreal Rosillo, quien fuera vicefiscal de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, y hombre de confianza del ex fiscal Óscar Montes de Oca. Villarreal Rosillo no solo le regaló su cargo a Lorena, además, le asignó escoltas para su “cuidado” y “protección”.

Egresada de la Universidad del Sur de Cancún, y titulada en 2016, Lorena Pool Anchevida pasó de auxiliar a Fiscal, y finalmente obtuvo una poderosa Coordinación, que abarca los destinos turísticos de Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos y Cozumel.

Mientras funcionarios de la FGE llevan más de 10 años de auxiliares o secretarios esperando ascender a fiscales, Lorena Pool logró “superarse” rápidamente; lo mismo que su hermano, Luis Evelio Pool Anchevida quien de la noche a la mañana fue designado fiscal de la unidad de Delitos Patrimoniales, una de las áreas más codiciadas…y desde donde se «coordinaba» con su hermana para manipular las carpetas de investigación, como la del indígena maya Roberto Chan, despojado por la empresa Four Cardinals Development Mexico SA de CV, que se apropió de más  de 700 hectáreas de tierra que desde hace más de 40 años mantienen en posesión los mayas originarios, algunas incluso con títulos expedidos por la Secretaría de la Reforma Agraria.

Los 28 mil pesos mensuales que percibe la todavía Coordinadora de la Fiscalía de Investigación Zona 1, Lorena Pool, le permiten viajar por el mundo, y en Cancún, frecuentar caros restaurantes y bares. En algunos de sus viajes, Lorena Pool se hace acompañar de su gran amiga Lirio Aguilar Gallegos, Fiscal dedicada a depurar asuntos del casi muerto sistema tradicional penal, y quien pasa sus días en la Fiscalía de Playa del Carmen, como si de una privilegiada becaria se tratara. Esperamos que el compromiso del fiscal general Raciel López Salazar, no se quede en falsa promesa, y  que funcionarias como éstas no solo sean cambiadas de área, sino investigadas y procesadas.

SE LE “PIERDEN” A LA SINTRA 44 PLACAS DE TAXIS DEL SINDICATO DE PUERTO MORELOS

PUERTO MORELOS, MX.-Al secretario de Transporte de Quintana Roo, Alejandro Janitzio Ramos Hernández, se le “perdieron” 44 placas del sindicato de taxistas de Puerto Morelos,

PUERTO MORELOS, MX.-Al secretario de Transporte de Quintana Roo, Alejandro Janitzio Ramos Hernández, se le “perdieron” 44 placas del sindicato de taxistas de Puerto Morelos, “César Martín Rosado”, pues mientras en diciembre de 2016 proporcionó un padrón con 421 taxistas beneficiados con las placas que entrega en concesión el gobierno del estado, en junio de 2017 entregó un padrón con solo 377 placas, esto es 44 menos.

En respuesta a la solicitud de información 00481516 en la que un ciudadano requirió el padrón de concesionarios de taxistas del sindicato “César Martín Rosado”, de Puerto Morelos; el 12 de diciembre de 2016, Alejandro Ramos entregó un listado con 421 nombres de los socios que integran dicho gremio.

VER taxistas Puerto Morelos padrón completo

Pero, en junio de 2017, en contestación a la solicitud de información 00398917, presentada por otro ciudadano, en el que requirió ‘proporcionar el padrón de socios concesionarios y nombres de los beneficiarios del sindicato de taxistas del municipio de Puerto Morelos César Martín Rosado’; el mismo funcionario entregó un padrón con solo 377 nombres, en los que se lee el número económico del taxi, la placa del vehículo y algunas otras características del mismo.

En su respuesta, el hermano del diputado del PRD, Emiliano Ramos, justificó que el sindicato no ha actualizado su padrón 2017: “(…) me permito enviar anexo 14 hojas simples, en tamaño oficio lo concerniente al padrón 2016, del Sindicato de Taxistas, Choferes y Similares de Puerto Morelos ‘César Martín Rosado’ Registro 232 FUTV Sección XIII; en lo que respecta al Padrón 2017, no ha actualizado dicho sindicato su Padrón del año en curso, por lo que no disponemos de la información solicitada”.

El funcionario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) mintió, pues quien regula lo relativo a las placas de taxis es precisamente esta Secretaría, y no el Sindicato de Taxistas de Puerto Morelos.

Director del Hospital de Cozumel… y también taxista

Entre los nombres que se le perdieron al secretario de Transporte de Quintana Roo, Alejandro Janitzio Ramos Hernández, está el del actual administrador del Hospital General de Cozumel,  Carlos Manuel Angulo López, un priista de larga carrera en la burocracia y uno de los más grandes promotores de la campaña de Mauricio Góngora Escalante, y quien ahora encontró cobijo con el actual gobernador Carlos Joaquín González.

El taxista Carlos Manuel Angulo López ha sido director general de la Administración Costera Integral y subgerente de operaciones en la Terminal de Transbordadores de Cozumel de la Administración Portuaria Integral.

Otro nombre que ya no aparece en el padrón “mocho” entregado por Alejandro Ramos, es el de Román Alfredo Gómez Osorio, quien fue Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la administración de Mauricio Góngora cuando fue alcalde de Playa del Carmen.

También tiene placa “borrada”  Juan Antonio Domínguez Chacón, hijo de Antonio Domínguez Olán, secretario general del Sindicato de Taxistas “César Martín Rosado” y regidor de Puerto Morelos.

Otra placa no reportada en el padrón “rasurado” es la de Andrea Lucia Montalvo Canto, Señorita Simpatía en el concurso “Embajadora Puerto Morelos 2015”.

Otro taxista “oculto” es Arnulfo Navarro Narváez, quien labora en el Departamento de cultivos básicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca.

Una placa más que ya no encontró Alejandro Ramos es la de Feliciana Jiménez Ancona, al parecer hermana del alcalde de Lázaro Cárdenas, Emilio Jiménez Ancona.

En el padrón incompleto ya no aparece el nombre José Armando Balam Chan, cuyos apellidos coinciden con el de David Balam Chan.

Aunque ya no aparece en el padrón entregado recientemente, también recibió placa de taxista Javier Briceño Ramos, ex delegado del Alfredo V. Bonfil (2008-2011), afiliado a la Comisión Nacional Campesina (CNC) y quien fue suplente de Mario Machuca Sánchez en la Legislatura pasada.

Los beneficiarios de las placas que se le extraviaron a Alejandro Ramos, secretario de Transporte de Quintana Roo son:

BENEFICIARIOS “OCULTOS” DE PLACAS DE TAXI

Genny Briselda Tuz Ay
Viviana Olmos Magaña
Carlos Manuel Angulo López
Alicia del Carmen Tosas de la Fuente
Feliciana Jiménez Ancona
María Mónica de Jesús Escalante Sosa
Arturo Jesús Ortiz Guzmán
Jennifer Martínez Promotor
Román Alfredo Gómez Osorio
María Cristina Cárdenas Ruiz
Arnulfo Navarro Narváez
Juan Antonio Domínguez Chacón
Marcos Elías Moisés López Sansores
Marisol Morales Leyva
María del Socorro Ac Cupul
Argelia Stivaliz Flores Aguilar
Manuel de Jesús Araujo Durán
Javier Briceño Ramos
Prisciliano Ángel Villegas
Mayanin Sánchez Herrera
Cloe Josefina Pipoz Martínez

Andrea Lucía Montalvo Canto
José Armando Balam Chan
Reyes Valdovinos Rivera
Juan José García Pérez
Óscar Rolando Cámara Aguayo
Darwin Isac Trejo Rivero
Minelia Delfia Sosa Briceño
Gabriel Edilberto Mac Uitzil
Miguel Armin Gutiérrez Mena
Tomás Bacab Ake
Ovet Acosta Izquierdo
César Alfredo Priego Sierra
Javier Gerardo Lugo Chin
Juan Carlos Magaña Magaña
Hugo Yañez Osorio
Gonzalo Adrián Chan Gómez
Alberto Alamilla Tamay
Santos Santiago Chávez del Toro
José Ricardo Maya May
Franklin Ronald Cutiz Medina
Jair de Jesús Ávila Canto
Juan Manuel Hernández Magallón
Lori Marina Peraza Aguilar

Inicia Juicio Político contra ex tesorero de Roberto Borge por el desvío de 1,464 mdp

CHETUMAL, MX, 04/04/2017.- Luego de que el Juez Sexto de Distrito concediera un amparo a Somos Tus Ojos, la Comisión de Justicia se avocó al estudio de la demanda de juicio político interpuesta por esta asociación en contra del entonces Secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, y que fue desechada por la Legislatura borgista, por lo que en un nuevo dictamen, se determinó que se reúnen los requisitos de procedencia para dar entrada a la referida denuncia.

A puerta cerrada, sesionaron este lunes los integrantes de la Comisión de Justicia Carlos Villanueva Tenorio (Encuentro Social), Fernando Zelaya Espinosa (PAN), Ramón Padilla Balam (Nueva Alianza), José Esquivel Vargas (PRD) y Juan Ortiz Vallejo (independiente, expulsado de Morena), quienes tras revisar la demanda presentada originalmente el 25 de abril del año pasado, calificaron la procedencia de la misma, por lo que sería turnada a la Legislatura para que ésta integre la Comisión Instructora.

La Comisión Instructora se centrará en el contenido de la demanda y deberá analizar cada una de las 17 pruebas aportadas por Somos Tus Ojos, y obtenidas a través de las unidades de Transparencia de la propia Secretaría de Finanzas, de los Fideicomisos de Promoción Turística, y de los ayuntamientos.

El ABC del Juicio Político contra Juan Pablo Guillermo Molina

Una vez que la Comisión de Justicia entregue a la Legislatura su dictamen o resolución, ésta deberá elegir una Comisión Instructora, que actuará como órgano de investigación

¿Quiénes integran la Comisión Instructora?

De acuerdo al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Cámara del Poder Legislativo del estado de Quintana Roo, los integrantes de la Comisión Instructora “serán elegidos por el Pleno de la Legislatura a propuesta de la Gran Comisión”.

Investigación y acopio de mayores  elementos 

Para concluir la procedencia del Juicio Político, la Comisión Instructora podrá realizar el número y tipo de sesiones que acuerde su Presidente, en el lugar que al efecto señale, así como llevar a cabo las diligencias que en derecho procedan,  teniendo facultad para hacer inspecciones a oficinas o a cualquier otro lugar para revisar archivos, documentos y pedir copias o los originales de éstos.

La Comisión Instructora podrá llamar a comparecer y formular interrogativos a cualquier servidor público, empleado o persona que se vincule directa o indirectamente con el asunto en investigación, para lo cual tendrá todas las facultades que le permitan cumplir con su cometido, de acuerdo a las leyes.

La negativa u omisión de autoridades o particulares para facilitar la labor de la comisión u obstaculizar

Tras su análisis e investigación, la Comisión Instructora decide si el juicio político continúa o se desecha

La Comisión Instructora tendrá un término de cinco días naturales prorrogables por otros tres a solicitud de su Presidente ante la Legislatura, contados a partir de la fecha en que se hubiera desahogado la última diligencia procesal, para presentar sus conclusiones, las cuales podrán ser en el sentido de que procede el juicio político y se continúa el procedimiento; o en el sentido de que no existen elementos para su procedencia.

Si de las constancias aparece la probable responsabilidad del servidor público, las conclusiones de la comisión terminarán proponiendo lo siguiente:

  1. Que está legalmente comprobada la acción u omisión en materia de la denuncia.
  2. Que existe probable responsabilidad del servidor público encausado.

De considerar que procede el juicio político, la Comisión Instructora enviará sus conclusiones al Secretario de la Mesa Directiva

En este caso, la Comisión Instructora enviará sus conclusiones al Secretario de la Mesa Directiva, con el carácter de acusación, solicitando se continúe con el procedimiento correspondiente.

El presidente de la Gran Comisión anunciará a la Legislatura la imputación y los diputados en pleno deberán pronunciare sobre la procedencia 

Recibidas las conclusiones de la Comisión Instructora por el Secretario de la Mesa Directiva, éste dará cuenta al Presidente de la Legislatura, quien anunciará a la propia Legislatura sobre la imputación dentro de los tres días naturales siguientes.

La Legislatura, reunida en pleno, celebrará una sesión para el efecto de discutir el dictamen de la Comisión Instructora y votar su aprobación o rechazo. Si la Legislatura rechaza el dictamen presentado,  el presidente de la misma declarará que no ha lugar a iniciar juicio político en contra del servidor público denunciado por los actos o hechos imputados. En caso contrario, la Legislatura iniciará el juicio político actuando como Jurado de Sentencia.

El denunciante y el servidor público denunciado serán llamados por la Legislatura para que aleguen lo que consideren.

En la sesión de audiencia de conclusiones, alegatos y resolución definitiva, el Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, luego de declarar abierta la sesión, procederá a informar al Pleno, el estado en que se encuentra el expediente y se concederá el uso de la palabra al Presidente de la Comisión Instructora o a alguno de sus miembros que lo solicite y al servidor público al que se le instruye el juicio político.

Concluida la etapa de conclusiones y alegatos, el Presidente de la Legislatura pedirá a los miembros del Jurado resolver sobre el juicio político planteado.

Si la votación fuere en el sentido de que es responsable el servidor público, se emitirá resolución en esa misma sesión, decretando la sanción correspondiente. Si además, los hechos fueren probablemente constitutivos de delito, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación penal vigente en el Estado, se dará vista al Ministerio Público, para los efectos legales conducentes.

Posibles sanciones 

De proceder el juicio político contra Juan Pablo Guillermo, éste se puede hacer acreedor a inhabilitación de uno a veinte años, independientemente de la posible sanción penal.

Juan Pablo Guillermo Molina fue denunciado por Somos Tus Ojos, con base en el artículo 160 de la Constitución de Quintana Roo por incurrir “en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. De acuerdo al artículo 6 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, perjudican los intereses públicos fundamentales o afectan su buen despacho, entre otras, las siguientes conductas:

”las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública, Estatal o Municipal y a las leyes que determine el manejo de los recursos financieros, bienes estatales y municipales”, y “el manejo indebido de fondos y recursos del Estado”.

Somos Tus Ojos señaló al ex Secretario de Finanzas de Roberto Borge por el presunto desvío de mil 464 millones de pesos recaudados del impuesto al hospedaje entre el 2015 y hasta agosto de 2015, y de los cuales juan Pablo Guillermo Molina se negó a rendir cuentas; a la par, los fideicomisos de promoción turística de Cancún y la Riviera Maya, dejaron de recibir el presupuesto etiquetado de los fondos provenientes de este impuesto, al igual que los municipios, a los que tampoco les fueron entregados los recursos correspondientes.

Somos Tus Ojos tiene la certeza de que con las pruebas documentales aportadas, junto con el trabajo de investigación que deberá llevar a cabo la Comisión Instructora, se podrá concluir que el ex secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, incurrió en responsabilidad, además de que presuntamente habría cometido diversos delitos.

Ver.- Las 17 pruebas que sustentan el desvío de recursos por mil 464 millones del Impuesto al Hospedaje

Ver: JUICIO POLÍTICO CONTRA EX TESORERO DE ROBERTO BORGE EXHIBIRÁ INTERESES DE DIPUTADOS DE QROO

INTERESES PERSONALES FRENAN AMPARO CONTRA MAGISTRADO QUE OBTUVO CARGO CON DOCUMENTOS FALSOS

CHETUMAL, MX.- El pasado 30 de octubre el secretario en funciones de juez del Juzgado Primero de Distrito, Candelario Flores López, sobreseyó el amparo interpuesto en contra del proceso de elección y designación del magistrado Fernando Gama Rodríguez, quien entregó un currículum falso y mintió para simular que cumplía con los requisitos de elegibilidad.

Debido al ilegal procedimiento de elección y designación de Gama Rodríguez, Claudia Romero Angulo, una de las postulantes a ocupar el cargo de magistrada, mediante el trabajo jurídico de Somos tus Ojos, interpuso un amparo una vez que esta asociación acreditó e hizo público el documento con el que se comprueba que el hoy Magistrado Fernando Gama había laborado en el Estado de México del primero de junio de 2008 al 15 de febrero del 2015, en una plaza de confianza en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, con lo que incumplió con el requisito de la fracción IV del artículo 101 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Quintana Roo, que exige a los aspirantes a magistrados haber residido en el estado durante los diez años anteriores al día de la designación.

FUNCIONARIO JUDICIAL FAVORECE A GOBERNADOR Y A CONGRESO

En su resolución, el secretario en funciones de juez, Candelario Flores López, decidió sobreseer el amparo argumentando que el Congreso tiene facultades soberanas y discrecionales para designar funcionarios; determinación ésta que ya fue superada por múltiples amparos y jurisprudencias, pero que el funcionario judicial prefirió ignorar, en favor de las autoridades responsables, el Gobernador de Quintana Roo y Congreso local.

El secretario en funciones de juez también justificó el sobreseimiento del amparo dando la razón al Congreso del estado y al gobernador Carlos Joaquín González, que alegaron que la quejosa Claudia Romero Angulo debía haber interpuesto el juicio de garantías dentro de los 15 días siguientes a que la XV Legislatura avaló que Fernando Gama cumplía con todos los requisitos, que fue el 18 de diciembre de 2017, y después de Gama Rodríguez fue propuesto por el Gobernador como una de las cinco binas, el 27 de diciembre de 2017; pues según el funcionario judicial, la la postulante inconforme debió haberse dado por enterada por los informes publicados en el Diario de los Debates, consultables en la página del Congreso. Pero este argumento podría haber sido fácilmente combatible a través del recurso de revisión puesto que en ambas publicaciones no se da cuenta ni se encuentra el documento con el que se acredita que el hoy magistrado Fernando Gama Rodríguez entregó datos falsos y un curriculum falso para poder obtener el cargo que hoy ostenta; y por lo contrario, que fue varios meses después que Claudia Romero, a través de los documentos obtenidos y difundidos por Somos Tus Ojos, se enteró que Fernando Gama había sido designado magistrado a pesar de los documentos falsos que entregó al Congreso.

La resolución del secretario en funciones de juez, Candelario Flores López, es más allá de debatible, insostenible, puesto que en los documentos publicados por el Congreso no se exhiben los documentos que comprueban la falsedad del curriculum vitae del magistrado Gama, al contrario, si solo se toman en cuenta los documentos publicados en la página del Congreso, en apariencia, el Magistrado “cumplió” con los requisitos, es decir, no habría motivo de controvertir su nombramiento, no habría necesidad de haber interpuesto un amparo; siendo precisamente el documento obtenido y publicado por Somos Tus Ojos el 14 de febrero de 2018, con el que se comprobó que Fernando Gama Rodríguez entregó documentos falsos para obtener tan importante cargo, por lo que la fecha en la que la promovente del amparo se enteró de ello es precisamente el día que ésta señaló bajo formal protesta de decir verdad, con lo que el amparo sí se presentó en el tiempo legal para ello; pero el secretario en funciones de juez, Candelario Flores López, prefirió verlo desde la perspectiva defendida por el gobernador Carlos Joaquín González y por el Congreso.

PERO… DETIENEN AMPARO POR INTERESES PERSONALES

Sin embargo, Somos Tus Ojos no pudo interponer el recurso de revisión para controvertir la resolución del secretario en funciones de juez, Candelario Flores López debido a que la quejosa Claudia Romero Angulo se negó a continuar con el procedimiento por un «conflicto de intereses», y es que Romero Angulo asumió como notario suplente del notario 79 Edgar Ordóñez Durán, quien hasta hace unas semanas fue presidente del Observatorio Municipal de Cancún, y quien persuadió a Claudia Romero para no continuar la controversia en contra del magistrado Fernando Gama Rodríguez, puesto que ella ahora era notario suplente, y él Director de Desarrollo Económico en la administración de la alcaldesa de Playa del Carmen, Laura Beristain, y continuar con la revisión del amparo «podría causarnos problemas», según justificó Claudia Romero, quien de esta forma decidió tirar por la borda un trabajo de un año que la asociación Somos tus Ojos realizó gratuitamente. Cabe destacar que Romero Angulo se acercó a Somos Tus Ojos a través del presidente del observatorio legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra.

Somos tus Ojos lamenta que intereses personales se antepongan a los de la sociedad que se ve lastimada con designaciones ilegales de personajes cuestionables en cargos en los que la propia Constitución estatal señala que deben ser ocupados por personas honorables. Este tipo de componendas y acuerdos en los que prevalecen los intereses particulares abonan al clima de corrupción y ausencia de derecho en nuestro estado.

Somos Tus Ojos es una asociación que a lo largo de tres años ha logrado mantener un prestigio incuestionable, es una organización sin fines de lucros, no recibe recursos públicos y se sostiene de las aportaciones de sus asociados y colaboradores, por lo que nuestro compromiso es rendir cuentas a la sociedad sobre los litigios que lleva a cabo.

Abogados de Somos tus Ojos también interpusieron una denuncia por falso testimonio en contra del Magistrado Fernando Gama, sin embargo, ésta avanza con trabas y sin ningún interés por parte de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Rosaura Villanueva Arzápalo, de llevar a cabo el proceso de investigación.

FERNANDO GAMA, EL MAGISTRADO MENTIROSO Y CORRUPTO

Fernando Gama Rodríguez desde su designación en diciembre de 2017, es Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, que es parte del Sistema Estatal Anticorrupción, pero para obtener el cargo  mintió al decir que trabajó desde el 2006 en “MGM Consultores Fiscales S.C.”, y que en 2014 fue asesor de la Correduría Pública No. 13 adscrita a Playa del Carmen, Quintana Roo, así como que desde el 2014 al 2017 se dedicó a impartir conferencias para el Colegio de Contadores, en Playa del Carmen, Cancún, Quintana Roo, puesto que en realidad, del 2008 al 2015 estuvo trabajando en el Estado de México.

Gama Rodríguez se desempeñó como abogado dictaminador del primero de junio de 2008 al 15 de febrero del 2015, en una plaza de confianza en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, según informó el Jefe de la Unidad de la Dirección General de Personal del Estado de México, a través de una respuesta a una solicitud de información de Somos Tus Ojos, con lo que incumplió con el requisito marcado en específico la fracción IV del artículo 101 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Quintana Roo, que exige a los aspirantes a magistrados haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de la designación.

Igualmente, el juzgador entregó datos falsos al ayuntamiento de Solidaridad para obtener su constancia de residencia en Playa del Carmen, puesto que no ha residido en esta demarcación municipal el tiempo que dice, y de acuerdo a la credencial de elector del Magistrado, la primera vez que obtuvo este documento fue precisamente en el año 2015, en Playa del Carmen, de acuerdo a los datos que entregó al Congreso.

La designación de Fernando Gama Rodríguez mediante la presentación de documentos falsos solo puede ser reflejo de la corrupción del gobernador Carlos Joaquín González, quien lo propuso al Congreso, y de los diputados de la XV legislatura que lo eligieron por unanimidad; y ahora, de un secretario en funciones de juez, Candelario Flores, que decidió favorecer a los dos primeros.

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JUEZ OBLIGA A CONGRESO DE QROO A RESPONDER SOLICITUDES SOBRE GASTO DE 100 MDP EN AYUDAS SOCIALES

CANCÚN, MX.- El Juez Primero de Distrito en Quintana Roo concedió un amparo a Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo para que la Unidad de Transparencia del Congreso del estado responda nuevamente a las solicitudes de información presentadas por esta asociación en las que se le requirió exhibir las facturas y recibos que amparan un gasto de casi cien millones de pesos supuestamente realizado en “ayudas sociales” por este órgano legislativo.

Como se recordará, en respuesta a cuatro solicitudes de información en las que se requirió al Congreso poner a la vista las facturas y notas que comprueben el gasto en ayudas sociales del 2016 y el primer semestre del 2017, que suma alrededor de 100 millones de pesos, el titular de la Unidad de Transparencia, Hassan Medina Rodríguez, contestó que todas las facturas y notas del 2016 y del primer semestre del 2017 ya se habían entregado a la Auditoría Superior del Estado, por lo que era imposible tener acceso a las mismas, en tanto que para que Somos Tus Ojos pudiera tener a la vista las facturas del segundo trimestre del 2017, debía pagar $4,900.13 pesos…

Ante la respuesta del Congreso, Somos Tus Ojos interpuso un amparo en noviembre pasado, concediéndole el Juez la razón a esta organización al considerar que la Unidad de Transparencia no justificó por qué no tiene en sus archivos las notas o facturas que entregó a la Auditoría Superior, es decir, por qué no conservó los archivos, como se lo ordena la propia Constitución mexicana en su artículo sexto; asimismo, el Juez federal consideró que la Unidad de Transparencia tampoco justificó por qué debe cobrar $4,900.13 pesos a la asociación Somos Tus Ojos para ponerle a la vista las facturas y notas del segundo trimestre del 2017 si esta asociación no pidió la reproducción ni la entrega de los documentos sino solo consultarlos.

En el 2016, el gasto en “ayudas sociales” aplicado por el Congreso ascendió a 55.8 millones de pesos y el del primer semestre del 2017 ya sumaba 46.9 millones de pesos. Con estos recursos, supuestamente se pagaron accesorios y suministros médicos, estudios médicos, medicamentos, suplementos alimenticios, apoyos a la educación, apoyos al deporte, alimentación, despensas, hospedaje, transportación, herramientas, material de construcción, gastos funerarios, ataúdes y otros.

Sin embargo, existe una duda fundada sobre el verdadero uso y destino de estos recursos, pues como se recordará, la ciudadana Cecilia Sánchez Olais, con apoyo de Somos Tus Ojos, denunció a Ana María de la Luz Hernández Ayala, directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del Estado, por el presunto delito de peculado, luego de que en la sección de Transparencia de la página del Congreso, la denunciante encontrara su nombre en el padrón de beneficiarios de “ayudas sociales”, con un supuesto apoyo de “hospedaje” entregado el siete de noviembre de dos mil dieciséis, el cual la ciudadana nunca recibió.

La denuncia, con número de caso FGE/QR/SOL/10/6074/2017, fue turnada a la Fiscalía Anticorrupción, en donde el proceso se encuentra estancado.

La resolución del Juez Primero de Distrito en Quintana Roo representa una oportunidad para obtener las facturas y notas que comprueben el millonario derroche y desvío de recursos cometido por los diputados de todos los partidos de la XIV y XV Legislatura.

La Unidad de Transparencia, que solicitó al Juez desechara el amparo, y defendió en todo momento su negativa de informar, aún le queda la opción de interponer un recurso de revisión para tratar de echar abajo el amparo concedido a Somos Tus Ojos.

La “transparencia” que presumen en boletines de prensa los legisladores de la XV Legislatura ahora está a prueba…

Ver: SOMOS TUS OJOS LLEVA A TRIBUNAL CASO DEL MILLONARIO GASTO DE “AYUDAS SOCIALES” DEL CONGRESO

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SE PRESENTARÁN DENUNCIAS CONTRA FISCALES POR OMISIONES EN INVESTIGACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS

En la reunión de trabajo entre madres de personas desaparecidas y el fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca Rosales, se precisaron las omisiones en las carpetas de investigación y que derivarán en denuncias en contra de los fiscales que han estado a cargo; de la ex titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, Rosa María Hernández; y en contra del propio titular general de la Fiscalía General del Estado, de quien se ha solicitado su formal remoción a la gobernadora del estado, Mara Lezama.

CANCÚN, MX, 03/11/2022.– En la reunión de trabajo que se llevó a cabo este jueves entre madres de personas desaparecidas y el fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca Rosales, se precisaron las omisiones en las carpetas de investigación y que derivarán en denuncias en contra de los fiscales que han estado a cargo; de la ex titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, Rosa María Hernández Ruiz; y en contra del propio titular general de la Fiscalía General del Estado, de quien se ha solicitado su formal remoción a la gobernadora del estado, Mara Lezama.

renuncia oscar montes de oca

El encuentro se generó en seguimiento a anterior reunión efectuada la semana pasada, y en ésta se analizaron cada una de las carpetas en las que los abogados de Somos Tus Ojos, Fabiola Cortés Miranda y Moisés Araujo Olmos, se desempeñan como asesores jurídicos de las madres de personas desaparecidas.

En la desaparición de la menor de iniciales F.C.C.B, la Fiscalía no actuó con la inmediatez necesaria, facilitando la fuga del presunto responsable, y por quien hoy se ofrece una recompensa de un millón de pesos. En dicha carpeta no se aseguró el inmueble donde se presume que ocurrieron los hechos, permitiéndose la alteración del lugar y la sustracción de posibles indicios. Así mismo, no se tomaron en cuenta entrevistas de testigos que arrojaron datos relevantes para la investigación; y la tardía obtención de cámaras de seguridad en una gasolinera provocó que en ésta se borraran los videos del día de los hechos.

En otra de las carpetas, relacionada con la desaparición de dos jóvenes que fueron sacados de una discoteca, al Vice Fiscal general, Carlos Maya, un juez federal le negó la autorización para obtener datos conservados de dos teléfonos celulares por no requerirlo fundadamente, y el funcionario se abstuvo de subsanar la petición y volver a requerirle al juez la entrega de datos. En esta carpeta igualmente se dejó de entrevistar a testigos clave señalados por las madres de los desaparecidos, y a otros se les entrevistó mucho tiempo después de los hechos, aún y cuando algunos poseían evidencias relevantes. Hoy varios de esos testigos han fallecido, entre éstos se encuentran policías ministeriales y quienes en su momento no fueron investigados.

renuncia fiscal generalEn otra de las carpetas, relacionada con una menor de 17 años desaparecida, los funcionarios de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas se abstuvieron de solicitar oportunamente los datos conservados de teléfonos celulares del probable responsable, y la investigación permaneció sin actuaciones durante un año, a pesar de la reiterada solicitud de la madre de la menor.

En días recientes, y ante las graves omisiones, Rosa María Hernández Ruiz quien era titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, fue removida de esa posición y transferida a la Fiscalía de Delitos Electorales… Hernández Ruiz es una de las personas cercanas a Óscar Montes de Oca Rosales; fue contratada desde enero de 2019, a un mes de la designación del Fiscal General del Estado.

mara lezama renuncia fiscal oscar montes de ocaEl 14 de octubre pasado se ingresó por Oficialía de Partes, una petición formal de remoción del fiscal Óscar Montes de Oca Rosales dirigida a la gobernadora Mara Lezama, misma que promueve Somos Tus Ojos junto con los colectivos Memoria, Verdad y Justicia, 9N y Uber, y que se acompañó con un listado de alrededor de 70 carpetas de investigación, entre las que se encuentran las tres arriba referidas.

Reiteramos la exigencia de la salida de Montes de Oca Rosales de la FGE, por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, principalmente, el derecho humano a la investigación.

Esta petición igualmente se presentó ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia competente para proponer la remoción del Fiscal General de Quintana Roo.

Como se recordará hace unas semanas también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que se termine con la mala práctica de los fiscales transexenales.

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EN REUNIÓN, MADRES DE PERSONAS DESAPARECIDAS EXIGEN RESULTADOS AL FISCAL DE QROO

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Pérdida de evidencia, falta de resguardo de la misma, omisión en la práctica de actos de investigación, ocultamiento de información, ocultamiento de fichas de personas encontradas, limitadas búsquedas de campo, negligencia por parte de los fiscales a cargo de las investigaciones, tardía realización de las investigaciones e incluso presunta complicidad en la evasión y protección de los presuntos responsables; fueron los reproches recurrentes.

CHETUMAL, MX.- 27/10/2022.- Ayer miércoles, familiares de personas desaparecidas se reunieron con el fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, a quien le plantearon a detalle las graves omisiones en la investigación de sus casos por parte de los funcionarios de la dependencia a su cargo.

En medio de la exigencia de la remoción de Montes de Oca Rosales, a las madres buscadoras el martes por la noche se les permitió el ingreso al informe rendido por el titular de la FGE ante los diputados de la XVII Legislatura, y el miércoles se generó una reunión de trabajo, en el que las víctimas estuvieron acompañadas de su asesora jurídica, Fabiola Cortés Miranda, presidenta de Somos Tus Ojos.

Pérdida de evidencia, falta de resguardo de la misma, omisión en la práctica de actos de investigación, ocultamiento de información, ocultamiento de fichas de personas encontradas, limitadas búsquedas de campo, negligencia por parte de los fiscales a cargo de las investigaciones, tardía realización de las investigaciones e incluso presunta complicidad en la evasión y protección de los presuntos responsables; fueron los reproches recurrentes.

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Las madres, varias de ellas con historial de reuniones previas, increparon al Fiscal la pasividad y lentitud en las investigaciones; una de las mujeres le cuestionó directamente a Montes de Oca Rosales si había cumplido con su compromiso hecho un mes atrás de revisar su carpeta. “Hace un mes usted me contestó por teléfono que revisaría mi carpeta, le pregunto, ¿ya lo hizo?”; increpó la mujer. Sin que le quedara más remedio al Fiscal que reconocer que había sido omiso en cumplir su compromiso.

A Óscar Montes de Oca también le inquirieron dónde estaban los millones de pesos, que refirió en su informe ante los diputados, que se habían gastado en capacitación a su personal y en la compra de equipo; porque al menos en sus casos, nada de ello se veía reflejado, le cuestionaron.

El acuerdo relevante de la reunión de trabajo es que se dará seguimiento puntual a lo solicitado en cada carpeta de investigación que incluye el cambio de fiscales responsables de casos, la ampliación de entrevistas y la recuperación de evidencia.

La reunión se genera en el contexto de la petición formal de remoción del fiscal Óscar Montes de Oca Rosales dirigida a la gobernadora Mara Lezama, misma que promueve Somos Tus Ojos junto con los colectivos Memoria, Verdad y Justicia, 9N y Uber, y que se acompañó con un listado de alrededor de 70 carpetas de investigación en las que se registran graves omisiones; por lo que se exige la salida de Montes de Oca Rosales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, principalmente, el derecho humano a la investigación.

Esta petición igualmente se presentó ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia competente para proponer la remoción del Fiscal General de Quintana Roo.

Como se recordará hace unas semanas también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que se termine con la mala práctica de los fiscales transexenales.

SE ENTREGAN FIRMAS EN EL SENADO CONTRA DESIGNACIÓN DE CARLOS JOAQUÍN COMO EMBAJADOR

El pasado viernes, Moisés Araujo Olmos, integrante de Somos Tus Ojos, entregó al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, un escrito con 530 firmas de ciudadanos que solicitan no ratificar el nombramiento del ex gobernador, Carlos Joaquín González, como Embajador de México en Canadá.

 

Moisés Araujo Olmos oficio senadoresCIUDAD DE MÉXICO, 23/10/2022.- El pasado viernes, Moisés Araujo Olmos, integrante de Somos Tus Ojos, entregó al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, un escrito con 530 firmas de ciudadanos que solicitan no ratificar el nombramiento del ex gobernador, Carlos Joaquín González, como Embajador de México en Canadá.

Las 530 firmas se reunieron en 12 horas de colecta, acción realizada en cinco municipios de Quintana Roo, y que fue apoyada por activistas y ciudadanos de Benito Juárez (Cancún); Solidaridad (Playa del Carmen); Othón P. Blanco (Chetumal); Puerto Morelos y Cozumel.

La petición ciudadana se realiza bajo el principio reiterado del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que “el pueblo pone y el pueblo quita”, y con fundamento en el artículo octavo de la Constitución mexicana.

En el texto que acompañan las firmas se exponen los motivos que los ciudadanos de Quintana Roo tenemos para oponernos a la designación del ex Gobernador.

La colecta de firmas se trató de un acto ciudadano y, la actividad se realizó en alrededor de 12 horas, en cinco municipios, esto significa que, en promedio, firmaron 44 personas por hora, lo que es una muestra del sentir de buena parte de los que vivimos en Quintana Roo.

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El repudio a la designación de Carlos Manuel Joaquín González como Embajador de México en Canadá se expone brevemente en la petición ciudadana, en la que se señala de forma predominante la situación de inseguridad, corrupción, quebranto al estado de derecho; impunidad; incremento de delitos de alto impacto como el llamado cobro de derecho de piso, que se extendió a prácticamente todo negocio, sin importar el tamaño de mismo; el crecimiento sin freno del delito de desaparición forzada de personas; la criminalización de la actividad periodística y de la libre manifestación; la ausencia de inversión en obra pública; el desvío de recursos en la contratación de empresas fantasma; y el ‘maquillaje’ de la deuda pública.

Al ser una petición formal, esperamos una respuesta del senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, a quien le solicitamos que socialice la petición ciudadana con los senadores integrantes de la referida Comisión, que analicen conscientemente la designación de Joaquín González y que rechacen su nombramiento por las razones expuestas.

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CANCÚN, MX 10/10/2022.- Con rápidas paradas en Puerto Morelos, Cancún y Playa del Carmen, con un promedio de 35 firmas por hora, los ciudadanos de Quintana Roo le recuerdan al presidente Andrés Manuel López Obrador, que «el pueblo pone y el pueblo quita», y rechazan el «premio» al ex gobernador Carlos Manuel Joaquín González como Embajador de México Canadá.
rechazan a Carlos Joaquin como Embajador (6)rechazan a Carlos Joaquin como Embajador (9)rechazan a Carlos Joaquin como Embajador (7)rechazan a Carlos Joaquin como Embajador (8) rechazan a Carlos Joaquin como Embajador (10)rechazan a Carlos Joaquin como Embajador (11)
Este domingo dio inicio la colecta de firmas en Quintana Roo para pedir a los senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores que no ratifiquen el nombramiento del ex Gobernador.
Con Carlos Joaquín González Quintana Roo se transformó en el paraíso de la delincuencia y la inseguridad en el que delitos de alto impacto como el robo violento a casa habitación, el cobro de derecho de piso a comercios y profesionistas se volvió una situación cotidiana.
Carlos Joaquín propició el drástico incremento de la desaparición forzada de personas; fue incapaz de disminuir mínimamente los feminicidios; se institucionalizó la corrupción y la impunidad en la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado.
rechazan a Carlos Joaquin como Embajador (4)rechazan a Carlos Joaquin como Embajador (5) WhatsApp Image 2022-10-10 at 17.42.07 (2)WhatsApp Image 2022-10-10 at 17.42.07 (1) carta Senadores Carlos Joaquín_page-0001carta Senadores Carlos Joaquín_page-0002
Carlos Joaquín no tuvo freno en utilizar la fuerza pública para violentar a los ciudadanos, como ocurrió el 9 de noviembre de 2020, cuando el mando único, al frente del cual estaba Alberto Capella, disolvió a balazos una manifestación; y en lugar de abrir una investigación en contra del “súper policía”, lo mantuvo operando en la sombra, como fue evidente en la inauguración del C5 el 24 de junio de 2021, cuando reapareció Capella para recibir aplausos y reconocimientos.
Carlos Joaquín modificó la Constitución política del estado para poder designar como fiscal a Óscar Montes de Oca Rosales, quien trajo consigo a personajes como Roberto Hernández Reyna y Gustavo Alberto Caballero Torres otrora operadores de un centro de espionaje en la administración del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Montes de Oca Rosales convirtió la Fiscalía en un centro de corrupción y de fabricación de carpetas de investigación, la más evidente fue la de Karla Vivas, recientemente liberada tras el retiro de Carlos Joaquín del poder.
El Fiscal de Carlos Joaquín se dedicó a obstruir casos como el de un humilde anciano de 89 años al que la empresa Xoanxum le usurpó su identidad mientras recibió contratos por casi 40 millones de pesos.
Carlos Joaquín utilizó el poder para beneficiarse y beneficiar a su familia, siendo el más claro ejemplo de ello el despojo que realizó su cuñado de un rancho que pertenecía un anciano discapacitado, y que contó con la complicidad de la Fiscalía.
Carlos Joaquín González desvió cientos de millones de pesos a través de contratos firmados con empresas fantasma y dependencias como la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Salud, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y la Oficialía Mayor, dependencia que “desapareció” en julio de 2020, en plena pandemia, con lo que evadió la rendición de cuentas.
Carlos Joaquín mostró un total desprecio hacia el estado de derecho con actos como la designación de Fernando Gama Rodríguez como Magistrado, a pesar de que éste entregó documentos falsos y de que mintió ante el Congreso; y a unos días de dejar el gobierno, Carlos Joaquín entregó a Fernando Gama una Notaría pública, sin cumplir los requisitos legales.
La lista de lo que dejó de hacer y lo que hizo Carlos Joaquín González es tan larga como ciudadanos agraviados por su mal gobierno; por eso, PEDIMOS A LOS SENADORES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA QUE RECHACEN LA PROPUESTA DE CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ COMO EMBAJADOR DE MÉXICO EN CANADÁ.

EN UN AÑO, CARLOS JOAQUÍN REGALÓ 100 MILLONES DE PESOS A ASOCIACIONES

De septiembre de 2016 a agosto de 2017, la Secretaría de Finanzas otorgó 100 millones de pesos a asociaciones civiles. El Instituto de Administración Pública del estado de Quintana Roo A.C. recibió en ese periodo 26 millones 830 mil pesos. Dicho instituto, el pasado 8 de agosto “reconoció” el desempeño de Carlos Joaquín González al considerar, según este Instituto, que había disminuido la deuda pública.

CHETUMAL, MX, 24/09/2022.- Desde el inicio de su administración, el gobernador Carlos Joaquín González se dedicó, desde todas las dependencias de la administración, a “ordeñar” los recursos públicos y a disponer de éstos sin apego a las obligaciones de administrarlos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, como lo ordena el artículo 166 de la Constitución del estado.

carlos joaquin gonzalez informeDe septiembre de 2016 a agosto de 2017, la Secretaría de Finanzas otorgó 100 millones de pesos a asociaciones civiles. El Instituto de Administración Pública del estado de Quintana Roo A.C. recibió en ese periodo 26 millones 830 mil pesos. Dicho instituto, el pasado 8 de agosto “reconoció” el desempeño de Carlos Joaquín González al considerar, según este Instituto, que había disminuido la deuda pública.

COLEGIOS DE PROFESIONISTAS RECIBIERON DINERO PÚBLICO

Varios colegios de profesionistas recibieron dinero en el periodo referido; el más beneficiado fue el Colegio de Contadores Públicos AC, que recibió un millón 632 mil pesos; el de Psicólogos, 240 mil pesos, y el Colegio de Economistas recibió 147 mil pesos.

Algunas conocidas asociaciones también recibieron recursos públicos, como la de la Fundación Melipona Maya, a la que el gobierno de Carlos Joaquín le dio 800 mil pesos; a la de los Asociados Náuticos de Cancún A.C., le entregó 232 mil pesos; y a la Asociación de proveedores de Quintana Roo, un millón de pesos.

El despilfarro de Carlos Joaquín alcanzó para repartir dinero a asociaciones desconocidas como Sociogénesis, investigación, capacitación y desarrollo AC, que obtuvo 6 millones 431 mil pesos; o Construyamos un México para todos A.C., a la que entregó 500 mil pesos.

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Otras famosas asociaciones como la fundada por el millonario Ricardo Salinas Pliego, llamada Kybernus A.C., también obtuvieron dinero, en este caso, un millón 78 mil pesos.Otros beneficiados fueron Fundación Quintana Roo Produce, con 400 mil pesos; el Secretariado técnico al servicio de los gobiernos estatales A.C., con un millón 296 mil pesos; el Comité de Consulta y Participación Ciudadana de Quintana Roo AC, con 900 mil pesos; Consejo Nacional de organismos estatales de vivienda AC; con 182 mil pesos; la Fundación mexicana de estudios sobre inseguridad, con 170 mil pesos.

La asociación que más recursos recibió fue Fundación Teletón México A.C., que obtuvo en un año 57 millones 777 mil pesos.

CARLOS JOAQUÍN ‘REGALA’ NOTARÍA A EX MAGISTRADO CORRUPTO; A DÍAS DE DEJAR LA GUBERNATURA

A cuatro días de que deje el gobierno, Carlos Joaquín González, entregó la titularidad de la Notaría 103, ubicada en Playa del Carmen, a Fernando Gama Rodríguez, a pesar de que éste no cumple con los requisitos para ser designado Notario, y de que anteriormente ocupó el cargo de Magistrado, entregando documentos falsos a la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo.

fernando gama rodriguez2CHETUMAL, MX, 21/09/2O22.- A cuatro días de que deje el gobierno, Carlos Joaquín González entregó la titularidad de la Notaría 103, ubicada en Playa del Carmen, a Fernando Gama Rodríguez, a pesar de que éste no cumple con los requisitos para ser designado Notario, y de que anteriormente ocupó el cargo de Magistrado, entregando documentos falsos a la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo.

Este 21 de septiembre se publicó en el Periódico Oficial del estado, número 159, extraordinario, la designación de Gama Rodríguez como titular de la Notaría 103, quien sustituye a la yucateca Angélica María Pacheco Santoyo, que “renunció” a lka patente.

NOTARIA “JUANITA”, Y NOTARIO CON 20 DÍAS DE EXPERIENCIA

El artículo 38 de la Ley del Notariado para el estado de Quintana Roo contempla los requisitos para obtener la patente de Notario.

La fracción III de dicho artículo requiere: “Contar con título de Licenciado en Derecho o Abogado y cédula profesional, ambos expedidos legalmente, con antigüedad mínima de cuatro años contados a la fecha de la convocatoria, y acreditar cuando menos veinticuatro meses de práctica notarial ininterrumpida, bajo la dirección y responsabilidad de algún Notario Titular del Estado de Quintana Roo”.

Fernando Gama Rodríguez no cumple con “cuando menos veinticuatro meses de práctica notarial ininterrumpida, bajo la dirección y responsabilidad de algún Notario Titular del Estado de Quintana Roo”; puesto que, según lo detalla el mismo acuerdo del Gobernador, publicado en el Periódico Oficial este día, fue el 14 de junio de 2021 cuando a Angélica María Pacheco Santoyo le fue otorgada la patente de la Notaría Pública 103; y el primero de septiembre del 2022 se otorgó a Fernando Gama Rodríguez el nombramiento de Notario Público Auxiliar de la Notaría 103; por lo que el ex Magistrado solo tiene 20 días de experiencia.

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FERNANDO GAMA, DE MAGISTRADO CORRUPTO A NOTARIO CORRUPTO

Esta no es la primera vez que Fernando Gama Rodríguez se beneficia de la corrupción, en realidad parece ser su costumbre. Como se recordará, Gama Rodríguez fue electo Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) el 26 de diciembre de 2016, en la sesión tres del Primer período de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la XV Legislatura, http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XV-2017-12-26-451-sesion-numero-3.pdf, a pesar de que éste no cumplía con uno de los requisitos constitucionales para ser Magistrado, por lo que presentó documentos falsos para acceder al cargo.

Fernando Gama no cumplió con el requisito establecido en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, relativo a contar con residencia de diez años en el estado, anterior a la designación del cargo, puesto que laboró del 1 de junio de 2008 al 15 de febrero de 2015, como “abogado dictaminador”, en la Procuraduría Fiscal, dependiente del sector central del Poder Ejecutivo del Estado de México, donde tenía una plaza de confianza, de acuerdo al oficio número 203410200-022/2018, de fecha 18 de enero de 2018 firmado por el Jefe de la Unidad de la Dirección General de Personal del Estado de México, Navor Millán González, y obtenido en su momento por Somos Tus Ojos. Sin embargo, el Magistrado ocultó ese dato y fue electo por el Congreso tras ser propuesto por el gobernador Carlos Joaquín González.

En esa ocasión, Fernando Gama entregó al Congreso un curriculum con información falsa y omitió la información relativa a su trabajo como abogado dictaminador en el estado de México.

LIII CAMPOS MIRANDA Fernando GamaAdemás del curriculum con datos falsos, Fernando Gama entregó al Congreso una constancia de residencia expedida por el ayuntamiento de Solidaridad y firmada por Alberto Farfán Bravo, secretario del ayuntamiento con Cristina Torres, incondicional del gobernador Carlos Joaquín González; el ex Magistrado también presentó un contrato de arrendamiento de una vivienda en la colonia Zazil-Há de Playa del Carmen, firmado entre él y su arrendadora, Kira Iris San Román, quien fuera diputada suplente de la hoy alcaldesa de Playa del Carmen, Lili Campos Miranda, y pareja sentimental de Gama Rodríguez.

Por este hecho, abogados de Somos Tus Ojos interpusieron ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en contra del entonces Magistrado, misma que quedó registrada bajo el número de carpeta FGE/QR/OPB/03/1538/2018, sin embargo, y a pesar de estar plenamente acreditado el delito de falso testimonio cometido por Fernando Gama, la fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, se negó a judicializar la carpeta y prohibió el acceso a la misma a los denunciantes para que dejaran de insistir en el procedimiento.

FERNANDO GAMA INCUMPLE MÚLTIPLES REQUISITOS

Fernando Gama Rodríguez también incumple con el requisito de la fracción XIV del artículo 38 de la Ley del Notariado de Quintana Roo, que requiere “No ser o no haber sido (…)Magistrado del Tribunal Superior de Justicia (…) durante el año anterior a la presentación del examen”, ya que Fernando Gama dejó de ser Magistrado del TJA el 15 de diciembre de 2021, cuando el Congreso del estado aprobó su renuncia al cargo; por lo que aún no cumple un año de haber dejado el cargo de Magistrado.

El hoy Notario, que se encargará de dar fe de múltiples actos trascendentes para la vida de los ciudadanos, tampoco satisface el requisito de la fracción IV del artículo 38 de la Ley del Notariado; que establece que para obtener la patente de Notario Público se requiere “gozar de buena reputación personal y profesional”.

De acuerdo al numeral 40 de la referida Ley, ninguno de estos requisitos son dispensables.

CON PUESTO “GODINEZ”, FERNANDO GAMA SE ENRIQUECIÓ   

El 17 de febrero de 2020, integrantes de Somos Tus Ojos presentaron una denuncia en la Subprocuraduría de Investigaciones de Delitos Federales en la Ciudad de México, en contra de Fernando Gama Rodríguez, cuando éste era magistrado de Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, por la probable comisión de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se acreditó con diversas escrituras de inmuebles de alta plusvalía que el hoy Magistrado adquirió a su nombre y al de su familia, a pesar de que del 2008 al 2015 trabajó en la Procuraduría Fiscal del Estado de México en un cargo menor y con ingresos muy inferiores al monto de las operaciones realizadas.

La denuncia se sustentó en una amplia investigación realizada por la periodista Fabiola Cortés Miranda quien documentó la adquisición de casi una decena de propiedades por parte de Fernando Gama Rodríguez, en zonas residenciales de la Ciudad de México y el Estado de México, y que no coinciden con los ingresos que éste habría podido acumular lícitamente a través de años de trabajo, primero, en un cago burocrático menor en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, y en sus primeros dos años como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

FERNANDO GAMA, EL BURÓCRATA 

Fernando Gama Rodríguez, desde su plaza de abogado dictaminador en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, obtuvo de 2008 al 2015 ingresos totales por $1,786,182 pesos (un millón setecientos ochenta y seis mil ciento ochenta y dos pesos), de acuerdo al oficio número 20706004000100S-030/2020, proporcionado por el Jefe de la Unidad y Servidor Público Habilitado de la Dirección General de Personal de la Secretaria de Finanzas del Estado de México, Navor Millán González, quien en respuesta a una solicitud de información, proporcionó un archivo de 16 hojas conteniendo la información detallada de las percepciones quincenales que el hoy denunciado devengó desde la primera quincena de 2008 hasta las tres últimas quincenas del año 2015, cuando dejó de laborar en la Procuraduría Fiscal. Aunque en el oficio de 18 de enero de 2018 el Jefe de la Unidad de la Dirección General de Personal del Estado de México, informó que Gama Rodríguez inició su labor como abogado dictaminador el uno de junio de 2018, según consta en el reciente documento relacionado con sus percepciones, el Magistrado empezó a cobrar en el Estado de México desde la primera quincena de enero de 2008.

Los ingresos acumulados por Gama Rodríguez en siete años, y los dos años en los que ha sido Magistrado en Quintana Roo contrastan con las propiedades adquiridas por el denunciado y sus familiares, y por los negocios emprendidos; sin que en todos estos años el funcionario haya dado cuenta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de contar con otros ingresos, ni tampoco sus familiares han registrado ingresos ante la autoridad fiscal, de acuerdo a datos entregados por fuente fiable.

FERNANDO GAMA, COMPRA INMUEBLES RESIDENCIALES A PRECIO DE “OFERTA”

Según el folio registral número 77056 que puede consultarse en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el 30 de noviembre de 2015, a unos meses de haberse separado de su empleo como burócrata de bajo nivel, Fernando Gama Rodríguez adquirió el departamento 102, del condominio Villas Talia, con una superficie de 90 metros cuadrados. El inmueble se ubica en una zona residencial de la Riviera Maya, dentro de la exclusiva marina de Puerto Aventuras.

De acuerdo al instrumento público de protocolo abierto 972, pasado ante la fe del notario público 78 del estado de Quintana Roo, Jorge Parra Moguel, Fernando Gama Rodríguez pagó por su departamento, con base en el avalúo practicado por el Corredor público trece del estado de Quintana Roo, Susano Jesús Zetina Cuevas.

Sin embargo, el monto que pagó el funcionario por el inmueble que adquirió no es el valor comercial de éste, sino que se trata de un precio menor, declarado así con el fin de evadir los respectivos impuestos, pues en el mismo condominio Villas Talía, recientemente se vendió un departamento de 105 metros cuadrados en $175,000 dólares, es decir, casi el doble del precio pagado por Fernando Gama Rodríguez. Es de destacarse que quien realizó el avalúo del departamento del Magistrado es el Corredor número 13, de quien Fernando Gama Rodríguez fue “asesor”, según consignó el mismos en  su curriculum falso, entregado al Congreso de Quintana Roo.

El 11 de octubre de 2016 el ex Magistrado adquirió otra propiedad, según consta en el Folio Real Electrónico 00107568, que puede consultarse en el Registro Público de la Propiedad de Naucalpan, Estado de México, y en el que se consigna la compra una casa con una superficie de 390 metros cuadrados ubicada en la Sección Uno B, manzana 210, lote 32, en la colonia Loma al Sol, en Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México; misma por la que Gama Rodríguez pagó cinco millones de pesos. Lo anterior quedó asentado en la escritura pública de compraventa número 32,026, pasada ante la fe del notario número 65 del Estado de México, José Luis Mazoy Kuri.

CON ESE SUELDO «ALCANZÓ» HASTA PARA ABRIR UN RESTAURANTE

Dos meses después de comprar la residencia de Ciudad Satélite, el 20 de diciembre de dos mil 2016, Fernando Gama compró un inmueble de 195.60 metros cuadrados ubicado en la calle Lindavista número 229, en la colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A Madero, de la Ciudad de México, inmueble por el que “oficialmente” el Magistrado pagó la cantidad de un millón 200 mil pesos. Al igual que su departamento de Puerto Aventuras, éste se encuentra en una zona residencial de la Ciudad de México, por lo que el supuesto precio pagado por Fernando Gama Rodríguez entraña también una defraudación fiscal. La compraventa consta en el folio real 9406478 del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México, de acuerdo a la escritura pública número 129903 otorgada ante el notario público 89 de la Ciudad de México, Gerardo Correa Etchegaray.

asadero fernando gamaEn ese inmueble se abrió el restaurante “Asadero Barrio Lindavista”, operado mediante la razón social Operadora de Alimentos RAGAMA SA de CV, empresa constituida por el padre del hoy Notario, Juan Gama Rogel y su hermano, Raúl Gama Rodríguez, mismo que fue clausurado por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México en octubre del año pasado por no contar con los permisos correspondientes para operar, pero que gracias a las influencias de Fernando Gama y su pareja sentimental, la diputada local panista, Lili Campos Miranda, el restaurante fue rápidamente reabierto.

Fernando Gama Rodríguez continuó con la compra de costosos inmueble, y el 22 de febrero de 2019, adquirió otro inmueble a nombre de su madre Guadalupe Rodríguez Rivera, de acuerdo al folio registral 30865, que puede consultarse en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Solidaridad, Quintana Roo. Según dicho registro, la señora Guadalupe Rodríguez compró un terreno ubicado en lote 17, manzana 37, plano cero tres, en el desarrollo turístico Puerto Aventuras, es decir, en el mismo lugar donde Fernando Gama Rodríguez compró su departamento de Villas Talía. Se trata de un predio baldío de 855 metros cuadrados y con una excelente ubicación, pues colinda con el bulevar Puerto Aventuras y con la Marina.

La madre de Gama Rodríguez supuestamente pagó la cantidad de siete millones 350 mil pesos por el terreno referido, de los cuales, según las Declaraciones V del instrumento público de protocolo abierto 1222, tirado ante la Notaria Pública 91 del estado de Quintana Roo, la señora Guadalupe Rodríguez entregó la cantidad de 6 millones 710 mil pesos mediante un cheque de caja, y en efectivo la cantidad de 640 mil pesos. Declaró que el cheque de caja deriva del préstamo que obtuvo mediante contrato privado de mutuo con interés que celebró con la sociedad mercantil Ingeniería y Arquitectura del Caribe SA de CV., sin embargo, dicha sociedad mercantil no ha tenido ingresos, ha realizado declaraciones en ceros del año 2014 al 2018; por lo que es imposible que esta empresa haya tenido recursos para realizar un supuesto préstamo a la madre de Fernando Gama Rodríguez.

Cuando la madre de Fernando Gama adquirió la propiedad arriba detallada, el denunciado ya era Magistrado, puesto que fue electo el 26 de diciembre de 2016. De acuerdo a datos públicos que pueden consultarse en el apartado de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa, Fernando Gama Rodríguez tiene un sueldo mensual de 134 mil 201 pesos, por lo que en los dos años que lleva laborando, aun y cuando hubiera ahorrado su sueldo íntegro, no habría podido pagar el predio que compró y que registró a nombre de su madre.

OTROS FAMILIARES TAMBIÉN “COMPRAN” INMUEBLES

Desde hace años, el hoy Notario Fernando Gama Rodríguez ha ido adquiriendo inmuebles de gran plusvalía a pesar de que como abogado dictaminador de la Procuraduría Fiscal del Estado de México tenía un salario de burócrata de bajo nivel; acumulando en siete años, de 2008 a 2015, ingresos totales por un millón 786 mil pesos

Según el folio real 9188421 del Registro Público de la propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, el siete de septiembre de 2012, Fernando Gama Rodríguez pagó 2 millones 772 mil pesos en la compra de otro inmueble identificado como casa número 88 de la avenida Cuitláhuac, esquina con la calle Pueblo, ubicada en fracción de lote 1, manzana 6, fraccionamiento Ampliación Colonia Guadalupe Victoria, con una superficie de 234 metros cuadrados; lo anterior quedó consignado en la escritura pública 24,846 de fecha 7 de septiembre de 2012, otorgada ante el notario número 241, Sergio Rea Field. En dicha escritura el hoy denunciado señaló como su domicilio el ubicado en segunda cerrada de Cali número trescientos ocho, colonia Valle Dorado, municipio de Tlalnepantla, Estado de México, lo cual es un dato relevante, ya que es otra de las propiedades que adquirió por medio de un prestanombre, en este caso, su hermano Juan Carlos.

Ese año 2012, de acuerdo al oficio número 20706004000100S-030/2020, proporcionado por el Jefe de la Unidad y Servidor Público Habilitado de la Dirección General de Personal de la Secretaria de Finanzas del Estado de México, Fernando Gama tuvo ingresos totales por 287 mil 200 pesos, esto es 10 veces menor al monto que pagó por el inmueble adquirido.

Un año después, con su mismo sueldo de burócrata de bajo nivel, el Notario compró otra propiedad. Según el folio real electrónico 00087745, volumen 118, libro Primero, sección 19, foja 3, partida 34, mismo que puede consultarse en el Registro Público de la Propiedad de Naucalpan, Estado de México, Fernando Gama Rodríguez adquirió una casa ubicada en Zona Mirador, manzana 91, lote 27, Loma Suave, en Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, con una  superficie de 384 m2 y por la que pagó cuatro millones de pesos según consta en la escritura pública de compraventa, número 45109 de 23 de agosto de 2013, pasada ante el notario 74 del Estado de México, Enrique Aguilar Godinez. En ese año 2013, los ingresos totales de Fernando Gama, como burócrata, sumaron apenas 296 mil 595 pesos.

En el 2014, Fernando Gama compró otra propiedad a nombre de su padre, Juan Gama Rogel, misma que se encuentra registrada en el folio real 396121 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Ubicado en manzana 72, lote uno, colonia Nueva Atzacoalco de la Delegación Gustavo A Madero, el inmueble tiene una superficie de 200 metros cuadrados, y la compraventa quedó formalizada en la escritura pública 35275 de fecha 5 de agosto de 2014 otorgada ante la notario número 75 del Estado de México, Graciela Oliva Jiménez Godinez. El padre del hoy Notario, Juan Gama Rogel supuestamente pagó un millón 260 mil pesos por la propiedad.

A solo un año de estar trabajando como abogado dictaminador, en el Estado de México, Fernando Gama adquirió a nombre de su hermano, Juan Carlos Gama Rodríguez, una propiedad en una zona residencial de la Ciudad de México, lo que consta en el folio real 1981, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Se trata de una casa que se ubica en la calle Manizales 840, en la colonia Lindavista de la ciudad de México, y que tiene una superficie de 270 metros cuadrados. De acuerdo a la escritura pública número 20,755, de fecha 27 de agosto de 2009, pasada ante la fe del Notario Público  241 de la Ciudad de México, Sergio Rea Field, el hermano del magistrado, Juan Carlos Gama Rodríguez, adquirió la referida propiedad por un monto de 3 millones 450 mil pesos.

Cabe destacar que Juan Carlos Gama Rodríguez tampoco ha tenido ingresos suficientes para poder comprar la residencia señalada, pues al igual que el Magistrado, también ha sido empleado de menor nivel. La vinculación de Juan Carlos Gama y su hermano Fernando Gama Rodríguez recientemente se hizo patente luego de que el primero fuera contratado en el Departamento de Asuntos Civiles, Mercantiles y Laborales de la Consejería Jurídica del estado de Quintana Roo, dependencia de la que fue titular la pareja sentimental del nuevo Notario, la actual alcaldesa de Playa del Carmen Roxana Lili Campos Miranda.

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FISCALÍA DE QROO DIO CONTRATO A DESPACHO DE MAGISTRADA ACACIO. PERO RESERVA INFORMACIÓN

El primero de febrero de 2019, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo firmó con el despacho Corporación Jurídico Acacio, de la magistrada Verónica Acacio Trujillo, un contrato semestral por 232 mil pesos para la atención de demandas laborales; sin embargo, la FGE reservó por cinco años la información relativa al supuesto trabajo que en cinco meses realizó el despacho fundado por la Magistrada

CHETUMAL, MX.- 11/09/2022. El primero de febrero de 2019, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo firmó con el despacho Corporación Jurídico Acacio, de la magistrada Verónica Acacio Trujillo, un contrato semestral por 232 mil pesos para la atención de demandas laborales; sin embargo, la FGE reservó por cinco años la información relativa al supuesto trabajo que en cinco meses realizó el despacho fundado por la Magistrada.

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De acuerdo al contrato FGE/R.E./005/2019, obtenido por transparencia, el mismo fue firmado por César Octavio Ayerdi Hernández, como director administrativo; y por Alfredo Romero Pasos, como administrador de Corporación Jurídica Acacio S.C., el despacho fue contratado para la realización del servicio de “consultoría legal y administrativa para la elaboración, contestación, seguimiento y atención en todas sus instancias de demandas de tipo laboral”.

Según el “precio” del servicio es de 240 mil pesos, pero solo se pagaron 232 mil pesos al Corporación Acacio, y la vigencia del contrato se estableció a junio del 2019 a partir de la firma de éste.

En la cláusula décima primera del contrato se estableció que el despacho de la Magistrada recibiría instrucciones por escrito por parte del Director Jurídico, para dar cumplimiento a su trabajo.

A través de diversa solicitud de información, se requirió a la Fiscalía General del Estado proporcionar en versión pública, copia de todas las instrucciones que por escrito dio el Director Jurídico de la FGE a Corporación Acacio S.C. con motivo del contrato referido.

En respuesta a lo solicitado, la licenciada Claudia Alicia Durán Jiménez, coordinadora jurídica de la zona 2, consideró que era “indispensable mantener dicha información en reserva de cinco años”; lo cual fue confirmado por el Comité de Transparencia de la FGE.

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POLÉMICA MAGISTRADA FUE REELECTA POR 6 AÑOS MÁS

La magistrada Verónica Acacio, recientemente ratificada, se ha visto envuelta en una polémica, luego de que asegurara que demandará a la abogada Araceli Andrade, quien interpuso en su contra un juicio político por supuestamente obstruir e intervenir en un asunto familiar, en favor de una de las partes.

En entrevista relacionada con estos hechos, la Magistrada aseveró al portal estamosaquí.mx que lamagistrada veronica acacio firma de abogados que lleva su apellido no existe desde hace años, que renta el edificio y la oficina de su propiedad…

El pasado 1 de septiembre, y antes de irse, la XVI Legislatura dejó hecho su trabajo y en una sesión extraordinaria realizada por la noche, 21 diputados aprobaron por unanimidad de votos la reelección de tres magistrados, entre ellos Verónica Gloria Acacio Trujillo, quien permanecerá en su cargo hasta noviembre del 2028.

Previo a su reelección, la Comisón de Justicia, presidida por la diputada Kira Iris San Román, e integrada por los morenistas Edgar Gasca Arceo y Cristina Torres Gómez junto con el expriista Carlos Hernández Blanco, validaron los expedientes de los magistrados, para dictaminar que cumplían con los requisitos para repetir en el cargo. Unos días antes, el 28 de agosto, la propia Comisión de Justicia desechó el juicio político interpuesto en contra de la magistrada Verónica Acacio por la abogada Araceli Andrade.

ANTICORUPCIÓN DE QROO DA CARPETAZO AL 80% DE DENUNCIAS EN 2022

Al primer semestre de 2022, la Fiscalía Anticorrupción del estado de Quintana Roo había iniciado 143 carpetas de investigación, de éstas, 117 las concluyó con un no ejercicio de la acción penal, es decir, determinó que no había delito que perseguir, lo que significa que alrededor del 80 por ciento de las querellas presentadas por los ciudadanos terminaron en la impunidad.

CHETUMAL, MX, 09/08/2022.- Al primer semestre de 2022, la Fiscalía Anticorrupción del estado de Quintana Roo había iniciado 143 carpetas de investigación, de éstas, 117 las concluyó con un no ejercicio de la acción penal, es decir, determinó que no había delito que perseguir, lo que significa que alrededor del 80 por ciento de las querellas presentadas por los ciudadanos terminaron en la impunidad.

De las 143 carpetas de investigación iniciadas solo 14 se judicializaron, esto es, apenas el 10 por ciento de las denuncias han llegado ante un juez para iniciar un procedimiento penal en contra de los denunciados.

rosaura villanueva arzapaloDe acuerdo a la respuesta a la solicitud de información 232601700002222, la Fiscal Rosaura Villanueva Arzápalo cada año se ha ido esforzando más para negar el acceso a la justicia a los ciudadanos, pues en 2018, de 341 carpetas iniciadas, 39 se judicializaron y solo en 12 se determinó el no ejercicio de la acción penal, pero en 2021, de 425 denuncias presentadas por las víctimas del delito, 170 terminaron con un no ejercicio de la acción penal, esto es, poco más de la tercera concluyó, para decirlo coloquialmente, con un carpetazo.

Tal pareciera que la meta de Villanueva Arzápalo es limpiar la Fiscal Anticorrupción como sea, aún si ello representa cerrar las investigaciones, exonerar a los funcionarios denunciados y negar a las víctimas el acceso a la justicia.

En 2019 de 450 denuncias recibidas, 39 carpetas fueron judicializadas; 127 terminaron con el no ejercicio de la acción penal; y 3 con la abstención de investigar.

En 2020, de 480 carpetas iniciadas, en 41 casos las víctimas lograron llegar ante un Juez, pero fueron más los casos, en lo que la Fiscalía Anticorrupción decidió concluir con un no ejercicio de la acción penal, siendo 63 los casos.

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En los años de referencia, las víctimas y los denunciados también han logrado terminar el conflicto por mutuo acuerdo, ya sea con una solución alterna o mediante la terminación anticipada: en 2018, fueron dos casos; en 2019, 17; en 2020, 32; en 2021, 24; y para la mitad del primer semestre de 2022, un caso.

OCULTA ROSAURA VILLANUEVA DATOS SOBRE FUNCIONARIOS DENUNCIADOS

En la solicitud de información también se requirió a la Fiscalía Anticorrupción detallar delito denunciado y cargo o puesto de la persona denunciada, y a pesar de que no se trata de datos personales o reservados, Rosaura Villanueva Arzápalo consideró dicha información como “datos reservados”:

(…) respecto al cargo o puesto del denunciado se constituye como datos reservados de los registros de investigación, por lo que si se realizara entrega en los términos comprendidos implicaría un daño al Estado si se proporciona esa información (…)”.

La XV Legislatura del Congreso eligió en septiembre de 2017 a Rosaura Villanueva Arzápalo como la primer Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo. Sin ninguna experiencia, pues anteriormente había fungido como Juez Penal, Villanueva Arzápalo tenía a su favor el contar con la simpatía del gobernador del estado, Carlos Joaquín González; y de la entonces consejera jurídica, la actual alcaldesa de Playa del Carmen, Lili Campos Miranda, a quien no tardó en devolverle el favor, pues Rosaura Villanueva Arzápalo le dio carpetazo a la denuncia presentada en contra de quien fuera magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Fernando Gama Rodríguez, denunciado por Somos Tus Ojos por presentar documentos falsos ante la XV Legislatura para poder ser electo. Gama Rodríguez también fue denunciado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que como abogado dictaminador en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, y con un sueldo de burócrata menor, logró adquirir varios inmuebles en zonas residenciales así como abrir un restaurante. En diciembre de 2021, Gama Rodríguez renunció a su cargo de Magistrado para incorporarse a la campaña de su pareja sentimental, la alcaldesa de Playa del Carmen, Lili Campos Miranda.

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rosaura villanueva arzapalo2De las 143 carpetas de investigación iniciadas solo 14 se judicializaron, esto es, apenas el 10 por ciento de las denuncias han llegado ante un juez para iniciar un procedimiento penal en contra de los denunciados.

De acuerdo a la respuesta a la solicitud de información 232601700002222, la Fiscal Rosaura Villanueva Arzápalo cada año se ha ido esforzando más para negar el acceso a la justicia a los ciudadanos, pues en 2018, de 341 carpetas iniciadas, 39 se judicializaron y solo en 12 se determinó el no ejercicio de la acción penal, pero en 2021, de 425 denuncias presentadas por las víctimas del delito, 170 terminaron con un no ejercicio de la acción penal, esto es, poco más de la tercera concluyó, para decirlo coloquialmente, con un carpetazo.

Tal pareciera que la meta de Villanueva Arzápalo es limpiar la Fiscal Anticorrupción como sea, aún si ello representa cerrar las investigaciones, exonerar a los funcionarios denunciados y negar a las víctimas el acceso a la justicia.

En 2019 de 450 denuncias recibidas, 39 carpetas fueron judicializadas; 127 terminaron con el no ejercicio de la acción penal; y 3 con la abstención de investigar.

En 2020, de 480 carpetas iniciadas, en 41 casos las víctimas lograron llegar ante un Juez, pero fueron más los casos, en lo que la Fiscalía Anticorrupción decidió concluir con un no ejercicio de la acción penal, siendo 63 los casos.

En los años de referencia, las víctimas y los denunciados también han logrado terminar el conflicto por mutuo acuerdo, ya sea con una solución alterna o mediante la terminación anticipada: en 2018, fueron dos casos; en 2019, 17; en 2020, 32; en 2021, 24; y para la mitad del primer semestre de 2022, un caso.

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OCULTA ROSAURA VILLANUEVA DATOS SOBRE FUNCIONARIOS DENUNCIADOS

En la solicitud de información también se requirió a la Fiscalía Anticorrupción detallar delito denunciado y cargo o puesto de la persona denunciada, y a pesar de que no se trata de datos personales o reservados, Rosaura Villanueva Arzápalo consideró dicha información como “datos reservados”:

(…) respecto al cargo o puesto del denunciado se constituye como datos reservados de los registros de investigación, por lo que si se realizara entrega en los términos comprendidos implicaría un daño al Estado si se proporciona esa información (…)”.

rosaura villanueva arzapaloLa XV Legislatura del Congreso eligió en septiembre de 2017 a Rosaura Villanueva Arzápalo como la primer Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo. Sin ninguna experiencia, pues anteriormente había fungido como Juez Penal, Villanueva Arzápalo tenía a su favor el contar con la simpatía del gobernador del estado, Carlos Joaquín González; y de la entonces consejera jurídica, la actual alcaldesa de Playa del Carmen, Lili Campos Miranda, a quien no tardó en devolverle el favor, pues Rosaura Villanueva Arzápalo le dio carpetazo a la denuncia presentada en contra de quien fuera magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Fernando Gama Rodríguez, denunciado por Somos Tus Ojos por presentar documentos falsos ante la XV Legislatura para poder ser electo. Gama Rodríguez también fue denunciado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que como abogado dictaminador en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, y con un sueldo de burócrata menor, logró adquirir varios inmuebles en zonas residenciales así como abrir un restaurante. En diciembre de 2021, Gama Rodríguez renunció a su cargo de Magistrado para incorporarse a la campaña de su pareja sentimental, la alcaldesa de Playa del Carmen, Lili Campos Miranda.

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REGIDOR MORENISTA HÉCTOR PÉREZ TIENE A PERSONAL DE SU DESPACHO EN NÓMINA

Héctor Hernán Pérez Rivero, regidor morenista, tiene en la nómina del ayuntamiento de Othón P. Blanco a los abogados que laboran en su despacho Pérez Rivero Abogados Corporativos SC.

El Regidor que alcanzó su espacio por Movimiento Autentico Social (MAS), partido al que renunció para sumarse a Morena, incluyó en la nómina municipal a los licenciados Miguel José Ancona Ancona, Carlos Jafett Góngora Alcocer y Cinthia González Gómez.

CHETUMAL, MX, 13/05/2022.- Héctor Hernán Pérez Rivero, regidor morenista, tiene en la nómina del ayuntamiento de Othón P. Blanco a los abogados que laboran en su  despacho Pérez Rivero Abogados Corporativos SC.

El Regidor que alcanzó su espacio por Movimiento Autentico Social (MAS), partido al que renunció para sumarse a Morena, incluyó en la nómina municipal a los licenciados Miguel José Ancona Ancona, Carlos Jafett Góngora Alcocer y Cinthia González Gómez.

De acuerdo a datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, MIGUEL JOSÉ ANCONA ANCONA tiene el cargo de “Director de Unidad de Mejora Regulatoria”, y percibe un sueldo mensual bruto de $6,509 pesos mensuales; en tanto CARLOS JAFETT GÓNGORA ALCOCER es el asistente del Regidor, con un sueldo mensual de $8,237 pesos; y por último, CINTHIA GONZÁLEZ GÓMEZ, está adscrita al área de Oficialía Mayor, supuestamente como auxiliar administrativo con sueldo de $6,079 pesos.

Los tres funcionarios son el “círculo cercano” de Héctor Pérez “el Lic.” de acuerdo a múltiples fotos publicadas en redes sociales.

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REGIDOR MORENISTA HÉCTOR PÉREZ TIENE A PERSONAL DE SU DESPACHO EN NÓMINA

Héctor Hernán Pérez Rivero, Regidor que renunció al partido Movimiento Autentico Social (MAS) para sumarse a Morena, incluyó en la nómina municipal a los licenciados de su “círculo cercano” Miguel José Ancona Ancona, Carlos Jafett Góngora Alcocer y Cinthia González Gómez.

CHETUMAL, MX.- Héctor Hernán Pérez Rivero, regidor morenista, tiene en la nómina del ayuntamiento de Othón P. Blanco a los abogados que laboran en su  despacho Pérez Rivero Abogados Corporativos SC.

El Regidor que alcanzó su espacio por Movimiento Autentico Social (MAS), partido al que renunció para sumarse a Morena, incluyó en la nómina municipal a los licenciados Miguel José Ancona Ancona, Carlos Jafett Góngora Alcocer y Cinthia González Gómez.

De acuerdo a datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, MIGUEL JOSÉ ANCONA ANCONA tiene el cargo de “Director de Unidad de Mejora Regulatoria”, y percibe un sueldo mensual bruto de $6,509 pesos mensuales; en tanto CARLOS JAFETT GÓNGORA ALCOCER es el asistente del Regidor, con un sueldo mensual de $8,237 pesos; y por último, CINTHIA GONZÁLEZ GÓMEZ, está adscrita al área de Oficialía Mayor, supuestamente como auxiliar administrativo con sueldo de $6,079 pesos.

Los tres funcionarios son el “círculo cercano” de Héctor Pérez “el Lic.” de acuerdo a múltiples fotos publicadas en redes sociales.

PAGA GOBIERNO DE QROO A PERIODISTAS CON CONTRATOS DISFRAZADOS DE ASESORÍAS POR SERVICIOS PROFESIONALES

La desaparecida Oficialía Mayor a cargo de Manuel Alamilla Ceballos fue utilizada para otorgar múltiples contratos a personas como reporteros, titulares de asociaciones civiles y operadores de partidos políticos, disfrazadas de “prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos”.

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La desaparecida Oficialía Mayor a cargo de Manuel Alamilla Ceballos fue utilizada para otorgar múltiples contratos a personas como reporteros, titulares de asociaciones civiles y operadores de partidos políticos, disfrazadas de “prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos”.

A través del contrato HNH-11-3409/0041/84/2019, el Oficial Mayor entregó a José Antonio Callejo Anzures un contrato por 230 mil 522 pesos, pagaderos en 6 parcialidades, en dos meses, del primero de abril al 30 de junio de 2019.

De acuerdo al objeto del contrato, ANTONIO CALLEJO fue contratado para “prestar sus servicios profesionales consistentes en asesoría en el diseño de la estrategia de difusión de los alcances y objetivos del nuevo sistema de ingreso en el marco del servicio profesional de carrera a cargo de la Oficialía Mayor”.

Un segundo contrato para prestar el mismo servicio de asesoría fue firmado por el periodista Antonio Callejo, el HN/1-11-3409/0083/07/2019 por un monto de 461 mil 044 pesos, el cual fue pagado en 12 parcialidades en el periodo del primero de julio al 31 de diciembre de 2019.

Antonio Callejo es propietario de Callejo TV; escribió el libro “De Cancún a Almoloya. El Imperio Roto De Mario Villanueva”; también fue director de Comunicación Social en la administración de Greg Sánchez, en al ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún.

Otra reportera que cobró por contratos de servicios profesionales, fue Zuleica Marisol Cáceres G. Canton, quien recibió 461 mil 044 pesos por “asesoría para la integración y análisis de la información, diagnóstico y resultados de las unidades administrativas de la Oficialía Mayor y su procesamiento mediante presentaciones ejecutivas dirigidas a los sectores público, privado y social”.

El contrato HN/1-11-3302/0082/07/2019, firmado por ZULEICA CÁCERES tuvo una vigencia de julio a diciembre de 2019 pagadero “en efectivo, mediante cheque o depósito” en 12 parcialidades.

Manuel Alamilla también pagó a GABRIELA MENESES CHAN, directora general de Palco Quintanarroense, 461 mil 044 pesos por sus servicios profesionales consistentes en “acompañamiento en el proceso de certificación de inmuebles a cargo de la Oficialía Mayor como parte del programa Oficinas transparentes y la integración del programa de simplificación de trámites y servicios de la dependencia”. El contrato HN/1-11-3302/0081/07/2019 tuvo una vigencia del primerio de julio al 31 de diciembre.

Otro contrato firmado por Gabriela de Jesús Meneses Chan con la Oficialía Mayor fue el número HN/1-11-3302/0042/04/2019 para el programa temporal de “Certificación de inmuebles a cargo de la Oficialía Mayor”.

Según este documento, Meneses Chan cuenta con “diversos cursos y capacitaciones lo cual acreditó con certificado número 207 expedido por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, misma que lo autoriza para desempeñarse como asesora especializada”. Por sus servicios, la Directora de Palco Quintanarroense cobró 230 mil 522 pesos en un periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2019.

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El cartonista NICOLÁS LIZAMA CORNELIO también firmó dos contratos con la Oficialía Mayor para prestar sus ‘servicios profesionales consistentes en asistencia administrativa en la programación de eventos programados y realizados”. Nicolás Lizama fue contratado como “analista profesional” adscrito al Programa de eventos oficiales y especiales del Ejecutivo organizados (…)”. El contrato HN/1-11-2425/0026/01/2020 lo firmó por un monto de 66 mil 664 pesos por el periodo del primero de enero al 30 de junio de 2020.

El 8 de julio de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del estado en el Tomo II, Número 92 Extraordinario, Novena Época, el Poder Ejecutivo del estado publicó el “Acuerdo por el cual se instruye el fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación para la simplificación de la administración pública simplificada”, que en los hechos representó la desaparición de la Oficialía Mayor y la puesta a salvo de su titular Manuel Alamilla Ceballos quien entregó cientos de contratos por la prestación de servicios profesionales ficticios, así como contratos por adquisición de bienes a precios inflados; además de llevar a cabo licitaciones amañadas, siendo la más conocida la licitación de uniformes escolares en la que resultó ganadora la empresa poblana Adicon S.A. de C.V., misma que no contaba ni con infraestructura ni con experiencia.

La desaparición de la Oficialía Mayor y el retiro de la escena de Manuel Alamilla fue ordenada por el gobernador Carlos Joaquín tuvo como finalidad proteger a uno de sus más fieles empleados, que al igual que su tesorera, Yohanet Torres Muñoz, le han resultado útiles en el desvío de cientos de millones de pesos.

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PAGA GOBIERNO DE QROO A PERIODISTAS CON CONTRATOS DISFRAZADOS DE ASESORÍAS POR SERVICIOS PROFESIONALES

La desaparecida Oficialía Mayor a cargo de Manuel Alamilla Ceballos fue utilizada para otorgar múltiples contratos a personas como reporteros, titulares de asociaciones civiles y operadores de partidos políticos, disfrazadas de “prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos”.

A través del contrato HNH-11-3409/0041/84/2019, el Oficial Mayor entregó a José Antonio Callejo Anzures un contrato por 230 mil 522 pesos, pagaderos en 6 parcialidades, en dos meses, del primero de abril al 30 de junio de 2019.

De acuerdo al objeto del contrato, ANTONIO CALLEJO fue contratado para “prestar sus servicios profesionales consistentes en asesoría en el diseño de la estrategia de difusión de los alcances y objetivos del nuevo sistema de ingreso en el marco del servicio profesional de carrera a cargo de la Oficialía Mayor”.

Un segundo contrato para prestar el mismo servicio de asesoría fue firmado por el periodista Antonio Callejo, el HN/1-11-3409/0083/07/2019 por un monto de 461 mil 044 pesos, el cual fue pagado en 12 parcialidades en el periodo del primero de julio al 31 de diciembre de 2019.

Antonio Callejo es propietario de Callejo TV; escribió el libro “De Cancún a Almoloya. El Imperio Roto De Mario Villanueva”; también fue director de Comunicación Social en la administración de Greg Sánchez, en al ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún.

Otra reportera que cobró por contratos de servicios profesionales, fue Zuleica Marisol Cáceres G. Canton, quien recibió 461 mil 044 pesos por “asesoría para la integración y análisis de la información, diagnóstico y resultados de las unidades administrativas de la Oficialía Mayor y su procesamiento mediante presentaciones ejecutivas dirigidas a los sectores público, privado y social”.

El contrato HN/1-11-3302/0082/07/2019, firmado por ZULEICA CÁCERES tuvo una vigencia de julio a diciembre de 2019 pagadero “en efectivo, mediante cheque o depósito” en 12 parcialidades.

Manuel Alamilla también pagó a GABRIELA MENESES CHAN, directora general de Palco Quintanarroense, 461 mil 044 pesos por sus servicios profesionales consistentes en “acompañamiento en el proceso de certificación de inmuebles a cargo de la Oficialía Mayor como parte del programa Oficinas transparentes y la integración del programa de simplificación de trámites y servicios de la dependencia”. El contrato HN/1-11-3302/0081/07/2019 tuvo una vigencia del primerio de julio al 31 de diciembre.

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Según este documento, Meneses Chan cuenta con “diversos cursos y capacitaciones lo cual acreditó con certificado número 207 expedido por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, misma que lo autoriza para desempeñarse como asesora especializada”. Por sus servicios, la Directora de Palco Quintanarroense cobró 230 mil 522 pesos en un periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2019.

El cartonista NICOLÁS LIZAMA CORNELIO también firmó dos contratos con la Oficialía Mayor para prestar sus ‘servicios profesionales consistentes en asistencia administrativa en la programación de eventos programados y realizados”. Nicolás Lizama fue contratado como “analista profesional” adscrito al Programa de eventos oficiales y especiales del Ejecutivo organizados (…)”. El contrato HN/1-11-2425/0026/01/2020 lo firmó por un monto de 66 mil 664 pesos por el periodo del primero de enero al 30 de junio de 2020.

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El 8 de julio de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del estado en el Tomo II, Número 92 Extraordinario, Novena Época, el Poder Ejecutivo del estado publicó el “Acuerdo por el cual se instruye el fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación para la simplificación de la administración pública simplificada”, que en los hechos representó la desaparición de la Oficialía Mayor y la puesta a salvo de su titular Manuel Alamilla Ceballos quien entregó cientos de contratos por la prestación de servicios profesionales ficticios, así como contratos por adquisición de bienes a precios inflados; además de llevar a cabo licitaciones amañadas, siendo la más conocida la licitación de uniformes escolares en la que resultó ganadora la empresa poblana Adicon S.A. de C.V., misma que no contaba ni con infraestructura ni con experiencia.

La desaparición de la Oficialía Mayor y el retiro de la escena de Manuel Alamilla fue ordenada por el gobernador Carlos Joaquín tuvo como finalidad proteger a uno de sus más fieles empleados, que al igual que su tesorera, Yohanet Torres Muñoz, le han resultado útiles en el desvío de cientos de millones de pesos.

SOMOS TUS OJOS PRESENTA JUICIO POLÍTICO CONTRA TESORERA DE CARLOS JOAQUÍN

Este 26 de enero, la asociación civil Somos Tus Ojos presentó ante la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo, denuncia de juicio político en contra de Yohanet Teódula Torres Muñoz, en su carácter de titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado, por el presunto desvío de alrededor de 215 millones de pesos a través de la contratación de las llamadas Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas.

CHETUMAL 26/01/2022.- Este 26 de enero, la asociación civil Somos Tus Ojos presentó ante la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo, denuncia de juicio político en contra de Yohanet Teódula Torres Muñoz, en su carácter de titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado, por el presunto desvío de alrededor de 215 millones de pesos a través de la contratación de las llamadas Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas.

carlos joaquin yohanet torresTorres Muñoz firmó decenas de contratos con las empresas Tecnología Peñasco SA de CV, Proeco Consultores SA de CV y Comercializadora Ruecsa S.A. de R.L. de C.V., mismas que proveyeron servicios como el monitoreo de cámaras,  el mantenimiento, reporteo y acciones proactivas para plataforma de seguridad informática; el servicio de Implementación del Proyecto App Código QR; el proyecto, análisis, monitoreo y balanceo de cargas de los servicios de datos y aplicaciones que garanticen la disponibilidad del 99% de los sistemas; el servicio de análisis de factibilidad para la creación de la unidad de control y vigilancia de la Dirección de Egresos y por el estudio para la determinación de las variables de la pobreza en los municipios; entre otros servicios de ese tipo.

Los contratos firmados por Torres Muñoz son contratos genéricos, y varios de ellos señalan que los servicios se prestarán de acuerdo a las especificaciones detalladas en los anexos, sin embargo, los anexos son inexistentes.

Igualmente, Yohanet Torres pagó a 148 millones de pesos en tres años a la empresa RP Servicios y Capital Humano SA de CV, para obtener la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Dicha empresa, fue creada el 15 de agosto de 2015, y, prácticamente no contaba con alguna experiencia.

En su página de internet, RP Servicios y Capital Humano SA de CV, se presenta como “una empresa mexicana con cuatro años de experiencia en áreas como mercadotecnia, capacitación de personal, administrativa, publicidad, ambientación y diseño comercial”.

Según el sistema SIGER de la Secretaría de Economía, esta empresa fue creada en la Notaria del Licenciado Luis Jorge de Atocha Carrillo Palma, en Mérida Yucatán, con un capital de diez mil pesos, y sus socios son Augusto de Jesús Tzuc González y Luis Alberto Canto G Cantón, éste último apenas un año antes de crear la boyante empresa, participó en el concurso para ocupar una plaza como técnico judicial en el Poder Judicial de Yucatán; sin embargo, un año después la fortuna le sonrió pues con su empresa recién creada, no tardó en obtener millonarios contratos con el gobierno de Carlos Joaquín González.

Antes de convertirse en apoderado legal de la exitosa empresa dedicada a gestionar la devolución del ISR, Héctor Augusto Serrano Cruz, era secretario particular del presidente municipal de Tlalnepantla, Estado de México.

El 18 de junio de 2019 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado en el que recordó que desde enero del 2015, las entidades federativas y los municipios, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, reciben el 100% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al salario del personal que labora en las dependencias de dichos órdenes de gobierno.

La dependencia explica cuál es el procedimiento para acceder a este beneficio, y destaca: “es importante mencionar que estos procesos y trámites no generan ningún costo para las entidades federativas o sus municipios. Tampoco es necesario el apoyo de intermediarios, como podrían ser despachos y/o empresas privadas, que ofrezcan servicios para la realización de dichos trámites.”

Además, la SHCP reitera que la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, así como las demás involucradas de la SHCP y del SAT están en la mejor disposición de apoyar en el trámite y procedimientos correspondientes a todas las entidades federativas, así como a los municipios que requieran asesoría, a efecto de obtener la participación de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que les corresponda.

DOCTORADO Y MENCIÓN HONORÍFICA, PERO TRUENA LAS FINANZAS DE QROO

El 8 de enero de 2018 Yohanet Teódula Torres Muñoz fue designada como titular de la Secretaría de Finanzas, quien de acuerdo a lo difundido ese día por la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del estado, “es licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, su certificación profesional se hizo a través de la Federación de Colegios de la Contaduría Pública de México; tiene una Maestría en Impuestos y cuenta con estudios de doctorado en Ciencias de lo Fiscal con mención honorífica, ambos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos”.

Según la trayectoria hecha pública, la funcionaria tiene sobradas capacidades para desempeñar su encargo pues además de ser Contadora, tiene estudios de especialización en impuestos e incluso un doctorado en materia fiscal, en el que obtuvo mención honorífica. A pesar de sus estudios y experiencia, Yohanet Teódula Torres Muñoz entregó por asignación directa múltiples contratos a empresas que tienen las características de las llamadas Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas y de las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas, esto es, que son de  reciente creación, con objeto social muy amplio, con apoderados legales y/o socios comunes, con ingresos desproporcionados,  no cuentan con experiencia, no tienen personal para realizar las actividades que amparan los comprobantes fiscales y prestan servicios de los llamados intangibles; entre otras.

Por lo anterior, este miércoles, Somos Tus Ojos presentó demanda de juicio político en contra de Yohanet Torres,  con fundamento en los artículos 108 penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales 7, 17 y 160 de la Constitución Política del estado de Quintana Roo; los artículos 1º, 2, 3, 5, 6 fracciones VIII, XII y XIII; 7, 9  y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado; puesto que la Secretaria de Finanzas realizó conductas que señaladas en los supuestos del artículo 6 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, específicamente en sus fracción XII, “la notoria negligencia o torpeza en el desempeño de las funciones públicas”; y la fracción XIII, por el manejo indebido de fondos y recursos del Estado; con lo que perjudicó los intereses públicos fundamentales.

VER DOCUMENTO juicio político Yohanet Torres

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Para “contar con un software que permita el control de las minutas y acuerdos para dar un seguimiento y mejorar los resultados” la tesorera del estado Yohanet Torres Muñoz dio 3.5 millones de pesos a Comercializadora Ruecsa, a través del contrato SEFIPLAN/DA/AD/17/2020, firmado el 22 de febrero de 2019. Además, la titular de la Sefiplan entregó a esta empresa otros varios contratos por supuestos servicios.

CHETUMAL 23/01/2022.- El 17 de septiembre de 2018, la tesorera Yohanet Torres Muñoz firmó un contrato (SEFIPLAN /DA/13P/21A/18) con la empresa Comercializadora Ruecsa S. de R.L. de C.V. por un millón 512 mil 877 pesos para proporcionar “el servicio para el evento para el curso taller para autoridades electas 250”.

Otryohanet torres2o de los contratos firmados por Yohanet Torres con Comercializadora Ruecsa, el SEFIPLAN/DA/AD/20A/18) fue para proporcionar el servicio de locución y musicalización de spots de audio para usos múltiples de la Secretaría de Finanzas y Planeación por un monto de 290 mil pesos, firmado el 15 de octubre de 2018.

Un contrato más (SEFIPLAN /DA/13P/24A/18) por un millón 304 mil 204 pesos fue firmado entre Yohanet Torres y Comercializadora Ruecsa el 24 de septiembre de 2018 con el fin de que esta empresa proporcionara “el servicio para el taller de planificación estratégica gobierno, estado de Quintana Roo y la FOA 250”.

CLÁUSULAS DE CONTRATO SIN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS “PRESTADOS”

Sin embargo, las cláusulas de dicho contrato nada tienen que ver con los supuestos servicios que prestó esta sociedad mercantil, que además, en estos tres contratos se identifica como una “sociedad civil” y no como una sociedad de responsabilidad de Capital Variable.

Sin importar que los servicios supuestamente proporcionados por la empresa a la Tesorería estatal, en la cláusula primera de todos se lee un apartado denominado “situación actual”, que señala: “como primer paso una vez que se haya recopilado y revisado la información, se realizará el análisis de las condiciones actuales en que se prestan los servicios que hayan sido considerados en el Proyecto, así como la problemática que se busca solucionar. En otro apartado denominado análisis de la oferta actual se señala: “se presentarán los resultados del análisis de la oferta actual del mercado en el cual se llevará a cabo el Proyecto, los cuales serán respaldados con croquis, fotografías, gráficas y tablas que clarifiquen la situación actual e indiquen el año a que se refiere la información”.

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En el contrato existe otro aparatado denominado “situación sin proyecto” en el que se lee: “para el análisis de la situación sin proyecto deberá contemplarse lo que ocurrirá en ausencia del proyecto de inversión. En el apartado situación sin proyecto se presentarán posibles optimizaciones identificadas que, en dichas condiciones, permitan solucionar parcial o temporalmente la problemática identificada. Se describirán también el impacto que dichas medidas tendrán en la oferta, la demanda y su interacción, y el resultado del análisis de alternativas técnicas para la problemática que siga presentándose a pesar de las optimizaciones propuestas”.

PAGA GOBIERNO 3.5 MILLONES DE PESOS POR SOFTWARE PARA CONTROL DE ACUERDOS

Para “contar con un software que permita el control de las minutas y acuerdos para dar un seguimiento y mejorar los resultados” la Tesorera dio 3.5 millones de pesos a Comercializadora Ruecsa, a través del contrato SEFIPLAN/DA/AD/17/2020,  firmado el 22 de febrero de 2019.

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De la caja de la tesorería municipal, Yohanet Torres igualmente pagó a Comercializadora Ruecsa un millón 740 mil pesos para proporcionar “el servicio de implementación de campaña para fomentar la incorporación, regularización y concientización de contribuyentes para el servicio de administración tributaria del estado de Quintana Roo (SATQ), según contrato SEFIPLAN/DA/AD/1/18/2020 firmado el 15 de enero de 2020.

DOBLETEA PAGO DE MILLONES DE PESOS POR MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS

Yohanet Torres Muñoz pagó 2 millones 808 mil pesos para que Comercializadora Ruecsa proporcionara el “servicio de mantenimiento a la red de video CCTV, limpieza, calibración, actualización del sistema de almacenamiento y distribución de video, así como la red, redireccionamiento de las cámaras, configuración de sistema de administración y monitoreo, instalación de equipo nuevo y reparación, refacciones de equipo dañados”.  En el contrato, firmado el 22 de febrero de 2019, no se establece a qué red de video se le dará limpieza, calibración y actualización del sistema de almacenamiento.

Cabe destacar que en la misma fecha, el 22 de febrero de 2019, Torres Muñoz entregó por asignación directa a otra empresa, Proeco Consultores SA de CV un contrato para “monitoreo de cámaras” por 9 millones de pesos, mediante documento SEFIPLAN/DA/DGTIC/AD/03/2019; previamente, entregó a Comercializadora Ruecsa por “mantenimiento a la red de video CCTV”, Yohanet Torres, anteriormente, el 15 de enero de 2018, pagó a Proeco Consultores SA de CV, 9 millones de pesos, por el trabajo de ‘ver cámaras’, según el contrato SEFIPLAN/DA/AD/05/18 cuyo objeto fue el de “proporcionar, prestar y contratar toda clase de servicios de asistencia para el monitoreo de 83 cámaras de seguridad de Sefiplan”.

RUECSA SE CREÓ CON 10 MIL PESOS, OBTUVO INGRESOS MILLONARIOS, Y SE DISOLVIÓ EN 3 AÑOS 

Comercializadora Ruecsa S. de R. L. de C. V. se constituyó con un capital de 10 mil pesos el 22 de julio de 2017 ante el notario público 15 de Mérida Yucatán, con dos socios María Adelaida Cab Puc y Jesús Alberto Adrián Ruiz, quien tenía 26 años al momento de constituir su “empresa”; y sin realizar ningún asamblea que diera cuenta de su aumento de capital por los millonarios ingresos que obtuvo en unos años, el 7 de diciembre de 2020 celebró una asamblea para disolver la sociedad mercantil, lo vual formalizó unos días después, el 23 de diciembre, ante el mismo Notario 15, Alejandro José Monsreal Rodríguez.

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De noviembre de 2018 a junio de 2020, Manuel Alamilla Ceballos titular de la extinta Oficialía Mayor de Quintana Roo, pagó 6 millones 308 mil pesos a diversas personas por realizar trabajos de “gestión y apoyo en las audiencias del Gobernador”; “seguimiento a trámites de audiencias del Gobernador”; “programa logístico y protocolo de giras”; “avanzada”; y programas y eventos especiales del Ejecutivo”, entre otros encargos.

CHETUMAL, QROO. 02/06/2020.- De noviembre de 2018 a junio de 2020, Manuel Alamilla Ceballos titular de la extinta Oficialía Mayor de Quintana Roo, pagó 6 millones 308 mil pesos a diversas personas por realizar trabajos de “gestión y apoyo en las audiencias del Gobernador”; “seguimiento a trámites de audiencias del Gobernador”; “programa logístico y protocolo de giras”; “avanzada”; y programas y eventos especiales del Ejecutivo”, entre otros encargos.

aviadores rocio moreno carlos joaquin2platicale al gobernador

Los pagos hechos a las personas contratadas para asistir al gobernador Carlos Joaquín González en sus audiencias y eventos, la mayoría con el cargo de analista profesional o analista especializado, varían desde los 16 mil pesos hasta los casi 450 mil pesos, sin que en los contratos se especifiquen las funciones que realizarán.

herminia salinas peñaLos beneficiarios van desde abogados e ingenieros hasta personas que solo cuentan con primaria o secundaria, y figuran nombres de gente que tiene vínculos con asociaciones civiles, como HERMINIA PEÑA NIÑO, quien fue contratada como “analista profesional” dentro del Programa temporal gestión de apoyos de las audiencias públicas, y es madre de HERMINIA SALINAS PEÑA, presidenta y fundadora de “Transparencia por Quintana Roo”, una asociación acrítica y acompañante del gobierno del estado y del oficialista Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo. La señora Herminia Peña cobró 22 mil 221 pesos de noviembre a diciembre de 2018. De profesión contadora pública, fue contratada como “analista profesional” dentro del Programa de gestión de apoyo de las audiencias públicas del Gobernador. La madre de la Presidenta de Transparencia por Quintana Roo cobró con la Secretaría de Desarrollo Social otros 66 mil 664 pesos por seguir “laborando” en las audiencias del Gobernador.

Este gasto, es adicional al que se paga ordinariamente a las 82 personas con plaza de confianza adscritas a las Unidades de asesoría, apoyo técnico, jurídico y de coordinación, encargadas de los asuntos relacionados con el Gobernador, y que en 2020 tuvieron un presupuesto de 67 millones de pesos.

LOS “PRIVILEGIADOS” QUE SIRVEN AL GOBERNADOR

GABRIEL ALEJANDRO MILLÁN GÓMEZ es uno de los empleados “VIP” contratados por el entonces Oficial Mayor Manuel Alamilla, y quien ha percibido casi un millón de pesos por sus servicios como “asesor” de eventos. Un primer pago por 443 mil 397 pesos lo recibió de julio a diciembre de 2019 por desempeñarse como “asesor en programación, logística y desarrollo de eventos”; adicionalmente, Millán Gómez laboró como como “asesor especializado” de enero a junio de 2020 por la “supervisión de eventos”, ganando otros 443 mil 397 pesos. Para laborar como “asesor especializado” Gabriel Alejandro Millán Gómez no ha requerido más que contar con “diversos cursos y capacitaciones”, es decir, no cuenta ni con estudios de licenciatura según contrato firmado con la Oficialía Mayor.

fernando adalid castañedaEntre los mejor pagados por “asistir” al gobernador Carlos Joaquín González en sus giras y audiencias públicas está FERNANDO ADALID CASTAÑEDA, de profesión abogado, recibió 263 mil 223 pesos por laborar de julio a diciembre de 2019 como “asesor especializado en planeación” adscrito al Programa logístico de giras y eventos del Ejecutivo Estatal; sin embargo, en el contrato no se especifican las funciones o trabajos que realizaría Fernando Adalid Castañeda.

El abogado Adalid Castañeda, quien en su red social LinkedIn se presenta como Director de giras en el Gobierno de Quintana Roo, firmó un segundo contrato por 263 mil 223 pesos del periodo del primero de enero al 30 de junio de 2020 para realizar “actividades relacionadas con protocolo y ceremonias, planificando organizando y supervisando actos y /o eventos con la asistencia del Ejecutivo en la zona sur del estado de Quintana Roo”.

Onallely audelotra abogada con súper sueldo es NALLELY AUDELO JUAREZ quien fue contratada como “asesor especializada en planeación” dentro del “Programa logístico y protocolo de giras y eventos del Ejecutivo”, con un pago de 263 mil 223 pesos, para laborar de julio a diciembre de 2019; adicionalmente recibió otros 263 mil 223 pesos de enero a junio de 2020 para “supervisar los trámites administrativos para que se suministre de manera oportuna los insumos necesarios de las direcciones dependientes de la Coordinación de giras”. Audelo Juárez, también se presenta en su red social LinkedIn como Directora de giras en el Gobierno de Quintana Roo.

Entre los beneficiados con contratos para “trabajar” en las giras y audiencias del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, figura otro abogado: CARLOS VIDAL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ, quien laboró “para fungir como conductor del coordinador de giras en los traslados terrestres del estado”, en las “ceremonias y eventos del Ejecutivo del estado” ganando 203 mil 979 mil pesos, de enero a junio de 2020. El licenciado Cheluja Martínez, proveniente de conocida familia chetumaleña, cobró otros 203 mil 979 pesos por sus servicios de “chofer”, de julio a diciembre de 2019.

SERGIO ALBERTO CASTUERA ARROYO, licenciado en Ciencias de Comunicación, fue contratado por la Oficialía Mayor como asesor especializado en planeación dentro del Programa logístico y protocolo de giras y eventos del ejecutivo estatal, y por su desempeño cobró 263 mil 223 pesos de julio a diciembre de 2019. Al siguiente año, el comunicólogo cobró otros 263 mil 223 pesos por “realizar actividades relacionadas con protocolo y ceremoniales, planificando, organizando y supervisando actos y eventos con la asistencia del ejecutivo en la zona norte del estado de Quintana Roo”.

Sergio Alberto Castuera es hijo del general brigadier en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sergio Alberto Martínez Castuera.

El Oficial Mayor Manuel Alamilla, también contrató al teniente de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, RUDY EROSA NAVARRETE, como “analista profesional especializado” dentro del “Programa temporal apoyo administrativo”, y a quien le pagó 142 mil 726 pesos de julio a diciembre de 2019.

Por su parte, el Maestro en Políticas Públicas y Género, RICARDO ALI RAMÍREZ MUÑIZ, como analista especializado en la Coordinación de Giras, cobró 221 mil 103 pesos, de julio a diciembre de 2019. Adicionalmente, mediante otro contrato, Ramírez Muñiz, recibió otros 221 mil 103 pesos por prestar sus servicios en la “programación de las ceremonias y eventos del ejecutivo del estado” de enero a junio de 2020. Ramírez Ali también figura dentro del organigrama de la Secretaría de Seguridad Pública como “Director de Seguridad” asignado a la Coordinación General de Ayudantía del Gobierno del Estado. Según su información curricular, Ricardo Alí Ramírez fue Jefe de Sección en la Secretaría de la Defensa Nacional y Superintendente de información y estrategia región occidente de Pemex.

COMO “ENLACE” DE LA CONAGO Y ANALISTA DE INFORMACIÓN COBRÓ MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS

Uno de los mejor pagados por prestar servicios al Gobernador de Quintana Roo, es  RICARDO ALEJANDRO GRAJALES FLOTA, quien como “asesor especializado” para fungir como enlace en la Conferencia Nacional de Gobernadores cobró 531 mil 632 pesos, del periodo julio a diciembre de 2019. De acuerdo al contrato firmado por Manuel Alamilla, adicional a sus honorarios, el gobierno del estado se obligó a pagar los gastos de viajes y traslados de Grajales Flota.

Otra “chamba” encargada al economista Grajales Flota fue la de “asesor especializado” para realizar el “análisis de información de las dependencias”, trabajo por el que cobró 664 mil 540 pesos, de mayo a diciembre de 2018.

En 2016, la Secretaría de la Contraloría de Campeche inhabilitó a Ricardo Alejandro Grajales por un año, por no presentar su declaración patrimonial, luego de desempeñarse como Secretario Auxiliar del entonces gobernador de esa entidad, Fernando Ortega Bernés.

En su red social Facebook, se ve el “intenso” trabajo que realiza Ricardo Grajales Flota.

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DESVÍAN DINERO DE DESARROLLO SOCIAL PARA PAGO DE AVIADORES DEL GOBERNADOR

MICHAEL ELEAZAR PAVON MEDINA con licenciatura en Ingeniería en Tecnología de la Información y Comunicación fue contratado como “analista profesional” y cobró 47 mil 674 pesos de noviembre a diciembre de 2018, por su “trabajo” dentro del programa temporal “gestión de apoyos de las audiencias públicas”. El Ingeniero Pavón Medina recibió otros 142 mil pesos, del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), dirigida por la amiga personal del Gobernador, Rocío Moreno Mendoza, en este segundo contrato, aunque los recursos salieron de la SEDESO, Pavón Medina realizó actividades en “gestión social y apoyo durante las audiencias públicas y actividades del Gobernador”.

De profesión licenciada en Diseño, CLAUDIA MARÍA MANZANILLA DE LA TORRE al igual que Michael Eleazar Pavón, primero obtuvo un contrato por 47 mil 575 pesos por dos meses de trabajo, de noviembre a diciembre de 2018, en la gestión social y apoyo durante las audiencias públicas y actividades del Gobernador; y posteriormente, de enero a junio de 2019, recibió un contrato de la entonces encargada de despacho de la SEDESO, ROCÍO MORENO MENDOZA, para continuar sus actividades auxiliando al gobernador Carlos Joaquín González durante sus audiencias públicas.

ROLANDO SOBERANIS PRADO, licenciado en Derecho, fue contratado como analista profesional en el programa temporal Gestión de apoyos de las audiencias públicas cobrando 34 mil 858 pesos por dos meses de trabajo, y lo mismo que a los anteriores, la SEDESO de enero a junio de 2019 le pagó 104 mil 576 pesos por seguir auxiliando al gobernador Carlos Joaquín González.

JUAN MARIO MEDINA MANZANO, con estudio de bachillerato, fue también contratado para asistir al gobernador Carlos Joaquín González, cobrando 22 mil 221 pesos en los meses de noviembre y diciembre de 2018. Posteriormente, en 2019, ROCÍO MORENO, encargada de la SEDESO, le dio un nuevo contrato, de enero a junio de 2019 para continuar trabajando en la ‘gestión y apoyo de las audiencias públicas y actividades del Gobernador’.

MARTHA imelda castelan fleteMARTHA IMELDA CASTELÁN FLETE, quien en LinkedIn se presenta secretaria de la asociación civil Superación Ciudadana Quintanarroense, SUCIQROO AC, es una más de las personas contratadas supuestamente para asistir al gobernador Carlos Joaquín González en sus audiencias públicas y giras; y de noviembre a diciembre de 2018 cobró 17 mil 410 pesos. Con estudios de primaria, fue contratada como “analista profesional” del Programa gestión de apoyos de las audiencias públicas. Al igual que los anteriores, recibió otro contrato de la Secretaría de Desarrollo Social, en el que se señala que ya cuenta con estudios de secundaria, cobrando 52 mil 230 pesos por trabajar en las giras del Gobernador de enero a junio de 2019.

ILSE MARÍA MACEDO HERRERA, con estudios de bachillerato, cobró 65 mil 553 pesos por “trabajar” de agosto a diciembre realizando actividades de seguimiento de trámites de las audiencias públicas. Rocío Moreno, le dio un nuevo contrato por 95 mil 947 pesos para realizar de enero a junio de 2019 actividades de “apoyo técnico” a las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social.

CARLA MARÍA YUPIT MOO, licenciada en Turismo, al igual que el anterior, trabajó como “analista profesional” y cobró 22 mil 221 pesos de noviembre a diciembre de 2018, por su “trabajo” dentro del programa temporal “gestión de apoyos de las audiencias públicas”. Su “experiencia” le redituó, pues se incorporó a la administración de VÍCTOR MAS TAH, como Coordinadora de atención ciudadana del DIF. Carla María Yupit actualmente es suplente de Yolanda Vázquez Luna, quien se registró como segunda regidora en la planilla de GABRIEL MENDICUTTI LORIA, candidato a presidente municipal de Playa del Carmen por Fuerza México.

A la lista de los mencionados se agregan otras personas que han cobrado diversas cantidades, como Ayfadir Canché Cuapio y su padre Nemesio Macario Canché Gutiérrez; Carolina Arellano Zaragoza, Diana Yared Lagunas Mendoza, Albina Hernández Hernández, José Alberto Conde Sánchez,  Saúl Alejandro Sinta Olvera, Susana López López, Leticia García Avalos, Samuel Herrera Mac, el ejidatario Domingo Santiago Ake, Luis Alberto Serrano Sánchez, Ilse María Macedo Herrera, Patricio Armando Zapata Castro, ex trabajador de Aeroferinco; Fernando Augusto Medina Vargas, Edgar Jesús Rivera Padilla, Saúl Alfonso Castellanos Chan, beneficiario también de las “ayudas sociales” del Congreso del Estado; Norma Cristina Domínguez Lujan, quien en internet figura como arrendadora de salones de fiesta.

Las personas incorjorge ivan suarez vazquezporadas al área de audiencias públicas, giras y eventos del gobernador, Carlos Joaquín González, además de desempeñar las “funciones” poco claras para las que fueron contratadas, suelen compartir con dedicación las actividades de su jefe, el Gobernador o tienen relación con actores afines a Joaquín González, como Jorge Iván Suárez Vázquez.

Todos los contratos fueron firmados por el entonces Oficial Mayor, Manuel Alamilla Ceballos.

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OTRAS 82 PERSONAS AL SERVICIO DEL GOBERNADOR COSTARON 67 MILLONES DE PESOS

Además de las personas contratadas por honorarios para servir al gobernador Carlos Joaquín González, éste cuenta con las Unidades de asesoría, apoyo técnico, jurídico y de coordinación que se ocupan directamente de los asuntos relacionados con el Gobernador, y en las que laboran 82 personas en plazas de confianza.

En el 2019 dichas Unidades tuvieron un presupuesto ampliado de 64 millones de pesos, de los que se destinaron 46 millones de pesos para servicios personales. En el 2020 las referidas unidades tuvieron un presupuesto ampliado por 67 millones de los que 48 millones de pesos se utilizaron para servicios personales.

SOMOS TUS OJOS NO ES ALIADO DEL OBSERVATORIO LEGISLATIVO

CANCÚN, MX.- En un boletín difundido por el Observatorio Legislativo el día de ayer 16 de mayo de 2021, en un párrafo un tanto confuso, señala que Somos Tus Ojos ha sido su aliado en algunos temas. Al respecto deseo aclarar que “Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo”, no es ni ha sido aliado del Observatorio Legislativo, asociación dirigida por Eduardo Galaviz Ibarra, con quien únicamente coincidimos en una investigación paralela en el tema de las ayudas sociales entregadas por los diputados del Congreso.

Somos Tus Ojos no reconoce al Observatorio Legislativo como “aliado” porque consideramos que lejos de ser una asociación independiente mantiene intereses y vínculos con algunos actores políticos. En el tema de los despojos, por ejemplo, se ha limitado a señalar los cometidos por el PVEM-MORENA, pero el Observatorio Legislativo no se ha pronunciado ni lo hace en su boletín, sobre la grave corrupción que prevalece en la Fiscalía General del Estado en el tema de despojos, y antes al contrario, uno de sus integrantes, James Tobin, también integrante de la Mesa de Seguridad estatal, ha reconocido y defendido el trabajo de esa institución.

En el boletín de prensa que emite hoy el Observatorio Legislativo omite pronunciarse respecto del despojo cometido por José María Rejón de la Guerra, el cuñado del Gobernador, en agravio de un anciano maya discapacitado y tampoco de los cometidos en contra de propietarios de Mahahual, y en los que la propia Fiscalía General del Estado ha sido cómplice. El Observatorio Legislativo y quien se dice “aliado” de Somos Tus Ojos tampoco ha fijado postura pública en torno a la persecución y las tres denuncias falsas que se siguen en la Fiscalía General del Estado en contra de la presidenta de esta asociación, Fabiola Cortés Miranda. Por lo anterior, rechazamos la calidad de “aliados” que señala el Observatorio Legislativo.

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YA DE PASO… EL “DETRÁS DE CÁMARA” DE LA “INVESTIGACIÓN” DE LORET DE MOLA

La “investigación” realizada por el equipo de Latinus sobre los despojos en los que participaron los políticos del Partido Verde Ecologista de México y MORENA, en particular el diputado Gustavo Miranda, el regidor Pablo Bustamante, y la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, no podría haber sido posible sin la “filtración” de información por parte de la Fiscalía General del Estado, y que mantiene una relación cercana con el Observatorio Legislativo, a través de James Tobin, consejero de la Mesa Nacional de Seguridad, quien siempre ha defendido la actuación de esta dependencia, como lo hizo recientemente cuando puso en duda el análisis de la organización México Evalúa que colocó a la FGE como una de las menos confiables en el reporte de cifras al gobierno federal, según publicó el periódico Por Esto en su edición del 17 de abril.

james tobin observatorio legislativoEl equipo de Carlos Loret de Mola vino a Quintana Roo prácticamente por «encargo» y a ocuparse únicamente del tema de los despojos en los que están involucrados el PVEM-MORENA; pero, al igual que al Observatorio Legislativo, al equipo de Loret de Mola le pareció poca cosa el despojo perpetrado por el cuñado del Gobernador, José María Rejón de la Guerra en contra de un anciano maya discapacitado; y otro caso más que se ejecutó en contra del hotelero Tomás Auñón mediante un juicio laboral simulado, que se consumó con el contubernio del presidente de la Junta de Conciliación número uno, Alejandro Tadeo Ake Castillo, la actual secretaria del Trabajo, Catalina Portillo, y el director del Registro Público, Carlos Humberto Pereira. Los reporteros de Loret de Mola entrevistaron y conocieron la historia de Tomás Auñón, fundador de la hotelería de Cancún, sin embargo, el reportaje quedó congelado… Y el caso de despojo más que documentado cometido por el hermano de la presidenta del DIF, Gabriela Rejón, y que fue protegido por la Fiscalía General del Estado, no les «despertó» el mínimo interés.

DIO CARLOS JOAQUÍN OTROS 31 MILLONES A EMPRESA FANTASMA. SUMAN 200 MDP PAGADOS POR SERVICIOS DUDOSOS

A los 60 millones de pesos pagados a las empresas fantasma Proeco Consultores y Tecnologías Peñasco por el gobierno de Carlos Joaquín se suman otros 142 millones de pesos entregados a la empresa RP Servicios y Capital Humano SA de CV, para obtener la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

CHETUMAL, MX. 06/03/2021.- La Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo (yohanet torres carlos joaquinSefiplan) pagó a la empresa Tecnología Peñasco SA de CV, 31 millones 466 mil pesos entre 2018 y 2019 por diversos servicios, todos de los considerados intangibles, es decir, a los que no se les puede seguir fácilmente la huella. Tecnología Peñasco tiene como socio a David Herrejón Becerra, quien firmó también contratos con la Sefiplan a nombre de Proeco Consultores SA de CV, otra empresa fantasma que firmó contratos por 30 millones de pesos con la Sefiplan por proveer igualmente servicios intangibles y fantasiosos.

De acuerdo a la respuesta dada a la solicitud de información 00136120, la Sefiplan pagó a Tecnología Peñasco mediante seis “contratos o conceptos” entregados de forma directa para supuestamente proveer diversos servicios.

PAGÓ LA SEFIPLAN MILLONES POR “EXTRAÑOS” SERVICIOS

La Sefiplan entregó cuatro contratos para justificar el pago a Tecnología Peñasco SA de CV.

15 millones de pesos fueron entregados a Tecnología Peñasco SA de CV mediante contrato SEFIPLAN/DA/AD/04/18, el once de enero de 2018, para proveer el servicio de “Proyecto, análisis, monitoreo y balanceo de cargas de los servicios de datos y aplicaciones que garanticen la disponibilidad del 99% de los sistemas”. El contrato fue firmado por la titular de la Secretaria de Finanzas, Yohanet, Teódula Torres Muñoz, y por el director administrativo de la Sefiplan, Mario Piña Plata. Como representante de Tecnología Peñasco firmó David Herrejón Becerra.

15 MILLONES DE PESOS PARA: “Proyecto, análisis, monitoreo y balanceo de cargas de los servicios de datos y aplicaciones que garanticen la disponibilidad del 99% de los sistemas”.

Ese mismo once de enero, la Sefiplan encargó a Tecnología Peñasco SA de CV mediante contrato SEFIPLAN/DA/AD/08/18, por dos millones cien mil pesos para “proporcionar el servicio de Implementación del Proyecto App Código QR”.

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS PARA: “proporcionar el servicio de Implementación del Proyecto App Código QR”.

Unos días después, el 23 de enero de 2018, un segundo contrato fue firmado por la Secretaria de Finanzas con Tecnología Peñasco SA de CV para “proporcionar el servicio de análisis de factibilidad para la creación de la unidad de control y vigilancia de la Dirección de Egresos”, por un monto de 5 millones 686 mil 476 pesos.

 5 MILLONES 685 PESOS PARA: “Proporcionar el servicio de análisis de factibilidad para la creación de la unidad de control y vigilancia de la Dirección de Egresos”

El 22 de febrero de 2019, mediante contrato SEFIPLAN/DA/DGTIG/AD/02/2019, firmado por Yohanet Torres, como titular de la Sefiplan, y Zoraida del Carmen Castro García, como directora administrativa de la misma dependencia; fueron entregados otros 9 millones 060 mil pesos a Tecnología Peñasco SA de CV para proveer el

9 MILLONES 060 MIL PESOS PARA: “servicio de mantenimiento, reporteo y acciones proactivas para plataforma de seguridad informática”.

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TECNOLOGÍA PEÑASCO Y SU HERMANA FANTASMA: PROECO CONSULTORES RECIBEN 60 MILLONES EN SERVICIOS INTANGIBLES

Los servicios prestados por Tecnología Peñasco están más allá de lo absurdo, y es materialmente imposible de comprobar si éstos se proveyeron o no, sin embargo,  esta empresa, creada el 5 de febrero de 2015 ante el corredor público René Gurmilán Sánchez, tiene relación con otra sociedad mercantil que también ha proveído este tipo de servicios: Proeco Consultores, y que recibió de la Sefiplan otros 30 millones de pesos, igualmente por servicios intangibles, como lo dimos a conocer en información publicada el 20 de enero pasado.

VER tecnologia peñasco sa de cv constitutiva

De acuerdo a la plataforma Siger de la Secretaría de Economía, Tecnología Peñasco SA de CV fue creada, como ya se señaló, el 5 de febrero de 2015 ante el corredor René Gurmilán Sánchez, en Tlalnepantla, Estado de México, teniendo como socios a David Herrejón Becerra con 276 acciones e Israel Rojas Mendoza, con 184 acciones. En tanto que Proeco Consultores, también fue creada en febrero de 2015 ante el corredor René Gurmilán Sánchez, en Tlalnepantla, Estado de México y tiene como representante a David Herrejón Becerra, esto es, que el gobierno de Carlos Joaquín González

CARLOS JOAQUÍN TAMBIÉN PAGÓ 142 MILLONES DE PESOS A EMPRESA PARA HACER TRABAJO DE LA SEFIPLAN

A los 60 millones de pesos pagados a Proeco Consultores y Tecnologías Peñasco se suman otros 142 millones de pesos que entre 2017 y 2019, la Secretaría de Finanzas y Planeación pagó la a la empresa RP Servicios y Capital Humano SA de CV, del 2017 al 2019, para obtener la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Al igual que Proeco Consultores y Tecnologías Peñasco, RP Servicios y Capital Humano SA de CV fue creada en el año 2015 en la notaria del Licenciado Luis Jorge de Atocha Carrillo Palma, en Mérida Yucatán, y, prácticamente sin ninguna experiencia fue beneficiada con tres generosos contratos por un monto total de 142 millones de pesos.

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PAGÓ LA SEFIPLAN 30 MILLONES DE PESOS A EMPRESA PARA “OBSERVAR” CÁMARAS Y PARA “ANALIZAR” POBREZA EN LOS MUNICIPIOS

PAGÓ LA SEFIPLAN 30 MILLONES DE PESOS A EMPRESA PARA “OBSERVAR” CÁMARAS Y PARA “ANALIZAR” POBREZA EN LOS MUNICIPIOS

CHCarlos Joaquin Yohanet Torres2ETUMAL, MX.- Entre 2018 y 2019 el gobierno de Carlos Joaquín González, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Quintana Roo (Sefiplan) firmó con la empresa Proeco Consultores SA de CV seis contratos por un monto total de 30 millones 667 mil 910 pesos por la prestación de diversos servicios, todos éstos de los llamados intangibles, como el  “monitoreo” de cámaras de seguridad, “asesoría jurídica”, “proyecto de firma electrónica”, “estudio para la determinación de las variables de la pobreza en los municipios” y por el “servicio de mantenimiento de un transformador”…

Los seis contratos fueron entregados a Proeco Consultores SA de CV por la titular de la Sefiplan, Yohanet Teódula Torres Muñoz, por asignación directa entre el 11 de enero de 2018 y el 24 de mayo de 2019.

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PAGAN 18 MILLONES DE PESOS PARA MIRAR CÁMARAS

El 15 de enero de 2018, Torres Muñoz firmó el contrato SEFIPLAN/DA/AD/05/18 con Proeco Consultores, representada por David Herrejón Becerra, y en la parte de objeto del contrato se lee que éste es para “proporcionar, prestar y contratar toda clase de servicios de asistencia para el monitoreo de 83 cámaras de seguridad de Sefiplan, 51 internas y 32 en recaudadoras, cuyas especificaciones se mencionan en el anexo 1 del presente contrato”.

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Sin embargo, en el Anexo 1 del contrato no se encuentra ni la descripción ni las especificaciones de las cámaras de seguridad que supuestamente debía “monitorear” Proeco Consultores SA de CV.

La Sefiplan pagó por el trabajo de ‘ver cámaras’ 9 millones de pesos, mediante pagos mensuales de 750 mil pesos.

El contrato de “monitoreo” de cámaras, fue firmado por David Herrejón Becerra, como representante legal de Proeco Consultores SA de CV, y por Yohanet Teódula Torres Muñoz, como titular de la Sefiplan, así como por Mario Piña Plata, director administrativo.

El 22 de febrero de 2019, Torres Muñoz entregó por asignación directa a Proeco Consultores SA de CV un segundo contrato para “monitoreo de cámaras” por otros 9 millones de pesos, diferidos en un primer pago de 1.5 millones de pesos y 10 pagos mensuales de 750 mil pesos.

En el contrato SEFIPLAN/DA/DGTIC/AD/03/2019, en la cláusula primera se lee en el objeto del contrato que “El Cliente adquiere de El Prestador del Servicio y éste se obliga a proporcionar el servicio de Monitoreo CCTV”. Sin embargo, a diferencia del primer contrato, en éste no se señala cuántas cámaras supuestamente tenía que monitorear Proeco Consultores SA de CV.

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Este contrato fue firmado por la titular de la Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, y por Zoreida del Carmen Castro García, directora administrativa de la dependencia; así como por Víctor José Vásquez Jiménez, representante legal de Proeco Consultores.

De acuerdo a los contratos, Proeco Consultores SA de CV fue creada en febrero de 2015, ‘ante la fe del Notario Público el Lic. René Gurmilán Sánchez, Titular de la Notaria Pública No. 16 del Estado de México’. Pero, la Notaría 16 del Estado de México pertenece al Notario Juan Palafox Villalva, no a Gurmilán Sánchez quien es titular, pero de la Correduría 16 del Estado de México.

PROECO CONSULTORES, BRINDA “ASESORÍA JURÍDICA”

El 21 de febrero de 2018, la Sefiplan entregó por asignación directa otro contrato a Proeco Consultores SA de CV, este contrato sin número, tiene en su objeto que el prestador del servicio “se obliga a proporcionar el servicio de asesoría jurídica para coadyuvar convenios de coordinación y colaboración con las entidades públicas estatales y sociedades de representación civil en el estado de Quintana Roo, cuyas especificaciones se mencionan en el anexo I del presente contrato”. Al igual que en los anteriores contratos, no existe un anexo en el que se detalle cuál será el servicio que prestaría Proeco Consultores.

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Por este “trabajo” la titular de la Sefiplan pagó a la citada empresa 5 millones 537 mil 864 pesos, diferidos en dos parcialidades.

PROECO TAMBIÉN HIZO EL “PROYECTO” DE FIRMA ELECTRÓNICA

El 11 de enero de 2018, mediante el contrato SEFIPLAN/DA/AD/07/18, la Sefiplan pagó 3.5 millones de pesos a Proeco Consultores SA de CV para que la empresa le proporcionara “el servicio de proyecto firma electrónica, cuyas especificaciones se mencionan en el anexo 1 del presente contrato.”  Los 3.5 millones de pesos fueron pagados por la Sefiplan mediante 5 mensualidades de 700 mil pesos cada una.

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PROECO TAMBIÉN COBRÓ POR “ESTUDIAR LA POBREZA”   

Yohanet Teodula Torre Muñoz, en su calidad de titular de la Sefiplan, también asignó de manera directa a PROECO Consultores SA de CV un contrato para “el servicio de Estudio para la determinación de las variables de pobreza para municipios de nueva creación.

El contrato fue firmado el 26 de marzo de 2018, y quedó bajo el número SEFIPLAN/DA/13P/01A/18, y en sus “especificaciones”, en el apartado “introducción”, se lee que “el Gobierno del Estado de Quintana Roo con la intención de mantener una visión de planeación y Desarrollo procurando la integralidad entre sus regiones y con el firme propósito de reducir la brecha entre los municipios con mayor captación de recursos y los que presentan un rezago importante en infraestructura y servicios por falta de ‘solvatación’ económica. Derivado de esta fundamental premisa elaboró el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 que es un instrumento que establece las principales acciones que permitirán implementar políticas públicas exitosas en el corto, mediano y largo plazo” (sic).

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Por su trabajo de “determinación de las variables de pobreza en los municipios d nueva creación”, Proeco Consultores cobró dos millones de pesos.

PROECO CONSULTORES SABE DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES

Aunque se creó en el 2015, la multifacética Proeco Consultores SA de CV además de experta en ‘observar’ cámaras, brindar asesoría jurídica, analizar la pobreza y hacer ‘proyectos’ de firma electrónica,  también tiene expertise en dar mantenimiento a transformadores, al menos así lo consideró la titular de la Secretaría de Finanzas, Yohanet Torres Muñoz, que por asignación directa le dio el contrato SEFIPLAN/DA/AD/18/2019.

Firmado el 24 de mayo de 2019, mediante el referido contrato, Proeco Consultores cobró de la Sefiplan 933 mil 294 pesos por dar servicio y mantenimiento al transformador de la oficina de la recaudadora de rentas del municipio de Solidaridad.

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GASTA CARLOS JOAQUÍN EN SERVICIOS FANTASMA, PERO QUIERE ENDEUDAR MÁS A QROO

Los 30 millones de pesos entregados a Proeco Consultores por la titular de la Sefiplan para la prestación de servicios intangibles y de dudosa realización, se suman a los 142 millones de pesos pagados a RP Servicios y Capital Humano SA de CV para supuestamente gestionar la devolución del ISR.

Y mientras el gobierno de Carlos Joaquín González, contador de profesión, ha destinado millones de pesos a empresas para la prestación de servicios “fantasma”, en diciembre del año pasado, el Gobernador solicitó al Congreso autorización para endeudar aún más al estado.

Como se sabe, el 15 de diciembre pasado, el Gobernador de Quintana Roo envió una iniciativa con proyecto de decreto al Congreso del estado para que le autorice la contratación de deuda por 820 millones de pesos, o su equivalente en Unidades de Inversión, para supuestamente destinarlos a obra social en comunidades rurales.

Al inicio de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha colocado a Quintana Roo como el único estado en semáforo rojo por su alto endeudamiento frente a los ingresos de libre disposición, es decir, Quintana Roo tiene ya una deuda muy elevada, de aproximadamente 20 mil 446 millones de pesos, y dispone de poco dinero para pagarla.

Para terminar el 2020 Carlos Joaquín González solicitó, sin necesitar autorización del Congreso, dos créditos a corto plazo por 350 millones de pesos, por lo que si los diputados de la XVI Legislatura le aprueban el crédito de 820 millones de pesos al contador Carlos Joaquín, se sumarán a la deuda de Quintana Roo unos mil 170 millones de pesos.

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CHETUMAL, MX.- Entre 2018 y 2019 la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Quintana Roo (Sefiplan) firmó con la empresa Proeco Consultores SA de CV seis contratos por un monto total de 30 millones 667 mil 910 pesos por la prestación de diversos servicios, todos éstos de los llamados intangibles, como el  “monitoreo” de cámaras de seguridad, “asesoría jurídica”, “proyecto de firma electrónica”, “estudio para la determinación de las variables de la pobreza en los municipios” y por el “servicio de mantenimiento de un transformador”…

Los seis contratos fueron entregados a Proeco Consultores SA de CV por la titular de la Sefiplan, Yohanet Teódula Torres Muñoz, por asignación directa entre el 11 de enero de 2018 y el 24 de mayo de 2019.

PAGAN 18 MILLONES DE PESOS PARA MIRAR CÁMARAS

El 15 de enero de 2018, Torres Muñoz firmó el contrato SEFIPLAN/DA/AD/05/18 con Proeco Consultores, representada por David Herrejón Becerra, y en la parte de objeto del contrato, se lee que éste es para “proporcionar, prestar y contratar toda clase de servicios de asistencia para el monitoreo de 83 cámaras de seguridad de Sefiplan, 51 internas y 32 en recaudadoras, cuyas especificaciones se mencionan en el anexo 1 del presente contrato”.

Sin embargo, en el Anexo 1 del contrato no se encuentra ni la descripción ni las especificaciones de las cámaras de seguridad que supuestamente debía “monitorear” Proeco Consultores SA de CV.

La Sefiplan pagó por el trabajo de ‘ver cámaras’ 9 millones de pesos, mediante pagos mensuales de 750 mil pesos.

El contrato de “monitoreo” de cámaras, fue firmado por David Herrejón Becerra, como representante legal de Proeco Consultores SA de CV, y por Yohanet Teódula Torres Muñoz, como titular de la Sefiplan, así como por Mario Piña Plata, director administrativo.

El 22 de febrero de 2019, Torres Muñoz entregó por asignación directa a Proeco Consultores SA de CV un segundo contrato para “monitoreo de cámaras” por otros 9 millones de pesos, diferidos en un primer pago de 1.5 millones de pesos y 10 pagos mensuales de 750 mil pesos.

En el contrato SEFIPLAN/DA/DGTIC/AD/03/2019, en la cláusula primera se lee en el objeto del contrato que “El Cliente adquiere de El Prestador del Servicio y este se obliga a proporcionar el servicio de Monitoreo CCTV”. Sin embargo, a diferencia del primer contrato, en éste no se señala cuántas cámaras supuestamente tenía que monitorear Proeco Consultores SA de CV.

Este contrato fue firmado por la titular de la Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, y por Zoreida del Carmen Castro García, directora administrativa de la dependencia; así como por Víctor José Vásquez Jiménez, representante legal de Proeco Consultores.

De acuerdo a los contratos, Proeco Consultores SA de CV fue creada en febrero de 2015, ‘ante la fe del Notario Público el Lic. René Gurmilán Sánchez, Titular de la Notaria Pública No. 16 del Estado de México’. Pero, la Notaría 16 del Estado de México pertenece al Notario Juan Palafox Villalva, no a Gurmilán Sánchez quien es titular, pero de la Correduría 16 del Estado de México.

PROECO CONSULTORES, BRINDA “ASESORÍA JURÍDICA” 

El 21 de febrero de 2018, la Sefiplan entregó por asignación directa otro contrato a Proeco Consultores SA de CV, este contrato sin número, tiene en su objeto que el prestador del servicio “se obliga a proporcionar el servicio de asesoría jurídica para coadyuvar convenios de coordinación y colaboración con las entidades públicas estatales y sociedades de representación civil en el estado de Quintana Roo, cuyas especificaciones se mencionan en el anexo I del presente contrato”. Al igual que en los anteriores contratos, no existe un anexo en el que se detalle cuál será el servicio que prestaría Proeco Consultores.

Por este “trabajo” la titular de la Sefiplan pagó a la citada empresa 5 millones 537 mil 864 pesos, diferidos en dos parcialidades.

PROECO TAMBIÉN HIZO EL “PROYECTO” DE FIRMA ELECTRÓNICA 

El 11 de enero de 2018, mediante el contrato SEFIPLAN/DA/AD/07/18, la Sefiplan pagó 3.5 millones de pesos a Proeco Consultores SA de CV para que la empresa le proporcionara “el servicio de proyecto firma electrónica, cuyas especificaciones se mencionan en el anexo 1 del presente contrato.”  Los 3.5 millones de pesos fueron pagados por la Sefiplan mediante 5 mensualidades de 700 mil pesos cada una.

PROECO TAMBIÉN COBRÓ POR “ESTUDIAR LA POBREZA”   

Yohanet Teodula Torre Muñoz, en su calidad de titular de la Sefiplan, también asignó de manera directa a PROECO Consultores SA de CV un contrato para “el servicio de Estudio para la determinación de las variables de pobreza para municipios de nueva creación.

El contrato fue firmado el 26 de marzo de 2018, y quedó bajo el número SEFIPLAN/DA/13P/01A/18, y en sus “especificaciones”, en el apartado “introducción”, se lee que “el Gobierno del Estado de Quintana Roo con la intención de mantener una visión de planeación y Desarrollo procurando la integralidad entre sus regiones y con el firme propósito de reducir la brecha entre los municipios con mayor captación de recursos y los que presentan un rezago importante en infraestructura y servicios por falta de ‘solvatación’ económica. Derivado de esta fundamental premisa elaboró el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 que es un instrumento que establece las principales acciones que permitirán implementar políticas públicas exitosas en el corto, mediano y largo plazo” (sic).

Por su trabajo de “determinación de las variables de pobreza en los municipios d nueva creación”, Proeco Consultores cobró dos millones de pesos.

PROECO CONSULTORES SABE DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES 

Aunque se creó en el 2015, la multifacética Proeco Consultores SA de CV no solo es experta en ‘observar’ cámaras, brindar asesoría jurídica, analizar la pobreza y hacer ‘proyectos’ de firma electrónica, sino que también tiene expertise en dar mantenimiento a transformadores, al menos así lo consideró la titular de la Secretaría de Finanzas, Yohanet Torres Muñoz, que por asignación directa le dio el contrato SEFIPLAN/DA/AD/18/2019.

Firmado el 24 de mayo de 2019, mediante el referido contrato, Proeco Consultores cobró de la Sefiplan 933 mil 294 pesos por dar servicio y mantenimiento al transformador de la oficina de la recaudadora de rentas del municipio de Solidaridad.

GASTA CARLOS JOAQUÍN EN SERVICIOS FANTASMA, PERO QUIERE ENDEUDAR MÁS A QROO

Los 30 millones de pesos entregados a Proeco Consultores por la titular de la Sefiplan para la prestación de servicios intangibles y de dudosa realización, se suman a los 142 millones de pesos pagados a RP Servicios y Capital Humano SA de CV para supuestamente gestionar la devolución del ISR.

Y mientras el gobierno de Carlos Joaquín González, contador de profesión, ha destinado millones de pesos a empresas para la prestación de servicios “fantasma”, en diciembre del año pasado, el Gobernador solicitó al Congreso autorización para endeudar aún más al estado.

Como se sabe, el 15 de diciembre pasado, el Gobernador de Quintana Roo envió una iniciativa con proyecto de decreto al Congreso del estado para que le autorice la contratación de deuda por 820 millones de pesos, o su equivalente en Unidades de Inversión, para supuestamente destinarlos a obra social en comunidades rurales.

Al inicio de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha colocado a Quintana Roo como el único estado en semáforo rojo por su alto endeudamiento frente a los ingresos de libre disposición, es decir, Quintana Roo tiene ya una deuda muy elevada, de aproximadamente 20 mil 446 millones de pesos, y dispone de poco dinero para pagarla.

Para terminar el 2020 Carlos Joaquín González solicitó, sin necesitar autorización del Congreso, dos créditos a corto plazo por 350 millones de pesos, por lo que si los diputados de la XVI Legislatura le aprueban el crédito de 820 millones de pesos al contador Carlos Joaquín, se sumarán a la deuda de Quintana Roo unos mil 170 millones de pesos.

PAGÓ CARLOS JOAQUÍN 142 MILLONES DE PESOS A UNA EMPRESA PARA HACER EL TRABAJO DE LA SEFIPLAN

PAGÓ CARLOS JOAQUÍN 142 MILLONES DE PESOS A UNA EMPRESA PARA HACER EL TRABAJO DE LA SEFIPLAN

CHETUMAL, MX.- Entre 2017 y 2019, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pagó 142 millones de pesos a la empresa RP Servicios y Capital Humano SA de CV, del 2017 al 2019, para obtener la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Dicha empresa, fue creada el 15 de agosto de 2015, y, prácticamente sin ninguna experiencia fue beneficiada con tres contratos.

En su página de internet, RP Servicios y Capital Humano SA de CV, se presenta como “una empresa mexicana con cuatro años de experiencia en áreas como mercadotecnia, capacitación de personal, administrativa, publicidad, ambientación y diseño comercial”, sin embargo, el gobierno del contador Carlos Joaquín González la contrató para realizar el trámite de devolución del ISR.

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Según el sistema SIGER de la Secretaría de Economía, esta empresa fue creada en la Notaria del Licenciado Luis Jorge de Atocha Carrillo Palma, en Mérida Yucatán, con un capital de diez mil pesos, y sus socios son Augusto de Jesús Tzuc González y Luis Alberto Canto G Cantón, éste último apenas un año antes de crear la boyante empresa, participó en el concurso para ocupar una plaza como técnico judicial en el Poder Judicial de Yucatán; sin embargo, un año después la fortuna le sonrió pues con su empresa recién creada, no tardó en obtener millonarios contratos con el gobierno de Carlos Joaquín González.

VER RP SERVICIOS Y CAPITAL HUM constitutiva

De acuerdo a la solicitud de información 00159820, en el 2017, la Sefiplan pagó a RP Servicios y Capital Humano SA de CV 10 millones 801 mil 698 pesos; en el 2018, pagó 77 millones 625 mil 439 pesos y en el 2019, pagó 53 millones 604 mil 699 pesos, lo que hace un total de 148 millones de pesos en los tres años.

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Por parte de la Sefiplan firmaron su titular, Yohanet Torres Muñoz; Margarita Constantino, encargada de la Dirección Administrativa; María Luis Alcérreca, tesorera; y Roberto Carlos Morfín Morales, como analista profesional de la Dirección de Ingresos, mientras que por parte de la empresa firmó Héctor Augusto Serrano Cruz, en su carácter de apoderado legal.

Antes de convertirse en apoderado legal de la exitosa empresa dedicada a gestionar la devolución del ISR, Héctor Augusto Serrano Cruz, era secretario particular del presidente municipal de Tlalnepantla, Estado de México.

En una nota publicada por el sitio Conexión Sinaloa, se señala que Héctor Augusto Serrano Cruz figura también como apoderado legal de otra empresa denominada Organización de Comercios Moringa SA de CV, con las mismas características que RP Servicios y Capital Humano SA de CV: constituida en 2015 con dos accionistas, y dedicada a gestionar la devolución del ISR, en este segundo caso, al alcalde de Mazatlán, en Sinaloa, Luis Guillermo Benítez Torres.

GOBERNADOR IGNORÓ SUGERENCIA DE SHCP DE NO CONTRATAR EMPRESAS PARA RECUPERAR ISR 

El 18 de junio de 2019 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado en el que recordó que desde enero del 2015, las entidades federativas y los municipios, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, reciben el 100% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al salario del personal que labora en las dependencias de dichos órdenes de gobierno.

La dependencia explica cuál es el procedimiento para acceder a este beneficio, y destaca: “es importante mencionar que estos procesos y trámites no generan ningún costo para las entidades federativas o sus municipios. Tampoco es necesario el apoyo de intermediarios, como podrían ser despachos y/o empresas privadas, que ofrezcan servicios para la realización de dichos trámites.”

Además, la SHCP reitera que la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, así como las demás involucradas de la SHCP y del SAT están en la mejor disposición de apoyar en el trámite y procedimientos correspondientes a todas las entidades federativas, así como a los municipios que requieran asesoría, a efecto de obtener la participación de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que les corresponda.

Sin embargo, al parecer el contador público Carlos Joaquín González, prefirió contratar a una empresa de reciente creación que lo mismo se dedica a la recuperación del ISR que a la mercadotecnia, la ambientación y la publicidad.

YA SUPERÓ A ROBERTO BORGE

carlos joaquin gonzalezCarlos Joaquín González, como lo hizo el gobernador Roberto Borge Angulo, ha contratado múltiples empresas a las que les ha pagado cientos de millones de pesos por la prestación de servicios intangibles e injustificables, RP Servicios y Capital Humano SA de CV es solo una de ellas.

Y al igual que Roberto Borge, Carlos Joaquín pretende continuar endeudando al estado, pues a los préstamos a corto plazo que ha solicitado y los cuales no está liquidando, el 15 de diciembre pasado, el Gobernador de Quintana Roo envió una iniciativa con proyecto de decreto al Congreso del estado, para que le autorice la contratación de deuda por 820 millones de pesos, o su equivalente en Unidades de Inversión, para supuestamente destinarlos a obra social en comunidades rurales…

Al inicio de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha colocado a Quintana Roo como el único estado en semáforo rojo por su alto endeudamiento frente a los ingresos de libre disposición, es decir, Quintana Roo tiene ya una deuda muy elevada, de aproximadamente 20 mil 446 millones de pesos, y dispone de poco dinero para pagarla.

Para terminar el 2020 Carlos Joaquín González solicitó, sin necesitar autorización del Congreso, dos créditos a corto plazo por 350 millones de pesos, por lo que si los diputados de la XVI Legislatura le aprueban el crédito de 820 millones de pesos al contador Carlos Joaquín, se sumarán a la deuda de Quintana Roo unos mil 170 millones de pesos.

“NOS VAMOS A QUEDAR SIN VEHÍCULOS”, DICE FISCAL DE QROO, PERO GASTA 18 MILLONES EN ARRENDAMIENTO

En 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) pagó a la empresa Unidades de Personal y Alumnos SAPI de CV, 18 millones 311 mil 520 pesos en arrendamiento de vehículos, sin embargo, la FGE se ha negado a transparentar número, marca, tipo y modelo de vehículos arrendados, reservando la información por cinco años. La sospechosa reserva de la información coincide con las declaraciones del fiscal Óscar Montes de Oca Rosales, quien aseguró que la Fiscalía ‘tiene un grave problema de vehículos’.

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.- En 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) pagó a la empresa Unidades de Personal y Alumnos SAPI de CV, 18 millones 311 mil 520 pesos en arrendamiento de vehículos, sin embargo, la FGE se ha negado a transparentar número, marca, tipo y modelo de vehículos arrendados, reservando la información por cinco años.

La sospechosa reserva de la información coincide con las declaraciones del fiscal Óscar Montes de Oca Rosales, quien aseguró a policías ministeriales que la Fiscalía ‘tiene un grave problema de vehículos’, luego de que éstos le entregaran un pliego petitorio el 1 de septiembre pasado, pidiéndole, entre otras cosas, armamento y vehículos para trabajar.

En respuesta a la solicitud de información 00787320 en la que se le requirió a la Fiscalía detallar el monto pagado a todas las personas morales de los años 2017 a 2019, la Unidad de Transparencia de la FGE entregó el listado de proveedores a los que se les ha pagado por diversos servicios, y entre éstos se encuentra la empresa Unidades de Personal y Alumnos SAPI de CV, a la que le pagó 18 millones 311 mil 520 pesos, en 2019.

Contrato arrendamiento Fiscalia Quintana Roo

Unidades de Personal y Alumnos SAPI de CV

En otra solicitud, la número 00831920, se le requirió a la Fiscalía “proporcionar copia del contrato o contratos firmados con Unidades de Personal y Alumnos SAPI de CV con todos sus anexos”; y en su respuesta, la dependencia entregó un oficio en el que reservó la información:

“… se realizó la clasificación parcial de la información como CONFIDENCIAL Y RESERVADA contenida en los documentos que requieren para la realización de sus versiones públicas, previa autorización del Comité de Transparencia (…)”.

La reserva de la información por cinco años fue realizada sin señalar las razones, motivos o circunstancias especiales para ello, y sin cumplir con los requisitos que impone la propia ley, como lo es aplicar la necesaria prueba de daño que justifique su clasificación como parcialmente reservada y confidencial.

En su oficio de respuesta, la unidad de transparencia de la FGE señala que a solicitud de César Octavio Ayerdi Hernández, director general de administración y finanzas, y mano derecha del fiscal Óscar Montes de Oca Rosales, la información se reservó por cinco años:

SEGUNDO.- Se confirma el plazo de reserva de la información fijado por el Lic. César Octavio Ayerdi Hernández, Director General de Administración y Finanzas de la Fiscalía General del Estado, SIENDO INDISPENSABLE MANTENER DICHA INFORMACIÓN EN RESERVA DE CINCO AÑOS a partir de la presente fecha de aprobación (…)”.

ENTREGA FISCALÍA CONTRATOS SIN INFORMACIÓN

La Fiscalía General del Estado proporcionó copia de siete contratos firmados entre César Octavio Ayerdi Hernández, en representación de la FGE y Alicia Beatriz Pliego de Anda, como representante de Unidades de Personal y Alumnos SAPI de CV, pero en éstos borró el número de vehículos entregados, marca, modelo y cantidad, bajo el pretexto de que “se testó la información como reservada ya que de revelarse se comprometería la seguridad pública al poner en peligro las funciones a cargo del Estado, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad de las personas, así como el mantenimiento del orden público, de igual forma de publicarse la misma, se conocería la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública (…)”    .

TENEMOS OTROS PROBLEMA, NO TENEMOS VEHÍCULOS, DICE FISCAL

Con todo y el gasto en arrendamiento de vehículos, en una reunión con policías ministeriales, efectuada el 1 de septiembre pasado para abordar las demandas de un pliego petitorio firmado por alrededor de 500 empleados de la FGE, Óscar Montes de Oca Rosales, reconoció que la Fiscalía enfrenta otro problema “grave” que es la falta de vehículos, pues ya no podrán seguir utilizando los que se recuperaban por estar involucrados en hechos delictivos:

FISCAL: Tú sabes que tenemos un problema de vehículos grave. Ustedes lo saben, y que los vehículos que traen, que ahorita ya nos los están requiriendo las aseguradoras y que los vehículos están allí a disposición de la Fiscalía y que son entregados … Ya tenemos ese problema también, ya las aseguradoras ya no nos los van a prestar. NOS VAMOS A QUEDAR SIN VEHÍCULOS, NO SÉ CUÁNTOS HAY EN LA FISCALÍA,  ochenta, cien, no lo sé, pero son insuficientes.

POLICÍA MINISTERIAL: Nosotros estuvimos en recuperación de vehículos, él era el comandante, y le exigían vehículos, recuperar vehículos nos exigían para darle a homicidios, que a él, que allí. Y oye, que hay que recuperar vehículos…

FISCAL: Ya se acabó eso comandante, ya ni siquiera vamos a poderlos asignar. ENTONCES VIENE OTRA COMPLICACIÓN PARA LA FISCALÍA. DE DÓNDE VOY A SACAR VEHÍCULOS PARA QUE USTEDES PUEDAN HACER SU LABOR.

 

La preocupación del Fiscal no parece tener justificación, pues para septiembre de este año, supuestamente la Fiscalía ya había erogado 18 millones de pesos en arrendar vehículos, tan solo en 2019.

Con la reserva de información, ordenada por el segundo de a bordo de la Fiscalía, César Octavio Ayerdi Hernández, y la aseveración del Fiscal de no contar con vehículos, crece la cada vez más evidente sospecha del desvío de recursos en esa dependencia, en la que Óscar Montes de Oca es el máximo protegido del gobernador, Carlos Joaquín González y de los 25 diputados del Congreso del estado, quienes se han negado a llamarlo a comparecer.

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AGENTES MINISTERIALES DE QROO SOLICITAN REMOCIÓN DEL FISCAL AL SECRETARIADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

Este jueves 15 de octubre, una veintena de policías ministeriales del estado de Quintana Roo presentaron ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, una petición formal para que ejerza su facultad de someter a consideración del Consejo Nacional de Seguridad la remoción del fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, por incumplir de forma grave y reiterada con las obligaciones establecidas en la Ley de la materia.

CDMX.- 17/10/2020 El pasado jueves 15 de octubre, una veintena de policías ministeriales del estado de Quintana Roo presentaron ante el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, una petición formal para que ejerza su facultad de someter a consideración del Consejo Nacional de Seguridad la remoción del fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, por incumplir de forma grave y reiterada con las obligaciones establecidas en la Ley de la materia.

denuncia Oscar Montes de Oca Secretariado Seguridad Nacionaloscar montes de oca secretariado de seguridad nacional

En el escrito entregado, los empleados de la Fiscalía General del Estado hicieron una relatoría y entregaron pruebas de las conductas irregulares e incluso ilícitas cometidas por el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales, quien fuera Sub Procurador en la administración del entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

DESPOJOS DE PREDIOS DE ALTA PULSVALIA DISFRAZADOS DE ASEGURAMIENTOS

En la relatoría de hechos, se señala que desde la llegada del fiscal Óscar Montes de Oca Rosales a Quintana Roo se han ejecutado operativos ilegales de despojo, disfrazados de aseguramientos, mismos que son ordenados directamente por el Fiscal General o cuentan con su visto bueno, como lo admitió él mismo en la reunión sostenida con los agentes ministeriales a principios de septiembre, y quienes le hicieron ver la ilegalidad en la comisión de estos operativos. Dichos operativos ilegales entrañan un riesgo para los policías puesto que son quienes los ejecutan y quienes podrían resultar denunciados.

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Los despojos, disfrazados de aseguramientos, se han vuelto una constante y son vendidos al mejor postor. Recientemente se intentó llevar a cabo un aseguramiento en Puerto Morelos, para desposeer a unos particulares que se encuentran en posesión de un inmueble sobre el que el cantante Juan Gabriel tenía derechos que les transmitió. Este intento de desalojo fue ampliamente difundido en medios de comunicación locales y nacionales.

Apenas el pasado miércoles por la tarde, la Fiscalía General del Estado ordenó un despojo de un predio cercano al mar, en Tulum, en agravio de Víctor Manuel Chávez de la Torre para presuntamente beneficiar al ex diputado del PVEM y ex boxeador, Jorge Kagashi.

EN PLIEGO PETITORIO FIRMADO POR MÁS DE 500, EXIGEN ARMAMENTO Y MEJORES SALARIOS

En el escrito entregado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, se da cuenta de que el primero de septiembre del presente año, agentes ministeriales entregaron al Fiscal de Quintana Roo un pliego petitorio con diversas demandas, como incremento salarial, incremento al seguro de vida, equipo policial, uniformes,

Otros despojos, disfrazados de “aseguramientos” han sido conocidos en medios locales de comunicación, como el efectuado el pasado 19 de mayo,  también en Tulum, y en el que en unas horas, a una supuesta víctima de despojo le fue entregado un hotel, a pesar de que exhibió copias simples de su supuesto título.

armamento y vehículos; designación de cargos basados en la trayectoria, antigüedad, y por medio de concurso; mejoramiento de las instalaciones y áreas de trabajo; viáticos, capacitación y transparencia en los exámenes de control y confianza; documento que fue firmado por 599 trabajadores de la Fiscalía General del Estado, y del que hasta la fecha no han tenido respuesta y menos aún compromiso.

FISCAL CONTRATA “AVIADORES”

En contraste, se cita en el escrito entregado en la Oficialía de Partes de Leonel Cota Montaño, que desde el inicio de su gestión hasta febrero de 2020, el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales ha contratado a más de 200 personas, de acuerdo a información obtenida vía transparencia, sin embargo, muchas de estas personas no se presentan a trabajar ni realizan función alguna relacionada con las actividades de la Fiscalía General del Estado (FGE), sino que son lo que se denomina coloquialmente como “aviadores”.

Asimismo, en el ocurso, se detalla que el pasado nueve de septiembre elementos de la Policía Ministerial interpusieron ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Quintana Roo denuncia en contra de Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal general del estado de Quintana Roo, y Cesar Octavio Ayerdi Hernández, director de administración y planeación de la FGE, por la comisión de actos presuntamente delictivos  y tipificados como discriminación, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, ejercicio abusivo de funciones, y/o lo que resulte; lo anterior, en relación a la contratación de personal sin que se presente a laborar, y al hecho de que a los funcionarios contratados recientemente y venidos de la Ciudad de México, se les paga, por hacer igual trabajo, mejores salarios y prestaciones que a los policías locales de mayor antigüedad.

PRIVILEGIOS A “SU PERSONAL” Y TODO EL PESO DE LA LEY A LOS LOCALES

Igualmente, se refiere que para “suplir la falta de armamento a los policías locales se les han quitado sus armas para entregárselas a los recién contratados y venidos de la Ciudad de México, aún y cuando éstos no han acreditado los exámenes de control y confianza, lo cual justifica el Fiscal, señalando que es una facultad discrecional que él puede ejercer.

Entre las pruebas entregadas para acreditar el trato discriminatorio del Fiscal, está la imposición de sanciones entre los empleados de mayor antigüedad en la Fiscalía General del Estado, y los de recién ingreso, venidos muchos de la Ciudad de México, y que han laborado con el referido Óscar Montes de Oca desde hace años.

Así por ejemplo, el fiscal general Óscar Montes de Oca Rosales ha aplicado discrecionalmente la Ley de la Fiscalía General del Estado y su Reglamento, como en el hecho en el que se vio involucrada Diana Amador González, agente de la Policía de investigación, conducía en estado de ebriedad el pasado 25 de septiembre, cuando chocó y volcó una camioneta marca Hyundai, modelo Creta, color blanco, sin placas, vehículo de los denominados “recuperados” por la Fiscalía General del Estado.

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Contra la funcionaria no se inició ningún procedimiento, a diferencia de lo que ocurrió con dos elementos de la Fiscalía que el pasado 18 de junio chocaron en estado de ebriedad, y a quienes se les inició una carpeta de investigación y se les separó de su cargo.

FINGE DESPEDIR A ESPÍA DE MIGUEL ÁNGEL MANCERA

Otro hecho grave referido en el escrito entregado el día de ayer jueves, es que el pasado 24 de septiembre la Fiscalía General del Estado anunció el cese de Roberto Damián Hernández Reyna, Director de política y estadística criminal de la FGE, y quien en esos días, fue señalado en medios nacionales de ser uno de los exfuncionarios que participaban en la red de espionaje que tenía el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

En una nota de Economiahoy.mx se refiere que Hernández Reyna fungió como encargado del Centro de Espionaje del Gobierno de la Ciudad de México, junto con Héctor Serrano, quien fue Secretario de Gobierno de la capital hasta 2015 y hoy es diputado federal; y Gustavo Alberto Caballero Torres, director de Instrumentación de Políticas y de Tecnologías de la Información.

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En Quintana Roo, el hombre cercano al fiscal Óscar Montes de Oca ha sido señalado de realizar aseguramientos ilegales de predios, de dar plazas a amigos, de orquestar operativos ilegales como el allanamiento de la casa del perito de la propia Fiscalía, Gustavo Sánchez Domínguez, y de también estar encargado de un centro de espionaje en este estado.

Sin embargo, el supuesto cese del funcionario Roberto Damián Hernández Reyna ha resultado una simulación, pasó de tener una oficina en Cancún a tener una en Playa del Carmen, y el pasado martes 6 de octubre llegó al edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE), portando su arma de cargo y acompañado por personal de la Fiscalía, mismo con el que ese día acudió, todos armados y a bordo de una patrulla de la Fiscalía, al restaurante bar denominado el Banquetakos, en la ciudad de Chetumal, donde consumieron bebidas embriagantes. Entre las personas que se encontraban con el supuesto cesado, Hernández Reyna, estaban Carlos Alberto Yañez Navarro, encargado de Plataforma México zona 2 y personal del área de Inteligencia, lo que se acreditó con fotos y videos, además de que ese día se realizó un reporte a la Sedena en el que se indicó que personas armadas se encontraban en dicho lugar, por lo que al lugar arribaron elementos militares, unos segundos antes de que el personal de la Fiscalía abandonara el lugar

Son estos algunos de los actos por los que los policías ministeriales este jueves entregaron un documento acompañado de pruebas diversas para solicitar, con fundamento en los numerales 1, 4, 6, 14, fracción XV, 18, fracción VIII y XXI, XXII, y demás relativos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, someta a consideración del Consejo Nacional la remoción del titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales.

Los policías ministeriales cuentan con el acompañamiento de los abogados de Somos Tus Ojos, Fabiola Cortés Miranda y Moisés Araujo Olmos.

SE MANIFIESTAN MINISTERIALES Y ACTIVISTAS VESTIDOS DE RATA EN PALACIO NACIONAL

Ante la falta de atención al pliego petitorio de los policías ministeriales en el estado de Quintana Roo, por parte del fiscal general, Óscar Montes de Oca Rosales y del propio gobernador, Carlos Joaquín González, elementos de la Fiscalía y activistas de Quintana Roo se manifestaron el pasado jueves y viernes, 15 y 16 de octubre, a las afueras de Palacio Nacional, a la hora en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza su conferencia matutina.

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GASTÓ FISCAL DE QROO EL 70% DEL PRESUPUESTO EN SUELDOS, PERO NO PAGA A MINISTERIALES

En 2019, Óscar Montes de Oca Rosales, titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) ejerció un presupuesto de 903 millones 207 mil 811 pesos, de los cuales 615 millones 261 mil 256 pesos los destinó al rubro de “servicios personales”, es decir, sueldos, remuneraciones especiales, estímulos a servidores públicos y demás prestaciones sociales y económicas; sin embargo, esos recursos no han llegado a los agentes ministeriales y a la base de trabajadores de la FGE, quienes desde hace unas semanas han acusado la falta de incremento salarial.

De acuerdo a datos obtenidos por Somos Tus Ojos, 273 millones 937 mil pesos se han destinado al rubro de “remuneraciones adicionales y especiales”, monto incluso superior al pagado por “remuneraciones al personal de carácter permanente”, al que se le asignaron solo 157 millones 457 mil pesos.

En la partida “otras prestaciones sociales y económicas”, la FGE gastó en 2019, 154 millones 024 mil pesos, a pesar de ello, el personal de la Fiscalía, no ha visto los beneficios.

VER FGE estado analitico 2019

CONTRATÓ MÁS DE 200 PERSONAS MONTES DE OCA

Desde que inició su gestión y hasta febrero de 2020, Óscar Montes de Oca Rosales ha contratado a 232 personas a las que se les paga por honorarios, entre directores, subdirectores y personal de diversas áreas administrativas.

Montes de Oca Rosales, quien se desempeñó como Subprocurador en el entonces Distrito Federal con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, contrató a decenas de personas provenientes de la Ciudad de México, entre los que se cuentan a Luis Carlos Ruiz Rello, Juan José Olea Valencia, Diana Amador González, Santa Cecilia Chávez Gutiérrez, José Antonio Espinosa Martínez, Rubén Arturo García Estrella, Raúl Gudiño Resendiz, Adrián Hernandez Reyna y Mónica de Ávila Lozano, quien, según su cuenta de LinkedIn, durante 23 años se ha desempeñado como reportera de Televisa, sin detallar en su perfil que ahora labora en la FGE como Directora de Comunicación Social de la zona norte con un sueldo mensual de 42 mil pesos, según información obtenida vía transparencia por Somos Tus Ojos.

Montes de Oca Rosales también trajo de la Ciudad de México a Alfonso Díaz Pauli, quien ahora funge como coordinador de Ministerio Público, y quien fue sancionado con un apercibimiento público por la Contraloría de la Ciudad de México por no cumplir en tiempo con la entrega-recepción de los recursos humanos, materiales y financieros que tenía a su cargo como responsable de la Agencia de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública  y Procuración de Justicia  de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc de la PGJDF, en 2014.

También de la Ciudad de México, para integrarse al llamado grupo de “los chilangos”, llegó Rosa María Hernández Ruiz, quien se desempeña como titular de la Fiscalía especializada en delitos de desaparición forzada de personas.

Otras personas contratadas por honorarios son Edwigs López Reséndiz, quien con un puesto de “asesora”, según la ficha curricular que carece de los datos de trayectoria profesional, percibe un sueldo de 42 mil pesos al mes, siendo muy visible su “trabajo” en twitter donde se dedica a compartir la información del gobierno del estado y de la Fiscalía. Destaca el hecho de que abrió su cuenta en dicha red social en julio de 2019.

Al mal visto grupo de “los chilangos”, privilegiados por Montes de Oca, se suman David Lozano Santana, Cristóbal Martín Mendoza de Vicente, Marcela Murillo Herrera titular de la Fiscalía especializada en delitos contra la libertad sexual y el libre desarrollo de la personalidad de la zona sur; Jaime Ontiveros Patiño, Viridiana Orozco Herrera, directora de Coordinación Interinstitucional, y quien laboró como directora de normatividad, verificación y cumplimiento del INVEA, en la Ciudad de México,

La lista de los empleados que ocuparon un puesto en la Fiscalía del entonces Distrito Federal es muy larga, y a ella se suman Cesar Octavio Ayerdi Hernández, director de administración y planeación, quien trabajó como Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; Alain Duran Villaseñor, subdirector de recursos materiales; Vicente Iturbe Mendoza, director general de desarrollo institucional, con un salario de 60 mil pesos mensuales, y a quien se le abrió un procedimiento por presentar tardíamente su declaración patrimonial en 2016 cuando trabajaba en la Fiscalía General de la Ciudad de México, omisión que cometió pero que se le “perdonó”, quedando exentó de sanción alguna.

Aunque local, otra contratada por Montes de Oca fue Erika Yolanda Bacelis Arzápalo, quien igual que el anterior fue sancionada con amonestación pública porque omitió presentar las declaraciones de situación patrimonial cuando laboró en el Segundo Tribunal Colegiado con residencia en Cancún, Quintana Roo.

FGE cont honorarios anexo

FGE contratados por honorarios oficio

LOS AVIADORES

Con puestos de “receptor”, “analista técnico”, “analista profesional”, secretaria e incluso “intendente”, figuran múltiples empleados; de obligada mención resulta Martha Beatriz Enriquez Kaufachi, hermana de Juan de la Luz, hombre cercano al gobernador Carlos Joaquín González; y también hermana de Jesús Enriquez Kaufachi, quien se desempeña como secretario particular del fiscal, Óscar Montes de Oca. Como “analista profesional”, Martha Beatriz Kaufachi gana 16 mil pesos.

Regina Torres Caballero, como “receptora” gana 5 mil pesos mensuales; destaca que desde el 2016, recibió numerosas “ayudas sociales”, de acuerdo al padrón del Poder Legislativo. Claret Iraide Poot Peña, Dorian Patricia Ríos Bosch; Irving Enrique Acal Batun, Melida Aseret Medrano Mayo, Miledy Alejandra Castillo Castro y Ana Laura Pérez Guerrero se suman a la lista de empleados de puestos peculiares.

Carlos Adrián Andrade Pinzón, pasó de ser un deportista beneficiado por la Comisión de la Juventud de Quintana Roo (Cojudeq), a supuestamente trabajar como “intendente”, es decir, haciendo el aseo en la Fiscalía.

Jorge Luis Díaz Archi, también pasó de ser parte de las juventudes revolucionarias del PRI a intendente; lo mismo que Armando Castán González, otrora “proveedor” de la Cojudeq.

Fátima Guadalupe Soberanis Morales, antes fue “consejera ciudadana” de la COJUDEQ, y ahora también es analista profesional en la FGE.

Solange Alpuche Ordaz, actualmente como “analista profesional” percibe 16 mil pesos quincenales, pero fue “brillante” becaria del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo, en 2017, año en que consiguió una de las tres becas que dio este Instituto financiado por el gobierno del estado, para estudiar en España.

Jorge Jesús Castillo Valverde, está contratado como auxiliar administrativo y también figura como beneficiario de ayudas sociales del Congreso del estado; Elda Dalila Cervantes Jarquin, tiene una placa del Sindicato de taxistas de Chetumal. Otros auxiliares administrativos son Francisco Gamaliel Sánchez Mercado, Guillermo Villanueva Martínez, Wayne Jesus Cachon Carrillo, quien fungió como apoderado legal del Sindicato de Trabajadores del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Del DIF también provienen Alfredo Méndez Hernández, ahora analista profesional con salario de 16 mil pesos; y Rosario Ingrid Menjivar Alfaro, secretaria.

Por su parte, Ana Gabriela Moreno Torres, con un sueldo de 16 mil pesos, figura como Jefe de departamento de análisis de la información financiera, pero de acuerdo a su perfil de LinkedIn es coordinadora de ventas en The Mayan Cacao, en Cozumel.

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ASESORES Y PUESTOS CLAVES EN MANOS DE FUEREÑOS

A la larga lista de personas venidas de la Ciudad de México, se agregan Jesús Rodríguez Nuñez, como asesor y con un sueldo de 42 mil pesos; Miguel Ángel García Sandoval, Norma Isabel Yescas Velázquez, también asesora; José Luis Bonilla Rodríguez “asesor en administración”; el director de Servicios Periciales, Noé Tapia Albino.

En puesto clave también fue colocado Jorge Daniel Valdes Oberhauser, quien trabaja como subdirector de capital material y servicios generales; antes estuvo en la subsecretaría de Finanzas y Planeación de la Secretaría de Seguridad Pública en la actual administración y previamente laboró en el gobierno de la Ciudad de México en los últimos años.

CONTRATAN “DIGITALIZADORES”

Entre los contratados por honorarios están también siete digitalizadores: Karla Vianey Cab Ramírez, Yarecxi Concepción Cetina Pérez, Melina Soledad González Velázquez, Yayni Seraccin Nava Landero, Leonela Salvatierra Ortiz, Dorian Sinai Solis Correa, Rosaura Irene Ucan Cocom y Paulina Vianey Velázquez Can.

El gasto para el pago a los empleados contratados por honorarios asciende a un monto mensual de alrededor de 4 millones de pesos mensuales.

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SOMOS TUS OJOS EXIGE RENUNCIA DE FISCAL ANTICORRUPCIÓN. ES INSOSTENIBLE

La Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo, Rosaura Villanueva Arzápalo, debe renunciar. Su posición es insostenible luego de sus declaraciones en las que defiende al magistrado Fernando Gama Rodríguez, quien tiene abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

rosaura villanueva fiscal anticorrupcion2PLAYA DEL CARMEN, MX.- La Fiscal Anticorrupción de Quintana Roo, Rosaura Villanueva Arzápalo, debe renunciar. Su posición es insostenible luego de sus declaraciones en las que defiende al magistrado Fernando Gama Rodríguez, quien tiene abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las declaraciones de la Fiscal Anticorrupción sobre el contenido de la carpeta TOL/CCF/SPO/107/091068/20/04, que no está en su jurisdicción y de la que no es parte, ponen en evidencia los intereses personales de Rosaura Villanueva Arzápalo, y su intención de proteger al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo.

La falta de lealtad, objetividad y probidad de la fiscal Rosaura Villanueva Arzápalo demuestran el absoluto fracaso de la política anticorrupción en Quintana Roo.

LA DENUNCIA EN EL ESTADO DE MÉXICO

Como se recordará, el pasado 31 de agosto Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo informó que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México abrió la carpeta de investigación TOL/CCF/SPO/107/091068/20/04 en contra de Fernando Gama Rodríguez, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativo de Quintana Roo, por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito, lo anterior luego de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República turnara la carpeta a ese órgano investigador.

La denuncia presentada por abogados de Somos Tus Ojos está sustentada en documentos públicos como las escrituras de los numerosos inmuebles que ha adquirido Gama Rodríguez a su nombre y al de su familia; compras que contrastan con los limitados ingresos que devengó como abogado dictaminador en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, y aun incluso con los que actualmente tiene como Magistrado.

FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE QROO PRETENDE CONFUNDIR

Tras la publicación de esta información y sin conocer el contenido de la carpeta, la fiscal anticorrupción Rosaura Villanueva Arzápalo aseguró que la “demanda” (término muy desafortunado en voz de una Fiscal), se había presentado por el hecho de que el magistrado Fernando Gama Rodríguez no cumplió con el requisito de residencia, necesario para ser electo, lo cual es falso, puesto que como se hizo público y se detalló la denuncia se presentó por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de allí que la FGR la atendiera y por jurisdicción la enviara a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México, por haberse cometido el presunto delito desde que Fernando Gama era abogado dictaminador en la Procuraduría Fiscal de ese estado.

Con un sueldo que de 2008 a 2015 sumó la cantidad total de un millón 786 mil pesos, Fernando Gama adquirió múltiples inmuebles en zonas residenciales de la Ciudad de México y el Estado de México. Siendo Magistrado continuó adquiriendo inmuebles a su nombre y el de sus familiares que rebasan por mucho sus ingresos totales, e incluso abrió un restaurante en Lindavista, Ciudad de México.

A pesar de que estos datos se han hecho públicos, la Fiscal Anticorrupción Rosaura Villanueva aseguró que la “demanda” en contra de Gama Rodríguez eran “temas de desinformación” y de “intereses personales”:

“(…) allá hay situaciones que litigan en los medios de comunicación, y la desinformación es grande” (…) “esta persona interpuso una demanda (sic) en la Fiscalía Anticorrupción, y nosotros investigamos hay un tema allí de que una confusión legal entre ella, que dice sobre la residencia o vecindad que esta persona, este Magistrado, por ejemplo, recordemos, yo, que mi residencia es Cozumel, y que mi trabajo está en otro lado, físicamente mi familia, mi domicilio está aquí, y bueno, solicitamos información a la Ciudad de México (sic), y bueno en su momento vamos a resolver. No es lo mismo las partes en un sistema en el sistema penal, esta persona, bueno, interpuso una demanda (sic) pero no tiene calidad de víctima, porque no resiente ningún agravio, de hecho ya interpuso un amparo en contra de esa investigación, ya le fue sobreseído ese amparo, por el juez federal, entones son temas de desinformación que tiene, ahorita a ver qué va a responder Toluca, lo interpone en la Fiscalía General y allí hay Fiscalía Anticorrupción también, y si el hecho se cometió aquí, bueno, son cuestiones que a veces causan impacto y confusión y lo manejan de acuerdo a los intereses personales”.

FISCAL ANTICORRUPCIÓN DE QROO NO QUISO INVESTIGAR A FERNANDO GAMA

Lo dicho por la Fiscal Anticorrupción es una opinión que no le favorece, sino al contrario. Como es de recordarse, en marzo de 2018 Somos Tus Ojos interpuso una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo en contra de Fernando Gama Rodríguez, luego de que se acreditara que éste laboró del 2008 al 2015 en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, en una plaza de confianza, y por lo tanto no cumplía con el requisito constitucional de haber radicado en Quintana Roo los 10 años anteriores a su designación. Gama Rodríguez ocultó al Congreso que laboró en el Estado de México de 2008 al 2015 y presentó un curriculum con información falsa en el que plasmó que en 2006 laboró en MGM Consultores Fiscales S.C., y posteriormente, en el 2014 se desempeñó como “asesor” en la Correduría Pública número 13 de Playa del Carmen, y que además impartió conferencias para el Colegio de Contadores y fungió como asesor externo…

Entre los documentos que Gama Rodríguez entregó a la XV Legislatura para pretender acreditar su residencia, está un contrato de arrendamiento firmado con la abogada Kira Iris, como arrendadora. Kira Iris es suplente de la diputada Lili Campos, pareja sentimental del Magistrado.  Asimismo, la credencial de elector de Gama Rodríguez con residencia en Quintana Roo, la obtuvo en 2015. Otra irregularidad más en los documentos que entregó al Congreso, es que las tres cartas de postulación de asociaciones civiles son idénticas en su contenido, y solo cambia el nombre de la asociación.

Luego de que Somos Tus Ojos acreditara lo anterior frente a la Fiscalía Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, ordenó que se prohibiera a la abogada Fabiola Cortés Miranda el acceso a la carpeta, por no ser parte en el proceso; lo que motivó la interposición de un amparo, mismo que fue sobreseido por haberse presentado de forma extemporánea, es decir, fuera de tiempo.

El hecho de que Fernando Gama haya presentado información y documentos falsos a la XV Legislatura para ser electo Magistrado es muy grave, puesto que como integrante del Tribunal de Justicia Administrativa, es parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE QUINTANA ROO, UN ROTUNDO FRACASO   

Con sus declaraciones acusando a Somos Tus Ojos de “desinformación” e “intereses personales”, la Fiscal Anticorrupción da muestras claras de que su actuación además de deficiente, es totalmente desapegada de los principios que deben regirla, pues a pesar de las evidencias insiste en proteger al magistrado Fernando Gama Rodríguez.

La Fiscal Anticorrupción también ha demostrado un rotundo fracaso en los procesos seguidos en contra de los ex funcionarios de la administración del ex gobernador Roberto Borge, y más de una decena de enjuiciados han salido abantes frente a las acusaciones intentadas por Rosaura Villanueva Arzápalo, como recientemente reseñó un diario estatal.

Rosaura Villanueva Arzápalo fue juez penal durante la administración de Roberto Borge Angulo, y renunció al Poder Judicial en enero de 2015 en medio de cuestionamientos sobre su desempeño. El Poder Judicial catalogó de información reservada el finiquito pagado a su ex trabajadora, aunque un columnista local publicó documentos en los que se muestra que Villanueva Arzápalo recibió irregularmente un finiquito de un millón de pesos.

Por las deficiencias en su desempeño, por su cuestionada actuación y porque ha dejado de manifiesto su interés de proteger a un funcionario, la fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, debe renunciar.

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La Fiscalía Anticorrupción del Estado de México abrió la carpeta de investigación TOL/CCF/SPO/107/091068/20/04, en contra del Fernando Gama Rodríguez, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativo de Quintana Roo, por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito, lo anterior luego de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República turnara la carpeta a ese órgano investigador.

fernando gama fiscalia anticorrupción edomexTOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 31/08/2020.– La Fiscalía Anticorrupción del Estado de México abrió la carpeta de investigación TOL/CCF/SPO/107/091068/20/04, en contra del Fernando Gama Rodríguez, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativo de Quintana Roo, por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito, lo anterior luego de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República turnara la carpeta a ese órgano investigador.

Como se fernando gama rodriguez2recordará, el 17 de febrero de 2020, integrantes de Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo presentaron una denuncia en la Subprocuraduría de Investigaciones de Delitos Federales en la Ciudad de México, en contra de Fernando Gama Rodríguez, magistrado de Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo por la probable comisión de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se acreditó con diversas escrituras de inmuebles de alta plusvalía que el hoy Magistrado adquirió a su nombre y al de su familia, a pesar de que del 2008 al 2015 trabajó en la Procuraduría Fiscal del Estado de México en un cargo menor y con ingresos muy inferiores al monto de las operaciones realizadas..

La Subprocuraduría de Investigaciones de Delitos Federales remitió la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México desde abril pasado, sin embargo, debido al cierre de las oficinas por la pandemia de Covid-19, los abogados de Somos Tus Ojos, Fabiola Cortés Miranda y Moisés Araujo Olmos apenas comparecieron el pasado 24 de agosto, día en el que solicitaron diversos actos de investigación.

Anticorrupcion Edomex Fernando Gama_page-0003La denuncia presentada se sustentó en una amplia investigación realizada por la también periodista Fabiola Cortés Miranda quien documentó la adquisición de casi una decena de propiedades y la apertura de un restaurante por parte de Fernando Gama Rodríguez, que no coinciden con los ingresos que éste habría podido acumular lícitamente a través de años de trabajo, primero, en un cago burocrático menor en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, y recientemente como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, cargo al que accedió falsificando documentos.

FERNANDO GAMA CON SUELDO DE BURÓCRATA COMPRA PROPIEDADES DE MILLONARIO

Con su plaza de abogado dictaminador en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, Fernando Gama Rodríguez, obtuvo de 2008 al 2015 ingresos totales por $1,786,182 pesos, de acuerdo al oficio número 20706004000100S-030/2020, proporcionado por el Jefe de la Unidad y Servidor Público Habilitado de la Dirección General de Personal de la Secretaria de Finanzas del Estado de México, Navor Millán González.

Los ingresos acumulados por Gama Rodríguez en siete años, y los dos años en los que ha sido Magistrado en Quintana Roo contrastan con las propiedades adquiridas por el denunciado y sus familiares, y por los negocios emprendidos; sin que en todos estos años el funcionario haya dado cuenta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de contar con otros ingresos, ni tampoco sus familiares han registrado ingresos ante la autoridad fiscal, de acuerdo a datos entregados por fuente fiable.

LAS CASAS DE FERNANDO GAMA Y SU FAMILIA

Según el folio registral número 77056 que puede consultarse en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el 30 de noviembre de 2015, a unos meses de haberse separado de su empleo como burócrata de bajo nivel, Fernando Gama Rodríguez adquirió un departamento en el condominio Villas Talia, con una superficie de 90 metros cuadrados. El inmueble se ubica en una zona residencial de la Riviera Maya, dentro de la exclusiva marina de Puerto Aventuras.

De acuerdo al instrumento público de protocolo abierto 972, pasado ante la fe del notario público 78 del estado de Quintana Roo, Jorge Parra Moguel, esposo de la senadora morenista Maribel Villegas, Fernando Gama Rodríguez pagó un millón cien mil pesos por su departamento, con base en el avalúo practicado por el corredor público trece del estado de Quintana Roo, Susano Jesús Zetina Cuevas.

Sin embargo, el monto que pagó el funcionario por el inmueble que adquirió no es el valor comercial de éste, sino que se trata de un precio menor, declarado así con el fin de evadir los respectivos impuestos, pues en el mismo condominio Villas Talía, se vendió un departamento de 105 metros cuadrados en $175,000 dólares, es decir, casi el doble del precio pagado por Fernando Gama Rodríguez. Es de destacarse que quien realizó el avalúo del departamento del Magistrado es el Corredor número 13, de quien Fernando Gama Rodríguez fue “asesor”, según consignó el mismo en  el curriculum que entregó al Congreso de Quintana Roo cuando fue electo por la XV Legislatura aunque no cumplía con los requisitos de elegibilidad.

El 11 de octubre de 2016 el Magistrado adquirió otra propiedad, según consta en el Folio Real Electrónico 00107568, que puede consultarse en el Registro Público de la Propiedad de Naucalpan, Estado de México, y en el que se consigna la compra una casa con una superficie de 390 metros cuadrados ubicada en la Sección Uno B, manzana 210, en la colonia Loma al Sol, en Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México; misma por la que Gama Rodríguez pagó cinco millones de pesos. Lo anterior quedó asentado en la escritura pública de compraventa número 32,026, pasada ante la fe del notario número 65 del Estado de México, José Luis Mazoy Kuri.

Dos meses después de comprar la residencia de Ciudad Satélite, el 20 de diciembre de dos mil 2016, Fernando Gama compró un inmueble de 195.60 metros cuadrados ubicado en la calle Lindavista número 229, en la colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A Madero, de la Ciudad de México, inmueble por el que “oficialmente” el Magistrado pagó la cantidad de un millón 200 mil pesos. Al igual que su departamento de Puerto Aventuras, éste se encuentra en una zona residencial de la Ciudad de México, por lo que el supuesto precio pagado por Fernando Gama Rodríguez entraña también una defraudación fiscal. La compraventa consta en el folio real 9406478 del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México, de acuerdo a la escritura pública número 129903 otorgada ante el notario público 89 de la Ciudad de México, Gerardo Correa Etchegaray, el Magistrado.

Actualmente en este inmueble se ubica el restaurante “Asadero Barrio Lindavista”, operado mediante la razón social Operadora de Alimentos RAGAMA SA de CV, empresa constituida por el padre del Magistrado, Juan Gama Rogel y su hermano, Raúl Gama Rodríguez, mismo que fue clausurado por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México en octubre del 2019 por no contar con los permisos para operar, pero que gracias a las influencias de Fernando Gama y su pareja sentimental, la diputada local panista, Lili Campos Miranda, el restaurante fue rápidamente reabierto.

MADRE DE FERNANDO GAMA TAMBIÉN COMPRA COSTOSA PROPIEDAD 

El año pasado, Fernando Gama Rodríguez continuó con la compra de costosos inmueble, y el 22 de febrero de 2019, adquirió otro inmueble a nombre de su madre Guadalupe Rodríguez Rivera, de acuerdo al folio registral 30865, que puede consultarse en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Solidaridad, Quintana Roo. Según dicho registro, la señora Guadalupe Rodríguez compró un terreno ubicado en lote 17, manzana 37, plano cero tres, en el desarrollo turístico Puerto Aventuras, es decir, en el mismo lugar donde Fernando Gama Rodríguez compró su departamento de Villas Talía. Se trata de un predio baldío de 855 metros cuadrados y con una excelente ubicación, pues colinda con el bulevar Puerto Aventuras y con la Marina.

La madre del Magistrado supuestamente pagó la cantidad de siete millones 350 mil pesos por el terreno referido, de los cuales, según las Declaraciones V del instrumento público de protocolo abierto 1222, tirado ante la Notaria Pública 91 del estado de Quintana Roo, la señora Guadalupe Rodríguez entregó la cantidad de 6 millones 710 mil pesos mediante un cheque de caja, y en efectivo la cantidad de 640 mil pesos. La madre del Magistrado declaró que el cheque de caja deriva del préstamo que obtuvo mediante contrato privado de mutuo con interés que celebró con la sociedad mercantil Ingeniería y Arquitectura del Caribe SA de CV., sin embargo, dicha sociedad mercantil no ha tenido ingresos, realizando declaraciones en ceros del año 2014 al 2018; por lo que es imposible que esta empresa haya tenido recursos para realizar un supuesto préstamo a la madre de Fernando Gama Rodríguez.

Cuando la madre de Fernando Gama adquirió la propiedad arriba detallada, el denunciado ya era Magistrado, puesto que fue electo el 26 de diciembre de 2016. De acuerdo a datos públicos que pueden consultarse en el apartado de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa, Fernando Gama Rodríguez tiene un sueldo mensual de 134 mil 201 pesos, por lo que en los dos años que lleva laborando, aun y cuando hubiera ahorrado su sueldo íntegro, no habría podido pagar el predio que compró y que registró a nombre de su madre.

FERNANDO GAMA COMPRA INMUEBLES QUE VALEN 10 VECES SU SUELDO 

Desde hace años, el hoy magistrado Fernando Gama Rodríguez ha ido adquiriendo inmuebles de gran plusvalía a pesar de que como abogado dictaminador de la Procuraduría Fiscal del Estado de México tenía un salario de burócrata de bajo nivel; acumulando en siete años de trabajo, de 2008 a 2015, ingresos totales por un millón 786 mil pesos

Según el folio real 9188421 del Registro Público de la propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, el siete de septiembre de 2012, Fernando Gama Rodríguez pagó 2 millones 772 mil pesos en la compra de otro inmueble identificado como casa número 88 de la avenida Cuitláhuac, esquina con la calle Pueblo, ubicada en fracción de lote 1, manzana 6, fraccionamiento Ampliación Colonia Guadalupe Victoria, con una superficie de 234 metros cuadrados; lo anterior quedó consignado en la escritura pública 24,846 de fecha 7 de septiembre de 2012, otorgada ante el notario número 241, Sergio Rea Field. En dicha escritura el hoy denunciado señaló como su domicilio el ubicado en segunda cerrada de Cali número trescientos ocho, colonia Valle Dorado, municipio de Tlalnepantla, Estado de México, lo cual es un dato relevante, ya que es otra de las propiedades que adquirió por medio de un prestanombre, en este caso, su hermano Juan Carlos Rodríguez Gama.

Ese año 2012, de acuerdo al oficio número 20706004000100S-030/2020, proporcionado por el Jefe de la Unidad y Servidor Público Habilitado de la Dirección General de Personal de la Secretaria de Finanzas del Estado de México, Fernando Gama tuvo ingresos totales por 287 mil 200 pesos, esto es 10 veces menor al monto que pagó por el inmueble adquirido.

Un año después, 2013, con su mismo sueldo de burócrata de bajo nivel, el Magistrado compró otra propiedad. Según el folio real electrónico 00087745, volumen 118, libro Primero, sección 19, foja 3, partida 34, mismo que puede consultarse en el Registro Público de la Propiedad de Naucalpan, Estado de México, Fernando Gama Rodríguez adquirió una casa ubicada en Zona Mirador, manzana 91, lote 27, Loma Suave, en Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, con una  superficie de 384 m2 y por la que pagó cuatro millones de pesos según consta en la escritura pública de compraventa, número 45109 de 23 de agosto de 2013, pasada ante el notario 74 del Estado de México, Enrique Aguilar Godinez. En ese año 2013, los ingresos totales de Fernando Gama, como burócrata, sumaron apenas 296 mil 595 pesos.

En el 2014, Fernando Gama compró otra propiedad a nombre de su padre, Juan Gama Rogel, misma que se encuentra registrada en el folio real 396121 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Ubicado en manzana 72, lote uno, colonia Nueva Atzacoalco de la Delegación Gustavo A Madero, el inmueble tiene una superficie de 200 metros cuadrados, y la compraventa quedó formalizada en la escritura pública 35275 de fecha 5 de agosto de 2014 otorgada ante la notario número 75 del Estado de México, Graciela Oliva Jiménez Godinez. El padre del hoy denunciado, Juan Gama Rogel supuestamente pagó un millón 260 mil pesos por la propiedad.

A solo un año de estar trabajando como abogado dictaminador, en el Estado de México, Fernando Gama adquirió a nombre de su hermano, Juan Carlos Gama Rodríguez, una propiedad en una zona residencial de la Ciudad de México, lo que consta en el folio real 1981, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Se trata de una casa que se ubica en la calle Manizales 840, en la colonia Lindavista de la ciudad de México, y que tiene una superficie de 270 metros cuadrados. De acuerdo a la escritura pública número 20,755, de fecha 27 de agosto de 2009, pasada ante la fe del Notario Público  241 de la Ciudad de México, Sergio Rea Field, el hermano del magistrado, Juan Carlos Gama Rodríguez, adquirió la referida propiedad por un monto de 3 millones 450 mil pesos.

Cabe destacar que Juan Carlos Gama Rodríguez tampoco ha tenido ingresos suficientes para poder comprar la residencia señalada, pues al igual que el Magistrado, también ha sido empleado de menor nivel. La vinculación de Juan Carlos Gama y su hermano Fernando Gama Rodríguez recientemente se hizo patente luego de que el primero fuera contratado en el Departamento de Asuntos Civiles, Mercantiles y Laborales de la Consejería Jurídica del estado de Quintana Roo, dependencia de la que fue titular la pareja sentimental del hoy denunciado, Roxana Lili Campos Miranda.

LA UIF DE SANTIAGO NIETO CONSERVARÁ DATOS DE FERNANDO GAMA COMO “ANTECEDENTES”

Cabe destacar que el 18 de febrero de 2020 también se presentó denuncia en contra de Fernando Gama Rodríguez en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibiendo respuesta de su Directora General el 19 de marzo de 2020, en la que la funcionaria señaló que “los datos proporcionados serán considerados como antecedentes para esta dependencia federal”.

Según la funcionaria de la UIF, “esta unidad administrativa carece de competencia para recibir denuncias por hechos delictivos, así como para realizar investigaciones basadas en la información proporcionada, debido a que esta atribución corresponde exclusivamente al Agente del Ministerio Público (…).

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FERNANDO GAMA ENTREGÓ DOCUMETOS FALSOS PARA SER ELECTO MAGISTRADO EN QUINTANA ROO

Como se recordará, Gama Rodríguez fue electo Magistrado el 26 de diciembre de 2017, en la sesión tres del Primer período de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la XV Legislatura, a pesar de que éste no cumplía con uno de los requisitos constitucionales para ser Magistrado, por lo que presentó documentos falsos para acceder al cargo.

Fernando Gama no cumplió con el requisito establecido en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, relativo a contar con residencia de diez años en el estado, anterior a la designación del cargo, y no lo cumplía  por el hecho de que laboró del 1 de junio de 2008 al 15 de febrero de 2015, como “abogado dictaminador”, en la Procuraduría Fiscal, dependiente del sector central del Poder Ejecutivo del Estado de México, donde tenía una plaza de confianza, de acuerdo al oficio número 203410200-022/2018, de fecha 18 de enero de 2018 firmado por el Jefe de la Unidad de la Dirección General de Personal del Estado de México, Navor Millán González, y obtenido en su momento por Somos Tus Ojos. Sin embargo, el Magistrado ocultó ese dato, presentó un curriculum falso y fue electo por el Congreso tras ser propuesto por el gobernador Carlos Joaquín González.

fernando gama rodriguez lili campos mirandaasadero barrio lindavista fernando gama

lili campos rosaura villanueva

Por este hecho, abogados de Somos Tus Ojos interpusieron ante la Fiscalía Anticorrupción denuncia en contra del Magistrado Gama, misma que quedó registrada bajo el número de carpeta FGE/QR/OPB/03/1538/2018, sin embargo, y a pesar de estar plenamente acreditado el delito de falso testimonio cometido por Fernando Gama, la fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, quien es allegada a la pareja sentimental del Magistrado, la diputada Lili Campos, se negó a judicializar la carpeta y limitó el acceso a la misma a los denunciantes para que dejaran de insistir en el procedimiento.

Hace unos días, en un encuentro virtual con empresarios, la diputada Lili Campos Miranda calificó a la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo como la «mejor del país».

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MAGISTRADO DE QROO, DENUNCIADO POR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

TRANSPARENCIA FINGIDA. GOBIERNO DE QROO PUBLICA PRESUPUESTO ILEGIBLE

CHETUMAL, MX.– Aunque el presupuesto de egresos debe ser un documento público y de acceso libre y permanente, y además debe ser tan preciso como lo marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental a efecto de detallar cómo se gastará el dinero público, el gobierno de Quintana Roo no solo no tiene el documento en la página de la Secretaría de Finanzas y Planeación, sino que el documento público contenido en el periódico oficial del estado es ilegible prácticamente en su totalidad.

Ante la falta de publicación del presupuesto conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Somos Tus Ojos requirió a la Sefiplan “proporcionar en versión digital copia del presupuesto de egresos del 2019 y del 2020 con todos sus anexos”, en su respuesta a la solicitud registrada con número 373720, la Sefiplan proporcionó cuatro archivos con cuatro publicaciones de periódicos oficiales.

En el periódico oficial del 10 de enero de 2019, tomo I, número 2 extraordinario, novena época, de 820 hojas, se encuentran los anexos del presupuesto de egresos 2019, pero el documento es ilegible casi en su totalidad.

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En plena pandemia, el gobierno de Carlos Joaquín González presumió que Quintana Roo se colocó en la posición número 4 en el Índice de Calidad de la Información (ICI), indicador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que tiene que ver con la transparencia en la aplicación de los recursos federales.

También en noviembre de 2019, Joaquín González hizo alarde ‘del manejo eficiente y honesto de los recursos públicos, y de la rendición de cuentas claras y transparentes’.

En un boletín difundido por la Dirección de Comunicación Social se lee: “El gobierno que encabeza Carlos Joaquín promueve el manejo eficiente y honesto de los recursos públicos, con rendición de cuentas claras y transparentes, de manera permanente, ante la sociedad.”

“A través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), el Gobierno de Quintana Roo creó un micrositio destinado al cumplimiento de la normatividad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), respecto de los índices de Información Presupuestal Estatal (IIPE) e Información del Ejercicio del Gasto Público (IIEG).”

QUE GOBERNADOR SAQUE LAS MANOS DE ELECCIÓN DE CONSEJERO DEL IDAIPQROO

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, debe sacar las manos del proceso de elección del próximo comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO) y la XVI Legislatura del Congreso debe retirar la propuesta de designar en este cargo a Cristina María Piña Avilés, quien se desempeña actualmente como titular de transparencia de las unidades del despacho del Poder Ejecutivo, y quien ha favorecido la opacidad del Poder Ejecutivo.

CHETUMAL, MX, 26/07/2020.– El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, debe sacar las manos del proceso de elección del próximo comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO) y la XVI Legislatura del Congreso debe retirar la propuesta de designar en este cargo a Cristina María Piña Avilés, quien se desempeña actualmente como titular de transparencia de las unidades del despacho del Poder Ejecutivo, y quien ha favorecido la opacidad del Poder Ejecutivo.

La designación del próximo Comisionado debe recaer en una persona con experiencia en el tema de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como con capacidad técnica probada; excluyendo a aquellas personas con evidentes compromisos políticos y sin trayectoria en la materia, como el caso del otro propuesto Sergio Avilés Demeneghi, ex consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Como se sabe, el pasado jueves 23 de julio, en la sesión de apertura del segundo periodo extraordinario de sesiones, la XVI Legislatura sometió a debate la elección del nuevo Comisionado del IDAIPQROO de entre 38 candidatos que cumplieron los requisitos de ley; aunque en contravención a los principios de transparencia y publicidad, la XVI Legislatura no hizo público el curriculum de los postulantes.

La propuesta de los diputados de la XVI Legislatura se dividió entre Cristina María Pina Avilés y Sergio Avilés Demeneghi, lo que deja ver que los legisladores antes que atender a la necesidad de contar con un Comisionado independiente y experto en la materia, pretenden elegir a una persona en la que puedan encontrar un cómplice para sus intereses, que no son precisamente los de la máxima transparencia.

Por lo anterior, Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo hace una llamado tanto al gobernador Carlos Joaquín González, como a los diputados de la XVI Legislatura para que reconsideren el nombre de la persona que será el nuevo integrante del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado.

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EXIGIMOS QUE CONSEJERO DEL IDAIPQROO TENGA EXPERIENCIA Y MANIFIESTA BUENA FAMA PÚBLICA

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EXIGIMOS QUE CONSEJERO DEL IDAIPQROO TENGA EXPERIENCIA Y MANIFIESTA BUENA FAMA PÚBLICA

Entre los candidatos a ocupar el cargo de Comisionado del IDAIPQROO se encuentra el nombre MARCOS KENNEDY MAYO BAEZA, titular de la Coordinación jurídica y de datos personales del IDAIPQROO, y quien desde nuestra óptica es el mejor perfil a acceder a dicha posición, puesto que labora en el Instituto desde su creación, y quien desde sus distintas posiciones ha demostrado ser un funcionario comprometido con la transparencia.

CHETUMAL, 23/07/2020 Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo exige a los diputados que el próximo comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO) tenga probada experiencia en la materia y además manifiesta buena fama pública.

En el listado de los 38 candidatos que cumplieron con los requisitos abundan los nombres de funcionarios y ex funcionarios de la administración pública, del Instituto Electoral de Quintana Roo, del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y de la Fiscalía General del Estado, sin que éstos tengan la mínima experiencia en materia de transparencia, acceso a la información, y datos personales.

Asimismo hay un número importante de nombres de aspirantes que actualmente laboran o han laborado en las unidades de transparencia de la administración pública o de los municipios, pero que destacan por su opacidad, como BLANCA FRESIA ROCABADO AZCAGORTA, directora de la Unidad de Transparencia de Cancún, una de las unidades más opacas, que ha vulnerado el acceso a la información dejando de publicar información pública obligatoria como todos los contratos firmados por el ayuntamiento que dirige Mara Lezama, asimismo, se recordará que en contra de dicha Unidad de Transparencia, Somos Tus Ojos promovió un exhorto ante este Poder Legislativo por su negativa a contestar al IDAIPQROO, al cual hoy Blanca Rocabado, aspira a integrarse.

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JUAN PABLO RAMIREZ PIMENTEL, en su calidad de titular de la Unidad de transparencia Fiscalía General del Estado, igualmente sobresale por entregar respuestas incompletas y parciales a las solicitudes de información, y en contra de quien Somos Tus Ojos ha presentado recursos de revisión.
LUZ GABRIELA MORA CASTILLO, es subdirectora de Administración y Actualización de la Página de Transparencia del Congreso, y quien ha incumplido con la actualización de la página, en los términos fijados por la ley.

HASSAN MEDINA RODRÍGUEZ es otro de los candidatos más cuestionables a ocupar el cargo de Comisionado del IDAIPQROO, y que de ninguna manera debe ser electo. Hassan Medina ha probado ser un gran aliado de la opacidad, pues se recordará que en los años que se desempeñó como titular de esta área en el Congreso del estado, evitó transparentar lo relativo a las ayudas sociales; demostrando que es un eficiente servidor de la opacidad y nada garante de la máxima publicidad.

CRISTINA MARÍA PIÑA AVILÉS, es una de las candidatas de mayor cercanía con el gobernador Carlos Joaquín González en su calidad de titular de transparencia de las unidades del despacho del Poder Ejecutivo, y quien ha probado ser útil en el ocultamiento de información y en la reserva de información que debería ser pública; por ejemplo, Cristina Piña Avilés, en el 2017 se negó a transparentar el gasto realizado por la Secretaría Particular del gobernador Carlos Joaquín González en el rubro denominado “gastos de orden social y cultural”, reservando la información sobre qué funcionarios realizaron el gasto de poco más de un millón y medio de pesos y en qué se gastó ese dinero. Por lo que elegir a funcionarios afines a los intereses del gobierno, pero contrarios a los intereses de la ciudadanía sería un grave error.

Leer: GOBERNADOR DE QUINTANA ROO SE DIVIERTE CON DINERO PÚBLICO Y RESERVA INFORMACIÓN.

MARCOS KENNEDY MAYO BAEZA, UN PERFIL IDÓNEO

Entre los candidatos a ocupar el cargo de Comisionado del IDAIPQROO se encuentra el nombre MARCOS KENNEDY MAYO BAEZA, titular de la Coordinación jurídica y de datos personales del IDAIPQROO, y quien desde nuestra óptica es el mejor perfil a acceder a dicha posición, puesto que labora en el Instituto desde su creación, y quien desde sus distintas posiciones ha demostrado ser un funcionario comprometido con la transparencia.

SIN EXPERIENCIA, FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS

En el listado que incluye 38 nombres, sobran los de funcionarios y ex funcionario sin ninguna trayectoria en materia de transparencia, como LUIS ANTONIO ALAMILLA VILLANUEVA, CLAUDIA AVILA GRAHAM, MARISOL BALADO ESQUILIANO, MARÍA ISABEL PÉREZ ROMERO.

Los hay incluso que además de no tener experiencia en temas de transparencia y acceso a la información, son de cuestionable fama pública como MARISOL BALADO ESQUILIANO, RANDY SALVADOR BASTARRECHEA DE LEÓN, actual director administrativo del IDAIPQROO; LUIS ALAIN MATOS ARGUELLES

Abundan nombres de personas que si bien reúnen los requisitos fijados por la ley, no colman el más importante que es el de experiencia y haber destacado en temas de transparencia, rendición de cuentas o protección a datos personales, como JOSE ANTONIO BARON AGUILAR, SERGIO AVILÉS DEMENEGHI, LUIS ALFONSO CHI PAREDES, MAGDA EUGENIA DE JESUS LOZANO OCMAN, EDUARDO OVANDO RIVERA, LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA, ELIAS JOSE ABUXAPQUI ADAM, MAGALY DEL SOCORRO CANTO CHACÓN, RAFAEL ANTONIO BRICEÑO CHABLÉ, MIGUEL ANGEL VITAL OROZCO, JOSE ROBERTO AGUNDIS YERENA JORGE FRANCISCO MARTINEZ RENDON, CARLOS DAVID VALLADARES RAMOS,

Llama la atención que numerosos empleados de la muy cuestionada Secretaría de la Contraloría se presentaron como candidatos, entre éstos FÉLIX DÍAZ VILLALOBOS, titular de la Coordinación General de Transparencia, amigo del titular de la Secoes, Rafael del Pozo.

También aspiran a comisionados SANDRA CATALINA LADA JÍMENEZ, titular de la Dirección de asistencia social a desamparados de la SECOES y VICTOR MANUEL WITZIL CEMÉ, titular del Departamento de planeación y evaluación de la SECOES

Otros aspirantes además, están muy alejados del perfil deseado, como el ex policía de no muy buena fama pública, DIDIER FELIPE VAZQUEZ MENDEZ.

Entre los aspirantes hay otros funcionarios del IDAIPQROO como JUAN FRANCISCO DOMÍNGUEZ GALERA, AIDA LIGIA CASTRO BASTO, y KARINE FRINE ARJONA RIVERA.

Igualmente aspiran a Comisionado, RUBÍ GUADALUPE SULUB CHI, titular de la Unidad de Transparencia de la Sefiplan.

Cabe destacar que la XVI Legislatura del Congreso del estado no publicó el curriculum de los 38 aspirantes, lo que es una grave omisión puesto que deja a los ciudadanos en imposibilidad de conocer y evaluar los perfiles de los aspirantes.

SOMOS TUS OJOS RECHAZA EL OPORTUNISMO POLÍTICO DE DIPUTADA DE QROO, LILI CAMPOS

Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo rechaza el oportunismo político de la diputada del PAN, Roxana Lili Campos Miranda, quien aspira a ser candidata a la presidencia municipal de Solidaridad, y quien recientemente promovió un procedimiento de juicio político en contra de la alcaldesa Laura Beristain Navarrete por los hechos de corrupción relacionados con las obras de la Quinta Avenida investigados y denunciados por la sociedad civil.

Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo rechaza el oportunismo político de la diputada del PAN, Roxana Lili Campos Miranda, quien aspira a ser candidata a la presidencia municipal de Solidaridad, y quien hoy anunció que promovió un procedimiento de juicio político en contra de la alcaldesa Laura Beristain Navarrete enel contexto de los hechos de corrupción relacionados con las obras de la Quinta Avenida,los cuales fueron investigados y denunciados por la sociedad civil

PROTEGIÓ A EX GOBERNADOR FÉLIX GONZÁLEZ CANTO

El oportunismo político de la ex priista y ahora diputada panista es evidente, puesto que se ha abstenido de acompañar otras causas ciudadanas de combate a la corrupción, por ejemplo, dentro de la carpeta de investigación FGE/FECC/OPB/05/2883/2018 en contra del ex gobernador Félix González Canto, iniciada tras la denuncia presentada en 2017 por la presidenta de Somos Tus Ojos, Fabiola Cortés Miranda, la Fiscalía Anticorrupción citó a Roxana Lili Campos Miranda, entonces consejera jurídica del gobierno del estado, para que  compareciera en representación de la administración pública e hiciera suya la denuncia en su calidad de víctima u ofendido del delito; sin embargo, la Diputada no asistió a la cita el seis de marzo de 2019, protegiendo así al exgobernador González Canto.

LA DIPUTADA Y SUS AMISTADES CORRUPTAS

Lili Campos tampoco se ha pronunciado por el papel de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo frente a la denuncia interpuesta por Somos Tus Ojos en contra del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Fernando Gama Rodríguez, quien para acceder al cargo entregó al Congreso documentos falsos y cuya carpeta quedó radicada con el número FGE/QR/OPB/03/1538/2018.

A Lili Campos se le ha vinculado sentimentalmente con el magistrado Fernando Gama, y lo anterior quedó evidenciado cuando el Magistrado y la Diputada acudieron al primer informe de gobierno de Francisco Chiguil Figueroa, alcalde morenista de Gustavo A Madero, en la Ciudad de México, y en donde Fernando Gama tiene un restaurante que le fue clausurado.

La presencia de Lili Campos y Fernando Gama el 5 de octubre de 2019 en el primer informe de un Alcalde de Morena no puede explicarse sino en el contexto del tráfico de influencias por parte del Magistrado, quien recientemente fue denunciado por Somos Tus Ojos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y cuya carpeta de investigación, de la que en el momento oportuno haremos público su número, se detuvo por la pandemia.

Por lo anterior Somos Tus Ojos rechaza categóricamente el oportunismo político de la diputada Roxana Lili Campos, quien por cierto tampoco nada ha dicho de los cientos de millones de pesos que los diputados manejan por concepto de “ayudas sociales”, asunto que también fue objeto de procesos legales impulsados por esta asociación, por el presunto desvío de recursos públicos.

Finalmente, cabe destacar que Lili Campos es presidenta de la Comisión de Justicia, la cual tiene la facultad de admitir o rechazar el inicio del procedimiento de juicio político en contra de Laura Beristain, lo que evidentemente representa un conflicto de intereses, que no debe pasar por alto dicha Comisión.

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ENTREGAN CIUDADANOS PRUEBAS A LAURA BERISTAIN SOBRE EMPRESA XOANXUM Y EXIGEN DISCULPA POR LLAMARLOS FRANCOTIRADORES   

Este lunes se entregó a Laura Beristain Navarrete, presidenta municipal de Solidaridad copia del acta constitutiva de la empresa Xuanxum SA de CV, copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del estado por el señor Lorenzo Manrique Rosado por el presunto delito de usurpación de identidad, misma que quedó radicada bajo el número de carpeta FGE/QROO/DJ/07/10896/2020 y copia simple de la primera hoja del escrito de denuncia ratificada el pasado viernes 17 de julio de 2020, para que sin pretextos, actúe contra la empresa contratada por el ayuntamiento.

PLAYA DEL CARMEN, MX. 20/07/2020.- Fabiola Cortés Miranda y Moisés Araujo Olmos, integrantes de la asociación Somos Tus Ojos y asesores jurídicos del señor Lorenzo Manrique Rosado, junto con el activista Antonio Ramos Pérez entregamos este lunes a Laura Beristain Navarrete, presidenta municipal de Solidaridad copia del acta constitutiva de la empresa Xoanxum SA de CV, copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del estado por el señor Lorenzo Manrique Rosado por el presunto delito de usurpación de identidad, misma que quedó radicada bajo el número de carpeta FGE/QROO/DJ/07/10896/2020 y copia simple de la primera hoja del escrito de denuncia ratificada el pasado viernes 17 de julio de 2020.

VER Oficio Laura Beristain

Lo anterior para que la Alcaldesa de Morena, quien se ha negado a admitir la ilegal constitución de la empresa Xoanxum SA de CV, no tenga pretexto para iniciar una investigación de la empresa que está realizando obras en la Quinta Avenida de Playa del Carmen.

Como se recordará, Antonio Ramos Pérez dio a conocer que la empresa Xoanxum SA de CV es una empresa constituida ilegalmente con dos socios a los que les robaron su identidad, además de que el domicilio de la empresa que mantiene un contrato del ayuntamiento por 38 millones 482 mil pesos, está ubicado en un edificio en ruinas de la ciudad de Cancún. Sin embargo, a pesar de las evidencias, la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, se ha negado a investigar a la empresa, y por el contrario, el pasado 14 de julio publicó un video en su red social Facebook, en la que calificó de “francotiradores” a quienes han señalado las irregularidades en las que se encuentra inmersa la obra.

En el escrito se le hizo saber a Laura Beristain que en la denuncia presentada por el señor Lorenzo Manrique Rosado, sus asesores jurídicos le requerimos a la Fiscalía General del Estado que le solicitara al ayuntamiento de Solidaridad que se abstenga de realizar cualquier pago a la empresa Xoanxum SA de CV en tanto no se resuelva el procedimiento penal; y  mientras la autoridad ministerial se pronuncia sobre dicha petición, le hicimos extensivo a la Alcaldesa de MORENA el requerimiento de abstenerse de realizar cualquier pago a la empresa Xoanxum SA de CV con el propósito de no poner en riesgo una posible reparación del daño a favor de la presunta víctima, Lorenzo Manrique Rosado.

Asimismo, en el oficio ingresado este día por Oficialía de Partes del ayuntamiento de Solidaridad, dejamos claro a la Presidenta Municipal que Antonio Ramos, Fabiola Cortés y Moisés Araujo no somos “francotiradores”, ni “gente que no se acostumbra a haber perdido sus privilegios”, y mucho menos somos “los de la BOA”; como nos calificó Laura Beristain aunque sin atreverse a decir nombres; por lo que también le exigimos una disculpa pública.

 

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EN JULIO SE RENOVARÁ INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DE QROO. DIPUTADA PROPONE CAMBIOS A LA LEY PARA ELEGIR NUEVO COMISIONADO

Lizárraga Ballote, al igual que los otros dos comisionados, Orlando Espinosa Rodríguez y Cintia de la Torre Villanueva, fueron ratificados en la administración de Roberto Borge, por lo que sus periodos se han prolongado por más de 10 años. La comisionada saliente fue designada por la XIII Legislatura para un primer periodo del 30 de julio de 2011 al 29 de julio de 2017, sin embargo, en el marco de la reforma a la Ley de Transparencia del estado, y mediante el Decreto 275 del 27 de julio de 2015, la XIV Legislatura amplió el periodo de funciones de todos los comisionados, que en el caso de Lizárraga Ballote fue por cinco años más.

En el contexto de renovación del IDAIPQROO, la diputada Euterpe Gutiérrez Valasis propuso modificar el artículo 36 de la Ley de Transparencia del estado, a través de una iniciativa presentada el pasado 17 de junio ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del estado.

Los cambios propuestos por Gutiérrez Valasis tienen que ver con el procedimiento de designación del nuevo Comisionado, y van en el sentido de que sea la Comisión Anticorrupción Participación Ciudadana y Órganos Autónomos la que se encargue de llevar el proceso de selección y designación, y no la Mesa Directiva, la Diputación Permanente y la Comisión de Puntos Legislativos.

La Presidenta de la Comisión Anticorrupción también propone dar mayor claridad a la forma en la que la sociedad civil puede participar en la postulación de candidatos a comisionados del IDAIPQROO, el método de selección de los mismos, la transparencia y publicidad del procedimiento y los tiempos relacionados con la emisión de la convocatoria y la recepción de propuestas.

VER PROPUESTA

En el marco de dicha propuesta, a instancia de Euterpe Gutiérrez, la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos realizó un conversatorio virtual en el que participó Somos Tus Ojos, a través de su presidenta, Fabiola Cortés Miranda, así como Lizeth Andrade, de Koalsulting México; el comisionado presidente del IDAIPQROO, Orlando Espinoza; la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, Cynthia Dehesa; y el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz.

Destacó en el conversatorio la intervención de Lizeth Andrade Escamilla, experta en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, quien hizo una serie de precisiones de carácter técnico jurídicas.

Por su parte, Somos Tus Ojos señaló la necesidad de que en la fracción II del artículo 36, no se elimine el párrafo que dice que “Los aspirantes podrán participar por sí, de manera directa (…)”, ya que se trata de la expresión de la máxima apertura a la propuesta de candidatos a comisionados del IDAIPQROO. Esto es, que no sea una facultad de la sociedad civil organizada o las universidades realizar propuestas, sino que cualquier ciudadano que reúna los requisitos pueda postularse por sí mismo.

Así también Somos Tus Ojos propuso que en la reforma se incluya una modificación al artículo 38 de la Ley de Transparencia en la que se cambie el texto y en lugar de que diga “En la elección de los comisionados SE PROCURARÁ privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales (…)” diga que los comisionados DEBERÁN tener experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales; a fin de evitar lo que sucedió con el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, en el que algunos de sus integrantes carecían de conocimientos y experiencia en la materia de combate a la corrupción; o como en el caso de los actuales comisionados, que ninguno tenía la mínima trayectoria en temas de transparencia cuando fueron electos.

JUEZ FEDERAL PIDE INFORME A LAURA BERISTAIN POR OBRAS EN LA QUINTA AVENIDA, TRAS AMPARO

El Juez Cuarto de Distrito en Quintana Roo solicitó a Laura Beristain Navarrete, presidenta municipal de Solidaridad y al Secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad, David Duarte Castilla, la entrega de sus informes, relacionados con la realización de las obras en la Quinta Avenida y Parque Fundadores, luego de que Somos Tus Ojos promoviera dos amparos, uno de ellos a nombre de Beatriz Urtuzuastegui Félix, quien tiene un local en la vía turística y comercial más importante de Playa del Carmen, y que, como todos los locatarios de la zona.

Los dos amparos fueron admitidos este martes 26 de mayo, y en los mismos se alega la realización de obras por parte de las autoridades señaladas en plena contingencia del Covid-19, sin que esta actividad haya sido considerada como esencial, además que en la ejecución de los trabajos se talaron árboles antiguos y de gran tamaño.

Beatriz Urtuzuastegui defendió en el amparo una posible afectación económica en virtud de que tiene un local en la Quinta Avenida, donde se realizan las obras y que iniciaron sorpresivamente el siete de mayo pasado sin que ciudadanos y comerciantes de esta vía conozcan en qué consiste el proyecto de remodelación, y menos aún, hayan sido consultados sobre las mismas. Además de que se reclama la protección de la justicia federal en contra de la tala de árboles de esta zona, acto que causó indignación entre los habitantes de Playa del Carmen.

amparo Quinta Avenida Somos Tus OjosAunque el impartidor de justicia negó a los promoventes del amparo la suspensión provisional y por lo tanto no ordenó detener las obras en la Quinta Avenida, la Alcaldesa de Playa del Carmen y el Secretario de Ordenamiento Territorial tienen 48 horas para rendir sus informes previos, a fin de que se lleve a cabo la audiencia incidental, y el Juez pueda decidir sobre si concede o no la suspensión definitiva de las obras. Para el caso de la audiencia incidental, el juez Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez fijó como fecha el próximo dos de junio para que la misma se lleve a cabo.

Independientemente del resultado de la audiencia incidental, los amparos continuarán su trámite, y la Presidenta municipal y el Secretario de Ordenamiento Territorial deberán rendir su informe y presentar todos los documentos relacionados con las obras de la Quinta Avenida y el Parque Fundadores, en el lapso de quince días, lo que hasta el momento se ha negado a hacer.

El otro amparo fue promovido a nombre de Fabiola Cortés Miranda, presidenta de Somos Tus Ojos y del activista Antonio Ramos, como habitantes de Playa del Carmen. Los amparos tienen los números 367/2020 y 368/2020 y quedaron radicados en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cancún.

La falta de transparencia en la remodelación de la Quinta Avenida y el Parque Fundadores de Playa del Carmen ha generado el rechazo a la obra por parte de diversos sectores de la población, puesto que hasta ahora el proyecto, en el que se gastarán 117 millones de pesos, no se ha hecho público ni se encuentra disponible para su consulta en formato abierto y permanente.

Luego de múltiples muestras de inconformidad y rechazo en contra de las obras de remodelación, por la opacidad con la que éstas se realizan, en la cuadragésima primera sesión ordinaria de cabildo, se acordó presentar el proyecto este próximo primero de junio.

VER: EXIGEN CONSULTA PÚBLICA DE REMODELACIÓN DE QUINTA AVENIDA DE PLAYA DEL CARMEN

EXIGEN CONSULTA PÚBLICA DE REMODELACIÓN DE QUINTA AVENIDA DE PLAYA DEL CARMEN

Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo y el activista Antonio Ramos Pérez solicitaron a la alcaldesa de Solidaridad, la morenista Laura Beristain, que se abra a consulta pública la remodelación de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, la vía más emblemática de uno de los principales destinos turísticos del país, obra que ha permanecido en la mayor de las opacidades y en la que, de acuerdo a investigación documental de Ramos Pérez, se invertirán 112 millones de pesos.

La remodelación de la primera avenida turística de Playa del Carmen, y la más importante en términos económicos, sociales y culturales, de esta ciudad, ha generado el rechazo de la población y de sectores empresariales, pues hasta ahora el proyecto no ha sido presentado públicamente y mucho menos se convocó a una consulta pública.

SOSPECHOSA OPACIDAD. OCULTA ALCALDESA DE MORENA INFORMACIÓN

Laura Beristain Navarrete, presidenta municipal del partido MORENA, ocultó información sobre los trabajos y el dinero que se ejercería en esta obra, a pesar de haber sido solicitada mediante la Unidad de Transparencia desde finales del 2019.

El 4 de noviembre de 2019, a través de INFOMEXQROO Antonio Ramos Pérez solicitó: «Proporcionar el juego de planos del proyecto ejecutivo de la remodelación de la Quinta Avenida que incluyan los planos arquitectónicos, planos de instalaciones hidráulicas, planos sanitarios, planos eléctricos, y planos de equipamiento urbano», quedando la solicitud registrada bajo el folio 01286319.

El 11 de noviembre el ayuntamiento de Playa del Carmen respondió a través de la Dirección de Desarrollo Urbano lo siguiente:

«Al respecto le informo que en la presente fecha no se tiene contratada y/o en ejecución alguna obra pública municipal para la renovación y/o remodelación de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, Quintana Roo. En lo que actualmente se trabaja es en la» Elaboración del Proyecto Integral Ejecutivo para la Quinta Avenida en la Ciudad de Playa del Carmen», por tanto, en este momento no contamos con los planos del proyecto ejecutivo, que implique la renovación y/o remodelación de la Quinta Avenida, respecto de planos arquitectónicos, planos de instalaciones hidráulicas, planos sanitarios, planos eléctricos y planos de equipamiento urbano».

El 4 de noviembre de 2019, bajo el folio 01286019 quedó registrada también la solicitud en la que se requirió «Proporcionar copia de los contratos firmados entre el ayuntamiento y las empresas encargadas de la remodelación de la Quinta Avenida.

El 11 de noviembre el ayuntamiento respondió a la segunda solicitud entregando la copia del contrato MSOL-DGIDUMAyCC-RF-016-2019 por la obra «Elaboración del Proyecto Integral Ejecutivo para la Quinta Avenida», firmado el día 12 de julio de 2019, dándose un período de 60 días para la entrega del proyecto, contados a partir del día 17 julio al 14 de septiembre de 2019. Sin que hasta la fecha el ayuntamiento de Solidaridad haya publicado el proyecto para conocimiento de la población.

En el contrato participan las empresas Studio 360 Arquitectos y Constructora y Concentradora del Caribe, S. A. de C. V., con domicilio la primera en calle Chiabal 56, manzana 7 lote 3, supermanzana 25, Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y la segunda en calle 68, entre calles 60 y 65, manzana 358, lote 10, colonia Ejido Norte, Playa del Carmen, Solidaridad. Es de hacerse notar que en el domicilio fiscal de la primera sociedad mercantil se ubica una empresa transportadora, en tanto que en el domicilio fiscal de la segunda, en Playa del Carmen, éste no es localizable dado que en la colonia Ejidal, aunque existen las calles 60 y 65, la nomenclatura de las calles solo llega hasta la 30 Norte sin que exista la calle 68.

Continuando con la investigación, el día 31 de diciembre de 2019 Ramos Pérez solicitó «Informar cuáles parques han sido rehabilitados y cuánto dinero ha invertido el ayuntamiento en cada uno durante la presente administración. Dar ubicación y cantidades por cada uno».

El 31 de enero del 2020, el ayuntamiento de Solidaridad dio respuesta solicitud de información 01439319 y proporcionó una lista de parques rehabilitados, en los que se incluyó el parque Fundadores, es decir, el parque ubicado al final de la Quinta Avenida, y que es parte del proyecto general de remodelación de esta avenida; señalándose en la respuesta que la rehabilitación del Parque Fundadores había tenido un costo de $9 millones 845 mil pesos, sin embargo, a la fecha de la contestación de la solicitud de información en comento no se ha realizado ningún trabajo.

El 10 de febrero de 2020, el ciudadano Antonio Ramos Pérez realizó una nueva solicitud de información con folio 00124420 donde se pidió «Proporcionar copia del contrato por la remodelación del parque Fundadores». El 3 de marzo pasado, la Unidad de Transparencia del ayuntamiento de Solidaridad entregó una copia del contrato número MSOL-DGIDUMAyCC-RF-059-2019, firmado el día 30 de diciembre de 2019 entre el ayuntamiento y la empresa Inmobiliaria Cumbres de Yucatán, S. A. de C. V. por un monto de $19 millones 633 mil 556 pesos por la realización de la obra «Construcción del parque Fundadores». La obra iniciaría, según contrato, el seis de enero de 2020 y debía ser concluida el tres de junio próximo, esto es, dentro de quince días.

remodelación Quinta avenida (2)remodelación Quinta avenida (4)

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Sin embargo, los trabajos de remodelación del Parque Fundadores comenzaron apenas el siete de mayo pasado, justo el día que inició el “toque de queda” anunciado por la alcaldesa Laura Beristain Navarrete. La nueva cara que se pretende dar a la Quinta Avenida y al Parque Fundadores incluye la poda de grandes árboles misma que comenzó ayer miércoles 20 de mayo, y que causó molestia e indignación social. También se pretende quitar el quiosco de este parque, una de las estructuras más características de Playa del Carmen, cuyo municipio tiene 26 años de fundación.

LA VERDADERA DANZA DE DINERO QUE SE INVERTIRÁ EN LA OPACA REMODELACIÓN

El 30 de abril de 2020 el cabildo de Solidaridad aprobó la cuenta pública 2019, quedando asentado en dicho documento la realización de cinco obras relacionadas con la remodelación de la Quinta Avenida y el parque Fundadores, incluyendo la elaboración del proyecto ejecutivo. de acuerdo al cuadernillo III de la cuenta pública, para la remodelación de la Quinta Avenida, que incluye el Parque Fundadores, se aplicarán ciento doce millones doscientos noventa y cuatro mil veintiún pesos ($112’294,021), en las cinco obras, referidas en la cuenta pública, aplicados de la siguiente manera:

  1. Construcción del parque Fundadores, col. Centro. $19 millones 814 mil 200 pesos.
  1. Rehabilitación y equipamiento de calles aledañas al parque Fundadores, col. Centro. $9 984 mil 600 pesos.
  1. Rehabilitación y mejoramiento de la 5ta Avenida y calles transversales 1ra Etapa. $39 millones 593 mil pesos.
  1. Rehabilitación y mejoramiento de la 5ta Avenida y calles transversales 2da Etapa. $39 millones 231 mil 945 pesos.
  1. Elaboración de proyecto integral ejecutivo para la 5ta Avenida. $3 millones 991 mil 792 pesos.

 

EXIGIMOS CONSULTA PÚBLICA PARA REMODELAR EL CORAZÓN DE PLAYA DEL CARMEN 

La petición de consulta pública solicitada formalmente este jueves 21 de mayo, se fundamenta en la Ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Quintana Roo, en sus artículos relativos a la participación ciudadana.

El artículo 21 de la referida ley establece lo siguiente:

“La participación social en el proceso de planeación de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio es un derecho y una obligación ciudadana, puede darse en forma personal, en grupo o asociación, de manera directa o a través de los Consejos Consultivos.(…)

La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el ejercicio del derecho de petición en los términos constitucionales, la denuncia pública a que se refiere el artículo 23 de esta ley y la intervención, consulta y opinión en los procesos de planeación urbana.

 

Ante las críticas sobre el proyecto de remodelación de la Quinta Avenida y la opacidad de la obra, el 18 de mayo pasado el ayuntamiento de Solidaridad convocó a un diálogo vía zoom, con ciudadanos empresarios y ambientalistas, sin embargo, el acceso virtual fue restringido, dejando fuera, por ejemplo, al activista Antonio Ramos, que nunca fue aceptado vía zoom; en tanto que en Facebook, donde se transmitió el encuentro, el ayuntamiento borró los comentarios adversos, prácticamente todos, sobre el proyecto.

CONTRATO XOANXUM

62. MSOL-DGIDUMAyCC-RF-062-2019 CONTRATO XOANXUM

ACTA CONSTITUTIVA XOANXUM

XOANXUM constitutiva

 

 

BURÓCRATAS DESMIENTEN A OFICIAL MAYOR Y DENUNCIAN DESCUENTOS. EN EL ICAT MANTIENEN SUELDO DE ESTRUCTURA POLÍTICA

CHETUMAL, MX.-Este sábado dos de mayo, el oficial mayor de Quintana Roo, Manuel Alamilla Ceballos difundió a través de su cuenta de Facebook un video en el que asegura que es “completamente falso” que se estén haciendo descuentos a prestaciones o sueldo de los burócratas, y califica de rumores las denuncias públicas hechas por empleados de diversas dependencias.

Sin embargo, el propio Manuel Alamilla anunció en una reunión virtual con personal de Recursos Humanos de las dependencias, que se les descontarían a los empleados los estímulos cuatrimestrales, días económicos, puntualidad y asistencia, así como bonos del día de la madre, día del padre, día del burócrata y por años de servicio, de acuerdo a denuncias hechas llegar a Somos Tus Ojos por burócratas afectados, como lo es el caso de los que laboran en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, como se lee en la siguiente conversación:

DESCUENTOS SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACION (2)DESCUENTOS SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACION (1)

Tras el anuncio del sábado pasado, en la cuenta de Facebook del Oficial Mayor se pueden leer múltiples denuncias de empleados que se han visto afectados por los recortes y que defienden que si han dejado de presentarse a las oficinas es por una causa de fuerza mayor, pero también se pueden ver comentarios de personal de la Fiscalía General del Estado, que sí estuvo laborando hasta antes de la muerte de un trabajador de esa dependencia, a quienes igualmente les han descontado de su salario.

MANUEL ALAMILLA DESCUENTOS BURÓCRATASManuel Alamilla descuentos

En el video difundido por Manuel Alamilla Ceballos, el Oficial Mayor califica de rumores las denuncias de los burócratas:

“(…) son las 17:40 horas del día dos de mayo, uso este medio para poder aclarar algunos  rumores que están circulando, algunas noticias sobre una serie de descuentos en prestaciones a servidores públicos de distintas dependencias solamente para aclarar que esto es completamente falso, no hay ninguna disposición para descontar absolutamente nada, ni prestaciones, ni sueldo, ni nada por el estilo, al contrario, la instrucción del gobernador ha sido siempre estar al pendiente, estar apoyando a todos esos compañeros que están al frente de batalla, dejar muy en claro que esos son solo rumores y no hay ninguna práctica ni ningún documento legal que avale ninguna circunstancia que tenga que ver con la retención o la pérdida de algunas de las prestaciones garantizadas para los trabajadores del gobierno del estado”, expresa el Oficial Mayor de Quintana Roo, quien además pone a disposición un número de whatsapp para atender a los empleados.

“Si tienes dudas o comentarios puedes escribirme por whatsapp al 983 753 3158” se agrega en la publicación. La realidad es que Alamilla Ceballos no responde a las aclaraciones de los trabajadores y menos aún puede desvirtuar los descuentos que están sufriendo los burócratas de menor nivel.

CONSIENTEN A AMIGOS Y CASTIGAN A EMPLEADOS EN EL ICAT 

Andrés Ernesto Sánchez King labora en el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), y a partir de la seAndrés Ernesto Sánchez Kinggunda quincena de marzo le empezaron a descontar parte de su salario, de ocho mil ochocientos ochenta y cinco pesos ($8,885.00) quincenales a cinco mil ciento sesenta pesos ($5,160.00). Aunque el trabajador ha tocado varias puertas, e incluso ha enviado mensajes directos al gobernador, Carlos Joaquín González, nadie le ha explicado el por qué del descuento.

Desde que empezaron a aplicar el recorte a su salario, Sánchez King le envió un mensaje de whatsapp al Oficial  Mayor, denunciando que la titular del ICAT, María Cristina Coronado Cruz, mantiene en nómina a sus allegados, con altos sueldos, a pesar de que la mayoría de ellos no se presenta a laborar, pero, la denuncia fue ignorada por el funcionario. Luego del video publicado en Facebook por Manuel Alamilla, Sánchez King volvió a reiterarle al Oficial Mayor su caso, sin tener respuesta alguna.

Este sábado, después de la publicación del video de Manuel Alamilla, el empleado del ICAT volvió a mandarle un mensaje al Oficial Mayor en el que le insiste sobre los descuentos al salario que están aplicando en el ICAT, sin obtener ninguna respuesta.

ICAT TIENE MILLONARIO PRESUPUESTO PARA SUELDOS

El año pasado, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo ejerció un presupuesto de 97 millones 904 mil pesos, de los cuales, destinó el 90 por ciento a sueldos.

En “servicios personales” el ICAT gastó 87 millones 58 mil pesos: 37 millones 913 mil pesos los pagó al personal de carácter permanente; 11 millones 899 mil pesos al personal de carácter transitorio, y el resto del dinero se pagó en remuneraciones adicionales y especiales, seguridad social y otras prestaciones, de acuerdo al estado analítico, clasificación por objeto de gasto del presupuesto de egresos del ICAT 2019, publicado por transparencia.

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ESTRUCTURA POLÍTICA COBRA EN EL ICAT

Mientras los burócratas de más bajo nivel padecen por descuentos en sus sueldos, los amigos y allegados de la directora del ICAT, María Cristina Coronado Cruz, gozan de salarios de primer nivel, como José Alberto Chan Peraza, Griselda Montalvo Cruz, Luis Antonio Medina Soto, Luis Fernando Vargas Argaez, Obdulia Verónica Martin Valle, Roxana Elizabeth Granados Cuellar, y María del Carmen González Landero, contratados todos como personal transitorio bajo el rubro de “instructor fijo”.

José Alberto Chan Peraza, percibe en el ICAT un sueldo de 35 mil 798 pesos, Chan Peraza, seencuentra en las listas de supuestos beneficiarios de “ayudas sociales” del Congreso del estado, en el trimestre de enero a marzo de 2017, esto es con la XV Legislatura, donde supuestamente recibió una ayuda por “estudios médicos especializados”. Además, en su cuenta de LinkedIn, se presenta como “asesor de ventas en Mazda”, en Othón P. blanco, pero en ninguna parte de su trayectoria en esa red profesional menciona que labore en el ICAT.

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Griselda Montalvo Cruz tiene una remuneración de 13 mil 711 pesos, y al igual que el anterior empleado del ICAT, recibió una “ayuda social” en el trimestre de enero a marzo de 2017, pero, esta ‘trabajadora’ lo recibió del ayuntamiento de Puerto Morelos; sin duda un dato llamativo, pues lo anterior es otro indicio de que las ayudas sociales son recursos que se utilizan para el pago de estructuras políticas.

griselda montalvo cruz

Luis Fernando Vargas Argaez inició cobrando en el ICAT 40 mil 527 pesos, en 2019, aunque actualmente percibe 18 mil 609 pesos; sin embargo, de acuerdo a su perfil del LinkedIn, labora como asesor jurídico en el Despacho Miravete y asociados, y entre su experiencia laborar está la de haber trabajado en la Consejería Jurídica del gobernador del Poder Ejecutivo, pero no menciona que esté prestando sus servicios en el ICAT.

luis fernando vargas argaez

Obdulia Verónica Martin Valle, según un comunicado del propio ICAT, es parte del “Comité de Voluntariado” del Instituto, aunque como instructor fijo, cobra más de 40 mil pesos, hasta hace dos meses fungió como representante de Confianza por Quintana Roo ante el INE y el IEQROO, según una publicación en Instagram de dicho partido. Para entonces, Martín Valle ya llevaba varios meses “trabajando” en el ICAT.

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Roxana Elizabeth Granados Cuellar, percibía en el 2019 18 mil 609 pesos mensuales, pero a partir de 2020, su remuneración aumentó a  40 mil 821 pesos; antes de ser “instructor fijo” era Directora de escuelas de tiempo completo.

María del Carmen González Landero fue integrante de la planilla a presidente municipal de Lázaro Cárdenas por la coalición “Por Quintana Roo al frente” (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), aunque fue sustituida en la quinta regiduría por Laura Marisol Ramos Hernández. Actualmente percibe en el ICAT 18 mil 609 pesos mensuales.

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PODER JUDICIAL OCULTA LIQUIDACIÓN PAGADA A FISCAL ANTICORRUPCIÓN

CHETUMAL, MX.- El Poder Judicial de Quintana Roo se negó a informar cuál fue el finiquito o liquidación pagado a Rosaura Villanueva Arzápalo, actual Fiscal Anticorrupción del estado, y quien hasta enero de 2015 laboró como juez penal.

Mediante una solicitud de información realizada el 20 de febrero pasado se pidió al Poder Judicial “decir cuál fue el finiquito o liquidación recibido por Rosaura Villanueva Arzápalo”, así como “detallar cuál fue el motivo de su salida del Poder Judicial y en qué año dejó de laborar”, sin embargo, la Unidad de Transparencia del Poder Judicial se negó a proporcionar los datos requeridos argumentando su obligación de proteger los derechos humanos, el derecho a la vida privada, la intimidad, el honor, la imagen, la honra y la reputación de la hoy Fiscal Anticorrupción.

rosaura villanueva fiscal anticorrupcionantonio leon ruizmagistrado antonio leonfidel villanueva rivero1

El Poder Judicial únicamente informó que Villanueva Arzápalo dejó de laborar el dieciséis de enero de 2015, pero se negó a informar el monto pagado a la Fiscal Anticorrupción como finiquito y cuál fue el motivo de su salida.

Exhibiendo ignorancia y opacidad, el Poder Judicial no fundó su negativa de entregar la información solicitada en la Ley de Transparencia del estado puesto que no clasificó los datos como información reservada o confidencial, que son los únicos supuestos en los que se puede negar el acceso a la información.

VER RESPUESTA PODER JUDICIAL finiquito Rosaura Villanueva

El Poder Judicial se negó a proporcionar la información solicitada al considerar que de proporcionar lo requerido se atacaría la “honra” y “reputación” de la actual Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo; el máximo tribunal del estado de Quintana Roo consideró que la solicitud de información sobre cuánto se pagó de finiquito a Villanueva Arzápalo, representa una “injerencia” en su vida privada:

(…)

“Derivado de lo anterior es que el derecho al respeto a la vida privada o intimidad, al honor e incluso a la imagen propia, son considerados ya como derechos humanos fundamentales, establecidos en diversos instrumentos internacionales como son la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la primera de citadas anteriormente en su artículo 12 establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia  ni de ataques a su honra o a su reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o ataques”

Por la negativa del Poder Judicial a proporcionar la información solicitada, Somos Tus Ojos interpuso el respectivo recurso de revisión, ya que la información no encuadra en ninguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, toda vez que el finiquito que se pagó a un funcionario que dejó de laborar constituye información pública, puesto que se trata de recursos públicos que se entregaron a éste por el trabajo desempeñado y está directamente relacionado con el sueldo que percibía en su carácter de funcionario.

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Asimismo, los ciudadanos tienen derecho a saber cuál fue el motivo por el que la hoy Fiscal Anticorrupción se separó del Poder Judicial, máxime que fue públicamente señalada de colusión con delincuentes cuando se desempeñaba como Juez Penal en Playa del Carmen.

En febrero pasado, el periodista Gonzalo Hermosillo publicó en su cuenta de Facebook documentos en los que se aprecia que el Poder Judicial habría pagado, irregularmente, un millón de pesos a Rosaura Villanueva Arzápalo, como finiquito, cuando aún era magistrado presidente Fidel Villanueva Rivero; en tanto que el actual magistrado presidente, José Antonio León Ruiz, era parte del Consejo de la Judicatura, quien en esa calidad aprobó la millonaria liquidación de la funcionaria.

Actualmente la Fiscal Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, se ocupa de diversas denuncias interpuestas por ciudadanos en contra de los magistrados Fidel Villanueva y José Antonio León Ruiz, por malversación de recursos públicos durante la gestión del primero como Magistrado Presidente.

EXIGE CARLOS JOAQUÍN A LA FEDERACIÓN PERO DESVÍA Y DERROCHA DINERO DEL ERARIO DE QUINTANA ROO

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ha exigido a la federación la entrega de dinero para atender la emergencia provocada por el coronavirus, sin embargo, desde que asumió el gobierno, en septiembre de 2016, se ha dedicado a malversar recursos públicos a través de una fórmula ya muy gastada: el supuesto pago de servicios “intangibles” de los que difícilmente se puede acreditar su realización.

Fabiola Cortés Miranda

21/04/2020.- El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, junto con un bloque de gobernadores panista, ha exigido a la federación la entrega de dinero para atender la emergencia provocada por el coronavirus, sin embargo, desde que asumió el gobierno, en septiembre de 2016, se ha dedicado a malversar recursos públicos a través de una fórmula ya muy gastada: el supuesto pago de servicios “intangibles” de los que difícilmente se puede acreditar su realización.

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De acuerdo a una investigación en proceso que realiza Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, se ha logrado documentar que el Gobernador de Quintana Roo no ha dejado dependencia limpia, desde secretarías torales como la de Finanzas y Planeación, hasta las oficinas menos visibles como el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), todas las revisadas hasta ahora han echado mano del esquema muy conocido de pago de servicios intangibles contratados, en su mayoría, con empresas casi todas de reciente constitución, y cuyo objeto social no está relacionado con los servicios prestados, o que no tienen trabajos previos, sus socios carecen de antecedentes como empresarios, o los servicios se cotizaron a precios inflados.

COJUDEQ, MEDALLA OLIMPÍCA EN CÓMO DESVIAR DINERO

Al igual que muchas dependencias del Poder Ejecutivo de Quintana Roo la Comisión de la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq) dirigida por el cuestionado Jesús Antonio López Pinzón, ha gastado mucho más dinero del que le es asignado en el presupuesto de egresos que cada año aprueba el Congreso, a través de opacas ampliaciones. De 2017 a 2019, Somos Tus Ojos ha documentado el desvío de por lo menos 68 millones de pesos en esta dependencia; dinero que sin duda en estos tiempos difíciles hace más falta que nunca.

En el 2017 la Cojudeq contó con un presupuesto aprobado por el Congreso de 224 millones de pesos, pero tuvo una ampliación por 157 millones de pesos, y al final, supuestamente utilizó 372 millones de pesos, aunque según el documento anexo, solo realizó pagos por 347 millones de pesos.

Ese 2017, la Cojudeq destinó sola a una partida llamada “servicios profesionales, científicos y técnicos”, 57 millones de pesos, partida en la que entra todo lo que se pueda imaginar. Entre los gastos hechos por la Cojudeq con su abultado presupuesto hay supuestos pagos por servicios de mantenimiento por 25 millones de pesos; en comunicación social, 17 millones de pesos; en viáticos, 23 millones de pesos; y en “otros servicios generales”, 51 millones de pesos. Sin dejar de lado que en supuestas ayudas sociales gastó 62 millones de pesos.

En el 2018, la Cojudeq repitió el dispendio gastando 332 millones de pesos; ese año, solo para “ayudas sociales”, esta dependencia supuestamente destinó 86 millones de pesos; en compra de artículos deportivos reportó que gastó 35 millones de pesos; y otra vez en supuestos servicios de instalación y mantenimiento, la dependencia asegura haber gastado 31 millones de pesos; mientras que en “servicios profesionales, científicos y técnicos”, tuvo un dispendio de 15 millones de pesos; en viáticos de, 12 millones de pesos; y en Comunicación y publicidad gastó 14 millones de pesos.

Para el 2019 la Cojudeq se volvió a recetar un presupuesto de 325 millones de pesos, el cual gastó de la misma forma dispendiosa y cuestionable que en el año anterior: destinando 41 millones de pesos para prendas de protección y artículos deportivos; 36 millones de pesos, para servicios de instalación y mantenimiento; 11 millones para comunicación social; 9 millones para viáticos; y 92 millones de pesos para supuestas ayudas sociales, uno de los rubros menos transparentes.

COJUDEQ CONTRATA EMPRESA DE FUNCIONARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Para justificar su descomunal presupuesto, la Cojudeq ha realizado pagos a sociedades mercantiles y a personas físicas relacionados con promoción, publicidad, creación de contenidos, logística de eventos y servicios profesionales de jueces, entre otros.

En 2017, la Cojudeq pagó en tres emisiones 1 millón 392 mil pesos a la empresa PROFESIONALES EXTERNOS S.A. DE C.V. por concepto de “asesoría y armado de procedimientos de adquisiciones de material deportivo, uniformes y servicios O.N. y N.J.”; esto es, la Comisión del Deporte pagó más de un millón de pesos a una empresa para que la asesorara para comprar uniformes…

Según documento público consultado a través del sistema SIGER de la Secretaría de Economía, dicha sociedad mercantil tiene como socios a David Orlando Moreno Chuc, Christian Manuel Trejo Uc y WILBERT AARÓN ROMERO SÚAREZ, quien se desempeña como Subsecretario de Auditoría y Control interno en la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes), la dependencia encargada, precisamente de sancionar las irregularidades cometidas por los funcionarios públicos como la que él ha cometido y que tendrá que ser indagada por la Secoes. El pago de casi 1.4 millones de pesos a la empresa del funcionario de la Secretaría de la Contraloría se realizó cuando éste ya laboraba en dicha dependencia.

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VER DATOS EMPRESA Profesionales externos sa de cv

Desde el inicio de la administración Wilbert Aarón Romero Súarez fue señalado públicamente por actos de corrupción realizados cuando laboraba en el ayuntamiento de Cancún, en la administración del perredista Julián Ricalde y junto con su actual jefe, Rafael del Pozo Dergal. Notas periodísticas indican que Romero Súarez ha hecho negocios con placas de transporte público, además de que al inicio del gobierno de Carlos Joaquín fue evidenciado por presumir costosos viajes a Europa, Asia y Estados Unidos.

COJUDEQ PRIMER LUGAR EN CONTRATAR SERVICIOS FANTASMA Y A SOBRE PRECIO

Entre lo gastado por la Cojudeq entre 2017 y 2019, Somos Tus Ojos puede dar cuenta de pagos realizados a empresas y personas físicas por supuestos trabajos relacionados con eventos deportivos.

A la empresa SERVICIO TÉCNICO Y ESPECIALIZADO DE NEGOCIOS SA DE CV, la Cojudeq le pagó 17 millones 400 mil pesos, en el 2017, por “servicios integrales para la logística internacional Senior Games of the Americas”. Cabe destacar, que el International Senior Games of the Americas se habría realizado en Cancún del 28 de noviembre al 10 de diciembre de 2018, pero con año de antelación la Cojudeq le pagó a dicha empresa 17 millones de pesos. De una búsqueda en internet se puede apreciar que no existen notas relativas al evento más que las del anuncio de su realización, pero no de que dicho evento se haya efectuado.

Senior Games of America Cancun

La empresa Servicio Técnico y Especializado de Negocios SA de CV se constituyó en Tabasco, en el 2015 por Eleazar Jiménez Hernández y María Concepción del Rosario Hernández Zapata sin que entre su objeto social se encuentre prestar servicios relacionados con la organización de eventos de ningún tipo; fue apenas en noviembre del año pasado, que dicha empresa incluyó en su objeto social “la realización de todo tipo de eventos, coffe breaks, espectáculos, banquetes, etc. (…)”, “brindar servicios de alimentos para campamentos, compañías, instituciones de gobierno, hospitales, DIF, municipios, programas de asistencia (…)”, “realización y organización de bodas, espectáculos, posadas, conciertos, festivales, ferias, etc. (…)”.

VER DATOS DE EMPRESA SERVICIO Tecnico y Especializado

No existen antecedentes del trabajo realizado por Servicio Técnico y Especializado de Negocios SA de CV, de sus socios tampoco se encontró mayor información pública, salvo que María Concepción del Rosario Hernández Zapata, habiendo recibido 17 millones de pesos en 2017 de la Cojudeq, al año siguiente, en el 2018, recibió del PRONAFIM, un apoyo por 8 mil pesos, en Tabasco…

COLIMBOS SA DE CV es otra de las empresas contratadas por la Cojudeq, y a la que en 2017 le pagó 6 millones 960 mil pesos por promoción y publicidad de las actividades de la Comisión de la juventud y el Deporte, así como por la creación de contenido multimedia. Al igual que la empresa anterior, Colimbos SA de CV fue creada en 2015 en Villahermosa, Tabasco, y en su objeto social no está la prestación de servicios relacionados con publicidad, creación de contenidos ni difusión.

VER DATOS EMPRESA Colimbos SA de CV

Los socios de Colimbos SA de CV son Lesvia Cruz Mayo, Yolanda Lucía Gómez Hernández y Rosalino Méndez Sánchez, y de éstos tampoco existen mayores datos, salvo que Lesvia Cruz Mayo recibió como microempresaria un apoyo de tres mil pesos del municipio Centro, Tabasco.

La Cojudeq también pagó 6 millones 754 mil 912 pesos a la empresa MARSILVA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN SA DE CV por “servicio profesional de producción y desarrollo de estrategia publicitaria para eventos de la comisión” por un supuesto trabajo realizado de enero a marzo de 2017. Cabe destacar que la referida empresa no está dada de alta en el SIGER, como es la obligación de todas las sociedades mercantiles y tampoco existe información pública sobre su trabajo.

A un particular de nombre JOSEPH A GOMEZ FUENTES, la Cojudeq le ha pagado 16 millones 162 mil 674 pesos por servicios de logística para los más variados eventos: el Strongman Champion 2017, el Future Tennis Cup, el Internacional de Crossfit y el maratón internacional. Un solo pago de los recibidos por Joseph A Gómez Fuentes fue por concepto de “logística en general”, por un monto de 6 millones 927 mil 500 pesos.

Otra de las empresas consentidas de la Cojudeq es MOVEO LAB, a la que la Comisión le ha pagado 9 millones 195 mil 68 pesos, y si bien dicha compañía está dedicada a la producción de eventos deportivos, también lo es que los supuestos servicios prestados reflejan sobre precios, con base en otros pagos similares hechos por la propia Cojudeq; así por ejemplo, Moveo Lab cobró un millón 64 mil pesos por “servicios profesionales de jueces árbitros y personal técnico para la Olimpiada 2018”; una cantidad similar le fue pagada por servicios de tiempos y resultados para la Olimpiada nacional 2018; 851 mil pesos le entregó la Cojudeq por “servicio de seguridad, de ambulancia y limpieza para la Olimpiada Nacional 2018”; y tres millones de pesos por los derechos de aval a la Federación Internacional de Voleibol”.

A una sola empresa, SOLUCIONES CREATIVAS MALAK SA DE CV, que tampoco está dada de alta en el sistema público SIGER, la Cojudeq le pagó 6 millones de pesos por la “logística” del Grand Prix Cancún 2017. A FOP SPORTS SA DE CV, por concepto de “gastos para la realización del Strongman Champions League 2018”, la Comisión promotora del deporte le pagó 3 millones 514 mil 998 pesos y a ARTICA KIDS SC, 474 mil 549 pesos por “servicio de operación y logística, inauguración protocolaria Judo Cancún”.

Los pagos a las referidas personas morales y físicas suman 68 millones 980 mil pesos, que sin duda hoy, serían muy útiles para atender la crisis generada por la emergencia sanitaria del coronavirus, pero el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, por un lado exige dinero a la federación pero por el otro mal gasta y desvía los recursos públicos del estado.

Como lo señalamos al inicio, el presente artículo es parte de una investigación en proceso que abarca la mayoría de dependencias del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, y en las que se repite el esquema: entrega de millonarias sumas de dinero por servicios intangibles a empresas de reciente creación, sin antecedentes, sin que su objeto social comprenda el servicio prestado o la entrega de dinero a empresas que de ordinario sí realizan las actividades pagadas, pero que cobraron sus servicios a precios inflados.

Los nombres de las empresas y personas físicas a las que la Cojudeq les ha pagado, así como los montos y supuestos trabajos realizados, fueron obtenidos por Somos Tus Ojos luego de interponer dos recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia del Estado por la negativa de la Comisión del Deporte de proporcionar los datos.

Aquí se pueden consultar los dos documentos completos con los nombres referidos en este artículo.

Cojudeq servicios profesionales monto pagado OK

pagos medios de comunicación Cojudeq

LA «TRANSPARENCIA» FICTICIA. PUBLICA CONGRESO DE QROO 108 CONTRATOS POR HONORARIOS, TODOS TESTADOS

Para «cumplir» con las obligaciones impuestas por el artículo 91 de la Ley de Transparencia del estado, el Poder Legislativo de Quintana Roo tiene disponibles para consulta 108 contratos por honorarios de igual número de personas. En todos los contratos está testado (borrado) el nombre del «trabajador», el monto de dinero que se paga, la vigencia del contrato, y tampoco dice el servicio que prestará el trabajador. En realidad se trata del mismo contrato.

contratos honorarios Congreso Quintana Roo (1) contratos honorarios Congreso Quintana Roo (2)

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El que menos gana en el listado que contiene los nombres de las personas recibe alrededor de 7 mil 500 pesos mensuales, y los que más ganan reciben 79 mil 893 pesos; pero todos tienen idéntico contrato de prestación de servicios.

contratos honorarios Congreso

De esta forma, el Poder Legislativo de Quintana Roo supuestamente da cumplimiento a la fracción XI del artículo 91 que mandata a todos los sujetos obligados publicar y mantener actualizada: “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación, y en su caso, los procesos de evaluación a los que se sujeta la vigencia del contrato o su rescisión.

DIPUTADOS DAN MIGAJAS PARA ENFRENTAR CORONAVIRUS EN QROO

CHETUMAL, MX.- Diputados de la XVI Legislatura de Quintana Roo anunciaron que entregarán un millón de pesos mensuales durante todo el tiempo que dure la contingencia por la pandemia de Covid-19, para que el gobierno estatal lo destine a las familias más necesitadas del estado, lo cual representa menos que migajas del millonario presupuesto del que gozan en 2020 los diputados y que asciende a 468 millones 858 mil 458 pesos, lo que hace del de Quintana Roo uno de los congresos más caros de México.

El millón de pesos al que renunciarán los diputados cada mes en 2020, es mucho menos que el dinero que gastarán en gasolina, puesto que para ese rubro contarán con 13.3 millones de pesos, este año. Los legisladores de Quintana Roo también gastarán más en “gestoría de diputados” que comprende asistencia legal, vivienda y pago de telefonía (10.5 millones de pesos) que en lo que “donarán” este año para enfrentar la crisis generada por el coronavirus.

Presupuesto 2020 Congreso Quintana Roo

Mientras que en los próximos meses la gran mayoría de mexicanos pasará hambre y penurias, tan solo en el rubro de Servicios Personales, los 25 diputados de Quintana Roo, y los empleados de base, confianza y contratados por honorarios del Congreso, contarán con recursos por 290 millones de pesos para el pago de sueldos y demás prestaciones. Solo para “dieta”, es decir, salario libre de todo impuesto, los legisladores de Quintana Roo contarán en 2020 con 19 millones 816 mil pesos. Para que la Legislatura, integrada por los 25 diputados, pueda funcionar estará asistido de personal de confianza que recibirá en conjunto 36.8 millones de pesos.

DIPUTADOS quintana roo

Además de sus generosos sueldos, diputados, personal de alto nivel, asesores y “personal de apoyo” de los legisladores, tendrán 4.9 millones de pesos para viáticos, aparte de 2.8 millones de pesos solo para boletos de avión. Para “congresos y convenciones”, los legisladores tienen 1.5 millones de pesos.

Los 25 diputados también tienen 59 millones de pesos para gastarlos en “gestoría social”, esto es, supuestas ayudas sociales para personas que lo necesiten, pero, como lo ha acreditado Somos Tus Ojos, se trata de recursos que los diputados manejan sin que exista la mínima transparencia ni certeza de su entrega, y que durante la XV Legislatura motivaron denuncias por parte de personas que se encontraban en los listados de supuestos beneficiarios pero que no solicitaron ni recibieron ningún tipo de apoyo y cuyas firmas fueron falsificadas, además de que se utilizaron sus documentos personales sin su autorización.

Como ayuda para renta y apoyo de vivienda, los diputados y funcionarios de primer nivel del Poder Legislativo cuentan con 23 millones de pesos, adicionales a los 10.5 millones de pesos ya referidos. Aparte, tendrán otros 9.8 millones de pesos de ayuda para transporte. Una cantidad de 64.6 millones de pesos, la reservaron los legisladores para “estímulos por productividad”; y para fin de año, el Congreso dispondrá de 28.3 millones de pesos como “prestación” que se entregará en efectivo.

Para difusión en radio, televisión y otros medios, los diputados tendrán 23.2 millones de pesos más otros 3.2 millones de pesos por servicios de información.

Actualmente los 25 diputados integrantes de la XVI Legislatura no están laborando, a pesar de que el quehacer legislativo sí fue considerado como actividad esencial, por lo que no deberían haber suspendido trabajos; sin embargo, mientras el país se encuentra inmerso en la peor crisis sanitaria de los tiempos modernos, los diputados de Morena Reyna Durán y Alberto Batún libran su propia “batalla”: la del poder y ambición por la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

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CPC, “CIUDADANOS” ANTICORRUPCIÓN RESULTAN MUY CAROS E INÚTILES

El Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo se ubica dentro de los primeros 7 que tienen uno de los presupuestos más altos del país, y en dos años de actividades, en donde se han gastado 36 millones de pesos de recursos públicos, sus resultados han sido nulos y su trabajo se ha limitado a la «teoría» de la corrupción.

CANCÚN, MX. Aunque alrededor del 60% de la población considera que la corrupción es uno de los problemas más graves e importantes en el país, y en 2017 el INEGI estimó que esta problemática impacta a la Ciudad de México en un 20.1 % seguida de Quintana Roo con un 17.2%, a dos años de que se integrara el Sistema Estatal Anticorrupción en Quintana Roo la sociedad no tiene resultados claros y concretos de su trabajo, de acuerdo a un comunicado del Observatorio Legislativo.

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo ha venido desarrollando y estructurando su trabajo en un campo teórico, enfatizando su orientación al “análisis sistémico, estudio de procesos y visión transversal” del tema de corrupción, pero no ha dado paso alguno para incorporar un sistema de denuncias, ignorando los problemas y casos de corrupción del estado, considera el Observatorio Legislativo.

La revisión del papel desempeñado por los sistemas estatales anticorrupción, no solo es local, y al respecto Mexicanos contra la corrupción y la impunidad ha hecho algunos análisis. Del estudio del 2019 se ubica al Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo dentro de los primeros 7 que tienen uno de los presupuestos más altos del país, y comparativamente con su trabajo evaluable se observa lo siguiente:

CPC ESTADO PRESUPUESTO ANUAL MILLONES DE PESOS REUNIONES DEL CPC EN EL AÑO No. DE RECOMENDACIONES EMPLEADOS
QUINTANA ROO 18 13 0 6
SONORA 14 9 12 6
SINALOA 12 6 32 11

De lo anterior se puede deducir que la eficiencia del CPC en dos años de actividades, en donde se han gastado 36 millones de pesos de recursos públicos, ha sido nula.

NUEVA INTEGRANTE DEL CPC DE QUINTANA ROO ES PRIMA DEL CONTRALOR DEL ESTADO

En la reciente renovación de integrantes del CPC el Comité de Selección de sus integrantes seleccionó a una persona,  que si bien pueda tener atribuciones profesionales que la hacen elegible, -Janet Aguirre Dergal- ésta tiene una relación de consanguinidad con el actual Contralor del Estado, Rafael Del Pozo Dergal, situación que resulta cuestionable por lo que será conveniente que el comité de selección consulte algunas normativas como la Guía para identificar y prevenir conductas de conflictos de interés emitida por la Unidad especializada de ética y prevención de conflictos de la Secretaria de la Función Pública, estimó el Observatorio.

Igualmente sería oportuno que el CPC aclare por qué quien asume la presidencia de este Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ha estado desempeñándose como directora de la organización Ciudadanos por la Transparencia A.C., simultáneamente con su participación en el CPC, presuponiendo que en ambas funciones ha tenido  responsabilidades de actividades, tiempos de atención y remuneraciones por ello, lo que parece inconsistente con una posición de transparencia y de ética en este delicado tema de percepción de la actividad pública, situación que está normada en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la correspondiente a nivel local, en su artículo 17, recalcó el organismo

CPC Anticorrupcion Quintana roo3CPC Anticorrupcion Quintana roo4.

El Observatorio Legislativo consideró que se requiere dar un paso de mayor calado desde lo local para reformar este escenario, y dentro de ello tener  un mecanismo más eficiente para la renovación del CPC con una real transparencia y rendición de cuentas a la sociedad, así como una real independencia de la Fiscalía Especializada, que según sus datos, en este año tiene 1,345 carpetas de investigación abiertas y ha puesto a disposición de la autoridad judicial 13 casos y una recuperación de daños al patrimonio de apenas 216 millones de pesos; de las anteriores ninguna de las carpetas fue enviada por el CPC.

Otro caso pendiente, consideró el Observatorio, es el someter al escrutinio el presupuesto que tiene asignado la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) de Quintana Roo, otra dependencia de dicada a sancionar conductas relacionadas con actos de corrupción, y que para el 2020 tiene asignados más de 248 millones de pesos, un presupuesto mayor a lo que se le destina a la salud, además de que en lo que va de la presente administración la SECOES ha ejercido cerca de 700 millones de pesos, y una parte de su presupuesto se ha destinado a contratos de servicios, sin que se tenga certeza de su aplicación, por lo que es claro que la atención al tema de la corrupción le cuesta a la sociedad una cifra considerable.

SILENCIO DEL CPC ANTE DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN  

Hasta ahora el CPC se ha orientado solo a dar platicas de orientación y capacitación pero no ha emitido declaración o recomendación ni siquiera en casos en los que directamente se les requirió su intervención como lo hizo la organización civil “Somos tus Ojos” que denunció con pruebas la desviación de recursos del congreso del estado y la falsificación de documentos de supuestos beneficiarios de los programas de ayudas sociales,

Igualmente sobre las denuncias que el Observatorio hizo sobre este mismo tema no hubo comentario alguno por parte del CPC, ni sobre la denuncia pública sobre los posibles desvíos y recursos sobre la remodelación del salón de sesiones del congreso que efectuó la XV Legislatura.

El Observatorio Legislativo consideró que existen numerosos temas locales donde el CPC puede hacer señalamientos, exhortos, recomendaciones, incluso generar denuncias ante la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, y citó, por ejemplo que no  han denunciado que muchas entidades públicas no cumplen con las obligaciones comunes de transparencia obligatoria, como el caso del municipio de Benito Juárez, que su información sobre los contratos de comunicación y difusión, siguen siendo un misterio oculto, igualmente la información de su número de empleados en sus diferentes modalidades; otro tema en este mismo municipio es el procedimiento de Licitaciones Públicas Nacionales, cuyo acceso es limitado, ya que se publica con limitaciones de día y horario; así como los procedimientos para la compra de bases, por lo que no es explicable que muchos de sus contratos de obra sean asignados a empresas foráneas. También hay otras áreas de revisión de presupuestos y procedimientos de asignación, tan solo en el área de Seguridad Pública que ha recibido una gran asignación de recursos, señaló el Observatorio Legislativo.

ESTE 9M YO NO PARO, NO QUIERO PARAR

Fabiola Cortés Miranda

Este nueve de marzo, el día sin mujeres en México, yo no paro, no quiero parar.

Mis razones.

Para mí, este 9 de marzo es el día en el que se INSTITUCIONALIZÓ el reclamo de las mujeres que exigen un alto a los feminicidios y la violencia de género. Esta exigencia legítima es tanto como pedir que se acabe el hambre en el mundo, todos lo quisiéramos, pero y qué hacemos además de “parar”, y demostrarle al país qué pasaría un día sin mujeres. Para mí, pasaría lo mismo que un día sin hombres.

Para mí, el paro no servirá ni para sensibilizar ni para visibilizar algo que ha sido visibilizado y que no permanece oculto, afortunadamente, porque las redes sociales y los medios de comunicación se han encargado de visibilizar desde hace tiempo con la narrativa de casos y casos que conducen hacia un mismo denominador, las instituciones han fallado: las fiscalías, persecutoras del delito, y las judiciales, castigadoras del delito; pero también las instituciones como la escuela y como la familia, y sobre esta última no se reflexiona, a esta última nadie le reclama, que es precisamente la célula básica de la sociedad; la que cría víctimas y victimarios. Víctimas mujeres y víctimas hombres, victimarias y victimarios porque no en pocos de los más horrendos casos de asesinatos de mujeres han colaborado y participado otras mujeres, a las que luego se les llama víctimas de las circunstancias.

Para mí, este 9M dio una oportunidad de oro para que políticos y gobernantes demuestren lo que nunca han demostrado: “tener empatía” con las mujeres y sus problemas. Para que diputadas, diputados, alcaldesas y alcaldes, y todos los funcionarios que han querido, se indignen, se sumen, apoyen y se pronuncien sobre una problemática de la que mañana se olvidarán.

Para mí, este 9M no parece ser ni lejanamente un espacio de reflexión de las mujeres sobre sí mismas, sino, una demanda que desde mi óptica no busca la equidad de género sino privilegios de género. Porque para mí un día sin mujeres es idéntico a un día sin hombres. Ojalá este 9M haya espacio para reflexionar qué han hecho las mujeres en la crianza de hombres y mujeres, para qué educan a sus hijas e hijos, y cómo los educan.

En México desde hace años se institucionalizó la equidad de género, nos gobiernan desde hace años el mismo número de hombres políticos que mujeres políticas, y eso en qué ha cambiado la situación general de la mujer o del país?. Las mujeres en la política han resultado tan malas gobernantes y representantes de la sociedad como los hombres, y en Quintana Roo sobran hoy los ejemplos con las alcaldesas de los principales destinos turísticos de México: Mara Lezama (Cancún); Laura Beristain (Playa del Carmen) y Laura Fernández (Puerto Morelos). Gracias a una mujer (la ex consejera jurídica, Lili Campos), tenemos a un Magistrado corrupto: Fernando Gama Rodríguez. Fue una mujer, la diputada Reyna Durán, la que ordenó limitar el ingreso al Congreso de Quintana, antes de ella de libre acceso. Es una mujer, al frente del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Silvia Damián, la que ha desviados recursos de ese Instituto hacia el pago de servicios falsos. Son las fiscales y el personal de las mesas especializadas de la mujer en Quintana Roo las que increpan a las denunciantes, las que las desaniman a continuar con los procesos. Son mujeres, las presidentas del Sistema Integral de la Familia (DIF) que ocupan un cargo inútil, decorativo, anacrónico pero que controlan y ejercen opacamente un presupuesto súper millonario.

Hoy tampoco paro, porque este 9M las mujeres no hablarán ni reflexionarán ni admitirán, que no pocas ni eventualmente, utilizan su condición de ser mujer para obtener ventajas, para estar bien con sus superiores hombres, para obtener cargos, postulaciones, ascensos, mejores sueldos, permisos, etcétera.

Este 9M tampoco paro porque lo que se pretende no es empoderar a la mujer, pues como ya lo dije hace años existe la equidad, porque la mujer y el hombre tienen y pueden ejercer los mismos derechos; lo que se pretende es dar un poder inusitado a las mujeres para que todas las que quieran puedan ser víctimas.

Este 9M tampoco paro porque en la asociación que dirijo, Somos tus Ojos, participan y colaboran con el mismo compromiso y desinterés hombres y mujeres que nos asumimos siempre iguales.

Este 9M tampoco paro porque siento que las mujeres que nos movemos recibimos el apoyo y reconocimiento de otras mujeres y de hombres, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestra familia. Por eso, hoy no paro y mañana tampoco.

Este 9M tampoco paro porque, desde mi punto de vista, hoy la mujer pierde más de lo que gana; porque la institución despresurizó el movimiento, lo encarriló a un día sin mujeres, ‘para que sufran los hombres’, ‘para que sientan lo que es estar sin nosotras’; pero, esas instituciones que hoy no funcionan, seguirán sin funcionar, una vez que la ola caiga.

MAGISTRADO DE QROO, DENUNCIADO POR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

Integrantes de Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo presentaron una denuncia en la SEIDO, en la Subprocuraduría de Investigaciones de delitos Federales y en la Unidad de Inteligencia Financiera, en la Ciudad de México, en contra de Fernando Gama Rodríguez, magistrado de Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo por la probable comisión de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

CIUDAD DE MÉXICO, 19/02/2020.- Ayer martes, integrantes de Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo presentaron una denuncia en la SEIDO, en la Subprocuraduría de Investigaciones de delitos Federales y en la Unidad de Inteligencia Financiera, en la Ciudad de México, en contra de Fernando Gama Rodríguez, magistrado de Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo por la probable comisión de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

denuncia SEIDO Fernando Gamafernando gama rodriguez2

La denuncia se sustentó en una amplia investigación realizada por la periodista Fabiola Cortés Miranda quien documentó la adquisición de casi una decena de propiedades por parte de Fernando Gama Rodríguez, y que no coinciden con los ingresos que éste habría podido acumular lícitamente a través de años de trabajo, primero, en un cago burocrático menor en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, y recientemente como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

DENUNCIA FERNANDO GAMAFabiola Cortés Moisés Araujo

Como se recordará, Gama Rodríguez fue electo Magistrado el 26 de diciembre de 2017, en la sesión tres del Primer período de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la XV Legislatura, a pesar de que éste no cumplía con uno de los requisitos constitucionales para ser Magistrado, por lo que presentó documentos falsos para acceder al cargo.

fernando gama rodriguez

Fernando Gama no cumplió con el requisito establecido en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, relativo a contar con residencia de diez años en el estado, anterior a la designación del cargo, y no lo cumplía  por el hecho de que laboró del 1 de junio de 2008 al 15 de febrero de 2015, como “abogado dictaminador”, en la Procuraduría Fiscal, dependiente del sector central del Poder Ejecutivo del Estado de México, donde tenía una plaza de confianza, de acuerdo al oficio número 203410200-022/2018, de fecha 18 de enero de 2018 firmado por el Jefe de la Unidad de la Dirección General de Personal del Estado de México, Navor Millán González, y obtenido en su momento por Somos Tus Ojos. Sin embargo, el Magistrado ocultó ese dato y fue electo por el Congreso tras ser propuesto por el gobernador Carlos Joaquín González.

Por este hecho, abogados de Somos Tus Ojos interpusieron ante la Fiscalía Anticorrupción denuncia en contra del Magistrado Gama, misma que quedó registrada bajo el número de carpeta FGE/QR/OPB/03/1538/2018, sin embargo, y a pesar de estar plenamente acreditado el delito de falso testimonio cometido por Fernando Gama, la fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, se negó a judicializar la carpeta y limitó el acceso a la misma a los denunciantes para que dejaran de insistir en el procedimiento.

 

FERNANDO GAMA, EL BURÓCRATA 

Fernando Gama Rodríguez, desde su plaza de abogado dictaminador en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, obtuvo de 2008 al 2015 ingresos totales por $1,786,182 pesos (un millón setecientos ochenta y seis mil ciento ochenta y dos pesos), de acuerdo al oficio número 20706004000100S-030/2020, proporcionado por el Jefe de la Unidad y Servidor Público Habilitado de la Dirección General de Personal de la Secretaria de Finanzas del Estado de México, Navor Millán González, quien en respuesta a una solicitud de información, proporcionó un archivo de 16 hojas conteniendo la información detallada de las percepciones quincenales que el hoy denunciado devengó desde la primera quincena de 2008 hasta las tres últimas quincenas del año 2015, cuando dejó de laborar en la Procuraduría Fiscal. Aunque en el oficio de 18 de enero de 2018 el Jefe de la Unidad de la Dirección General de Personal del Estado de México, informó que Gama Rodríguez inició su labor como abogado dictaminador el uno de junio de 2018, según consta en el reciente documento relacionado con sus percepciones, el Magistrado empezó a cobrar en el Estado de México desde la primera quincena de enero de 2008.

oficio sueldo Fernando Gama

Los ingresos acumulados por Gama Rodríguez en siete años, y los dos años en los que ha sido Magistrado en Quintana Roo contrastan con las propiedades adquiridas por el denunciado y sus familiares, y por los negocios emprendidos; sin que en todos estos años el funcionario haya dado cuenta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de contar con otros ingresos, ni tampoco sus familiares han registrado ingresos ante la autoridad fiscal, de acuerdo a datos entregados por fuente fiable.

 

FERNANDO GAMA, COMPRA INMUEBLES RESIDENCIALES A PRECIO DE “OFERTA”

Según el folio registral número 77056 que puede consultarse en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el 30 de noviembre de 2015, a unos meses de haberse separado de su empleo como burócrata de bajo nivel, Fernando Gama Rodríguez adquirió el departamento 102, del condominio Villas Talia, con una superficie de 90 metros cuadrados. El inmueble se ubica en una zona residencial de la Riviera Maya, dentro de la exclusiva marina de Puerto Aventuras.

De acuerdo al instrumento público de protocolo abierto 972, pasado ante la fe del notario público 78 del estado de Quintana Roo, Jorge Parra Moguel, Fernando Gama Rodríguez pagó un millón cien mil pesos por su departamento, con base en el avalúo practicado por el Corredor público trece del estado de Quintana Roo, Susano Jesús Zetina Cuevas.

Sin embargo, el monto que pagó el funcionario por el inmueble que adquirió no es el valor comercial de éste, sino que se trata de un precio menor, declarado así con el fin de evadir los respectivos impuestos, pues en el mismo condominio Villas Talía, recientemente se vendió un departamento de 105 metros cuadrados en $175,000 dólares, es decir, casi el doble del precio pagado por Fernando Gama Rodríguez. Es de destacarse que quien realizó el avalúo del departamento del Magistrado es el Corredor número 13, de quien Fernando Gama Rodríguez fue “asesor”, según consignó el mismos en  su curriculum falso, entregado al Congreso de Quintana Roo.

CURRICULUM FERNANDO GAMA

El 11 de octubre de 2016 el Magistrado adquirió otra propiedad, según consta en el Folio Real Electrónico 00107568, que puede consultarse en el Registro Público de la Propiedad de Naucalpan, Estado de México, y en el que se consigna la compra una casa con una superficie de 390 metros cuadrados ubicada en la Sección Uno B, manzana 210, lote 32, en la colonia Loma al Sol, en Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México; misma por la que Gama Rodríguez pagó cinco millones de pesos. Lo anterior quedó asentado en la escritura pública de compraventa número 32,026, pasada ante la fe del notario número 65 del Estado de México, José Luis Mazoy Kuri.

Gama Rodríguez está en trámites para vender dicha propiedad, ya que existe un aviso preventivo de fecha doce de febrero de 2020, realizado ante el notario número 89 del Estado de México, Octavio Hermoso y Colin, mediante el que se registra un acto de donación y compraventa siendo el donante Fernando Gama Rodríguez, y el donatario y vendedor es su padre, Juan Gama Rangel;  figurando como comprador Alejandro Sánchez Inzunza.

Dos meses después de comprar la residencia de Ciudad Satélite, el 20 de diciembre de dos mil 2016, Fernando Gama compró un inmueble de 195.60 metros cuadrados ubicado en la calle Lindavista número 229, en la colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A Madero, de la Ciudad de México, inmueble por el que “oficialmente” el Magistrado pagó la cantidad de un millón 200 mil pesos. Al igual que su departamento de Puerto Aventuras, éste se encuentra en una zona residencial de la Ciudad de México, por lo que el supuesto precio pagado por Fernando Gama Rodríguez entraña también una defraudación fiscal. La compraventa consta en el folio real 9406478 del Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México, de acuerdo a la escritura pública número 129903 otorgada ante el notario público 89 de la Ciudad de México, Gerardo Correa Etchegaray, el Magistrado.

Actualmente en este inmueble se ubica el restaurante “Asadero Barrio Lindavista”, operado mediante la razón social Operadora de Alimentos RAGAMA SA de CV, empresa constituida por el padre del Magistrado, Juan Gama Rogel y su hermano, Raúl Gama Rodríguez, mismo que fue clausurado por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México en octubre del año pasado por no contar con los permisos correspondientes para operar, pero que gracias a las influencias de Fernando Gama y su pareja sentimental, la diputada local panista, Lili Campos Miranda, el restaurante fue rápidamente reabierto.

asadero barrio lindavista fernando gamafernando gama rodriguez lili campos miranda

El año pasado, Fernando Gama Rodríguez continuó con la compra de costosos inmueble, y el 22 de febrero de 2019, adquirió otro inmueble a nombre de su madre Guadalupe Rodríguez Rivera, de acuerdo al folio registral 30865, que puede consultarse en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Solidaridad, Quintana Roo. Según dicho registro, la señora Guadalupe Rodríguez compró un terreno ubicado en lote 17, manzana 37, plano cero tres, en el desarrollo turístico Puerto Aventuras, es decir, en el mismo lugar donde Fernando Gama Rodríguez compró su departamento de Villas Talía. Se trata de un predio baldío de 855 metros cuadrados y con una excelente ubicación, pues colinda con el bulevar Puerto Aventuras y con la Marina.

La madre del Magistrado supuestamente pagó la cantidad de siete millones 350 mil pesos por el terreno referido, de los cuales, según las Declaraciones V del instrumento público de protocolo abierto 1222, tirado ante la Notaria Pública 91 del estado de Quintana Roo, la señora Guadalupe Rodríguez entregó la cantidad de 6 millones 710 mil pesos mediante un cheque de caja, y en efectivo la cantidad de 640 mil pesos. La madre del Magistrado declaró que el cheque de caja deriva del préstamo que obtuvo mediante contrato privado de mutuo con interés que celebró con la sociedad mercantil Ingeniería y Arquitectura del Caribe SA de CV., sin embargo, dicha sociedad mercantil no ha tenido ingresos, realizando declaraciones en ceros del año 2014 al 2018; por lo que es imposible que esta empresa haya tenido recursos para realizar un supuesto préstamo a la madre de Fernando Gama Rodríguez.

Cuando la madre de Fernando Gama adquirió la propiedad arriba detallada, el denunciado ya era Magistrado, puesto que fue electo el 26 de diciembre de 2016. De acuerdo a datos públicos que pueden consultarse en el apartado de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa, Fernando Gama Rodríguez tiene un sueldo mensual de 134 mil 201 pesos, por lo que en los dos años que lleva laborando, aun y cuando hubiera ahorrado su sueldo íntegro, no habría podido pagar el predio que compró y que registró a nombre de su madre.

 

CON SUELDO DE BURÓCRATA DE BAJO NIVEL ADQUIRIÓ MÚLTIPLES INMUEBLES

Desde hace años, el hoy magistrado Fernando Gama Rodríguez ha ido adquiriendo inmuebles de gran plusvalía a pesar de que como abogado dictaminador de la Procuraduría Fiscal del Estado de México tenía un salario de burócrata de bajo nivel; acumulando en siete años, de 2008 a 2015, ingresos totales por un millón 786 mil pesos

Según el folio real 9188421 del Registro Público de la propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, el siete de septiembre de 2012, Fernando Gama Rodríguez pagó 2 millones 772 mil pesos en la compra de otro inmueble identificado como casa número 88 de la avenida Cuitláhuac, esquina con la calle Pueblo, ubicada en fracción de lote 1, manzana 6, fraccionamiento Ampliación Colonia Guadalupe Victoria, con una superficie de 234 metros cuadrados; lo anterior quedó consignado en la escritura pública 24,846 de fecha 7 de septiembre de 2012, otorgada ante el notario número 241, Sergio Rea Field. En dicha escritura el hoy denunciado señaló como su domicilio el ubicado en segunda cerrada de Cali número trescientos ocho, colonia Valle Dorado, municipio de Tlalnepantla, Estado de México, lo cual es un dato relevante, ya que es otra de las propiedades que adquirió por medio de un prestanombre, en este caso, su hermano Juan Carlos.

Ese año 2012, de acuerdo al oficio número 20706004000100S-030/2020, proporcionado por el Jefe de la Unidad y Servidor Público Habilitado de la Dirección General de Personal de la Secretaria de Finanzas del Estado de México, Fernando Gama tuvo ingresos totales por 287 mil 200 pesos, esto es 10 veces menor al monto que pagó por el inmueble adquirido.

Ingresos Fernando Gama 2012Ingresos Fernando Gama 2011Ingresos Fernando Gama 2010Ingresos Fernando Gama 2009Ingresos Fernando Gama 2008

Un año después, con su mismo sueldo de burócrata de bajo nivel, el Magistrado compró otra propiedad. Según el folio real electrónico 00087745, volumen 118, libro Primero, sección 19, foja 3, partida 34, mismo que puede consultarse en el Registro Público de la Propiedad de Naucalpan, Estado de México, Fernando Gama Rodríguez adquirió una casa ubicada en Zona Mirador, manzana 91, lote 27, Loma Suave, en Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, con una  superficie de 384 m2 y por la que pagó cuatro millones de pesos según consta en la escritura pública de compraventa, número 45109 de 23 de agosto de 2013, pasada ante el notario 74 del Estado de México, Enrique Aguilar Godinez. En ese año 2013, los ingresos totales de Fernando Gama, como burócrata, sumaron apenas 296 mil 595 pesos.

Ingresos Fernando Gama 2013

Un año después, en el 2014, Fernando Gama compró otra propiedad a nombre de su padre, Juan Gama Rogel, misma que se encuentra registrada en el folio real 396121 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Ubicado en manzana 72, lote uno, colonia Nueva Atzacoalco de la Delegación Gustavo A Madero, el inmueble tiene una superficie de 200 metros cuadrados, y la compraventa quedó formalizada en la escritura pública 35275 de fecha 5 de agosto de 2014 otorgada ante la notario número 75 del Estado de México, Graciela Oliva Jiménez Godinez. El padre del hoy denunciado, Juan Gama Rogel supuestamente pagó un millón 260 mil pesos por la propiedad.

Ingresos Fernando Gama 2014Ingresos Fernando Gama 2015

A solo un año de estar trabajando como abogado dictaminador, en el Estado de México, Fernando Gama empezó adquirió a nombre de su hermano, Juan Carlos Gama Rodríguez, una propiedad en una zona residencial de la Ciudad de México, lo que consta en el folio real 1981, en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Se trata de una casa que se ubica en la calle Manizales 840, en la colonia Lindavista de la ciudad de México, y que tiene una superficie de 270 metros cuadrados. De acuerdo a la escritura pública número 20,755, de fecha 27 de agosto de 2009, pasada ante la fe del Notario Público  241 de la Ciudad de México, Sergio Rea Field, el hermano del magistrado, Juan Carlos Gama Rodríguez, adquirió la referida propiedad por un monto de 3 millones 450 mil pesos.

Cabe destacar que Juan Carlos Gama Rodríguez tampoco ha tenido ingresos suficientes para poder comprar la residencia señalada, pues al igual que el Magistrado, también ha sido empleado de menor nivel. La vinculación de Juan Carlos Gama y su hermano Fernando Gama Rodríguez recientemente se hizo patente luego de que el primero fuera contratado en el Departamento de Asuntos Civiles, Mercantiles y Laborales de la Consejería Jurídica del estado de Quintana Roo, dependencia de la que fue titular la pareja sentimental del hoy denunciado, Roxana Lili Campos Miranda.

Por estos y otros hechos, el martes pasado, la abogada y periodista Fabiola Cortés Miranda y el abogado Moisés Araujo Olmos, integrantes ambos de Somos Tus Ojos, así como Guillermo Domínguez Granados, colaborador de esta asociación; presentaron una denuncia en contra del magistrado Fernando Gama Rodríguez por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La denuncia fue ingresada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Subprocuraduría de Investigación de Delitos Federales y la Unidad de Inteligencia Financiera.

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AUNQUE HAY PRUEBAS, GOBIERNO DE CARLOS JOAQUÍN NO DENUNCIA A EX GOBERNADOR FÉLIX GONZÁLEZ CANTO

Con cinco tomos, miles de páginas y cientos de datos de prueba, la carpeta de investigación FGE/FECC/OPB/05/2883/2018 en contra del ex gobernador FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, iniciada tras la denuncia presentada en 2017 por la presidenta de Somos Tus ojos, Fabiola Cortés Miranda, no se ha llevado ante un juez de control; la omisión es compartida, entre la Fiscal Anticorrupción, ROSAURA VILLANUEVA ARZÁPALO y el gobierno de CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ, quien a sabiendas de la investigación no ha querella en contra de su primo, González Canto.

CANCÚN, MX/ 05/02/2020.- Con cinco tomos, miles de páginas y cientos de datos de prueba, la carpeta de investigación FGE/FECC/OPB/05/2883/2018 en contra del ex gobernador FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, iniciada tras la denuncia presentada ante la PGR en 2017 por la presidenta de Somos Tus ojos, Fabiola Cortés Miranda, no se ha llevado ante un juez de control; la omisión es compartida, entre la Fiscal Anticorrupción, ROSAURA VILLANUEVA ARZÁPALO y el gobierno de CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ , quien a sabiendas de la investigación no se ha presentado a formular querella en contra de su primo, González Canto.

Entre los cinco gruesos tomos de la carpeta de investigación obra el oficio número FGE/FECC/0251/2019 de fecha 15 de febrero de 2019 girado por la Fiscalía Anticorrupción a la entonces consejera jurídica del gobierno del estado, ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, hoy diputada panista, en la que se le da vista de la carpeta de investigación y se le requiere comparecer en su carácter de víctima u ofendido del delito, citándosele el seis de marzo de 2019.

VER DOCUMENTO: Cita Fiscalía a Consejera Jurídica

Sin embargo, Lili Campos renunció a su cargo el primero de marzo de 2019 para registrarse como candidata a diputada, y aunque el oficio se le giró 15 días antes de su renuncia, la entonces Consejera Jurídica no dirigió respuesta alguna a la Fiscalía Anticorrupción; tampoco el funcionario que la sustituyó en su cargo, JESÚS ANTONIO VILLALOBOS CARRILLO dio respuesta a la Fiscalía Anticorrupción y menos se presentó en representación del gobierno del estado para hacer suya la querella iniciada mediante la investigación periodística de la denunciante Fabiola Cortés Miranda.

En el acuerdo de la Fiscalía Anticorrupción, mediante el que se le citó a la entonces consejera jurídica, Roxana Lili Campos se lee lo siguiente:

“(…) de los datos de prueba obtenidos hasta este momento es de apreciarse la existencia de hechos con apariencia de delitos cometidos contra la administración pública por servidores públicos, en ese tenor y siendo que el ofendido o víctima de dichos ilícitos lo es la administración pública es pertinente hacer comparecer al representante del ejecutivo del estado (…) y siendo que del dominio público se hace notar que la licenciada Roxana Lili Campos Miranda es quien funge como Consejera Jurídica del Ejecutivo Estatal, se acuerda que deberá comparecer a las diez horas el día seis de marzo del presente año (…)”

Hasta la fecha, en la carpeta no hay constancia de respuesta alguna o comparecencia del titular de la Consejería Jurídica ante la Fiscalía Anticorrupción, pero tampoco obra ningún otro oficio recordatorio que la Fiscalía haya girado a la Consejería Jurídica para que su titular se apersone.

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¿QUÉ HAY EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CONTRA FÉLIX GONZÁLEZ?

Como lo señala la Fiscalía en su oficio, de la carpeta de investigación integrada por cinco tomos, se desprenden datos de prueba que hacen presumir un enriquecimiento ilícito para parte de Félix González Canto y sus familiares, entre los que están su esposa Narcedalia Martín de González, sus hijos Lenin y Victoria González Martín; su sobrino, Óscar Conde Canto, su primo, el ex alcalde de Cozumel, Juan Carlos González; y su tío, Javier Zetina González, el ex titular de la Administración Portuaria Integral.

Adquisición de terrenos, casas y departamentos; obtención de patentes de alcohol y operación de restaurantes y bares, son algunas de las actividades en las que habrían participado las personas referidas, actos que se encuentran documentados en la carpeta de investigación engrosada por miles de hojas. Sin embargo, mientras la víctima, en este caso, el gobierno del estado, a través de su Consejería Jurídica, no comparezca, la carpeta seguirá estancada.

Fabiola Cortés Miranda tuvo acceso a la carpeta con el carácter de tercera interesada en el juicio de amparo número 387/2019-IV interpuesto por MARQCOZ, una de las empresas denunciadas, y que se inconformó por la inmovilización de los folios de sus inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Cozumel ordenado por la Fiscalía. Para poder resolver sobre el amparo, la Juez Tercero de Distrito en Cancún dio vista del juicio de garantías a la abogada y periodista, por ser la denunciante. Cabe mencionar que la sentencia de amparo benefició a MARQCOZ SA de CV en contra de los actos de la Fiscalía Anticorrupción, de lo que se dará cuenta en nota aparte.

En el desarrollo del amparo 387/2019-IV, el fiscal Pedro Javier López Castro intentó mediante pretextos absurdos no enviar los cinco tomos de la carpeta de investigación y evitar que Fabiola Cortés Miranda fuera llamada al juicio; aunque sin éxito, pues para poder dictar su sentencia la Juez federal requirió todas las documentales.

Cabe destacar que el 13 de marzo de 2019 la Fiscalía Anticorrupción emitió un acuerdo mediante el cual se negó a Cortés Miranda continuar teniendo acceso a la carpeta de investigación FGE/FECC/OPB/05/2883/2018, a pesar de ser la denunciante; acuerdo que fue combatido tardíamente por la presidenta de Somos Tus Ojos mediante un amparo que fue sobreseído por haberse presentado fuera tiempo. Sin duda, la Fiscalía Anticorrupción tenía un sospechoso interés para que la representante de la asociación dedicada a la transparencia y el combate a la corrupción no conociera los avances de la investigación.

ROSAURA VILLANUEVA, INFORME DE MENTIRAS DE LA FISCAL ANTICORRUPCIÓN

El pasado 31 de enero, la fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo rindió su informe de trabajo ante el Poder Legislativo del estado, en dicho acto, la funcionaria contó una versión de su desempeño muy diferente de la realidad, y por su parte, los diputados asistentes no encontraron sino solo palabras de elogio y reconocimiento al trabajo de la Fiscal, quien prácticamente ha perdido todos los juicios interpuestos contra ex funcionarios borgistas y tampoco ha recuperado la propiedad de casi ningún terreno vendido ilícitamente por el ex gobernador Roberto Borge, puesto que los mismos están siendo defendidos mediante amparos.

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¿POR QUÉ EL GOBERNADOR CARLOS JOAQUÍN NO QUIERE DENUNCIAR AL EX GOBERNADOR FÉLIX GONZÁLEZ CANTO?

Por qué si la carpeta de investigación FGE/FECC/OPB/05/2883/2018 tiene datos de prueba robustos que permitirían iniciar un procedimiento judicial en contra del ex gobernador Félix González Canto, el gobernador Carlos Joaquín no se ha presentado a hacer suya la denuncia iniciada por la titular de Somos Tus Ojos?.

Son varias las posibles respuestas: quizás porque en tiempos electorales, la carpeta de investigación sirve más como un arma de negociación entre grupos políticos; porque Carlos Joaquín comparte intereses y negocios con el ex gobernador Félix González Canto; o simplemente porque su primo es también su amigo.

Lo que sea, tanto la Fiscal Anticorrupción como el gobernador Joaquín González están incurriendo en responsabilidad al mantener congelada la carpeta de investigación y no iniciar la judicialización de la misma.

SOLAPAN DIPUTADOS OPACIDAD DE ALCALDESA MORENISTA DE CANCÚN, MARA LEZAMA

Los diputados integrantes de la Comisión anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos rechazaron emitir un punto de acuerdo para conminar a la alcaldesa morenista de Cancún Mara Lezama a respetar el derecho de acceso a la información, luego de que ésta se ha negado a transparentar los millonarios ingresos por derecho de saneamiento.

Edgar Gasca Euterpe GutierrrezCHETUMAL, MX.- Los diputados integrantes de la Comisión anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos rechazaron emitir un punto de acuerdo para conminar a la alcaldesa morenista de Cancún Mara Lezama a respetar el derecho de acceso a la información.

La petición fue realizada a la Comisión anticorrupción el 21 de noviembre del año pasado por la asociación Somos Tus Ojos luego de que la alcaldesa de Cancún, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, se negara a proporcionar información relacionada con los ingresos y el manejo de los recursos recaudados por el derecho de saneamiento ambiental, y que desde marzo de 2019 se cobra en Cancún a razón de 25 pesos por cada noche-hotel ocupada.

En el resolutivo, notificado el 19 de diciembre pasado a Somos Tus Ojos por la diputada morenista, Euterpe Valasis, presidenta de la Comisión anticorrupción, los integrantes de la misma pretextan que no emitirán punto de acuerdo alguno por estar vigente un recurso de revisión en contra de la negativa de la alcaldesa Mara Lezama de entregar la información relativa al ingreso y gasto de los millonarios recursos provenientes del Derecho de Saneamiento, lo anterior, para ‘evitar intromisiones’ y por ‘respeto al debido proceso’.

En la resolución de los diputados se lee lo siguiente: “(…) esta Comisión determinó que, en virtud de que existe un procedimiento administrativo vigente ante el Instituto de Acceso a la Información y protección de datos personales de Quintana Roo (…) y por consiguiente no existe una resolución por parte de éste, la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, no emitirá pronunciamiento alguno con relación a la solicitud realizada por la asociación civil Somos Tus Ojos por la transparencia Quintana Roo lo anterior en estricto respeto a la autonomía del órgano garante y al principio de independencia que rige sus actuaciones, así como para evitar intromisiones en la resolución que emita el Instituto y no afectar el derecho al debido proceso”.

La resolución fue firmada por la diputada Euterpe Gutiérrez Valasis, en su calidad de Presidenta de la Comisión Anticorrupción; y por Reyna Durán Ovando, Eduardo Martínez Arcila, Edgar Gasca Arceo y Judith Rodríguez Villanueva, también integrantes de la misma.

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Respuesta a solicitud de la asociación SOMOS TUS OJOS

Aunque los puntos de acuerdo no son vinculantes, representan un posicionamiento del Poder Legislativo sobre determinado tema por lo que la negativa de los integrantes de la Comisión anticorrupción demuestra la poca importancia que los legisladores dan al tema de transparencia y combate a la corrupción.

Somos Tus Ojos requirió a la Comisión anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos, luego de que la alcaldesa de Cancún Mara Lezama se ha negado a proporcionar información relacionada con la recaudación del “derecho” de saneamiento e incluso con el “comité ciudadano” que supuestamente está encargado de vigilar la aplicación de los millonarios recursos, y que tan solo entre los meses de abril a agosto de este dos mil diecinueve, representaron ingresos al municipio por 87 millones 657 mil 693 pesos.

La Unidad de Transparencia de Cancún se ha negado a proporcionar copia de las minutas de las sesiones de trabajo del Comité Ciudadano de seguimiento a la aplicación de los recursos públicos que se generen por el derecho de saneamiento ambiental; así como los nombres de los contribuyentes que han pagado dichomara lezama derecho saneamiento ambiental derecho, es decir, de los centros de hospedaje que habían cumplido con el pago del mismo; y sobre todo, Mara Lezama se ha negado a decir cómo se han gastado los millonarios ingresos recaudados por el impuesto creado por la administración del gobernador Carlos Joaquín.

Unos días antes de que la Comisión anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos comunicara a Somos Tus Ojos su negativa a emitir un punto de acuerdo para ‘invitar’ a la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, a transparentar los ingresos provenientes del Derecho de Saneamiento Ambiental, un grupo de diputados presentó una iniciativa de reforma para modificar las leyes de hacienda de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres, Cozumel, Lázaro Cárdenas, y Puerto Morelos para supuestamente transparentar el uso de los recursos recaudados por el derecho de saneamiento, proponiendo que lo recaudado se incluya en la cuenta pública de cada municipio y se especifique el uso y destino que se haya dado a los recursos.

Sin embargo, la propuesta de los diputados no es más que otro acto de simulación, puesto que en los municipios en los que se recauda el derecho de saneamiento existen comités ciudadanos que tienen precisamente la encomienda de vigilar los ingresos del derecho de saneamiento y su gasto, pero hasta ahora dichos comités solo han servido para encubrir la opacidad con la que se manejan esos recursos.

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ALCALDESA DE CANCÚN PRESUME TRANSPARENCIA PERO OCULTA MILLONARIOS INGRESOS

Mara Lezama, alcaldesa morenista de Cancún, presume en sus boletines de prensa transparencia y ‘combate a la corrupción 24/7’ para estar en sintonía y en el mismo eje discursivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador; pero se trata solo de un discurso muy distante de la realidad, ya que oculta información sobre millonarios ingresos.

CHETUMAL, MX, 26/11/2019.- El pasado jueves integrantes de “Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo entregaron a los diputados de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, una solicitud para que requieran al pleno de la XVI Legislatura emitir un punto de acuerdo a fin de conminar a la presidenta municipal de Benito Juárez, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, a respetar el derecho constitucional de acceso a la información de los ciudadanos.

La petición se derivó de la omisión de la alcaldesa de Cancún de dar respuesta al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) en los recursos de revisión RR/683/-19/CYDV y RR/685/-19/JOER, interpuestos por la asociación Somos Tus Ojos, relacionados ambos con el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental que aplica el municipio por cada noche ocupada de hotel a razón de 24.8 pesos, y que de abrila agosto del 2019 ha generado ingresos por 87 millones 657 mil 693 pesos al ayuntamiento turístico de Benito Juárez, donde se ubica Cancún.

El recurso de rCancún niega información_page-0001evisión RR/683/-19/CYDV se interpuso luego de que la Unidad de Transparencia del ayuntamiento de Benito Juárez se negara a entregar las minutas de sesiones del Comité ciudadano de seguimiento a la aplicación de los recursos públicos que se generan por el derecho de saneamiento ambiental, información que clasificó de reservada. Cabe destacar que aparejada a la creación del nuevo impuesto, creado en la administración del actual gobernador Carlos Joaquín González, se estableció que se debería crear un comité ciudadano que se encargaría de supervisar la aplicación del dinero recaudado, sin embargo, todos los comités ciudadanos integrados es los municipios en los que se cobra el derecho de saneamiento ambiental, fueron integrados por “ciudadanos amigos” y a modo.

CANCÚN SE NIEGA A TRANSPARENTAR SESIONES DEL COMITÉ CIUDADANO QUE VIGILA RECURSOS INGRESADOS POR DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

El 18 de agosto de 2019, a través del sistema electrónico de acceso a la información, Infomexqroo, Somos tus Ojos requirió al ayuntamiento de Cancún “Decir cuántas veces ha sesionado el Comité Ciudadano de seguimiento a la aplicación de los recursos públicos que se generen por el derecho de saneamiento ambiental, detallar fechas y proporcionar minutas de las sesiones”, quedando dicha solicitud bajo el folio 00972719.

DIFUNDIR LAS SESIONES PUEDE GENERAR “PRESIONES EXTERNAS”

A esta solicitud, la Tesorería municipal comunicó a la Unidad de Transparencia que el comité ciudadano había sesionado dos veces, una el 13 de junio y otra el dos de agosto, sin embargo, se negó a entregar las minutas de las sesiones, mismas que clasificó de “información reservada”. El tesorero municipal, Marcelo José Guzmán, ‘argumentó’ que con la entrega de la copia de las minutas de las sesiones del Comité ciudadano “se genera en perjuicio al interés público, toda vez que lo solicitado forma parte de un procedimiento deliberativo, referente a propuestas realizadas por parte del comité ciudadano de seguimiento a la aplicación de los recursos públicos que se generen por el derecho de saneamiento ambiental hacia los servidores públicos a cargo por lo que de difundir la información puede afectar la decisión definitiva, ya que podría estar sujeto a presiones externas”.

Ver: CANCÚN RESERVA ACTAS DE SESIONES DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO

La injustificada reserva de la información generó que Somos Tus Ojos interpusiera un recurso de revisión, mismo que fue admitido a trámite el 17 de octubre de 2019, asignándosele el folio RR/683/-19/CYDV. De dicho recurso de revisión se le notificó al ayuntamiento de Benito Juárez a fin de que diera contestación al mismo, sin embargo, la unidad de transparencia de esa municipalidad ignoró el procedimiento iniciado en contra de la respuesta por la clasificación de información, y no  contestó al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

NOMBRES DE CONTRIBUYENTES DEL DERECHO DE SANEAMIENTO ES INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: AYUNTAMIENTO DE CANCÚN

La Unidad de Transparencia de Mara Lezama también se negó a proporcionar el nombre de todos los contribuyentes que han pagado el derecho de saneamiento ambiental, clasificando erróneamente la información de CONFIDENCIAL, puesto que no se le estaba requiriendo la información particular de cada uno, sino solo los nombres. Dicha respuesta motivó la interposición de otro recurso de revisión por parte de Somos Tus Ojos, mismo que fue admitido a trámite el 21 de octubre de 2019, asignándosele el folio RR/685/-19/JOER, y el cual le fue notificado a la Unidad de Transparencia de Benito Juárez y también dejó sin respuesta.

Por la omisión del ayuntamiento de Cancún de dar respuesta al IDAIPQROO, el pasado 21 de noviembre Somos Tus Ojos requirió a los diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI Legislatura someter a votación un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta municipal de Benito Juárez, la morenista Mara Lezama, a respetar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.

La Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos está integrada por Euterpe Gutiérrez Valasis (MORENA), presidenta; Reyna Durán Ovando (MORENA); Edgar Gasca Arceo (MORENA); Eduardo Martínez Arcila (PAN); y Judith Rodríguez Villanueva (PRI), y a cada uno de los diputados se les entregó la petición, pero hasta ahora ninguno ha dado respuesta.

No sobra recordar que en la XI Legislatura (2005-2011), el entonces diputado Juan Carlos Pallares Bueno (PAN) promovió un punto de acuerdo para exhortar al entonces alcalde priista de Cancún, Francisco Alor Quezada, a dar respuesta al IDAIPQROO.

ALCALDESA MORENISTA DE CANCÚN PAGA POR PARECER “TRANSPARENTE” 

Mara Lezama, la alcaldesa de Cancún presume en sus boletines de prensa transparencia y ‘combate a la corrupción 24/7’, para estar en sintonía y en el mismo eje discursivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador; pero se trata solo de un discurso muy distante de la realidad.

Apenas el 30 de octubre, presumió haber  recibido un “galardón” por parte del Comité de Informática de Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), por aplicar un ‘innovador’ sistema de control de uso de combustible. La nota, firmada por “Redacción” fue publicada por periódicos como Excélsior y Milenio, periódico que previamente publicó que la Alcaldesa de Cancún recibió otro galardón entregado por el Coneval donde la morenista destacó su ‘gobierno abierto y transparente’.

Mara Lezama simula transparencia3

Mara Lezama simula transparencia

 

Mara Lezama simula transparencia5

El 4 de septiembre, a unos días de su informe de gobierno, la alcaldesa de Cancún, en el marco del foro Transformar 2019, organizado por Cynthia Dehesa, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema estatal Anticorrupción y directora de la asociación Ciudadanos por la Transparencia, anunció la aplicación de un “innovador” programa anticorrupción, “único” en el país.

Cabe recordar que Ciudadanos por la Transparencia es una asociación que ha “acompañado” a los gobiernos municipales de Cancún con supuestos programas anticorrupción, creando programas inútiles como “Qué cuentas Benito” que son usados solo para aparentar municipios “transparentes”. En 2003, en la administración del perredista Julián Ricalde Magaña, Ciudadanos por la Transparencia recibió por su “colaboración” 1.5 millones de pesos que fueron desviados del Subsidio para la Seguridad de los municipios. Esa misma asociación es la que ahora trabaja “de la mano”  de la alcaldesa Mara Lezama.

Como parte de su primer informe de gobierno, y sin ninguna obra o logro visible, la alcaldesa de Cancún Mara Lezama, presumió la supuesta aplicación de un “innovador” programa anticorrupción, “único” en el país; nota que hueca y sin ninguna veracidad, colmó los espacios de los medios de comunicación con los que la presidenta municipal de Benito Juárez mantiene convenios.

CÓMPLICE: CON “REGAÑO” EN PRIVADO, LA CONTRALORÍA SANCIONA A OFICIAL MAYOR MANUEL ALAMILLA, POR CASO DE UNIFORMES

Dos años después de la denuncia impulsada por Somos Tus Ojos en contra de diversos funcionarios por la amañada licitación de uniformes escolares que en el 2017 benefició a la empresa poblana Comercializadora Adicón S.A. de C.V. con 104 millones de pesos, finalmente, la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) a cargo de Rafael del Pozo, resolvió el expediente sancionando al oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, con una simple “amonestación privada”.

CHETUMAL, MX, 18/09/2019.- Dos años después de la denuncia presentada en contra de diversos funcionarios por la amañada licitación de uniformes escolares que en el 2017 benefició a la empresa poblana Comercializadora Adicón S.A. de C.V. con 104 millones de pesos, finalmente, la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) a cargo de Rafael del Pozo, resolvió el expediente sancionando al oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, con una simple “amonestación privada”.

Rafael del Pozo Manuel Alamilla (2)

La denuncia fue presentada el 28 de agosto de 2017 por integrantes del Congreso Nacional Ciudadano y la asociación civil Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, aunque únicamente Somos Tus Ojos fue reconocido como tercero interesado en el juicio por lo que solo esta organización pudo tener acceso al expediente, aportar pruebas y comparecer en la audiencia celebrada el 30 de octubre de 2018 en contra de los funcionarios de la Oficialía Mayor.

 

OFICIAL MAYOR, BLINDADO

La Coordinación General de Investigación de la SECOES encontró irregularidades e inconsistencias entre la licitación pública nacional OM-LPN2-2017 y el contrato OM/DGA/DRM/DCP/LP/47/2017 firmado con Comercializadora Adicon S.A. de C.V., mismas que favorecieron a la empresa poblana, y aunque quien firmó el contrato que benefició a la compañía fue Manuel Alamilla Ceballos, en su carácter de principal responsable de las compras gubernamentales como Oficial Mayor, el funcionario, cercano al gobernador Carlos Joaquín González, sólo recibirá por parte del órgano de control del estado un “regaño” en privado.

FALTAS NO GRAVES

Manuel Alamilla uniformesDe acuerdo al expediente SECOES/SRN/CGSR/PRA003/2018, la Coordinación General de Investigación solo observó “dos inconsistencias” en el proceso de licitación y el cumplimiento de la misma, siendo éstas la “incongruencia y falta de precisión en las bases de procedimiento de licitación pública nacional” y “falta de precisión entre las bases de procedimiento de licitación y el contrato celebrado”, es decir, el funcionario de la SECOES únicamente advirtió fallas de forma y no de fondo en la licitación que fue adjudicada a Comercializadora Adicon S.A. de C.V. a pesar de que dicha empresa, no entregó los uniformes en el tiempo establecido ni en las condiciones a las que se obligó en el contrato, puesto que ni siquiera contaba con oficinas y menos aún con maquiladoras o experiencia acreditable. Por lo anterior, la SECOES calificó como faltas “no graves” las cometidas por los funcionarios sometidos al procedimiento administrativo.

Las faltas no graves son aquellas que se generan por actos u omisiones que afectan los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que todos los servidores públicos deben cumplir en su empleo, cargo o comisión.

SE OLVIDAN DE LA LICITACIÓN Y PACTAN CONTRATO A PEDIDO DE EMPRESA POBLANA

Las irregularidades e inconsistencias halladas por la Coordinación General de Investigación consistieron en la  disparidad entre la licitación pública aprobada y publicada, mediante la cual se concursó la confección de 114 mil 422 paquetes de uniformes para hombre y 108 mil 165 paquetes de uniformes para mujer, y que la empresa Comercializadora Adicon SA de CV se adjudicó por 104 millones de pesos.

La investigación de la SECOES concluyó que el contrato OM/DGA/DRM/DCP/LP/47/2017 firmado entre la Oficialía Mayor y Comercializadora Adicón SA de CV en fecha 31 de julio de 2017 presentó modificaciones respecto de la licitación, que favorecieron a la empresa poblana en cuanto a la ampliación del periodo de entrega de los uniformes, la forma de pago y la aplicación de la pena convencional para el caso de incumplimiento: “(el contrato) refleja el instrumento material por el cual se favorece a la empresa proveedora ganadora del fallo, ya que se aprecia de manera literal ajustes en las cláusulas analizadas, tendentes a extender los efectos de la fecha de entrega de los bienes y el plazo de actualización de las penas convencionales por mora en la entrega de los bienes y del objeto de ayuda social al que estaban destinados”, señala el resolutivo del procedimiento administrativo.

DAN MÁS DÍAS A  EMPRESA PARA ENTREGAR UNIFORMES

Aunque en su momento el oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, justificó que la maquila de uniformes se había adjudicado a la empresa poblano por tener ésta la capacidad para cumplir con la licitación, lo cierto es que en la cláusula cuarta del contrato OM/DGA/DRM/DCP/LP/47/2017 se pactó un plazo mayor por once días adicionales al establecido en la base cuarta de la licitación, ya que se señaló que la fecha de entrega de los uniformes sería el 31 de agosto de 2017, siendo que en la licitación se estableció que sería el 20 de agosto de 2017, permitiéndose además entregas parciales; lo cual benefició a la empresa pues se amplió el periodo a partir del cual empezó a transcurrir la mora en la entrega y por lo tanto, la exigencia de las penas convencionales e incluso el plazo para rescindir el contrato.

PAGARON POR ANTICIPADO A LA EMPRESA A PESAR DE INCUMPLIMIENTO

En la cláusula quinta del contrato firmado con Comercializadora Adicon S.A. de C.V. se estableció un esquema de pagos diverso al modelo del contrato base de licitación, pues en el contrato firmado por Manuel Alamilla como oficial mayor, se pactó un anticipo del 40% y un segundo pago de 30% a la entrega del 70 por ciento de los uniformes, y el saldo a la entrega del 100%  de los uniformes; lo que difiere del modelo de contrato base de la licitación, en el que se estableció únicamente un anticipo de 40% y pagar el 60% restante a la entrega total de los uniformes; “de lo que se aprecia claramente que se benefició a la empresa al permitirle acceder de manera anticipada a parte del saldo sin que hubiere satisfecho plenamente la entrega de (los uniformes)”, “siendo que las bases exigían contar con capacidad técnica del proveedor”, y no se justificó la modificación del contrato, señala la SECOES en su resolutivo.

TAMBIÉN LE EXTENDIERON A ADICÓN EL PLAZO DE LA PENA CONVENCIONAL

En la cláusula décimo cuarta del contrato, relativa a las penas convencionales en caso de incumplimiento del proveedor, se fijó el uno por ciento sobre saldos insolutos no suministrados por cada día que transcurra del plazo señalado para el cumplimiento del contrato, siendo que el monto de dicha pena convencional se fijó en dos por ciento, en la base décima quinta del modelo de contrato de la licitación. Con la modificación realizada en el contrato, se extendió el periodo de gracia para la aplicación de la pena convencional en cinco días adicionales a lo señalado originalmente en las bases; “lo que generó una ventaja para el proveedor en cuanto al momento en el que se le aplicó la pena convencional; a pesar de que se alcanzó el tope máximo del 10% fijado como pena convencional”.

AL FINAL, NO PASÓ NADA NI FUE TAN GRAVE, SALVO PARA EL EMPLEADO DE MÁS BAJO NIVEL

A pesar de todas las irregularidades encontradas, además de otras como el hecho que en la licitación no se establecieron la cantidad de uniformes  por tallas, lo que provocó que se confeccionaran miles de prendas escolares “unitalla”, y que la empresa Adicon S.A. de C.V. ni siquiera pudo ser notificada por no tener un domicilio, y menos aún contaba con la capacidad técnica para cumplir el contrato, la SECOES solo estableció sanciones severas para el empleado de más bajo nivel de todos los implicados, resolviendo así, para el oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, una “amonestación privada”; para el director general de administración, José Manuel González Acosta, una suspensión por 15 días; y para Edwin Azmir Díaz Tello, director de recursos materiales, una inhabilitación por 6 meses para ocupar cualquier cargo público, así como la destitución del cargo.

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Abogados de Quintana Roo piden al Senado acelerar análisis de la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias

CIUDAD DE MÉXICO/26/08/2019.- El jueves y viernes de la semana pasada, los abogados de Quintana Roo, Fabiola Cortés Miranda y Moisés Araujo Olmos sostuvieron diversas reuniones con personal técnico de la Cámara de Senadores para solicitar que en el próximo periodo ordinario de sesiones se pase a pleno la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias (MASC), misma que ya se encuentra en análisis y modificación en la Comisión de Justicia, presidida por el senador hidalguense, Julio Ramón Menchaca Salazar.

La Ley GeMoisés Araujo Fabiola Cortés (4)neral de MASC es una de las dos iniciativas que la Comisión de Justicia prevé subir al pleno en el periodo ordinario de sesiones que está por iniciar, según confirmó la Maestra en Derecho, Lyzbeth Robles Gutiérrez, quien se encuentra trabajando tanto la iniciativa relacionada con el uso de la cannabis, como la Ley General de MASC; aunque la prioridad será someter a discusión la ley relativa al uso de la marihuana, explicó la ex Juez del estado de Hidalgo.

Moisés Araujo Fabiola Cortés (1)Se trata de una ley que en el fondo se orienta hacia la pacificación del país mediante la construcción de una sociedad capaz de resolver por sí misma sus conflictos a través del diálogo y la negociación.

La mayoría de los estados se encuentran a la espera de que se apruebe la Ley General de MASC para adecuar su marco jurídico a la misma y permitir al ciudadano que cuente con mayores opciones de acceder a la justicia, pero sobretodo de resolver el fondo de sus conflictos, de manera pacífica.

El tema fue abordado con personal de los senadores Ricardo Monreal Ávila, Martí Batres Guadarrama, del senador por Tamaulipas, Américo Villarreal, y personalmente con la senadora panista de Guanajuato, Alejandra Reynoso, quien se mostró interesada en impulsar la Ley.

Cabe mencionar que se buscó a la senadora Marybel Villegas pero ésta no respondió.

Los abogados Fabiola Cortés Miranda y Moisés Araujo Olmos son parte de la primera generación de mediadores privados capacitados por el Poder Judicial de Quintana Roo. Ambos litigantes también dedican su tiempo al litigio probono en temas relacionados con el combate a la corrupción y la impunidad. Cortés Miranda es fundadora de la asociación Somos Tus Ojos por la transparencia Quintana Roo.

COMITÉ CIUDADANO ANTICORRUPCIÓN DE QROO, ENTRE LA BURLA, EL DESPRESTIGIO Y LA COMPLICIDAD

El presidente del Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, Marcos Gutiérrez, admitió ante un juez federal que el CPC se había negado a solicitar al Comité Coordinador Estatal del Sistema Anticorrupción que emitiera un exhorto en torno al tema de las ayudas sociales y el millonario desvío denunciado y documentado por Somos Tus Ojos, y para evitar siguiera el amparo, se comprometió a requerir el exhorto. Se trató de una maniobra en complicidad con el Congreso, porque hasta ahora el CPC mantiene enterrado el asunto.

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.20/08/2019.- Con un sueldo de 95 mil pesos mensuales, igual al de un Secretario de Estado, pero sin ninguna responsabilidad, los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo son la élite más privilegiada de dicho sistema; que no ha servido para mucho, o dicho más claramente, solo ha servido para aparentar “avances” y “sinergia” en materia de combate a la corrupción con el gobierno del estado.

Congreso Quintana Roo ayudas sociales2

En diciembre de 2018, la ciudadana Teresa Pérez Sorcia y Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, presentaron una solicitud formal al Comité de Participación Ciudadana para que requiriera al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo la emisión de un exhorto público relacionado con el gasto en el rubro de “ayudas sociales” entregadas del 2016 al 2018 por la XIV y XV legislatura del Congreso del estado, con fundamento en las facultades que tiene el CPC, establecidas en el artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción del estado de Quintana Roo.

La anterior, en virtud de que Somos Tus Ojos y ciudadanos han investigado y denunciado insistentemente el uso irregular de cientos de millones de pesos en supuestas ayudas sociales por parte de los diputados de la XV Legislatura, que en solo dos años, usaron 147 millones de pesos de forma discrecional, pues el Congreso se ha negado a transparentar el gasto, lo mismo que la Auditoría Superior del Estado, reservando la información.

Fue hasta marzo del dos mil diecinueve, que el CPC de Quintana Roo respondió a la solicitud que le hizo la organización y la ciudadana Teresa Pérez, negándose a llevar ante el Comité Coordinador Estatal la petición ciudadana haciendo una interpretación del artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción del estado de Quintana Roo, argumentando que para poder solicitar un exhorto, era necesario que, previamente, una autoridad determine la “existencia de un hecho de corrupción”.

La negativa fue firmada en ese momento por los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana: Miriam Cortés Franco, Raúl Cazares Urban, Cinthya Dehesa, Marcos Gutiérrez y Francisco del Real Medina.

Dicha negativa motivo la interposición de un amparo, el cual fue admitido por el Juzgado Sexto de Distrito, quedando registrado bajo el expediente número 271/2019, a pesar de que el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción inicialmente se negó a recibir la notificación de amparo, en un intento por evitar su procedencia.

SE BURLA PRESIDENTE DEL CPC DE CIUDADANOS

Una vez admitido el amparo, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Marcos Gutiérrez Martínez, rindió su informe justificado, en el que admitió ante el juez federal que el CPC se había negado a solicitar al Comité Coordinador Estatal  del Sistema Anticorrupción que emitiera un exhorto en torno al tema de las ayudas sociales, y el millonario desvío denunciado y documentado por Somos Tus Ojos, y que incluso motivó la interposición de dos denuncias por parte de ciudadanas que están en el padrón de beneficiarios, pero que no recibieron ningún tipo de ayuda, pero lo que es más, tampoco la solicitaron.

En su informe rendido ante el juez, Marcos Gutiérrez Martínez se presentó como un paladín del combate a la corrupción, presentó una serie de minutas de reuniones realizadas de último minuto con diputados e integrantes del Congreso, específicamente con el diputado Eduardo Martínez Arcila, señalado públicamente como principal responsable del millonario desvío. También estuvieron en las reuniones el diputado Emiliano Ramos Hernández, la diputada Yamina Rosado, suplente de Mayuli Martínez; el oficial mayor, Gerardo Martínez García; la directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad, Ana María Hernández Ayala; Hassan Medina, titular de la Unidad de Transparencia del Congreso, y otras dos funcionarias.

Sin lugar a dudas se trató de una simulación impulsada desde el CPC y en la que participaron los principales implicados y señalados en las denuncias por la cuestionable y opaca utilización de cientos de millones de pesos en ayudas sociales.

El presidente del CPC, Marco Gutiérrez además de reconocer el acto que se reclamaba, que era la negativa a solicitar el exhorto público,   presentó copia de la reunión de trabajo sostenida entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana el 23 de abril de este año, en la que acordaron solicitar al Comité Coordinador del sistema anticorrupción del estado de Quintana Roo, emitir un exhorto público, con relación al tema de ayudas sociales, a efecto de que la Auditoría Superior del Estado pueda poner a disposición de Somos Tus Ojos y de la ciudadana Teresa Sorcia, los documentos en los que se acredite el gasto realizado por el Poder Legislativo en “ayudas sociales” del año 2016 al primer trimestre del 2018; así como la conclusión de las auditorías. Dicho en palabras claras, el CPC se comprometió ante el juez federal a “tramitar” ante el Comité Coordinador del sistema anticorrupción de Quintana Roo el exhorto, en los términos señalados líneas arriba.

Ante el informMarcos Gutierrez CPC Quintana Roo (1)e rendido por Marco Gutiérrez Martínez el juez sobreseyó el amparo por quedarse sin materia.

Pero lo que hizo el Presidente del Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo fue una maniobra jurídica con la que desactivó el amparo interpuesto, dejando en el limbo su compromiso de gestionar el exhorto.

El seis de agosto pasado, la que esto escribe, y en mi calidad de presidenta de Somos Tus Ojos preguntó a Marcos Gutiérrez sobre su compromiso, pero éste dejó sin contestar la comunicación vía whastapp. Este 19 de agosto, se le insistió al Presidente del CPC sobre su compromiso, manifestado ante un juez federal, respondiendo Gutiérrez Martínez “no tengo alguna novedad”.

 

El 20 de marzo, cuando recién había asumido la presidencia del CPC, Marcos Gutiérrez envió a la Presidenta de Somos Tus Ojos el siguiente mensaje: “Muy buen día. Te escribe Marcos Gutiérrez, nuevo Presidente del CPC; qué día podrías darme una cita (…) a efecto de platicarte de qué manera estamos atendiendo y atendemos la cuestión de las ayudas sociales que con tanta razón has cuestionado con firmeza”.

Marcos Gutierrez CPC Quintana Roo (2)

En aquella reunión el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, se desvivió hablando de su enorme interés por el combate a la corrupción, “fantaseó” con el papel que según él puede jugar el CPC en cambios estructurales que terminen con la corrupción; lo que me dejó claro que Marcos Gutiérrez, venido de cargos menores en la burocracia, está muy acostumbrado a servir al sistema, ese que aparenta, que simula que se hace y que además así pretende justificar un oneroso salario. Los integrantes del CPC en Quintana Roo no tienen oficina, es decir, ni siquiera tienen obligación de cumplir con un horario o con un trabajo específico, con absolutamente nada; y por ese “trabajo” los ciudadanos les pagamos 95 mil pesos.

Desde su elección, el CPC en Quintana Roo reunió a un grupo de personas afines al gobernador, Carlos Joaquín González, como Cinthya Dehesa y Miriam Cortés Franco, y a excepción de Dehesa que se sumó al tema de la transparencia desde una asociación que nació recibiendo millonarios recursos públicos, CITRA;   todos los demás integrantes del CPC no tienen trayectoria alguna en el combate a la corrupción o en temas de transparencia, como la propia Miriam Cortés que antes de ser designada era representante de clubes vacacionales; lo mismo que Raúl Cazares Urban, Marcos Gutiérrez y Francisco del Real Medina que antes de ser integrantes del CPC no tenían el mínimo interés en el tema de combate a la corrupción.

 

Comité Participacion Ciudadana corrupción Quintana RooLa zona de confort en la que están los integrantes del CPC en Quintana Roo los hace justificarse sobre su “imposibilidad” de llevar a cabo acciones concretas de denuncia y combate a la corrupción, y los ha limitado a ser aplaudidores y voceros de los nulos avances en materia de combate a la corrupción en el estado de Quintana Roo; jarrones de decoración de las fotos oficiales… todo por 95 mil pesos al mes.

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AMPARO DE SOMOS TUS OJOS OBLIGA A COMITÉ CIUDADANO ANTICORRUPCIÓN A TRAMITAR EXHORTO PÚBLICO POR CASO DE AYUDAS SOCIALES

El Comité de Participación Ciudadana del sistema estatal anticorrupción del estado de Quintana Roo corrigió su negativa inicial, y solicitó al Comité Coordinador emitir un exhorto público por la presunta corrupción en la entrega de “ayudas sociales” por parte de los 25 diputados del Congreso estatal; lo anterior, se dio luego de que un amparo promovido por Somos Tus Ojos fuera admitido en el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Chetumal.

CHETUMAL, MX.- El Comité de Participación Ciudadana del sistema estatal anticorrupción del estado de Quintana Roo corrigió su negativa inicial, y aceptó que solicitará al Comité Coordinador emitir un exhorto público por la presunta corrupción en la entrega de “ayudas sociales” por parte de los 25 diputados del Congreso estatal; lo anterior, se dio luego de que un amparo promovido por Somos Tus Ojos fuera admitido en el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Chetumal.

Como se recordará, a finales de marzo pasado, el Juez Sexto de Distrito dio entrada al amparo presentado por Somos Tus Ojos en contra de la negativa del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del sistema anticorrupción de Quintana Roo, de solicitar al Comité Coordinador emitir un exhorto en el tema de ayudas sociales, repartidas por los 25 diputados del estado, y que en dos años han representado un gasto de 147 millones de pesos.

En su informe rendido ante el juez federal, el presidente del CPC, Marcos Gutiérrez,  presentó copia de la reunión de trabajo sostenida entre los integrantes de ese comité ciudadano el 23 de abril pasado, en la que acordaron solicitar al Comité Coordinador del sistema anticorrupción del estado de Quintana Roo, emitir un exhorto público, con relación al tema de ayudas sociales, a efecto de que la Auditoría Superior del Estado pueda poner a disposición de Somos Tus Ojos y de la ciudadana Teresa Sorcia, los documentos en los que se acredite el gasto realizado por el Poder Legislativo en “ayudas sociales” del año 2016 al primer trimestre del 2018; así como la conclusión de las auditorías.

El exhorto también se orienta en el sentido de requerirle al Poder Legislativo la entrega de todos los registros de las personas que solicitaron y recibieron ayudas sociales, indicando tipo de apoyo, partida y monto otorgado.

Cabe recordar que el Congreso del estado se ha negado en repetidas ocasiones a entregar los recibos, facturas, comprobantes y cualquier documento que acredite el supuesto gasto realizado en ayudas sociales, bajo el pretexto de que los mismos fueron entregados a la Auditoría Superior del Estado.

Con el acuerdo del CPC de solicitar el exhorto al Comité Técnico, se extingue el acto que motivó el amparo, con lo que se espera que el Juez Sexto sobresea el juicio de garantías promovido por Somos Tus Ojos, ya que el acto que se reclamaba era precisamente, la negativa inicial del Comité de Participación Ciudadana de tramitar el exhorto público.

¿QUIÉNES DEBERÁN EMITIR EL EXHORTO PÚBLICO?

El Comité de Participación Ciudadana es el conducto para requerir el exhorto público, pero es el Comité Coordinador del sistema anticorrupción del estado de Quintana Roo el que debe emitirlo, dicho comité está integrado de la siguiente manera:

Un representante del Comité de Participación Ciudadana

El titular de la Auditoría Superior del Estado (MANUEL PALACIOS HERRERA)

El titular de la Fiscalía Anticorrupción (ROSAURA VILLANUEVA ARZÁPALO)

El titular de la Secretaría de la Contraloría del estado (RAFAEL DEL POZO DERGAL)

Un representante del Consejo de la Judicatura del Estado (¿?)

El comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ORLANDO ESPINOZA RODRÍGUEZ)

El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (ALFREDO CUÉLLAR LABARTHE)

Cabe destacar que el Comité Coordinador es presidido por el representante del Comité de Participación Ciudadana, quien, entre otras funciones, se encarga de convocar y presidir las sesiones, por lo que la responsabilidad de convocar al Comité Coordinador para solicitarle que emita el exhorto recae sobre el representante del CPC.

COMITÉ CIUDADANO CABILDEÓ CON CONGRESO TEMA DE AYUDAS SOCIALES

Previo a tomar la decisión de pedir al Comité Técnico del sistema anticorrupción que emita un exhorto en el tema de las ayudas sociales entregadas por el Congreso, integrantes del CPC sostuvieron tres reuniones con diputados del Congreso.

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En el primer acercamiento participaron únicamente el presidente del CPC, Marcos Gutiérrez, la comisionada Cinthya Dehesa y el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila y tuvo como objetivo, establecer una agenda de trabajo entre el CPC y el Congreso del estado, que incluyera el tema de las ayudas sociales, según el informe rendido por Marco Gutiérrez ante el Juez Sexto de Distrito.

El 29 de marzo pasado, integrantes del CPC sostuvieron la segunda reunión con los integrantes de la Comisión Anticorrupción del Congreso del estado, presidida por la diputada Yamina Rosado Ibarra, suplente de Mayuli Martínez Simón, la hoy senadora por el PAN que fue una de las diputadas que más recursos usó de la partida ayudas sociales, sumando un total de 854 ayudas sociales que en dinero representan 8 millones 836 mil 073 pesos.

El día de la reunión, en sus redes sociales, Yamina Rosado escribió: “Hoy nos reunimos para una Comisión de Trabajo con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, sin referir que el tema era por el caso de las ayudas sociales. La diputada suplente de Mayuli Martínez también ha utilizado de forma desproporcionada el presupuesto de ayudas sociales, pues en unos cuantos meses reportó que entregó 182 ayudas que significan un gasto de un millón 883 mil 097 pesos;

El 4 de abril, el CPC y la Comisión Anticorrupción sostuvieron otra reunión, ese día, Rosado Ibarra posteó en Facebook: “Hoy nos reunimos con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, se les brindó información del proceso de gestiones del Congreso y de la forma transparente con la que se maneja. También se les invitó a presentar iniciativas”.

Nuevamente, la presidenta de la Comisión Anticorrupción evitó ahondar sobre el motivo de la reunión o siquiera referirse al tema de “ayudas sociales”.

En la reunión del 4 de abril participaron además de integrantes del CPC, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, el diputado Emiliano Ramos Hernández; el oficial mayor, Gerardo Martínez García; la directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad, Ana María Hernández Ayala; Hassan Medina, titular de la Unidad de Transparencia del Congreso, y otras dos funcionarias.

Llama la atención que el Congreso no dio cuenta de las reuniones con el CPC a través de su Dirección de Comunicación Social.

Tras las reuniones sostenidas con integrantes del Congreso, el presidente del CPC, Marcos Gutiérrez, propuso a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana hacer una solicitud formal al Congreso del estado para que les proporcione toda la información relacionada con el tema de las ayudas sociales, además de poner a consideración del Comité Técnico del Sistema Anticorrupción del estado, la solicitud de Somos Tus Ojos y de la ciudadana Teresa Sorcia, de emitir un exhorto público a fin de esclarecer el uso de cientos de millones de pesos en supuestas ayudas sociales por parte de los diputados integrantes de la XV Legislatura.

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en el contexto de emergencia que actualmente enfrenta Quintana Roo, derivada del arribo desproporcionado de sargazo, que Somos Tus Ojos propone a los candidatos que aspiran a ser los representantes de los ciudadanos en la próxima Legislatura a que se comprometan a renunciar a la partida de ayudas sociales para que los cientos de millones de pesos se destinen a la investigación y/o el control del arribo del sargazo.

QUINTANA ROO, MX.- En los dos primeros años de la actual Legislatura, los 25 diputados y algunos de sus suplentes, han gastado 147 millones de pesos en “ayudas sociales”, una partida cuyo manejo ha sido totalmente opaco y de la que existen dudas fundadas sobre su verdadero destino.

A pesar de que la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo ha insistido en que la información relativa a esta partida se encuentra suficientemente transparentada, la realidad es que en el apartado relativo a este gasto, y comprendido en la fracción XLIV de las obligaciones de transparencia comunes, sólo aparece un listado con los nombres de personas que supuestamente han sido beneficiarias, los materiales o servicios presuntamente entregados y la fecha de entrega, más no así el costo de los mismos o el monto de los recursos gastados.

A través de diversas solicitudes de información, Somos Tus Ojos obtuvo datos sobre el número de ayudas sociales que cada diputado ha entregado, concentrándose un alto número en unos cuantos legisladores; lo que refuerza la idea de que la partida ayudas sociales ha sido utilizada con fines electorales. Además, no existe fundamento legal por el cual los diputados deban contar con dicho presupuesto, ni tampoco la entrega de las mismas forma parte de las facultades u obligaciones de los legisladores.

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A lo largo de dos años, Somos Tus Ojos ha intentado obtener por diversas vías los documentos comprobatorios de dicho gasto, pero tanto el Congreso como la Auditoría Superior del Estado se han negado a proporcionar los mismos. Igualmente, Somos Tus Ojos ha acompañado jurídicamente a dos personas que denunciaron la inclusión de sus nombres en las listas de beneficiarias de ayudas sociales, por el uso de sus datos personales y la falsificación de su firma, luego de que no pidieron ni recibieron la ayuda social enlistada en los padrones publicados por el Congreso.

De lo dicho, es claro que el Congreso está destinando una cantidad millonaria de recursos a la partida “ayudas sociales”, 147 millones de pesos en dos años, sin que hasta ahora los legisladores, la Unidad de Transparencia o la Auditoría Superior del Estado hayan logrado justificar el gasto.

Es con base en esos antecedentes y en el contexto de emergencia que actualmente enfrenta Quintana Roo, derivada del arribo desproporcionado de sargazo, que Somos Tus Ojos propone a los candidatos que aspiran a ser los representantes de los ciudadanos en la próxima Legislatura a que se comprometan a renunciar a la partida de ayudas sociales para que los cientos de millones de pesos se destinen a la investigación y/o el control del arribo del sargazo a las costas de nuestro estado.

En Quintana Roo sí hay dinero para hacer frente a la emergencia contra el sargazo, lo que falta es voluntad

Los candidatos interesados en firmar la carta-compromiso pueden descargarla en esta página, llenarla, firmarla y enviarla, con una foto suya al momento de la firma. O agendar una cita para que algún representante de Somos Tus Ojos acuda personalmente a recabar su firma.

carta compromiso diputados

Los correos para recibir las cartas-compromiso son: contacto@somostusojos.com y fabiolacortesm@gmail.com

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Un amparo fue presentado en contra del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Quintana Roo por su negativa de solicitar al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del estado emitir un exhorto público para transparentar la entrega de ayudas sociales por parte de los diputados de la XV Legislatura.

CHETUMAL, MX 01/04/2019.- Un amparo fue presentado en contra del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Quintana Roo por su negativa de solicitar al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del estado emitir un exhorto público para transparentar la entrega de ayudas sociales por parte de los diputados de la XV legislatura, quienes en dos años han gastado 147 millones de pesos en este rubro, y sobre el que existe la presunción de que la mayoría de estos recursos han sido desviados y no han llegado a la población.

RESPUESTA COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El amparo fue presentado por la ciudadana Teresa Pérez Sorcia y Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, y fue admitido el jueves pasado por el Juzgado Sexto de Distrito, quedando registrado bajo el expediente número 271/2019.

LA PETICIÓN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

El 19 de diciembre de dos mil dieciocho se presentó al Comité de Participación Ciudadana (CPC) una petición por escrito para requerirle que solicitara al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo la emisión de un exhorto público relacionado con el gasto en el rubro de “ayudas sociales” entregadas del 2016 al 2018 por la XIV y XV legislatura del Congreso del estado, con fundamento en sus facultades establecidas en el artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción del estado de Quintana Roo.

El artículo 23 de la referida Ley señala que “El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador Estatal la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública.  Los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención del asunto de que se trate”.

El Comité de Participación Ciudadana respondió a la solicitud el 5 de marzo pasado, tres meses después, negándose a llevar ante el Comité Coordinador Estatal la petición ciudadana haciendo una interpretación del artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción del estado de Quintana Roo, argumentando que para poder solicitar un exhorto, era necesario que, previamente, una autoridad determine la “existencia de un hecho de corrupción”.

CARLOS-JOAQUÍN Cinthya DehesaComite Participacion Ciudadana Quintana Roo 2Comite Participacion Ciudadana Quintana RooComite Participacion Ciudadano Cinthya Dehesa

Cabe destacar que el comité ciudadano no emitiría el exhorto, y solo debía presentar la petición ante el Comité Coordinador Estatal, el cual se integra por un representante del CPC, el titular de la Auditoría Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, Rosaura Villanueva Arzápalo, el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, Rafael del Pozo Dergal, un representante del Consejo de la Judicatura del Estado; el presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Orlando Espinoza, y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Alfredo Cuéllar Labarthe.

Firmaron la negativa los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana: Miriam Cortés Franco, Raúl Cazares Urban, Cinthya Dehesa, Marcos Gutiérrez y Francisco del Real Medina.

El CPC ha sido cuestionado desde su creación, pues la mayoría de sus integrantes no reunían el requisito de contar con experiencia en los temas de transparencia, auditoría o combate a la corrupción; y tampoco el Comité de Selección que los designó cumplió con los requisitos de ley.

La cercanía del CPC con el gobierno del estado de Quintana Roo ha convertido a este Comité en un organismo complaciente e inútil en el combate a la corrupción, a la vez que refleja los fallos del sistema anticorrupción.

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DIPUTADOS DE LA XV LEGISLATURA DE QROO SE REPARTIERON 147 MDP EN SUPUESTAS AYUDAS SOCIALES

Los 25 diputados de la XV Legislatura de Quintana Roo habían gastado hasta septiembre de 2018, 147 millones 616 mil 355 pesos, de acuerdo a información obtenida por Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo y a datos publicados en la página de transparencia del Congreso del estado. En ese periodo, en conjunto, los legisladores, supuestamente entregaron un total de 14 mil 267 ayudas sociales, cada una habría significado un gasto de10,346.69. pesos..

CHETUMAL, MX.- Los 25 diputados de la XV Legislatura de Quintana Roo habían gastado hasta septiembre de 2018, 147 millones 616 mil 355 pesos, de acuerdo a información obtenida por Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo y a datos publicados en la página de transparencia del Congreso del estado.

Según la solicitud de información 00837118, de septiembre a diciembre de 2016, el Congreso destinó 23 millones 312 mil 028 pesos al rubro de ayudas sociales, que sumados a los 87 millones 053 mil 997 pesos que la XV Legislatura gastó en 2017, más los 37 millones 250 mil 330 pesos, ejercidos hasta septiembre de 2018, de acuerdo a datos públicos, hacen un total 147 millones 616 mil 355 pesos destinados al cuestionado rubro.

VER SOLICITUD 00837118

Congreso gasto 2017 ayudas sociales

2018 tercer trimestre ayudas sociales 

Hasta septiembre de 2018 los 25 diputados y sus suplentes habían dado en conjunto 14 mil 267 ayudas sociales, según respuesta a la solicitud de información 01032818 realizada por Somos Tus Ojos. De la división entre el monto gastado en ayudas sociales, de septiembre de 2016 a septiembre de 2018, y el número total de supuestas ayudas entregadas, se obtiene que cada una significó un gasto promedio de 10,346.69 pesos; considerando lo anterior, se presenta el número de ayudas que cada diputado dice haber entregado y el monto económico que ello generó, obtenido de multiplicar las ayudas sociales que cada diputado reportó por el gasto promedio de 10,346.69 pesos.

 

VER SOLICITUD 010322818 Ayudas autorizadas por cada Diputado

Cabe destacar que aunque la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo ha insistido que los datos sobre las ayudas sociales se encuentran publicados, hasta la fecha, no se ha hecho público ningún listado sobre cuánto se ha erogado en cada una de las ayudas sociales entregadas, y únicamente se han publicado nombres de los supuestos beneficiarios y la ayuda material recibida.

Somos Tus Ojos mantiene dos denuncias presentadas por dos ciudadanas, cuyas firmas fueron falsificadas, y que no pidieron ni recibieron ayudas sociales, pero se encuentran en las listas de beneficiarios.

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DIPUTADOS DEL PAN, MARIO VILLANUEVA Y EMILIANO RAMOS; LOS QUE MÁS DINERO HAN USADO EN AYUDAS SOCIALES

Fernando Zelaya EspinozaDe acuerdo a la respuesta dada a la solicitud de información 01032818, el diputado que más ha gastado en ayudas sociales en el periodo referido es el panista FERNANDO ZELAYA ESPINOZA, junto con su suplente, MARIO BAEZA CRUZ, el primero supuestamente entregó 981 ayudas sociales, lo que multiplicado por los 10,346.69 pesos, que representa el gasto por cada ayuda social, suma 10 millones 150 mil 102 pesos; en tanto su suplente, entregó en los cuatro meses que sustituyó a Zelaya Espinoza, 229 ayudas sociales, que representan un gasto de 2 millones 369 mil 392 pesos. Al sumar las cifras del “Chino” Celaya y su suplente Mario Baeza, entre ambos usaron 12 millones 519 494 pesos del presupuesto en ayudas sociales del que dispone el Congreso.

Fernando Zelaya Espinoza pidió licencia a la XV Legislatura el 15 de marzo de 2018 para separarse de su cargo para poder registrarse como candidato a presidente municipal por Othón P. Blanco  por la alianza PAN-PRD, posición que perdió en las pasadas elecciones del primero de julio, cuando el abanderado por MORENA, Hernán Pastrana ganó la elección.

Zelaya Espinoza es diputado por el XIV Distrito y pretende reelegirse en la próxima Legislatura.

Jesus Zetina Tejero

En la lista de los que más dinero han gastado de la partida ayudas sociales está otro panista, JESÚS ZETINA TEJERO, quien a la fecha de la solicitud de información 01032818 había supuestamente entregado 1,065 ayudas sociales, que multiplicadas por los 10,346.69 pesos que representa el costo de cada ayuda, significa que el diputado entregó ayudas sociales por un total de 11 millones 019 mil 224 pesos.

El episodio más sonoro de Zetina Tejero se generó en febrero pasado, cuando se filtró un audio en el que prometió a taxistas de Cozumel que impulsaría una modificación al artículo 125 de la Ley de Movilidad del estado para prohibir el libre tránsito de las transportadoras de turistas con placas federales.

Jesús Zetina Tejero es diputado plurinominal y pretende reelegirse en la próxima Legislatura.

Mayuli MartinezEn tercer sitio como los diputados que más dinero han usado del fondo ayudas sociales está MAYULI MARTÍNEZ SIMÓN, quien mientras ocupó su cargo reportó que entregó 854 ayudas sociales que en dinero representan 8 millones 836 mil 073 pesos; a lo anterior se suman las 182 ayudas que dice entregó su suplente y actual diputada, MARIA YAMINA ROSADO IBARRA, y que significan un gasto de un millón 883 mil 097 pesos; en conjunto esto equivale a que Mayuli Martínez, hoy senadora plurinominal por el PAN y su suplente usaron 10 millones 719 mil 170 pesos de la partida ayudas sociales, sobre la que existe una total opacidad en su manejo, así como dos denuncias presentadas por Somos Tus Ojos.

Carlos Mario VillanuevaEntre los que más han gastado en ayudas sociales se ubica en cuarto sitio el diputado CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO, quien supuestamente ha entregado 944 ayudas sociales que equivalen a un gasto de 9 millones 767 mil 275 pesos, a razón de 10,346.69 pesos que es el monto que resulta de dividir el dinero ejercido en el rubro ayudas sociales y el número total de ayudas entregadas en conjunto por los 25 diputados y cinco suplentes.

Carlos Mario Villanueva es diputado plurinominal por el PES.

Gabriela Angulo SauriGABRIELA ANGULO SAURI, diputada panista, es otra de las que más dinero ha pedido del rubro ayudas sociales, al supuestamente entregar en el periodo de septiembre de 2016 a septiembre de 2018, 780 ayudas que representan un dispendio de 8 millones 070 mil 418 pesos.

El año pasado Gabriela Angulo Sauri fue señalada por ofrecer un programa de apoyo para mujeres para adquirir bicicletas supuestamente a bajo costo y en facilidades, cuando en realidad la diputada las vendía a precio comercial y además cobraba 100 pesos por “gastos de gestión”.

Angulo Sauri es diputada por el Distrito XI.

Emiliano RAmos HernandezEMILIANO RAMOS HERNÁNDEZ, quien llegó al Congreso como diputado plurinominal por el PRD, partido al que renunció para autonombrarse “independiente”, se encuentra en el top ten de los que más dinero ha pedido del presupuesto “ayudas sociales”, con 777 ayudas supuestamente entregadas, que equivalen a un gasto de 8 millones 039 mil 378 pesos.

Ramos Hernández junto con su familia “Los Ramos” mantuvo cautivo al PRD durante años, hasta que el partido dejó de representarle una opción para continuar en el poder, en las elecciones pasadas logró obtener un espacio para su esposa Paola Elizabeth Moreno Córdoba, quien actualmente es regidora en Cancún por MORENA. La cónyuge de Ramos Hernández antes era Subsecretaria de Vinculación Política y Social en la Secretaría de Gobierno, y cuando aún era su novia, la ‘acomodó’ como Directora de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales (Opabiem) en Cancún, en la administración del perredista Julián Ricalde Magaña.

Eduardo Martínez ArcilaEDUARDO MARTÍNEZ ARCILA, panista, presidente de la Gran Comisión, y quien accedió a su curul por la vía plurinominal es otro de los diputados que más dinero ha empleado de las “ayudas sociales, en total, 7 millones 884 mil 177 pesos que reportó haber destinado a 762 ayudas sociales.

Martínez Arcila quien nunca ha ganado una elección por el principio de mayoría relativa, es decir, por votación directa, se registró en la primera plurinominal del PAN para las próximas elecciones, con lo que pretende volver a repetir como diputado para seguir gozando de los privilegios del poder.

El diputado panista fue denunciado junto con los demás integrantes de la Gran Comisión como responsable del manejo y destino del presupuesto de ayudas sociales.

Elda Candelaria Ayuso AchachEn el octavo sitio de los diputados que más dinero han requerido de la bolsa “ayudas sociales”, está la priista ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH, con 730 ayudas que requirieron de un gasto de 7 millones 553 mil 083 pesos.

Elda Candelaria Ayuso Achach es hija de la exalcaldesa de Cancún, Magaly Achach Solís, vinculada con los gobernadores priistas Mario Villanueva, Félix González Canto y Roberto Borge. En la administración del actualmente preso Borge Angulo, la familia Achach, incluyendo la diputada, obtuvo múltiples placas para operar el servicio de transporte colectivo en vans a través de la empresa borgista TTE, según se hizo publico.

Elda Candelaria Ayuso Achach es diputada por el Distrito II.

El top ten de la lista de los diputados que más dinero han usado de la partida ayudas sociales, lo cierran el panista RAMÓN PADILLA BALAM y el priista ALBERTO VADO MORALES, el primero supuestamente entregó 624 ayudas sociales, en tanto que el segundo dio 612. Las ayudas sociales que habría dado Padilla Balam requirieron del gasto de 6 millones 456 mil 334 pesos; y las de Vado Morales, representan un dispendio de 6 millones 332 mil 174 pesos.

Ramon Padilla BalamAlberto VAdo Morales

DIPUTADOS DEL PAN GASTARON CASI EL 50% DE LOS 147 MDP EN AYUDAS SOCIALES

Maria Eugenia Solis SalazarEntre los diputados del PAN señalados arriba y sus suplentes, supuestamente entregaron 6 mil 089 ayudas sociales de septiembre de 2016 a septiembre de 2018, lo que sumó un total de 63 millones 995 pesos; si a estos se suma lo reportado por la legisladora panista, que no está en el top ten, MARÍA EUGENIA SOLIS SALAZAR, quien reportó que entregó 389 ayudas sociales, lo que en dinero representa 4 millones 024 mil 862 pesos, el monto asciende a 67 millones 025 mil 857 pesos; lo que representa cerca de la mitad de los 147 millones 616 mil 355 pesos supuestamente aplicados a ayudas sociales en el periodo referido.

DE TODOS LOS PARTIDOS, DIPUTADOS HAN SIDO CÓMPLICES DEL DESVÍO EN EL PRESUPUESTO DE “AYUDAS SOCIALES”  

Entre los que más dinero han requerido para ayudas sociales están el ahora presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, el perredista JOSÉ ESQUIVEL VARGAS con 561 ayudas que generaron un gasto público de 5 millones 804 mil 493 pesos; lo anterior se suma a las 78 ayudas sociales que pidió su suplente, LUIS ERNESTO MIS BALAM, y que significaron un gasto de 807 mil 041 pesos; es decir, entre el hoy Presidente municipal y su suplente habrían entregado 639 ayudas sociales lo que sumó un gasto de 6 millones 611 mil 534 pesos.

Jenni Juarez TRujilloLa croquitas JENNI JUÁREZ TRUJILLO, diputada plurinominal por el PRI, es la legisladora de ese partido que más dinero ha usado en supuestas ayudas sociales, ya que requirió 607 ayudas del presupuesto etiquetado para este rubro, lo que sumó 6 millones 280 mil 440 pesos.

La diputada del PVEM por el Distrito IV, TYARA SCHLESKE DE ARIÑO es otra de las que más dinero ha pedido para ayudas sociales, pues reportó haber entregado 534 ayudas, que significan un gasto de 5 millones 525 mil 132 pesos.

Otra verdeecologista de las que más gastado en ayudas sociales es ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA, diputada por el Distrito V, quien por las 446 ayudas sociales que supuestamente entregó, se gastaron 4 millones 614 mil 623 pesos de recursos públicos. A éstos se suman las 59 ayudas sociales que su suplente ADRIANA CHAN CANUL dijo haber entregado, por un monto de 610 mil 454 pesos lo que hace un total de 505 ayudas sociales supuestamente entregadas, y 5 millones 225 mil 078 pesos gastados del presupuesto público.

TYARA SCHLESKE DE ARIÑOANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA

La diputada que inició su carrera política en el PVEM renunció a ese partido en septiembre de 2018, junto con otros cuatro diputados verdes para pasar a MORENA y darle mayoría absoluta al partido de López Obrador con 254 diputados, a cambio de conceder licencia al entonces diputado Manuel Velasco para ausentarse de su escaño y que éste pudiera concluir su periodo como gobernador en Chiapas.

Por su parte JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHAVEZ, gastó en 311 ayudas sociales que supuestamente entregó 3 millones 217 mil 820 pesos. De la Peña fue electo por el Distrito VIII.

El diputado verdeecologista, JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA, electo por el Distrito IX, es de entre sus correligionarios el que menos gastó en ayudas sociales, ya que entregó 267 que multiplicadas por el costo promedio de cada ayuda, suman 2 millones 762 mil 566 pesos.

De la PeñaCarlos Toledo

SAnty MontemayorLa diputada de la XV Legislatura que menos dinero habría pedido para destinarlo a ayudas sociales de septiembre de 2016 a septiembre de 2018, es SANTY MONTEMAYOR CASTILLO, electa por el Distrito III por el Partido Verde Ecologista de México, con 167 ayudas sociales que equivalen a un gasto de 1 millón 727 mil 897 pesos. Santy Montemayor ha estado vinculada a los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo; durante la administración de González Canto, de 2006 a 2011 fue titular del IPAE, por lo tanto, fue partícipe de los grandes negocios que el también ex senador priísta realizó con predios de alta plusvalía que eran patrimonio del estado y que vendió a precios de remate. También fue titular del Instituto Municipal de Planeación en Cancún.

Santy Montemayor es esposa del notario Heyden Cebada Rivas, actual síndico de Cancún por MORENA, y quien también estrechamente ligado a los ex gobernadores González Canto y Borge Angulo y vinculado a los despojos de predios cometidos por el segundo.

EN MORENA TAMBIÉN SE SIRVIERON DE LAS AYUDAS SOCIALES

El ahora diputado independiente, JUAN ORTIZ VALLEJO, antes de MORENA, y quien fue expulsado por ese partido luego de que se filtrara un audio en el que reconoció que recibió dinero para acompañar en las votaciones al PAN-PRD y aprobar las iniciativas presentadas por el gobernador Carlos Joaquín González, reportó que entregó 451 “ayudas sociales”, las que significan un gasto en recursos públicos por 4 millones 666 mil 357 pesos. Ortiz Vallejo llegó a su curul por la vía plurinominal, a través de la “tómbola” de MORENA

Juan Ortiz VAllejoSILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH

La otra diputada plurinominal por MORENA, SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH, también expulsada del partido de AMLO, y hoy alineada al PES,        habría gastado en el periodo de septiembre de 2016 a septiembre de 2018, 4 millones 583 mil 583 pesos en 443 ayudas sociales.

LOS PRIISTAS, LOS “CASTIGADOS” EN LAS AYUDAS SOCIALES

Leslie Hendricks RubioLos que resultaron “castigados” en la repartición del presupuesto de ayudas sociales fueron los legisladores del PRI, el gran perdedor de la elección del 2016, pues sus diputados son los que menos han usado el presupuesto para ayudas sociales: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA, diputado por el Distrito VI, reportó que entregó 346 ayudas sociales que representan un gasto de 3 millones 579 mil 954 pesos; por su parte, LESLIE HENDRICKS RUBIO, diputada por el Distrito VII, registró una entrega de 291 ayudas sociales, lo que sumó 3 millones 010 mil 886 pesos.

 

Juan CArlos PereyeraJUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO,        diputado que llegó a su curul por las siglas del PRI, por la vía plurinominal, supuestamente entregó 266   ayudas sociales, 2 millones 752 mil 219 pesos. Juan Carlos Pereyra es un personaje que desde los inicios de su carrera política estuvo ligado a Carlos Joaquín González de quien fue secretario particular cuando éste ocupó la alcaldía en Playa del Carmen (2005-2008), por lo que una vez que Joaquín González asumió el cargo de Gobernador Pereyra Escudero renunció al PRI y se declaró “independiente”, aunque en realidad a servido fielmente a la alianza PAN-PRD.

Juan Carlos Pereyra es uno de los diputados que falsificó la firma de una ciudadana para simular la entrega de apoyos sociales, por lo que se encuentra señalado en la carpeta FGE/QR/SOL/10/6074/2017, a la que el fiscal general Óscar Montes de Oca pretende cerrar a través del no ejercicio de la acción penal y así exculpar al diputado cercano al Gobernador.

La actual presidenta municipal de Solidaridad (Playa del Carmen), LAURA BERISTAIN NAVARRETE, también echó mano de las ayudas sociales, reportando que entregó 267, lo que significó un gasto de 2 millones 762 mil 566 pesos. Abanderada por el PRD, Beristain Navarrete ganó su curul por el Distrito X, al que renunció para competir por la alcaldía de Solidaridad, dejando en su lugar a TERESA SONIA LOPEZ CARDIEL,      quien pidió 72 ayudas sociales que sumarían 744 mil 961 pesos.

Otro de los que menos dinero ha utilizado de las ayudas sociales es el priista RAYMUNDO KING DE LA ROSA, quien surge a la vida política de la mano de Félix González Canto. El legislador supuestamente entregó 172 ayudas sociales, lo que significa un gasto de un millón 779 mil 630 pesos.

PRESENTAN AMPARO CONTRA COMITÉ CIUDADANO DE SEGUIMIENTO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Dos ciudadanos de Puerto Morelos interpusieron un amparo en contra de la Convocatoria para la integración del Comité Ciudadano que vigilará la aplicación del dinero que se recaude por el Derecho de Saneamiento Ambiental del municipio de Puerto Morelos, por tratarse de un proceso simulado y que restringió la participación ciudadana, pues la convocatoria se publicó el viernes once de enero y cerró el lunes 14 de enero, dando a los interesados solo dos horas para presentar sus documentos.

amparo Derecho Saneamiento AmbientalCANCÚN, MX/30/01/2019.- Dos ciudadanos de Puerto Morelos interpusieron un amparo en contra de la Convocatoria para la integración del Comité Ciudadano que vigilará  la aplicación del dinero que se recaude por el Derecho de Saneamiento Ambiental del municipio de Puerto Morelos, por tratarse de un proceso simulado y que restringió la participación ciudadana, pues la convocatoria se publicó el viernes once de enero y cerró el lunes 14 de enero, dando a los interesados solo dos horas para presentar sus documentos.

Fue en la octava sesión ordinaria de cabildo del 10 de enero pasado que se aprobó la referida Convocatoria, misma que impuso a los ciudadanos interesados en formar parte del Comité, comprobar tener residencia en el municipio de Puerto Morelos de por lo menos tres años a la fecha de designación, lo que debían acreditar con el original o copia certificada ante Notario de la constancia de residencia, expedida por el Secretario General del ayuntamiento, pero la expedición no debía superar los dos meses anteriores a la fecha de la publicación de la convocatoria.

La Convocatoria también impuso a los interesados acreditar no haber sido condenado por delito alguno, lo cual debía acreditarse con el original o la copia certificada ante Notario de la constancia de no antecedentes penales, expedida por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, cuya expedición, tampoco debía superar los dos meses anteriores a la fecha de la publicación de la convocatoria.

Para formar parte del Comité, se requiere: Tener residencia en el Municipio de Puerto Morelos de por lo menos tres años a la fecha de designación, lo que deberá acreditarse con original o copia certificada ante Notario de la constancia de residencia, expedida por el Secretario General del ayuntamiento, cuya expedición no supere los dos meses anteriores a la fecha de la expedición de la convocatoria.

Otro candado impuesto es que los cinco ciudadanos interesados en formar parte del Comité debían ser propuestos por instituciones de educación superior públicas y privadas, asociaciones empresariales, sindicales, profesionales y demás organizaciones de la sociedad civil de los principales sectores sociales y productivos establecidos en el Municipio.

No haber sido condenado por delito, lo cual deberá acreditarse con original o copia certificada ante Notario de la constancia de no antecedentes penales, expedida por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, cuya expedición no supere los dos meses anteriores a la fecha de la expedición presente convocatoria.

Para cumplir con esos requisitos, entre otros, los ciudadanos solo tuvieron el viernes 11 de enero, es decir, el día que se publicó la Convocatoria, pues el sábado y domingo son días inhábiles y no se expiden los documentos solicitados en la Convocatoria. Además, las propuestas con todos sus documentos debían ser presentadas en la Secretaría General el lunes 14 de enero únicamente de las 10:00 a las 12:00 horas…

“Las propuestas deberán ser presentadas en la oficina de la Secretaría General del Honorable Ayuntamiento de Puerto Morelos, sito en la Planta Alta del Palacio Municipal ubicado en la avenida Joaquín Zetina Gasca, colonia Zetina Gasca, Quintana Roo el día 14 de Enero del 2019 en horario de las 10:00 a las 12:00 horas”

COMITÉ CIUDADANO VIGILARÁ EL DINERO QUE SE RECAUDE POR DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

La integración del Comité Ciudadano de seguimiento de aplicación de los recursos públicos que se generen por el Derecho de Saneamiento Ambiental del municipio de Puerto Morelos fue aprobado en el artículo quinto transitorio del Decreto número 266 por el que se expidió la Ley de Hacienda del municipio de Puerto Morelos y en el que se estableció el cobro del “derecho de saneamiento”.

sargazo Puerto MorelosDe acuerdo a dicho artículo transitorio, el Comité Ciudadano tendrá la encomienda de vigilar la recaudación de la contribución que se perciba en las arcas municipales por el concepto del nuevo derecho de saneamiento; de allí la importancia de su integración, pues se espera un ingreso millonario derivado del pago de alrededor de 24 pesos que deberán de hacer los hoteleros por cada habitación ocupada. La imposición de esta nueva carga tributaria para los hoteleros, encontró el mejor pretexto en el recale de sargazo a las costas del Caribe mexicano.

El amparo se presentó este martes con el apoyo de Somos Tus Ojos, y quedó radicado en el Juzgado octavo de Distrito con sede en Cancún. En la demanda se señala la violación a diversos preceptos constitucionales y de convenciones internacionales de las que México es parte.

ORDENAN SANCIONES A TITULAR DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO POR CASO DE AYUDAS SOCIALES

Hassan Medina Rodríguez, titular de la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, incurrió en violaciones a la Ley de Protección Datos Personales del estado, por lo que el IDAIPQROO dio vista al Órgano Interno de Control del Congreso para que inicie el procedimiento de imposición de sanciones. El funcionario se negó a entregar el expediente con las constancias que acrediten que una ciudadana, cuyo nombre aparece como supuesta beneficiaria de «apoyos sociales» del Congreso, en realidad solicitó y recibió el mismo.

Hassan Medina Rodríguez 3CANCÚN, MX, 15/01/2019.- Por el ilegal manejo de los datos personales de Cecilia Sánchez Oláis, ciudadana que aparece en el padrón de beneficiarios de “ayudas sociales” del Congreso de Quintana Roo, sin que ésta haya recibido apoyo alguno, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIQROO) resolvió que Hassan Medina Rodríguez, titular de la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, incurrió en violaciones a la Ley de Protección Datos Personales del estado, por lo que dio vista al Órgano Interno de Control del Congreso para que inicie el procedimiento de imposición de sanciones.

El 22 de noviembre del 2017, la ciudadana cuyos datos han sido utilizados ilegalmente por Congreso de Quintana Roo, presentó, con el apoyo de Somos Tus Ojos, una denuncia ante el IDAIPQROO, misma que se resolvió más de un año después, el pasado 14 de diciembre, y en la que el Instituto determinó que Hassan Medina Rodríguez violó los artículos 12, 14 15 y 30 de la Ley de Protección de Datos Personales al haber usado los datos personales de Sánchez Oláis ilícitamente, puesto que el titular de la Unidad de Transparencia del Congreso no pudo ni siquiera acreditar qué documentos tenía en su poder para comprobar que la ciudadana había solicitado y recibido alguna “ayuda social”, y mucho menos cómo obtuvo dichos documentos; por lo que quedó plenamente acreditada la violación al artículo 14 de la referida ley, que mandata a los sujetos obligados una “obligación de lealtad”, esto es, que el responsable no deberá obtener y tratar datos personales a través de medios engañosos o fraudulentos.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y AUDITORÍA SUPERIOR LE OCULTAN DATOS AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

Hassan Medina Transparencia Congreso (1)Como parte de las indagatorias motivadas por la denuncia presentada por Sánchez Oláis, el IDAIPQROO requirió al titular de la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, Hassan Medina Rodríguez, presentar copia certificada de las constancias que integran el expediente de solicitud de apoyo a nombre de la ciudadana denunciante, pero el funcionario del Congreso se negó a entregar las mismas bajo el argumento de que éstas no se encontraban bajo se resguardo sino que formaban parte de la cuenta pública 2016.

El Instituto de Acceso a la Información requirió a la Auditoría Superior del Estado copia certificada de las constancias que integran el expediente de solicitud de apoyo a nombre de Cecilia Sánchez Oláis, sin embargo, este órgano de auditoría también se negó a entregar las referidas constancias bajo el pretexto de que la cuenta pública 2016 del gasto en ayudas sociales se clasificó como “reservada”; con lo que ni el propio IDAIPQROO ha tenido acceso a las supuestos documentos que acrediten que Cecilia Sánchez Oláis recibió algún apoyo.

El nombre de Cecilia Sánchez Oláis apareció en el padrón de beneficiarios del cuarto trimestre del 2016, publicado por el Congreso, como beneficiaria de un supuesto apoyo consistente en “hospedaje”, el cual nunca solicitó y tampoco requirió, por lo que la ciudadana, con el acompañamiento de Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, interpuso además de la denuncia ante el IDAIPQROO por el ilegal tratamiento de sus datos personales, una denuncia en contra de funcionarios del Congreso, misma que se encuentra en trámite en la agencia del Ministerio Público de Playa del Carmen.

Como parte de la carpeta de investigación FGE/QR/SOL/10/6074/2017 se ha logrado comprobar que, según la auditoría final practicada a la cuenta pública del gasto en “ayudas sociales”, realizado por la XV Legislatura del periodo septiembre a diciembre del año 2016, el presupuesto autorizado para ayudas sociales fue de 1 millón 901 mil 400 pesos, pero se ejercieron 2 millones 399 mil 426 mil pesos. Sin embargo, datos obtenidos a través de la solicitud de información 00837118, de fecha 6 de agosto del dos mil dieciocho, la XV Legislatura gastó 23 millones 312 mil 028 pesos al rubro “ayudas sociales” de septiembre a diciembre del año 2016, lo que representa una diferencia de 20 millones 912 mil 601 pesos respecto de lo entregado y comprobado ante la Auditoría Superior del Estado y lo que dice la Legislatura haber gastado.

A pesar de las denuncias interpuestas, prevalece una total opacidad en el millonario gasto de ayudas sociales por parte de los diputados de la XV Legislatura, opacidad de la que han sido cómplices la Unidad de Transparencia del Congreso, la Auditoría Superior del Estado, el Ministerio Público de Playa del Carmen y la Fiscalía Anticorrupción del estado.

GOBERNADOR DE QUINTANA ROO SE DIVIERTE CON DINERO PÚBLICO Y RESERVA INFORMACIÓN.

CANCÚN, MX.- En el 2017, la Secretaría Particular, una de las varias oficinas al servicio del gobernador Carlos Joaquín González reportó un gasto de 1 millón 34 mil pesos en un rubro denominado “gastos de orden social y cultural”; y hasta el primer semestre del 2018, dicha oficina ya había gastado en ese concepto 509 mil 42 pesos, siendo éste el último dato disponible, porque la Secretaría Particular “desapareció” el tres de octubre pasado para ser sustituida por otra oficina; sin embargo, se decidió reservar la información sobre qué funcionario realizó el gasto de poco más de un millón y medio de pesos y en qué gastó ese dinero.

En la respuesta a la solicitud de información 00949618, en la que se requirió “(…) decir qué servicios se han pagado dentro del rubro Gastos del orden social y cultural, detallar nombre del funcionario que los usó y fecha en la que los utilizó. Información del presupuesto 2017 y 2018”,

la Dirección Administrativa de la Secretaría Particular respondió:

“(…) tengo a bien anexar la información correspondiente a gastos de orden social y cultural, consistente a diversos servicios integrales de gastos realizados que no pueden desagregarse de otros conceptos (…). En cuanto a la información requerida del presupuesto 2017, esta se considera de carácter reservada (…)”.

Secretaria Particular Gasto social y cultural 2

El Comité de Transparencia de la Secretaría Particular reservó los datos solicitados por un periodo de 18 meses, contados a partir del doce de septiembre de 2017; la razón: por estar la información supuestamente en auditoria. En cuanto a los datos entregados, únicamente se proporcionó la información del primer trimestre del 2018, en el que se lee que entre el 8 de enero y el 24 de febrero de 2018, el presupuesto en “gastos del orden social y cultural” se gastó en seis “servicios de alimentos para eventos”. Cabe destacar que el presupuesto ejercido en el rubro  durante el primer trimestre de 2018 fue de 84,628 pesos, de acuerdo al presupuesto 2017 publicado en la página de la Secretaría Particular; sin embargo, no se proporcionó el nombre del funcionario o funcionarios que realizaron el gasto.

Gastos de orden social Carlos Joaquin

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, a través de su Dirección de Comunicación Social ha mantenido una frenética publicidad para aparentar que su gobierno cumple con la transparencia y el combate a la corrupción; con frecuentes boletines referentes al tema como los siguientes:

9 de diciembre

La participación de la gente en acciones de gobierno abona a la transparencia, la honestidad y el combate a la corrupción: Carlos Joaquín

3 de diciembre

Quintana Roo impulsa y fortalece la democracia

29 de noviembre

Sólo la ciudadanía, como expresión concreta de la soberanía, ha de ser la base del cambio: Carlos Joaquín

15 de noviembre

Hacer más accesible la información es un reto del Sistema Nacional de Transparencia: Rafael del Pozo

9 de noviembre

Se presentan avances en la implementación de la Contraloría Social a nivel nacional

 

“PLATÍCALE AL GOBERNADOR”, AUNQUE NO TE ESCUCHE… OÍDOS SORDOS CONTRA OXXO’s DE ‘INFLUYENTES’ EN COZUMEL

COZUMEL, MX.- El 30 de enero pasado, es decir hace casi un año, vecinos de Cozumel aún confiaban en el Gobierno del Cambio, y acudieron a la audiencia pública “Platícale al Gobernador” efectuada en Cozumel para exponer la problemática que causan tres tiendas de conveniencia Oxxo en la Isla de las Golondrinas por incumplir con la Ley sobre venta de bebidas alcohólicas en el estado de Quintana Roo, una de estas de la esposa del ex gobernador Félix González Canto; pero hasta ahora, las quejas ciudadanas solo tienen sellos y acuse de recibidas.

Uno de los OXXO a los que se les permite operar a pesar de contravenir la también conocida como ‘ley de alcoholes’, se ubica en la esquina de la avenida 85 con calle 23 sur, enfrente al campo deportivo Bicentenario, a escasos metros de la Iglesia “San Juan Diego” y a menos de 250 metros del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR # 33).

Por su ubicación y cercanía con un deportivo, una iglesia y una escuela; la tienda de conveniencia no podría haber obtenido licencia para expender bebidas alcohólicas, debido a la prohibición explícita del artículo 26, fracción V de la Ley sobre venta de bebidas alcohólicas del estado, que señala que:

ARTÍCULO 26. No se otorgará la Licencia de Bebidas Alcohólicas en los siguientes casos:

(…)

V.- Cuando el solicitante pretenda domiciliar la licencia de bebidas alcohólicas, para los giros previstos en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 17 de esta ley, en un inmueble ubicado a menos de 500 metros radiales de planteles educativos, parques públicos, templos religiosos, hospitales, centros deportivos, edificios públicos o de asistencia social y áreas de equipamiento.

En el escrito dirigido al gobernador Carlos Joaquín González, y entregado en audiencia pública, los vecinos señalan que además de que la ubicación de la tienda de conveniencia contraviene el ordenamiento legal referido, genera problemas: “además de ser violatorio a esta ley, existe una preocupación mayor por parte de los vecinos de la colonia Maravilla y Flamingos: radica principalmente en la tienda OXXO frente a la Unidad Deportiva Bicentenario, ya que en las tardes y noche de casi todos los días y con mayor frecuencia los fines de semana, los deportistas de futbol, básquetbol y beisbol concluyendo su actividad acuden a este OXXO tan cercano y se disponen a ingerir bebidas embriagantes en el estacionamiento de la tienda y que al no haber un baño para sus necesidades fisiológicas, causan un obsceno espectáculo orinando en áreas aledañas al inmueble.”, se lee en la petición entregada a Joaquín González por el maestro Ramiro Vélez Marino, quien ha llevado la voz de los vecinos y padres de familia inconformes ante las autoridades.

oxxo poder judicial3 (2)oxxo poder judicial3OXXO DEPORTIVA bicentenariooxxo frente a primaria (2)

Pero la cercana al Deportivo Bicentenario no es la única tienda Oxxo que opera en contravención a lo establecido por la Ley sobre venta de bebidas alcohólicas en el estado de Quintana Roo; a ésta se suma el OXXO domiciliado en la esquina de la avenida Andrés Quintana Roo con la avenida Félix González Canto, establecido frente al Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) y a menos de 90 metros del edificio de Juicios Orales del Poder Judicial.

Otra tienda de conveniencia de la misma cadena y que también expende bebidas alcohólicas se ubica frente a la escuela primaria Emiliano Zapata (en turno matutino), Miguel Hidalgo (turno vespertino); en la esquina de Avenida 65 con calle 2 norte, precisamente en contra esquina de la escuela primaria. De acuerdo al “Padrón de contribuyentes que cuentan con licencias de bebidas alcohólicas”, obtenido por Somos Tus Ojos, vía transparencia, la licencia usada por este Oxxo para vender bebidas alcohólicas está a nombre de María Narcedalia Martín Villanueva, es decir, la esposa del ex gobernador Félix González Canto, y originalmente se le entregó para que la explotara el “Minisuper VIC”, anteriormente establecido allí.

En el documento entregado al Gobernador por los vecinos inconformes con las tiendas de conveniencia lamentan que el “influyentismo” y tráfico de influencias es lo que ha permitido a las tres tiendas de conveniencia expender bebidas alcohólicas sin apego a la ley, y presumen que ello se debe a que los mismos son propiedad del ex gobernador Félix González Canto y el ex presidente municipal de Cozumel, Freddy Marrufo:

“(…) Presumimos que muy probable no tengan patente y quizá operan con permiso provisional o especial; corresponde a la autoridad verificar al respecto, consideramos que debieran operar sin venta de bebidas alcohólicas, pero en atención a que estos negocios son propiedad o tiene participación social el Sr. Félix Arturo González Canto, ya que de todos es sabido ha impulsado la proliferación de estas tiendas en Cozumel y quizá de todo el Estado, abusando del poder que ha ostentado y del tráfico de influencias para la venta de bebidas alcohólicas en estos establecimientos y quizá valga la pena una revisión a las demás tiendas que existen, pues muy probable haya situación similar en otras más”; demandan en su escrito los vecinos de Cozumel.

De una búsqueda en el “Padrón de contribuyentes que cuentan con licencias de bebidas alcohólicas”, no se encontró ninguna que coincidiera ni con el giro ni con la ubicación de las tiendas Oxxo ubicadas en la avenida 85 sur y en la avenida Andrés Quintana Roo, por lo que pareciera que la inferencia de los habitantes de Cozumel es correcta, en cuanto a que las tiendas pueden operar al margen de la ley por ser propiedad de influyentes personajes políticos.

Los vecinos de la Isla de las Golondrinas han hecho uso de los mecanismos de “atención ciudadana” establecidos por el gobierno de Carlos Joaquín González en dos ocasiones; la primera el 30 de enero de este año, en la audiencia pública Platícale al Gobernador, efectuada en el Centro de Convenciones de Cozumel, donde Layla Flores, funcionaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación, les recibió el documento.Atención Ciudadana del Ejecutivo 13-JUN.-2018.Hoja 1-1

Atención Ciudadana del Ejecutivo 13-JUN.-2018.Hoja 2-1La segunda ocasión en la que los vecinos de Cozumel expusieron la problemática, fue el 13 de junio pasado, en la «Caravana Juntos», evento realizado en el Parque de la colonia Emiliano Zapata, y donde la titular de Atención Ciudadana del Ejecutivo, Diana Lagunas, recibió el escrito.

Hasta ahora ningún funcionario ha respondido a la demanda ciudadana.

Como parte de su promesa de ser un ‘gobierno cercano a la gente’ Carlos Joaquín González inició el 15 de marzo de 2017 las audiencias públicas “Platícale al Gobernador” en la que participan además del Gobernador, múltiples dependencias.

El pasado 26 de octubre, Joaquín González presentó otro programa de ‘vinculación con los ciudadanos’ llamado “Juntos Hacemos Más”, el cual consiste en la integración de “Consejos Consultivos Ciudadanos” en todas las dependencias y municipios, que supuestamente fungirán como enlaces y canal de comunicación entre el gobierno y la sociedad; aunque todo apunta a que se trata de una adelantada estructura electoral.

COMPARTE SOMOS TUS OJOS SU EXPERIENCIA EN SEMINARIO ORGANIZADO POR DERECHOS HUMANOS EN CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-  Somos Tus Ojos participó en el “Seminario Experiencias Vigilancia Social de las políticas públicas” que se llevó a cabo la semana pasada en la Ciudad de México.

En el Seminaseminario Somos Tus Ojos Derechos Humanos Cd Mx (1)rio organizado por la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento (MSyE) del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México (PDHCDMX) Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo compartió su experiencia con integrantes de otras asociaciones civiles con trabajo en sectores diversos como el de los jóvenes, indígenas, mujeres, personas con discapacidad y especializadas en derechos humanos, entre otras.

 

Somos Tus Ojos compartió su trabajo en materia de transparencia, rendición de cuentas y los casos de litigio estratégico como el que contribuyó al procesamiento del ex gobernador Roberto Borge Angulo, así como los más recientes relacionados como el procedimiento administrativo en contra del Oficial Mayor de Quintana Roo, así como las denuncias en contra de funcionarios del Congreso y diputados de la XV Legislatura por las irregularidades en el manejo del millonario presupuesto supuestamente ejercido en “ayudas sociales”.

En el encuentro, exponentes de diversas instituciones y asociaciones, compartieron sus conocimientos y herramientas aplicadas en la rendición de cuentas, el monitoreo y la evaluación, desde la sociedad civil, de las políticas públicas y los presupuestos destinados a temas como salud, vivienda pública, mortalidad materna, derecho al agua y derecho a la alimentación; entre otros.

La asociación, con base en Quintana Roo, agradeció el reconocimiento por parte de las organizadoras del Seminario y de los asistentes al mismo.

ILEGAL “LÍDER” TAXISTA DE PUERTO MORELOS. HACE UN AÑO LE FUE NEGADA LA TOMA DE NOTA

PUERTO MORELOS, MX.-  Jorge Castro Tapia, y quien el 27 de octubre del 2017 supuestamente ganó las elecciones en el sindicato de taxistas de Puerto Morelos “César Martín Rosado”, se desempaña ilegalmente desde hace casi un año, pues la Junta de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo le negó la toma de nota como Secretario General, de acuerdo a documentos entregados por la Unidad de Transparencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado.

 

El primero de diciembre de 2017, en sesión del pleno de la Junta de Local de Conciliación y Arbitraje, determinó no dar la toma de nota a Jorge Castro Tapia debido a que los socios no ejercieron su voto libremente, sino que fueron llamados “uno por uno”, además de que Jorge Castro Tapia no exhibió las boletas de la supuesta votación ante la Junta de Conciliación, según se refiere en la resolución de la Junta con fecha primero de diciembre de dos mil diecisiete:

“Dígasele a los promoventes que no es posible acordar favorablemente a la solicitud, toda vez que como se desprende de los estatutos en su artículo 37 inciso B, en el que hace referencia a la forma en cómo se llevará a cabo la elección, siendo está de forma nominal y secreta. Y del acta de asamblea exhibida hace referencia a que fueron llamados uno por uno todos los socios para emitir su voto de forma secreta, siendo que previamente, la presidente de la mesa de debates exhibió boletas con fotografías de los candidatos. Luego entonces, denota que no hubo apego a lo estipulado ya que la votación nominal se debe llevar a cabo, dando cada votante su nombre al momento de emitir su voto ya que esto transgrediendo con esto el procedimiento establecido en sus estatutos; máxime que al hacerla de forma secreta se realiza mediante las boletas, las cuales no fueron exhibidas, al momento de la presentación de la promoción de cuenta.” (sic)

Jorge Castro taxistas Puerto Morelos1 Jorge Castro taxistas Puerto Morelos2

Al habérsele negado la toma de nota como Secretario General del sindicato de Puerto Morelos “César Martín Rosado” a Jorge Castro Tapia, éste se encuentra usurpando un cargo, y todas las actuaciones y decisiones tomadas por él, con ese carácter, son nulas.

Cabe destacar que después de que un grupo de ciudadanos, con la asesoría y apoyo de Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, obtuvieron el expediente completo del sindicato de taxistas de Puerto Morelos, en el que se encuentra la negativa de la toma de nota de Jorge Castro Tapia, éste presentó un escrito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para intentar “solventar” la ilegal elección; sin embargo, al tratarse de una irregularidad de procedimiento que afectó toda la elección y por ende el resultado, la Junta de Conciliación deberá negar la toma de nota Castro Tapia.

Jorge Castro Tapia, representante de la Planilla Blanca, resultó electo el 27 de octubre, supuestamente con el voto de 242 socios taxistas de los 408 que ejercieron su voto; quedando en segundo lugar la hoy regidora por Morena, Yasmín Vivas, con 166 votos. (Foto: Quinto Poder y Ayuntamiento de Puerto Morelos)

SEIS OFICINAS DEL GOBERNADOR CARLOS JOAQUÍN “EXENTAS” DE DAR INFORMACIÓN Y RENDIR CUENTAS

CANCÚN, MX.- La “Coordinación del Gabinete de Seguridad y Justicia”, la “Coordinación General de Asesores”,  la “Coordinación Administrativa del Gobernador”, la Oficina del Gobernador, la Secretaría Particular del Gobernador y la Unidad de Transparencia, seis nuevas oficinas creadas por el gobernador Carlos Joaquín González, formalizadas desde el pasado tres de octubre, no se encuentran disponibles en el sistema Infomexqroo ni en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo tanto, es imposible solicitar información a éstas.

Las seis unidades administrativas que entraron en operación desde el cuatro de octubre pasado sustituyeron a otras cuatro oficinas: la Secretaría Particular, la Secretaría Privada, el Despacho del Gobernador y la Coordinación General del Gabinete, las cuales tampoco están disponibles para contestar solicitudes de información ni rendir cuentas sobre el trabajo realizado y el presupuesto ejercido.

En el 2017, las oficinas al servicio y atención exclusivamente de las necesidades del gobernador Carlos Joaquín González contaron con un presupuesto de 195 millones 773 mil 950 pesos; mientras que en el 2018, por la “austeridad” se les asignó un presupuesto de 178 millones 453 mil 772 pesos.

Como “sello” de su gobierno, Joaquín González creó la Oficina del Ejecutivo para su amigo Miguel Ramón Martín Azueta que en el 2017 ejerció un presupuesto de 112 millones 926 mil 918 pesos sin rendir cuentas, puesto que ésta no se encontraba como sujeto obligado ni en el sistema Infomexqroo ni en la PNT. En el 2018, a esta oficina se le asignaron 106 millones 862 mil 314 pesos.

Entre el 2017 y 2018 a las oficinas del Gobernador de Quintana Roo se les asignó el siguiente presupuesto:

 

OFICINAS DEL GOBERNADOR 2017 2018
Secretaría Particular 73’603,213.00 40’265,858.00
Secretaría Privada 9’243,819.00 6’857,550.00
Oficina del Ejecutivo 112’926,918.00 106’862,314.00
Despacho del Gobernador No aparece en el presupuesto 14’113,458.00
Coordinación General de Gabinete No aparece en el presupuesto 10’354,592.00
TOTAL: 195’773,950.00 178’453,772.00

Ayer martes, Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo presentó una queja ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) para solicitar que las oficinas del Gobernador figuren como sujetos obligados y rindan cuentas sobre el millonario presupuesto que ejercen. La queja fue recibida vía correo electrónico, con acuse de recibido, por la titular de la Secretaría Ejecutiva del IDAIPQROO.

Queja Idaipqroo oficinas Gobernador

INTERESES PERSONALES FRENAN AMPARO CONTRA MAGISTRADO QUE OBTUVO CARGO CON DOCUMENTOS FALSOS

Somos Tus Ojos se vio imposibilitado de controvertir el sobreseimiento del amparo en contra del magistrado Fernando Gama debido a que el juicio de garantías se promovió a nombre de Claudia Romero Angulo, quien se negó a continuar con el procedimiento por un «conflicto de intereses» que involucra al notario con licencia Edgar Ordóñez, ex presidente del Observatorio Municipal de Cancún y actual Director de Desarrollo Económico en Playa del Carmen.

Fernando Gama Rodríguez2CHETUMAL, MX, 15/11/2018.- El pasado 30 de octubre el secretario en funciones de juez del Juzgado Primero de Distrito, Candelario Flores López, sobreseyó el amparo interpuesto en contra del proceso de elección y designación del magistrado Fernando Gama Rodríguez, quien entregó un currículum falso y mintió para simular que cumplía con los requisitos de elegibilidad.

Debido al ilegal procedimiento de elección y designación de Gama Rodríguez, Claudia Romero Angulo, una de las postulantes a ocupar el cargo de magistrada, mediante el trabajo jurídico de Somos tus Ojos, interpuso un amparo una vez que esta asociación acreditó e hizo público el documento con el que se comprueba que el hoy Magistrado Fernando Gama había laborado en el Estado de México del primero de junio de 2008 al 15 de febrero del 2015, en una plaza de confianza en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, con lo que incumplió con el requisito de la fracción IV del artículo 101 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Quintana Roo, que exige a los aspirantes a magistrados haber residido en el estado durante los diez años anteriores al día de la designación.

FUNCIONARIO JUDICIAL FAVORECE A GOBERNADOR Y A CONGRESO

En su resolución, el secretario en funciones de juez, Candelario Flores López, decidió sobreseer el amparo argumentando que el Congreso tiene facultades soberanas y discrecionales para designar funcionarios; determinación ésta que ya fue superada por múltiples amparos y jurisprudencias, pero que el funcionario judicial prefirió ignorar, en favor de las autoridades responsables, el Gobernador de Quintana Roo y Congreso local.

El secretario en funciones de juez también justificó el sobreseimiento del amparo dando la razón al Congreso del estado y al gobernador Carlos Joaquín González, que alegaron que la quejosa Claudia Romero Angulo debía haber interpuesto el juicio de garantías dentro de los 15 días siguientes a que la XV Legislatura avaló que Fernando Gama cumplía con todos los requisitos, que fue el 18 de diciembre de 2017, y después de Gama Rodríguez fue propuesto por el Gobernador como una de las cinco binas, el 27 de diciembre de 2017; pues según el funcionario judicial, la la postulante inconforme debió haberse dado por enterada por los informes publicados en el Diario de los Debates, consultables en la página del Congreso. Pero este argumento podría haber sido fácilmente combatible a través del recurso de revisión puesto que en ambas publicaciones no se da cuenta ni se encuentra el documento con el que se acredita que el hoy magistrado Fernando Gama Rodríguez entregó datos falsos y un curriculum falso para poder obtener el cargo que hoy ostenta; y por lo contrario, que fue varios meses después que Claudia Romero, a través de los documentos obtenidos y difundidos por Somos Tus Ojos, se enteró que Fernando Gama había sido designado magistrado a pesar de los documentos falsos que entregó al Congreso.

La resolución del secretario en funciones de juez, Candelario Flores López, es más allá de debatible, insostenible, puesto que en los documentos publicados por el Congreso no se exhiben los documentos que comprueban la falsedad del curriculum vitae del magistrado Gama, al contrario, si solo se toman en cuenta los documentos publicados en la página del Congreso, en apariencia, el Magistrado “cumplió” con los requisitos, es decir, no habría motivo de controvertir su nombramiento, no habría necesidad de haber interpuesto un amparo; siendo precisamente el documento obtenido y publicado por Somos Tus Ojos el 14 de febrero de 2018, con el que se comprobó que Fernando Gama Rodríguez entregó documentos falsos para obtener tan importante cargo, por lo que la fecha en la que la promovente del amparo se enteró de ello es precisamente el día que ésta señaló bajo formal protesta de decir verdad, con lo que el amparo sí se presentó en el tiempo legal para ello; pero el secretario en funciones de juez, Candelario Flores López, prefirió verlo desde la perspectiva defendida por el gobernador Carlos Joaquín González y por el Congreso.

PERO… DETIENEN AMPARO POR INTERESES PERSONALES

Sin embargo, Somos Tus Ojos no pudo interponer el recurso de revisión para controvertir la resolución del secretario en funciones de juez, Candelario Flores López debido a que la quejosa Claudia Romero Angulo se negó a continuar con el procedimiento por un «conflicto de intereses», y es que Romero Angulo asumió como notario suplente del notario 79 Edgar Ordóñez Durán, quien hasta hace unas semanas fue presidente del Observatorio Municipal de Cancún, y quien persuadió a Claudia Romero para no continuar la controversia en contra del magistrado Fernando Gama Rodríguez, puesto que ella ahora era notario suplente, y él Director de Desarrollo Económico en la administración de la alcaldesa de Playa del Carmen, Laura Beristain, y continuar con la revisión del amparo «podría causarnos problemas», según justificó Claudia Romero, quien de esta forma decidió tirar por la borda un trabajo de un año que la asociación Somos tus Ojos realizó gratuitamente. Cabe destacar que Romero Angulo se acercó a Somos Tus Ojos a través del presidente del observatorio legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra.

Somos tus Ojos lamenta que intereses personales se antepongan a los de la sociedad que se ve lastimada con designaciones ilegales de personajes cuestionables en cargos en los que la propia Constitución estatal señala que deben ser ocupados por personas honorables. Este tipo de componendas y acuerdos en los que prevalecen los intereses particulares abonan al clima de corrupción y ausencia de derecho en nuestro estado.

Somos Tus Ojos es una asociación que a lo largo de tres años ha logrado mantener un prestigio incuestionable, es una organización sin fines de lucros, no recibe recursos públicos y se sostiene de las aportaciones de sus asociados y colaboradores, por lo que nuestro compromiso es rendir cuentas a la sociedad sobre los litigios que lleva a cabo.

Abogados de Somos tus Ojos también interpusieron una denuncia por falso testimonio en contra del Magistrado Fernando Gama, sin embargo, ésta avanza con trabas y sin ningún interés por parte de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Rosaura Villanueva Arzápalo, de llevar a cabo el proceso de investigación.

FERNANDO GAMA, EL MAGISTRADO MENTIROSO Y CORRUPTO

Fernando Gama Rodríguez desde su designación en diciembre de 2017, es Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, que es parte del Sistema Estatal Anticorrupción, pero para obtener el cargo  mintió al decir que trabajó desde el 2006 en “MGM Consultores Fiscales S.C.”, y que en 2014 fue asesor de la Correduría Pública No. 13 adscrita a Playa del Carmen, Quintana Roo, así como que desde el 2014 al 2017 se dedicó a impartir conferencias para el Colegio de Contadores, en Playa del Carmen, Cancún, Quintana Roo, puesto que en realidad, del 2008 al 2015 estuvo trabajando en el Estado de México.

Gama Rodríguez se desempeñó como abogado dictaminador del primero de junio de 2008 al 15 de febrero del 2015, en una plaza de confianza en la Procuraduría Fiscal del Estado de México, según informó el Jefe de la Unidad de la Dirección General de Personal del Estado de México, a través de una respuesta a una solicitud de información de Somos Tus Ojos, con lo que incumplió con el requisito marcado en específico la fracción IV del artículo 101 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Quintana Roo, que exige a los aspirantes a magistrados haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de la designación.

Igualmente, el juzgador entregó datos falsos al ayuntamiento de Solidaridad para obtener su constancia de residencia en Playa del Carmen, puesto que no ha residido en esta demarcación municipal el tiempo que dice, y de acuerdo a la credencial de elector del Magistrado, la primera vez que obtuvo este documento fue precisamente en el año 2015, en Playa del Carmen, de acuerdo a los datos que entregó al Congreso.

La designación de Fernando Gama Rodríguez mediante la presentación de documentos falsos solo puede ser reflejo de la corrupción del gobernador Carlos Joaquín González, quien lo propuso al Congreso, y de los diputados de la XV legislatura que lo eligieron por unanimidad; y ahora, de un secretario en funciones de juez, Candelario Flores, que decidió favorecer a los dos primeros.

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SECOES PIDE SANCIONES LEVES PARA OFICIAL MAYOR POR CASO DE LICITACIÓN DE UNIFORMES

El pasado 30 de octubre se llevó a cabo la audiencia inicial del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra del Oficial Mayor, Manuel Alamilla Ceballos, y otros tres funcionarios de esa dependencia por las presuntas irregularidades en la licitación relacionada con la confección de alrededor de 222 mil uniformes escolares; pero en el proceso de investigación realizado por la SECOES esta dependencia concluyó que la Oficialía Mayor solo incurrió en omisiones no graves…

Manuel Alamilla uniformesCHETUMAL, MX 01/11/2018.- El pasado martes 30 de octubre se llevó a cabo la audiencia inicial del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra del Oficial Mayor, Manuel Alamilla Ceballos, y otros tres funcionarios de esa dependencia por las presuntas irregularidades en la licitación relacionada con la confección de alrededor de 222 mil uniformes escolares por los que el gobierno del estado pagó 104 millones de pesos en 2017.

El procedimiento se inició tras la denuncia interpuesta por integrantes del Congreso Nacional Ciudadano y Somos Tus Ojos en agosto de 2017 luego de que Comercializadora Adicon S.A. de C.V. obtuviera el contrato para la confección de uniformes a través de una licitación en la que solo participó esta empresa poblana y una más de la ciudad de Chetumal.

En el proceso de investigación realizado por la Secretaria de la Contraloría del Estado (SECOES) esta dependencia concluyó que la Oficialía Mayor solo incurrió en omisiones que se limitan a la «incongruencia y falta de precisión en las bases de procedimiento de la licitación pública nacional» y «falta de uniformidad entre las bases de procedimiento de licitación y el contrato celebrado», por lo que, de comprobarse las mismas, los funcionarios únicamente podrían ser acreedores de sanciones calificadas como no graves que pueden ser: amonestación pública o privada; suspensión del empleo cargo o comisión (de uno a treinta días naturales); destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas (ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder un año).

FALLA LA SECOES EN INVESTIGACIÓN: ¿INCAPACIDAD O COMPLICIDAD?

Durante el procedimiento de investigación los denunciantes requirieron a la SECOES que realizara diversos actos de investigación, así como que solicitara a la Oficialía Mayor que acreditara que a la empresa Comercializadora Adicon se le había cobrado la pena convencional por $12,135,443.24 derivada de su incumplimiento en la entrega puntual de los uniformes, y de acuerdo a lo pactado en el contrato, sin embargo, el coordinador de investigación de la SECOES, Manuel Omar Parra López cerró la etapa de investigación sin haberse allegado de esta prueba, y con base en ello calificó de no graves las faltas en las que incurrieron los funcionarios de la Oficialía Mayor aseverando que no había existido un daño patrimonial.

En la audiencia inicial celebrada el pasado martes, ninguno de los cuatro funcionarios de la Oficialía Mayor señalados por faltas administrativas lograron acreditar que Comercializadora Adicon S.A. de C.V. había pagado los más de 12 millones de pesos de pena convencional que se le impusieron por haber incumplido con la entrega de los uniformes escolares en el plazo establecido en el contrato. Cabe destacar, que personal de la Oficialía Mayor acudió a notificar el cobro de la pena convencional al domicilio que la empresa dio en la ciudad de Puebla, en ese estado, pero éste correspondía a una casa de interés social donde no encontró a persona alguna.

Somos Tus Ojos requirió a la autoridad substanciadora, también dependiente de la SECOES, que compruebe si había sido posible cobrar a Comercializadora Adicon la pena convencional por alrededor de 12 millones de pesos, y de no haber sido posible, reclasificar como graves las faltas atribuidas a los funcionarios de la Oficialía Mayor.

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CIUDADANOS DISFRAZADOS DE RATA EXIGEN CUENTAS A LOS DIPUTADOS DE QROO

Este lunes, una veintena de ciudadanos disfrazados de ratas se presentaron en la sede del Congreso de Quintana Roo para exigir a los diputados que rindan cuentas de los alrededor de cien millones de pesos gastados en ayudas sociales y que, en su mayoría, no se habrían entregado a las personas. La manifestación fue organizada por Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, con el apoyo de integrantes del Consejo Nacional Ciudadano, así como de ciudadanos apartidistas.

CHETUMAL, MX, 22/10/2018.- Este lunes, una veintena de ciudadanos disfrazados de ratas se presentaron en la sede del Congreso de Quintana Roo para exigir a los diputados que rindan cuentas de los alrededor de cien millones de pesos gastados en ayudas sociales y que, en su mayoría, no se habrían entregado a las personas.

La manifestación fue organizada por Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo, con el apoyo de integrantes del Consejo Nacional Ciudadano, así como de ciudadanos apartidistas.

El objetivo del performance fue hacer una parodia de los diputados quintanarroenses al compararlos con ratas y a la vez sensibilizar a la población en cuanto al dinero público que los legisladores han usado simulando haberlos otorgado en ayudas sociales.

Como se recordará, Somos Tus Ojos ha presentado dos denuncias de dos personas cuyos nombres aparecen en las listas de supuestos beneficiarios de las ayudas sociales del Congreso sin que éstas los hayan recibido, gracias a estos casos se ha logrado comprobar que los diputados falsificaron firmas de los denunciantes así como que no comprobaron ante la Auditoria Superior del estado más de 20 millones de pesos correspondientes al periodo de septiembre a diciembre de 2016, cuando inició la actual legislatura.

Somos Tus Ojos también interpuso un amparo para obtener todos los documentos que comprueben el gasto de cien millones de pesos, sin embargo, el Juzgado Primero de Distrito dio por cumplido el amparo a favor de esta asociación tras la respuesta de la Unidad de Transparencia del Congreso, a cargo de Hassan Medina, que argumentó que éstos ya se habían entregado a la Auditoría Superior de la Federación.

QUINTANA ROO EL ESTADO QUE MÁS DINERO GASTA DISCRECIONALMENTE EN EL PAÍS

CANCÚN, MX, 18/10/2018.- De acuerdo al Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG 2018), realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Quintana Roo es el estado del país que gasta más discrecionalmente, o en otras palabras, que gasta más a su antojo.

Según este índice, el gobierno de Carlos Joaquín González calculó en 26 mil 400 millones de pesos los ingresos para el 2017, pero en realidad recaudó 47 mil 300 millones de pesos, esto es 20 mil 900 millones de pesos más de lo que se proyectó, lo que representa 79% más de lo estimado. De igual forma el gobierno de Quintana Roo, gastó discrecionalmente mucho más de lo aprobado por el Congreso del estado, pues el presupuesto de egresos fue estimado en 26 mil 400 millones de pesos, pero se gastaron 49 mil 400 millones de pesos, es decir, 87% más.

Y aunque Carlos Joaquín González ha insistido en que no ha incrementado la deuda estatal, de acuerdo al estudio del IMCO, de los 20 mil 900 millones no presupuestados, 19 mil millones de pesos correspondieron a deuda adicional.

Entre los estados que más dinero gastaron a su antojo, sin presupuestarlo, están el gobierno veracruzano de Miguel Ángel Yunes Linares, con 42%; los gobiernos de Nuevo León (37%), Aguascalientes (34%), Durango (33%), Hidalgo (29%) y Guerrero (28%) que ‘destacaron’ por armar presupuestos a la baja y gastar mucho más.

Los estados que menos recursos dispusieron discrecionalmente fueron Chihuahua, que presupuestó un ingreso 58 mil 400 millones de pesos y solo alcanzó una recaudación de 57 mil 700 millones de pesos, y Tabasco, que calculó sobre un presupuesto de ingresos de 46 mil 800 millones de pesos y recaudó 47 mil 800 millones de pesos, esto es dispuso de apenas 2% más de recursos ‘excedentes’.

¿En qué utilizó Carlos Joaquín González el dinero no presupuestado?

Aunque Quintana Roo presupuestó una reducción de 25.2 por ciento en su gasto administrativo en 2017, la realidad es que gastó mucho más, pues lo incrementó en 39%. El gasto administrativo comprende servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

“Los estados de Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo tuvieron las mayores variaciones en este rubro. El Poder Ejecutivo de Jalisco, aunque presupuestó 21,133.3 mdp en 2017, al cierre de dicho ejercicio fiscal gastó 40,417.8 mdp; es decir, prácticamente el doble (91.3% más) de lo autorizado en el presupuesto de egresos del estado. En el caso de Guerrero, la diferencia entre lo gastado y lo presupuestado fue de 44% (se presupuestaron 6,293.4 mdp y se gastaron 9,060.4 mdp). Por su parte, en Oaxaca y Quintana Roo las variaciones fueron de 40.1% y 38.8% respectivamente.”, señala el IMCO.

En el rubro de “materiales y suministros”, 29 entidades gastaron más de lo presupuestado, aumentando en conjunto 30.5% más recursos en la compra de materiales e insumos administrativos. “Destacan los casos de Zacatecas (214.9%), Guerrero (203.3%), Morelos (137.5%), Baja California Sur (112.3%), Quintana Roo (110.1%), y Oaxaca (103.2%) al ejercer más del doble de lo aprobado.”, se lee en el documento del IMCO.

El dinero no presupuestado también sirvió para aplicarlo discrecionalmente a Comunicación Social, rubro que se incrementó en 129% más de lo aprobado; en ceremonias oficiales se gastó 110% más de lo aprobado, y en combustibles 27% más de lo aprobado.

El IIEG mide el cumplimiento de la calidad de la información sobre el ejercicio del gasto de los 32 poderes ejecutivos estatales, y en su más reciente informe  señala que el cumplimiento en los presupuestos de egresos de las entidades federativas es un acto de simulación y discrecionalidad. Las entidades subestiman sus ingresos, gastan más de lo presupuestado y se endeudan por arriba de lo planeado.

Además, la falta de acción por parte de los congresos locales es una muestra de que no son un contrapeso real para los gobernadores y sus secretarías de finanzas, refiere el IMCO.

Los documentos relacionados con esta nota pueden consultarse AQUÍ.

 

SE DENUNCIA A DIPUTADOS DE LA GRAN COMISIÓN POR CASO DE AYUDAS SOCIALES

De septiembre a diciembre del 2016, la XV Legislatura destinó 23 millones de pesos al rubro “ayudas sociales”, lo que representa una diferencia de 20 millones respecto de lo informado y comprobado ante la Auditoría Superior del Estado, por lo que se requirió al Ministerio Público investigue a los diputados de la Gran Comisión, quienes son los responsables de la administración y vigilancia del presupuesto del Congreso.

PLAYA DEL CARMEN, MX. Ayer martes se solicitó al agente del Ministerio Público encargado de la carpeta FGE/QR/SOL/10/6074/2017 que incluya en sus investigaciones relacionadas por el presunto desvío de 100 millones de pesos que debieron destinarse a ayudas sociales, a los diputados integrantes de la Gran Comisión y al Oficial Mayor del Congreso del estado, luego de que existe una diferencia de 20.9 millones de pesos entre los recursos que dice la XV Legislatura que destinó a ayudas sociales en el periodo de septiembre a diciembre de 2016 y lo comprobado ante la Auditoría Superior del Estado.

Como parte de las indagatorias hasta hoy realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la denuncia presentada en octubre de 2017, la Auditoría Superior del Estado informó que del periodo septiembre a diciembre del año 2016, el presupuesto autorizado para ayudas sociales fue de 1 millón 901 mil 400 pesos, pero se ejercieron 2 millones 399 mil 426 mil pesos.

Sin embargo, datos obtenidos a través de la solicitud de información 00837118, de fecha 6 de agosto pasado, realizada por Somos Tus Ojos, de septiembre a diciembre del año 2016 la XV Legislatura destinó 23 millones 312 mil 028 pesos al rubro “ayudas sociales”, lo que representa una diferencia de 20 millones 912 mil 601 pesos respecto de lo entregado y comprobado ante la Auditoría Superior del Estado y lo que dice la Legislatura haber gastado.

VER SOLICITUD DE INFORMACIÓN

INTEGRANTES DE LA GRAN COMISIÓN Y OFICIAL MAYOR, RESPONSABLES DEL MANEJO DEL DINERO

De acuerdo al  artículo 48, apartado C, fracción IV de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, son atribuciones de la Gran Comisión “EJERCER, VIGILAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS y administrar y ejercer actos de dominio sobre el patrimonio del Poder Legislativo”, por lo que se requirió al Ministerio Público que inicie una investigación en contra de los integrantes de la Gran Comisión de la XV Legislatura Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Elda Candelaria Ayuso Achach, Ramón Javier Padilla Balam, y Emiliano Vladimir Ramos Hernández por la presunta comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; peculado y/o lo que resulte de la investigación.

Igualmente, se le solicitó a la representación social que inicie las indagatorias correspondientes en contra del Oficial Mayor del Poder Legislativo, Gerardo Martínez García, toda vez que de acuerdo al artículo 87 de Ley Orgánica del Poder Legislativo “CORRESPONDE A LA OFICIALÍA MAYOR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, humanos y materiales del Poder Legislativo, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DE LA GRAN COMISIÓN y las disposiciones legales y administrativas aplicables”.

DIPUTADOS TENDRÍAN QUE HABER DADO “AYUDAS SOCIALES” DE 56 MIL PESOS

De acuerdo a datos que pueden consultarse en la sección de Transparencia del Congreso, en la fracción XLIV del artículo 91, en el último trimestre del 2016, la Dirección de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del estado entregó 410 apoyos que divididos en el total de lo erogado por ese concepto en el periodo de septiembre a diciembre de 2016, es decir, 23 millones 300 mil 583 pesos, da un promedio de gasto de 56 mil 858 pesos por cada apoyo.

 

2016 4TO TRIMESTRE

ACCESORIOS MEDICOS 29
GASTOS MEDICOS 16
ESTUDIOS  MEDICOS 45
MEDICAMENTO 87
AYUDAS SOCIALES 27
APOYO A LA EDUCACION 2
APOYO AL DEPORTE 8
DESPENSA 1
HERRAMIENTAS Y MAT DE CONSTRUCCION 21
TRANSPORTE 77
HOSPEDAJE 23
ALIMENTACION 39
ATAUDES y dos funerales 35
410

UNIDAD DE TRANSPARENCIA SE NEGÓ A PROPORCIONAR COMPROBANTES DEL GASTO  EN AYUDAS SOCIALES

Como se recordará Somos Tus Ojos requirió a través de diversas solicitudes de información todos los documentos y comprobantes que acrediten el gasto en ayudas sociales del 2016 y del primer semestre del 2017, pero la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo a cargo de Hassan Medina Rodríguez se negó a ponerlos a la vista con el pretexto de que éstos ya habían sido entregados a la Auditoría Superior del Estado; aunque Somos Tus Ojos obtuvo un amparo para poder tener acceso los documentos, el secretario en funciones de juez del Juzgado Primero de Distrito, Candelario Flores, dio por cumplido el mismo luego de que la Unidad de Transparencia volviera a negar la información con el mismo argumento de que ya había entregado las cajas de los comprobantes a la Auditoría Superior del Estado.

DIFUNDE MEDIO DE COMUNICACIÓN INFORMACIÓN FALSA SOBRE SOMOS TUS OJOS

CANCÚN, MX, 28/08/2018.- Este día la AGENCIA SIM y su filial La palabra del Caribe difundieron una nota en la que señalan que del trabajo realizado por Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo “surge una nueva asociación civil llamada “Ojos Ciudadanos” que busca ya no quedarse en la difusión de actos de corrupción, sino en que estos sean investigados y los responsables llevados ante la justicia”.

La nota continúa diciendo: “Fabiola Cortes Miranda, periodista y abogada, explicó que se ha tomado el trabajo previo de Somos Tus Ojos, con la esperanza de judicializarlo”.

La información que publica AGENCIA SIM es falsa y se publicó un día después de que Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo diera a conocer una nueva denuncia interpuesta por una ciudadana en contra de funcionarios del Congreso luego de que encontrara su nombre en las listas de beneficiarios por un supuesto apoyo de refacciones automotrices que no pidió ni recibió.

AGENCIA SIM es un medio de comunicación que “nació” con la actual administración del gobernador Carlos Joaquín González.

LA JUSTICIA FEDERAL EN MÉXICO: EN MANOS DE JUECES Y SUS FAMILIARES

El papel de un juez es ser un árbitro imparcial y eficaz entre las partes que tienen un conflicto, por lo que se requiere que éstos sean capaces de hacer una interpretación neutral y experta de lo que dicen las leyes, sin embargo, de acuerdo a un análisis sobre el Poder Judicial federal de Julio Ríos Figueroa, a partir de datos del Consejero Felipe Borrego Estrada, y publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el Poder Judicial mexicano, es decir, toda la cadena de funcionarios judiciales, desde el de más bajo nivel hasta los jueces, provienen de un “proceso de selección” viciado por el nepotismo, la concesión de empleos o promociones sobre la base de relaciones de parentesco y no de mérito, lo que erosiona la confianza de los ciudadanos en la neutralidad y el profesionalismo de los jueces. Estas prácticas también afectan la motivación de los servidores públicos que laboran en la rama judicial y, por tanto, su eficacia.

68% CREE QUE EL FACTOR DECISIVO PARA CONTRATAR FUNCIONARIOS DE LOS JUZGADOS ES TENER FAMILIARES EN EL PODER JUDICIAL

Según una encuesta reciente del World Justice Project, en México 68% de expertos y usuarios de la justicia percibe que el factor decisivo para la contratación y promoción de los funcionarios en los Juzgados y Tribunales federales es tener familiares en el Poder Judicial. Solo el 37% de personas encuestadas considera que el factor decisivo para la contratación es el mérito. Al mismo tiempo, el 65% están de acuerdo o muy de acuerdo en que la imparcialidad de las decisiones de Jueces y Magistrados Federales se ve afectada cuando su contratación y promoción no es meritocrática, y el 72% están de acuerdo o muy de acuerdo en que su eficacia se ve afectada por la misma situación. ¿Qué tan certeras son estas percepciones? ¿Qué tanto reflejan la situación real en el Poder Judicial de la Federación?

SOLO 5 DE 45 PUESTOS DEL PODER JUDICIAL SON ASIGNADOS POR CONCURSO

El Poder Judicial de la Federación es una constelación de instituciones que, en conjunto, colaboran en la compleja tarea de la administración de justicia. Para realizar esta labor se requieren muchas personas que ocupan una gran variedad de puestos de los cuales los más visibles son los de Juez de Distrito, Magistrado de Circuito y, por supuesto, el de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Poder Judicial de la Federación se clasifican los puestos de acuerdo con diversos criterios. Entre los puestos más relevantes están los clasificados como parte de la carrera judicial, es decir, los puestos de los funcionarios que ingresan al Poder Judicial para participar de manera directa en la resolución de conflictos a partir de la interpretación y aplicación de las leyes que nos rigen, y eventualmente convertirse en juzgadores. Sin embargo, los puestos de carrera judicial son solamente cinco, de un total de cuarenta y cinco analizados en este reporte, a pesar de que hay más de cinco puestos de funcionarios que participan en el procesamiento de casos y la producción de sentencias. En una palabra, la carrera judicial en México está trunca, incompleta.

WebLa carrera judicial incompleta suma otra debilidad: la baja exigencia meritocrática. De los cinco puestos de carrera judicial solamente dos, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito, requieren para su ingreso aprobar un procedimiento que conlleva un concurso de oposición de tres etapas con exámenes que buscan identificar distintas cualidades y capacidades en los aspirantes. Los tres puestos restantes de carrera judicial, así como otros cuarenta de los analizados en este reporte, se obtienen aprobando un examen psicométrico simple, cursos en línea, o por designación directa de un Juez o Magistrado cumpliendo ciertos requisitos mínimos. En otras palabras, al clasificar los puestos según el nivel de exigencia meritocrática requerida para obtenerlos encontramos que la gran mayoría son poco o nada exigentes. A esto se añade otra limitación: no existe una carrera administrativa dentro del Poder Judicial para los funcionarios que no quieren integrarse a la carrera judicial pero cuya labor de apoyo es también muy importante.

ÚNICAMENTE PUEDEN SER JUECES O MAGISTRADOS QUIENES YA FORMEN PARTE DEL PODER JUDICIAL

Incluso en los dos puestos que requieren concurso de oposición la competencia es limitada. El 87% (68 de 79) de las convocatorias a los concursos de oposición para Juez o Magistrado desde 1995 hasta 2016 fueron cerradas: solo pudieron inscribirse al concurso personas que ya laboraban en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, jóvenes abogados laborando en un despacho, en una oficina de gobierno, académicos o profesores de derecho, u otros abogados con vocación para volverse juzgadores no pueden participar en esos concursos. Hay al menos un par de concursos aún más cerrados pues solamente se abrieron para secretarios de estudio y cuenta de Ministros o Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Restringir artificialmente el universo de los posibles concursantes reduce la probabilidad de seleccionar a los mejores, limita la diversidad de perspectivas y trayectorias, y favorece a aquellos que habían logrado ingresar al Poder Judicial aunque fuera en un puesto sin un adecuado filtro meritocrático.

51% DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS CONTRATA A SUS FAMILIARES

La carrera judicial incompleta, y la competencia artificialmente limitada, se tornan mayores problemas cuando consideramos los vínculos familiares. Del total de titulares de órganos jurisdiccionales, es decir los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, un 51% tiene al menos un familiar laborando en el Poder Judicial. El 93% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de los Jueces y Magistrados no cuentan con filtros meritocráticos. Solamente el 5% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de los titulares tienen exigencia meritocrática alta. Entonces es posible que familiares consanguíneos de Jueces y Magistrados ingresen al Poder Judicial de la Federación en puestos que no cuentan con adecuados procedimientos meritocráticos y, si deciden concursar por un puesto de Juez o Magistrado, lo hagan en condiciones de competencia sesgada en su favor. La carrera judicial incompleta, la competencia artificialmente limitada para los puestos de Juez y Magistrado, y el nepotismo se retroalimentan y abonan al déficit meritocrático.

Sin embargo, las relaciones familiares no se concentran mayormente en los puestos de Jueces y Magistrados sino en los de Oficial Administrativo y secretarios de estudio y cuenta (tanto de Juzgado como de Tribunal). Del total de relaciones entre pares de familiares documentadas (N=4731), en 62% al menos uno de los dos individuos involucrados tiene el puesto de Oficial Administrativo; en 43% al menos uno es Secretario; y en 23% al menos uno es Juez o Magistrado.3 Los puestos de Oficial Administrativo y de Secretario de Juzgado o Tribunal no tienen el alto componente de exigencia meritocrática que deberían tener. Al mismo tiempo, son puestos relevantes pues son de función jurisdiccional, es decir, participan directamente en el procesamiento de casos y la elaboración de las sentencias junto con los Jueces y los Magistrados.4 En otras palabras, la mayor parte de las relaciones familiares se concentra en puestos jurisdiccionales que se otorgan y obtienen con demasiada discrecionalidad.

El 42% de las relaciones familiares documentadas (N=4731) son endogámicas o de intercambio. Las relaciones endogámicas son aquellas en las que un par de familiares trabaja en el mismo tribunal, juzgado, u otro de los órganos del Poder Judicial de la Federación (21% de las relaciones documentadas son endogámicas). Las relaciones de intercambio son aquellas en las que un par de Juzgados, Tribunales u otros órganos del Poder Judicial hacen contrataciones recíprocas de familiares. Por ejemplo, individuos que laboran en un Tribunal tienen familiares trabajando en otro Tribunal y, al mismo tiempo, individuos del segundo Tribunal tienen familiares laborando en el primero (21% de las relaciones documentadas son de intercambio).

Las relaciones endogámicas y las relaciones de intercambio son fenómenos que ocurren principalmente entre funcionarios que laboran en el Poder Judicial Federal pero que no son ni Jueces ni Magistrados. En concreto, solamente en el 5% de las relaciones endogámicas está involucrado un Juez o Magistrado. Por otro lado, en el 25% de las relaciones de intercambio está involucrado al menos un Juez o Magistrado. Hay más titulares (es decir, Jueces o Magistrados) participando en relaciones de intercambio que en relaciones endogámicas, pero éstos no participan directamente en las tres cuartas partes de las relaciones de intercambio. En otras palabras, los protagonistas en las relaciones endogámicas y de intercambio son los Oficiales Administrativos y los Secretarios de Juzgado y Tribunal.

CONTRATAR FAMILIARES GENERA LEALTAD Y GRATITUD…ENTRE LOS PARIENTES

Las redes familiares son conjuntos de relaciones familiares, es decir, situaciones en las que hay más de un par de individuos de una misma familia trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Las redes de familiares se forman con una finalidad, por ejemplo repartir cargos entre familiares con el